Seria preocupación por situación jurídica de dos coacusadas en el mismo caso de Sra Jacinta Francisco

El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en México.

Descripción de la situación

El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con seria preocupación informaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro PRODH), una organización miembro de la red SOS-Tortura de la OMCT, sobre la seria preocupación existente por la situación jurídica de las Sras. Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio[1], detenidas en el Centro de Readaptación Social de San José El Alto, en el estado de Querétaro, desde hace más de tres años, quienes enfrentan ahora el riesgo de ser condenadas a más de 40 años de cárcel.

De acuerdo con las informaciones, el 25 de noviembre de 2009, la Procuraduría General de la República (PGR) reiteró sus infundadas acusaciones en contra de las Sras. Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, a través del agente del ministerio público de la federación adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en Querétaro, quien presentó conclusiones acusatorias en contra de las dos mujeres. En ésta ocasión el ministerio público además de condenarlas solicitó que se les imponga la pena más alta, que podría alcanzar más de 40 años de prisión.

Según las informaciones, consecuentemente a la determinación de la PGR de condenar a las Sras. Teresa González Juan y Alberta Alcántara Cornelio, el futuro jurídico de las mismas ha quedado ahora en manos del Juez Cuarto de Distrito en Querétaro, Sr. Rodolfo Pedraza Longi, quien ya en el pasado dictó sentencia condenatoria en contra de las Sras. Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Juan y Alberta Alcántara Cornelio, haciendo caso omiso a las irregularidades patentes en la acusación; aunque dicha sentencia fue revocada en segunda instancia.

La OMCT recuerda que las Sras. Alberta Alcántara y Teresa González, mujeres en situación de exclusión, originarias de una comunidad rural indígena, se encuentran privadas de la libertad en el mencionado Centro de Readaptación de San José el Alto, desde agosto de 2006, cuando fueron aprehendidas por ser señaladas y acusadas falsamente como responsables del secuestro de seis agentes miembros de la hoy extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), hechos que nunca existieron en virtud de que nunca hubo un delito de secuestro en el poblado de Santiago Mexquititlán en Querétaro.

Esta acusación se derivó de los hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006, cuando los agentes pretendieron decomisar ilegalmente la mercancía de algunos comerciantes (tianguistas) miembros de la comunidad indígena ñhañhú, en el mercado de Santiago Mexquititlán, lo que generó la inconformidad de los vendedores. Por el mismo suceso se presentaron cargos en contra de la Sra. Jacinta Francisco Marcial quien fue detenida y quien en septiembre de 2009 recuperó su libertad al evidenciarse las irregularidades existentes en la acusación y durante el proceso judicial llevado a cabo en su contra[2].

Según las mismas informaciones, las Sras. Alberta Alcántara y Teresa González ya habían sido sentenciadas en el mes de enero de 2009[3] y condenadas a una pena privativa de libertad de 21 años, sentencia que fue revocada por el Magistrado del Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito. Según las mismas informaciones, no existen elementos de prueba que logren acreditar el delito de secuestro que nunca existió y mucho menos la probable responsabilidad de las referidas Sras. Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio. Además, debido a la insuficiencia e inconsistencia probatoria y a las contradicciones observadas por el Tribunal Unitario de Circuito, la Procuraduría General de la República (PGR) decidió formular conclusiones no acusatorias a favor de la Sra. Jacinta Francisco Marcial, pero no así para las Sras. Teresa González Juan y Alberta Alcántara Cornelio, a pesar de que se las acusa con base en los mismos hechos, circunstancias y elementos de prueba.

Según las informaciones, las conclusiones presentadas por el ministerio público expresarían la reiterada intención de la PGR de mantener en prisión a las Sras. Alberta Alcántara Juan y Teresa González como represalia en contra de los comerciantes que se defendieron de los abusos cometidos por los agentes en marzo de 2006, en particular porque estas dos señoras fueron quienes les exigieron a los agentes de la AFI que se identificaron, cuando éstos empezaron a despojar violentamente de su mercancía a la gente.

