Conclusiones preliminares de la misión: Las víctimas de la tortura en Colombia siguen sin reconocimiento ni reparación
Ginebra - Bogotá, 18 de noviembre de 2015. Durante la semana del 9 al 13 denoviembre, la abogada Helena Solà Martín, coordinadora del Programa de AméricaLatina de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), y el abogadoRoberto Garretón, reconocido defensor de derechos humanos, verificaron laincidencia de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en elpaís, centrándose en el seguimiento a las recomendaciones formuladas por elComité contra la Tortura de Naciones Unidas en mayo de este año.
La delegación de la OMCT sostuvo reuniones con víctimas de diversas regiones delpaís; fue atendida por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, el Ministeriode Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto NacionalPenitenciario y Carcelario (INPEC); y visitó dos centros penitenciarios, La Picota, enBogotá, y San Isidro, en Popayán. Agradecemos la disposición y la informaciónbrindada a la Misión internacional de la OMCT y las organizaciones que integramos laCoalición Colombiana Contra la Tortura (CCCT).
Conclusiones preliminares de la visita: Una vez terminada la misión presentamosalgunas de las conclusiones y observaciones más importantes, agrupadas en sietetemas prioritarios:
1. Situación carcelaria: Reiteramos nuestro agradecimiento a los Directores yautoridades del INPEC que autorizaron la visita de la Misión a los centrospenitenciarios de La Picota, en Bogotá, y San Isidro, en Popayán. En este sentido,valoramos positivamente el proceso de elaboración y adopción de un protocolo deingreso a los centros de detención anunciado por las autoridades del INPEC yemplazamos a esta institución a compartir un borrador avanzado con lasorganizaciones de derechos humanos. Asimismo, celebramos el proceso de revisiónde la política criminal, incluyendo los asuntos penitenciarios, liderado por elMinisterio de Justicia en cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional. Conesto se busca, entre otros objetivos, una reducción gradual del hacinamiento, así comoel establecimiento de una Comisión de seguimiento de las condiciones de reclusióndel sistema carcelario y penitenciario, como un órgano asesor neutral y mixto queestará facultado para realizar visitas periódicas a centros de detención y revisar casosde abusos. Por otra parte, manifestamos nuestra preocupación por la persistencia degraves problemas al interior de los mencionados centros de detención, a pesar de que el Comité contra la Tortura determinó que la mejora de las condiciones dedetención constituía un objetivo priotario. Algunas de las deficiencias más alarmantesson:
Salud: La delegación constató la persistencia de la crisis en la prestaciónde servicios de salud en los establecimientos de reclusión, la cual tieneun impacto dramático en el acceso a atención médica adecuada y pronta,incluyendo en el caso de enfermedades y lesiones que pueden poner enriesgo, de forma grave e inminente, la vida e integridad física; en el casode San Isidro, más de mil cirugías estarían pendientes y la presencia deun médico en las instalaciones no estaría garantizada 24 horas al díapara una población de alrededor de 3000 privados de libertad. Unasituación similar se registra en la Picota, donde solo cuatro médicos, enjornadas de medio tiempo, atienden una población de más de 7.000reclusos. El mismo día en que la Misión ingresó al establecimiento,presos políticos habían iniciado una huelga de hambre exigiendo laatención adecuada en salud. La OMCT y la CCCT recibieron escritos connumerosos casos de inasistencia médica y pudieron observar de maneradirecta algunos de ellos, entre los cuales se encuentra el caso deldetenido Edilson Martínez, quien se encuentra en precarias condicionesfísicas y requiere tratamiento inmediato. La misión constató el fracasodel sistema de prestación de servicios a cargo de CAPRECOM e instó alas autoridades del Ministerio de Justicia e INPEC a evitar laintermediación de los servicios de salud prestados a personas privadasde libertad, aprovechando que se está trabajando en un nuevo modelode salud para el sistema penitenciario nacional.
Infraestructura: actualmente, las cifras de hacinamiento son del 56%según el INPEC. El hacinamiento se constató tanto en celdas como enzonas comunes. Asimismo, cabe destacar las graves restricciones a lamovilidad y la ausencia de luz natural a la cual son sometidos un grannúmero de los privados de libertad en la Estructura 3 de la Picota, lacual, junto con las restricciones al agua corriente, la ausencia de unsistema de climatización y otras deficiencias endémicas, constituye unavulneración al trato digno de las personas privadas de libertad.
No separación de los detenidos sindicados de los condenados: unatercera parte de las personas privadas de libertad en las cárceles deorden nacional están detenidas de forma preventiva esperando lacelebración y conclusión del juicio. Estas cifras reflejan un abuso de lasmedidas privativas de libertad en el caso de detenidos sindicados.
Asimismo, la delegación de la OMCT y la CCCT constataron duranteambas visitas que, en contradicción con el artículo 10 del PactoInternacional de Derechos Civiles y Políticos, en muchas ocasiones losprocesados no están separados de los condenados y, cuando lo están,son recluidos en celdas primarias o en instalaciones de alta seguridaddonde son sometidos a un tratamiento que no se adecúa a su condiciónde personas no condenadas, lo que también se habría observadorespecto los detenidos en trámite de extradición.
Malos tratos de la guardia y aislamiento prolongado: La Misión recibióescritos de manos de las personas privadas de la libertad en San Isidro,en los que se narran hechos de tortura y actos degradantes que comete laguardia penitenciaria, tales como el uso abusivo de la fuerza contra lahumanidad de los reclusos, uso indebido de gas pimienta ylacrimógenos, requisas intrusivas y aislamientos prolongados en lasllamadas Unidades de Tratamiento especial – UTE. Aunque la Misión novisitó otros centros carcelarios, recibió información sobre situacionessimilares en otros establecimientos como el complejo penitenciario deJamundí, donde se encuentran recluidos hombres y mujeres.
