Crónica de una judicialización anunciada - La defensa de derechos humanos, al banquillo de los acusados

Bogotá-Ginebra, 12 de diciembre de 2019 – Desde elinicio del Paro Nacional el 21 de noviembre 1.023 personas han sido detenidas,de las cuales al menos 47 han sido judicializadas. La criminalización de laprotesta y de la defensa de derechos humanos no se circunscribe al momentoactual - en un informe publicado en el día de hoy[1]se evidencia una política sostenida de uso indebido de la institucionalidadpara tratar de silenciar la defensa de derechos humanos.

Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para laspersonas que defienden los derechos humanos como evidencian las 155personas defensoras asesinadas en 2018 y las 89 personas defensoras asesinadasen lo que va de año, según cifras del Programa Somos Defensores.

El homicidio y la amenaza son las agresiones más visibles. Sin embargo,las personas que defienden los derechos humanos enfrentan otro tipo deagresiones, incluyendo el inicio de procesos penales con fines de acoso odesprestigio.

«En vez de proteger a laspersonas defensoras de derechos humanos, el sistema de justicia y el derechopenal son indebidamente utilizados en su contra: hemos podido documentar que,solo entre el año 2012 y el 15 de julio de 2019, 249 personas defensoras fueronindebidamente judicializadas, un caso cada 11 días. Con la judicialización seaumenta el riesgo de que sufran otros ataques, lo que claramente busca acallarsus voces», declaró FranklinCastañeda, Presidente del CSPP.

«La judicialización depersonas únicamente por defender los derechos humanos es injusta pero tambiénperversa: contribuye a perpetuar las violaciones de derechos humanos a las quese oponían, lo que implica contaminación, deforestación, la concentración de latierra y una erosión de libertades como la libertad de expresión o de protestapacífica. Toda la sociedad colombiana sale perdiendo. Toda salvo losperpetradores», declaró Gerald Staberock,Secretario General de la OMCT.

Este informe devela que el 71% de los casos se concentra en 6departamentos[2],departamentos que además concentran el 35,7% de los títulos mineros que sedesarrollan en el país y el 46% de las zonas donde existen pozos petroleros, loque establece una clara relación entre la defensa de los derechos humanos encontextos de luchas ambientales y el uso indebido del derecho penal. Laspersonas defensoras de la paz también han resultado particularmente afectadaspor este fenómeno.

El informe da cuenta de cómo distintos actores estatales y privadosintervienen y se benefician con la judicialización de personas defensoras,incluyendo el caso de algunas empresas del sector minero-energético que,utilizando mecanismos como los convenios de cooperación entre el Ministerio deDefensa y la Fiscalía —entre 2012 y 2019 se identificaron 365 convenios con 117empresas— han logrado utilizar la institucionalidad colombiana como ariete deataque contra las personas defensoras.

Destacan particularmente las evidencias de cómo unidades militaresfinanciadas por las compañías han promovido acciones de inteligencia militarcontra personas defensoras que denuncian los impactos negativos de laseconomías extractivas sobre los derechos humanos, y que son asociadas de maneraindebida con grupos delictivos. De igual forma, solo entre 2017 y agosto de2019, las Estructuras de Apoyo a Hidrocarburos (EDA) de la Fiscalía General dela Nación investigaron y acusaron indebidamente a 22 personas defensoras de latierra y el medio ambiente por su participación en jornadas de protestas contralas empresas petroleras en los departamentos de Arauca, Casanare y Meta. Porejemplo, a través de convenios de cooperación, Ecopetrol ha financiado durante2015-2019 a las EDA con 82.621.590.882 pesos colombianos (aproximadamente 21,8millones de euros), para que investigue conductas que afecten la adecuadaoperación de la industria petrolera, incluidos las “acciones de hecho” en elmarco de la protesta social.

Por otro lado, el informe da cuenta de las múltiples formas en las quese viola el derecho al debido proceso de las personas defensoras de derechoshumanos judicializadas. Estos procesos se caracterizan por imputacionesgenéricas e imprecisas, usando tipos penales ambiguos y por un escenario en elque la prisión preventiva es la regla y no la excepción: en el 78,4% de loscasos en los que se ha obtenido información, la justicia colombiana privó delibertad a las personas defensoras, ya sea en detención domiciliaria o encentro carcelario.