El Secretariado Internacional de la OMCT al manifestar su seria preocupación por el riesgo de que las Sras. Alberta Alcántara y Teresa González puedan ser condenadas a una pena privativa de libertad de más de 40 años, solicita a las autoridades estatales y federales de México que tengan en cuenta las graves irregularidades que obran en la acusación, así como los argumentos esgrimidos por la defensa, y procedan a analizar el caso con plena independencia y imparcialidad, y les respeten a las acusadas los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna de México y en los instrumentos regionales y internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado de México.

Acción solicitada

Favor escribir a las autoridades mexicanas con el fin de solicitarles:

1. garantizar en todas las circunstancias la seguridad y la integridad física y psicológica de las Sras. Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio;
2. analizar una vez más y de manera exhaustiva, el caso de las Sras. Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio y resolver el caso con base en la verdad y en aras de la justicia;
3. otorgar a las Sras. Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio una reparación integral que incluya una adecuada rehabilitación y una adecuada compensación
4. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales de Derechos Humanos, ratificados por México.

Direcciones

• Señor Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF. Tel.: +52 5527891100 FAX: +52 55527 72 376 + 52 55 27 89 11 13. E-mail: felipe.calderon@presidencia.gob.mx
• Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra, 16, Avenue du Budé. 1202, Ginebra, Case postale 433. FAX: + 41 22 748 07 08 E-mail: mission.mexico@ties.itu.int
• Licenciado Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta, Secretario de Gobernación, Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, Fax: +52 (55) 5093 3414. E-mail: secretario@segob.gob.mx
• Licenciado Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, E-mail: dcabeza@segob.gob.mx
• Sr. Guillermo I. Ortíz Mayagoitia, Presidente del Consejo de la Judicatura E-mail: presidencia@cjf.gob.mx
• Dr. José Antonio Guevara, Titular de la Unidad para la promoción y defensa de los derechos humanos SEGOB. Paseo de la Reforma 99 P.H. Col. Tabacalera. Del. Cuauhtémoc, México; Tel. +52 (55) 5128-0000 ext. 11875. E-mail: jguevara@segob.gob.mx
• Licenciado Mauricio E. Montes de Oca Durán, Unidad para la promoción y defensa de los derechos humanos SEGOB. E-mail: mmontesdeoca@segob.gob.mx Tel.: +52 55 51 2800; +52 55 511863
• Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. E-mail: correo@cndh.org.mx Edificio "Héctor Fix Zamudio", Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6° piso, Col. Tlacopac San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01040. Tel.: + 52 55 17 19 2000 Exts. 8280 y 8293

Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de México en sus respectivos países.

Ginebra, 11 de diciembre de 2009

Agradeceremos que nos informen acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código del presente llamado en su respuesta. [1] Ver Comunicado de Prensa OMCT: México 041209, emitido el 4 de diciembre de 2009
La OMCT recuerda que hasta la fecha no se ha podido dictar sentencia firme contra las Sras. Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, después de más de tres años de proceso, lo cual ha ocasionado la demora irreversible del procedimiento en perjuicio de la libertad de las mismas, coacusadas bajo los mismos cargos con la Sra. Jacinta Francisco Marcial, quien fue liberada el 16 de septiembre de 2009. Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió, el 17 de julio de 2009, una recomendación dirigida al Procurador General de la República donde se comprueban las graves violaciones a los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y procuración de justicia en agravio de las Sras. Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, así como Jacinta Francisco Marcial. Sin embargo, las dos primeras continúan injustamente en prisión.

[2] Ver Comunicados de Prensa OMCT: México 160909, emitido el 16 de septiembre de 2009 y México 180909, emitido el 18 de septiembre de 2009.

[3] La OMCT recuerda que entre otras irregularidades, las acusadas Sras. Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, así como la coacusada en el mismo caso, Sra. Jacinta Francisco Marcial, no contaron con traductor en el momento de su declaración preparatoria ni en diligencias posteriores, lo que constituye también una grave violación a la garantía del debido proceso, situación que también ha sido reconocida por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en su recomendación 01/2009.