Venezuela: Informe del Observatorio (OMCT-FIDH) denuncia represión sistemática de personas defensoras de derechos humanos
- El informe detalla las cifras de los ataques contra defensores y defensoras entre 2022 y 2024, así como las detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas.
- Las organizaciones firmantes advierten sobre el impacto de las decisiones judiciales, actos administrativos y la creación de leyes o proyectos de ley que criminalizan y obstaculizan la defensa de derechos humanos
Ginebra-Paris, 20 de marzo de 2025.- Un nuevo informe del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (un programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura -OMCT y de la Federación Internacional por los Derechos Humanos -FIDH) revela detenciones arbitrarias, hostigamiento, censura y un marco normativo restrictivo que evidencian una política deliberada del Estado venezolano para reducir el espacio cívico y limitar la labor de defensa de derechos humanos
El informe documenta más de 1.730 ataques contra personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en el contexto de las reivindicaciones sociales y laborales entre 2022 y 2023, y de las elecciones presidenciales de 2024. Estos ataques incluyen hostigamiento, difamación y estigmatización, censura, detenciones arbitrarias, restricción de derechos laborales, agresiones físicas, desaparición forzada, intimidación, entre otras. El 78,1% de estas agresiones fueron perpetradas directamente por actores estatales.
Las protestas de trabajadores del sector público, particularmente del gremio de la salud y la educación, fueron objeto de una represión sistemática por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados civiles afines al gobierno. Entre enero de 2022 y diciembre de 2023, se registraron más de 763 manifestaciones vinculadas a demandas salariales y condiciones laborales dignas en estos sectores. En respuesta, al menos 60 líderes sindicales fueron detenidos arbitrariamente y decenas de personas denunciaron ser objeto de vigilancia constante e intimidación.
El proceso electoral de 2024 tuvo lugar en un contexto marcado por la intimidación, la persecución e inhabilitación de candidaturas opositoras. El 28 de julio, luego del anuncio de los resultados oficiales, se registraron al menos 900 protestas en todo el país, muchas de las cuales fueron reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad, dejando un saldo de 25 personas fallecidas, más de 2.300 detenciones arbitrarias —incluidos 33 niños y más de 200 mujeres—, denuncias de tortura y varios casos de desaparición forzada.
La situación se agravó con el inicio de la “Operación Tun-tun”, una campaña de persecución estatal selectiva activada dos días después de las elecciones. Esta operación fue dirigida en contra de líderes sociales, opositores políticos, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y ciudadanos que expresaron su descontento con el proceso electoral o sus resultados. Algunas detenciones fueron publicitadas para generar miedo en la población. Las fuerzas de seguridad realizaron allanamientos sin orden judicial y detenciones masivas, consolidando un clima de terror generalizado.
Olga Guzmán, responsable para las Américas de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), explica que “el Gobierno venezolano se encuentra sometiendo a su población a un entorno torturante, desde una experiencia colectiva e individual para condicionar las conductas de la población a través del terror y del miedo a ser sometido a violaciones a derechos humanos, inhibiendo así, la participación política y la libertad de expresión de las y los venezolanos.”
Por su parte, Jimena Reyes, directora de las Américas de la FIDH, afirma que “las detenciones arbitrarias y el hostigamiento continúan siendo utilizadas por el régimen para intimidar, deslegitimar e inhibir el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos. Casos recientes como la detención del Sr. Carlos Correa, director de la ONG 'Espacio Público', el hostigamiento judicial contra el Sr. Oscar Murillo, coordinador de la organización 'PROVEA', o la anulación de pasaportes de personas defensoras de derechos humanos, evidencian la política de persecución selectiva contra quienes denuncian violaciones de derechos humanos en Venezuela.”
Las conclusiones del informe destacan la urgente necesidad de que el Estado venezolano adopte medidas inmediatas para cesar las violaciones de derechos humanos y ponga fin a todas las restricciones prácticas al derecho a la libertad de asociación. Se hace un llamado a la comunidad internacional para que mantenga la vigilancia sobre la situación en Venezuela y utilice todos los canales diplomáticos e institucionales disponibles para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y promover el retorno a un estado democrático de derecho.
Contacto:
- Francesca Pezzola, Directora de Comunicaciones (OMCT): fpe@omct.org
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Le invitamos a consultar el Resumen Ejecutivo del informe.
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