Las organizaciones solicitan al Estado Colombiano asegurar queinstituciones judiciales o terceros no manipulen el poder punitivo del Estado ysus órganos de justicia con el fin de hostigar a defensoras y defensores dederechos humanos. Así mismo, consideran que para que cese la posibleparcialidad judicial, las empresas privadas, particularmente Ecopetrol, debencesar la financiación hacia la Fiscalía General de la Nación relacionada con lainvestigación de conductas relacionadas con la protesta social.

El Comité de Solidaridadcon los Presos Políticos (CSPP) se propone contribuir a la exigencia,promoción y difusión del respeto y las garantías de los Derechos Humanos detodas las personas en Colombia, en la búsqueda de la verdad, la justicia y lareparación; en especial el derecho a la Vida, la Libertad, la Integridad Físicay Moral, a un trato digno, a un juicio justo e imparcial y los demás derechosde las personas privadas de la libertad, procesadas por delitos políticos yjudicializadas por participar en la protesta social. De esta forma contribuyeal debate sobre el sistema de justicia y exige la implementación de unapolítica criminal democrática con justicia social; para aportar a laconstrucción de un Estado respetuoso de los DDHH, la democracia y la paz conjusticia social. El CSPP es una organización miembro de la Red SOS-Tortura dela OMCT.

La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) trabaja junto con las más de 240 organizacionesque conforman la Red SOS-Tortura para acabar con la tortura, luchar contra laimpunidad y proteger a las personas defensoras de derechos humanos en todo elmundo. Juntos, constituimos el mayor colectivo movilizado a nivel global enoposición a la práctica de la tortura. Como altavoz de las voces localesapoyamos a nuestros aliados en el terreno y proporcionamos asistencia directa avíctimas. Nuestro Secretariado Internacional tiene su sede en Ginebra y cuentacon oficinas en Bruselas y Túnez.

La Corporación Socialpara la Asesoría y Capacitación Comunitaria (COSPACC), dedica la mayorparte de sus esfuerzos a la atención, organización y acompañamiento a víctimasa causa del alto grado de violaciones a los derechos humanos que se presentanen las zonas donde trabaja, concentrándose especialmente en los departamentosde Tolima, Boyacá, Casanare, y la ciudad de Bogotá. Todo ello, sin perder devista el objetivo principal que es la reconstrucción del tejido social y laformación permanente en la promoción y defensa de los derechos humanos y elderecho internacional humanitario (DIH).

Para obtenerinformación adicional, por favor contacte a:

• CSPP: FranklinCastañeda: +57 313 3919384

• OMCT:Iolanda Jaquemet / Miguel Martín Zumalacárregui: ij@omct.org / +41 79 53941 06

• COSPACC: FabiánLaverde: +57 320 3014747

El informeestá disponible aquí.

La OMCT quisiera dar las gracias a la UniónEuropea, a la República y Cantón de Ginebra y al Departamento FederalSuizo de Asuntos Exteriores porhaber hecho posible la publicación de este informe. Su contenido se encuentrabajo la sola responsabilidad de las organizaciones firmantes y no debe ser enningún caso interpretado como el reflejo de las opiniones de estasorganizaciones.

La OMCT es miembro de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europeapara Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civilinternacional.

[1] CSPP, OMCT, COSPACC,"Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: lajudicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambientey la paz", disponible aquí.

[2] Antioquia, Cesar, Cauca,Huila, Casanare y Bogotá. @font-face { font-family: "MS Mincho";}@font-face { font-family: "Cambria Math";}@font-face { font-family: Calibri;}@font-face { font-family: Cambria;}@font-face { font-family: "@MS Mincho";}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Cambria", serif; }p.MsoFootnoteText, li.MsoFootnoteText, div.MsoFootnoteText { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 10pt; font-family: "Cambria", serif; }p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Cambria", serif; }span.MsoFootnoteReference { vertical-align: super; }a:link, span.MsoHyperlink { color: blue; text-decoration: underline; }a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed { color: purple; text-decoration: underline; }span.HeaderChar { }span.FootnoteTextChar { }.MsoChpDefault { font-family: "Cambria", serif; }div.WordSection1 { }