Informe revela el rol de los actores empresariales y estatales en el incremento de las amenazas a personas defensoras del ambiente y el territorio

París, Ginebra, Bogotá, 5 de octubre de 2017 - El Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos (FIDH-OMCT) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) publican hoy un informe que llama la atención sobre un fenómeno poco analizado: el rol específico de los actores económicos en la vulnerabilidad de las personas y grupos defensores del territorio y el ambiente y en particular la captura empresarial del Estado, que cuesta la seguridad, tranquilidad e incluso la vida a estas personas defensoras.

En un contexto de post-conflicto en el quenumerosas entidades han alertado sobre el incremento de los ataques contra laspersonas y grupos defensores del territorio y el ambiente trabajando encontextos de empresas extractivas, el informe “Defenderel territorio y el ambiente en contextos de actividad de empresas extractivas”, a través de tres casos emblemáticos, describe larelación entre el Estado, las empresas y los ataques que sufren las personas ygrupos defensores del territorio y del ambiente.

La acumulación de procesos judiciales, laestigmatización, y las amenazas en contra de las abogadas dela Corporación Colectivo de Abogados “Luis Carlos Pérez” (CCALCP) y surelación cronológica y circunstancial con momentos clave de su trabajo dedenuncia del impacto negativo de las actividades de empresas en los derechosdel pueblo indígena Barí y diversas comunidades campesinas de la región delCatatumbo, cuestionan el rol de las empresas en esos ataques. Para reducir lapresión que enfrentan los defensores en los territorios es necesario investigarde manera particular el rol de los actores empresariales en las zonas depresencia de actores armados, para comprender la manera en que los intereses yacciones de la diversidad de actores pueden articularse, para así poder adoptarmedidas preventivas o que combatan esta situación.

De la misma manera la criminalizaciónindebida del líder sindical y ambiental Héctor Sánchez Gómez y el académico activista Miller Dussán,muestra la instrumentalización por parte de empresas como Pacific E&P yEgemsa, del derecho penal, mediante la radicación de denunciasdesproporcionadas, la incidencia indebida sobre magistrados, jueces locales yfiscales, entre otros, para frenar o desarticular los procesos colectivos enmomentos en que adelantan acciones para garantizar el goce efectivo de losderechos humanos.

La paradójica asimetría entre los rápidosavances de procesos judiciales en contra de las personas defensoras einversamente las dilatadas investigaciones de las acciones interpuestas poréstas, sus organizaciones o comunidades contra el Estado y las empresas,sugieren una connivencia o inacción de actores estatales, incluyendo judicialesen contra de las personas defensoras.

El informe también denuncia la capturaempresarial del Estado ejemplificada por la persecución y vigilanciacontra Héctor Sánchez por laempresa de seguridad de Pacific E&P y los miembros de la Fuerza Pública, enalgunos casos pertenecientes a los batallones minero-energéticos financiadospor esta misma empresa a través de convenios de cooperación con la fuerzapública. Estos parecen percibir a las personas defensoras de derechos humanoscomo enemigos que deben ser reprimidos. El informe da además varios ejemplosdel creciente fenómeno de la puerta giratoria, que consiste en lacirculación sin obstáculos de altos cargos entre los sectores público yprivado, e identifica esta situación como un factor que contribuye a lavulnerabilidad de las personas defensoras.

Frente a esas constataciones el Observatorio yel CAJAR aportan una mirada constructiva a la problemática, llamando al Estadoa identificar los factores de vulnerabilidad de quienes defienden el ambiente yel territorio, en particular mediante la caracterización del rol que juegan losactores económicos especialmente en contextos de conflicto socio-ambiental. Lamulti-causalidad de la violencia en las regiones no debe ser un argumento quepermita diluir la responsabilidad del Estado y de los actores empresarialesfrente a la situación de las personas defensoras. Estas recomendaciones, buscanpermitir avances en la prevención del escalamiento de los ataques para comenzara consolidar un sistema democrático que reconozca la labor legítima de losdefensores y las defensoras de derechos humanos.

Este informe envía un llamado urgente para quelos diferentes actores garanticen la protección de quienes defienden elterritorio y el ambiente. Nuestras organizaciones llaman al Estado Colombiano areforzar los mecanismos de protección, que deben actuar con mayor eficacia paraprevenir las diferentes agresiones que sufren estas personas, y evitar que setraduzcan en asesinatos. También llaman a los actores empresariales a quereconozcan y se abstengan de obstaculizar el trabajo legítimo y esencial querealizan para asegurar el respeto de los derechos humanos vinculados con elterritorio y el ambiente en Colombia.

El informe está disponible:

• en español: OBS_Colombia_Report_Defender
• en inglés: OBS_Colombia_Report_2017 DEFENDING

Para más información, por favor, contacten con:

• FIDH: Samuel Hanryon: + 33 6 72 28 42 94 / José Carlos Thissen: + 51 95 41 31 650
• OMCT: Miguel Martín Zumalacárregui: + 41 22 809 49 39
  CAJAR: Angelica Chapano : +57 321 381 97 33

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos(el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la FIDH y la OrganizaciónMundial Contra la Tortura (OMCT) y tiene por objetivo intervenir para preveniro remediar situaciones concretas de represión contra los defensores ydefensoras de los derechos humanos. FIDH y OMCT son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores deDerechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.