Rumania: Protección limitada para las personas privadas de libertad
Durante su período de sesiones 77°, los días 19 y 20 de julio de 2023, el Comité Contra la Tortura revisó el 3o informe periódico de Rumania. Los relatores por país fueron el Sr. Sébastien Touzé y el Sr. Abderrazak Rouwane.
La delegación del país estuvo encabezada por el Sr. Dan Halchin, Jefe de la Administración Penitenciaria de Rumania.
Los expertos del CAT apreciaron la presentación regular de informes de Rumania y su continua cooperación con los mecanismos de derechos humanos de la ONU, incluidos los órganos de tratados y los procedimientos especiales.
Puntos principales discutidos:
El Comité expresó su preocupación por la falta recurrente de salvaguardias legales fundamentales para los detenidos, en particular con respecto al acceso a un abogado y un intérprete. Los expertos pidieron educar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre estas garantías y establecer un punto focal en cada centro administrativo para abordar las violaciones.
Los expertos expresaron su preocupación por los abusos sufridos por las personas internadas en instituciones de salud mental, incluidas palizas, aislamiento prolongado y uso excesivo de restricciones. También parece que los casos de muerte registrados en estas instituciones no se informan sistemáticamente.
Los expertos también expresaron su preocupación por las condiciones de detención y las medidas adoptadas en las cárceles durante el estado de emergencia por el Covid-19. Estos fueron encontrados desproporcionados.
Finalmente, el Comité destacó el estigma significativo contra la población romaní, lo cual sigue siendo un tema recurrente para Rumania ante varios órganos de tratados. A pesar del marco legal vigente para abordar la discriminación y la violencia contra las minorías étnicas de conformidad con los requisitos internacionales, la tasa de enjuiciamientos de víctimas romaníes sigue siendo notablemente baja.
Encuentra las recomendaciones del CAT aquí.
Recomendaciones de Seguimiento:
El Estado parte debe proporcionar información sobre la implementación de la Convención en relación con:
- la mejora de las condiciones en las instituciones psiquiátricas y los centros de asistencia social;
- los métodos por los cuales se llevan a cabo los registros al desnudo;
- y el cese del uso de unidades especiales de intervención en los centros penitenciarios
El Estado parte debe proporcionar esta información antes del 28 de julio de 2024.