Aislamiento familiar: Los detenidos manifestaron que los traslados seusan como forma de castigo y que se encuentran separados de susfamiliares, por lo que pasan períodos extensos sin recibir visitas de susseres queridos.
Ausencia de mecanismos independientes y eficaces para la recepción einvestigación de quejas de las personas detenidas: el mecanismo internode trámite de denuncias (policía judicial) es deficiente y existe un serioproblema de represalias y de ausencia de medidas de protección paraprivados de libertad que denuncian abusos. En este contexto, ladelegación de la OMCT celebra el establecimiento desde mayo delpresente año, y el impacto positivo que ya habría tenido según laDefensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia, del mecanismodiseñado y gestionado conjuntamente por la Procuraduría General de laNación y la Defensoría del Pueblo en la cárcel de alta seguridad de laTramacúa (Valledupar), a raíz de la sentencia T-282 de 2013.
2. Invisibilización de la tortura: En Colombia la tortura y los tratos o penas crueles,inhumanos o degradantes son invisibilizados en sus múltiples formas y expresiones. Amenudo se entiende como un crimen implícito a otras violaciones de derechoshumanos, como el caso de la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales o laviolación sexual, pero los operadores de justicia no proceden a su identificación ni
tipificación penal autónoma, lo que impide tener cifras consolidadas de la cantidad dehechos de tortura que se registran en el país y, asimismo, dificulta la investigación ysanción de la tortura en el país, así como la reparación integral de las víctimas.
3. Impunidad: Durante la misión, recibimos un número elevado de quejasseñalando la pasividad de instituciones como la Fiscalía General de la Nación y laProcuraduría General de la Nación a la hora investigar de forma pronta, eficaz eimparcial las denuncias de tortura y otros malos tratos. La delegación de la OMCT y laCCCT valora positivamente y hará seguimiento a los esfuerzos que la Fiscalía estárealizando para mejorar la asistencia a las víctimas de tortura y promover lacapacitación de los funcionarios públicos que llevan a cabo tareas de documentación,investigación y sanción de casos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos odegradantes.
4. Persistencia de estructuras paramilitares: Las reuniones con víctimas dediversas regiones del país, especialmente de Cauca, Nariño, Valle y Cundinamarca,pusieron sobre la mesa la preocupante existencia y actuar de estructuras paramilitaresen el país. Estos grupos, bajo distintos nombres, continúan cometiendo crímenes y sonresponsables de graves hechos constitutivos de tortura y otros malos tratos cometidoscontra comunidades y civiles. Urgimos al Estado colombiano a la superación de estadelicada situación tal y como lo recomendó el Comité contra la Tortura de la NacionesUnidas en mayo de este año.
5. Uso excesivo de la fuerza en el marco de la protesta y las “batidas”: Durantela misión pudimos recoger testimonios de personas que fueron víctimas del usoexcesivo de fuerza por parte de la Policía y del Escuadrón Móvil Antidisturbios(Esmad) mientras ejercían su derecho a la libertad de reunión y manifestación. Estetipo de tortura derivó en graves heridas y secuelas para las víctimas. Tambiénconstatamos con preocupación la persistencia de la práctica de reclutamiento forzadoconocida como “batidas”.
6. Reformas al Fuero Penal Militar: Siguen siendo motivo de preocupación lasconstantes iniciativas legislativas impulsadas desde el Gobierno nacional parareformar el fuero penal militar ya que estas no se conforman al marco legal establecidopor el derecho internacional de los derechos humanos. En el mes de julio de 2015 grancantidad de organizaciones sociales y de derechos humanos demandaron ante la CorteConstitucional el acto legislativo 01 de 2015 por medio del cual se pretende reformar laConstitución para excluir la aplicación del derecho internacional de los derechoshumanos en la investigación y enjuiciamiento de conductas delictivas cometidas por
parte de miembros de la fuerza pública. Quedamos a la espera del pronunciamientode la Corte Constitucional respecto al tema.
7. La tortura en el marco del proceso de paz: Por último, creemos que esnecesario e indispensable la inclusión de la temática de la tortura y su ocurrencia,como eje transversal a otras violaciones de derechos humanos que serán objeto dedocumentación, investigación y sanción en el marco del proceso de paz en Colombia.Destacamos la necesidad de identificar la tortura, de reconocerla y de dar un espacio alas víctimas de tortura en la discusión y los acuerdos de la mesa.
La OMCT y la CCCT presentarán a mediados del año que viene un informe sobre lasituación de la tortura en el país y esperan conocer en mayo de 2016 la informaciónque el Estado colombiano presentará al Comité contra la Tortura de Naciones Unidassobre los planes y medidas adoptadas para revertir la impunidad y garantizar un saltocualitativo necesario en la prevención, sanción y erradicación de la tortura y los tratoso penas crueles, inhumanos o degradantes en Colombia.
Para mayor información, comunicarse con:
Carolina Garzón (en Bogotá): comunicaciones@coljuristas.org /Tel. +57 314 258 5922
Catalina Meléndez (en Bogotá): prensa@reiniciar.org /Tel. +57 320 846 8583
Tatiana Portela (en Bogotá): fcsppcomunica@gmail.com /Tel. +57 315 626 2237
La OMCT y las organizaciones de la Coalición Colombiana Contra la Tortura agradecen el apoyo de la Comisión Europea para la realización de esta visita. El contenido de esta comunicación se encuentra bajo sola responsabilidad de las organizaciones que lo suscriben y en ningún caso debe ser interpretado como la opinión de la Comisión Europea.