Seis años de inacción en la protección de las personas defensoras mientras continúan los asesinatos

​PRONUNCIAMIENTOCONJUNTO - EL OBSERVATORIO / UDEFEGUA

Ginebra-París-Ciudadde Guatemala, 28 de agosto de 2020 – En el sexto aniversario de lasentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exigía a Guatemalaadoptar una política pública para la protección de las personas defensoras dederechos humanos, la UDEFEGUA y el Observatorio condenan enérgicamente lainacción por parte de Guatemala y denuncian que se han producido al menos 3580 agresionesdesde el año 2014 en que la sentencia fue dictada.

El 28 de agosto de2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Guatemalaimpulsar de forma participativa una Política de Protección a Defensores yDefensoras de Derechos Humanos[1]. No obstante, y a pesar delas 3580 agresiones contra personas defensoras registradas en el país entre elaño 2014 y junio de 2020[2], dicha política pública nosólo no se ha implementado, sino que se ha desmantelado el frágil sistema deprotección que existía anteriormente.

En este sentido, la eliminaciónde la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materiade Derechos Humanos (Copredeh) el pasado 30 de julio, cierra definitivamentelas puertas a la creación de la política pública para la protección de defensores y defensoras de derechoshumanos en Guatemala, en tanto que era ésta la institución encargada de suelaboración e implementación[3].

A su vez, estemovimiento se suma a las políticas represivas contra las personas defensoras quese intensificaron desde 2017 durante la presidencia de Jimmy Morales y envía unclaro mensaje de permisividad a los agresores de personas defensoras, comodemuestra la ola de ataques violentos desatada en el último mes contra defensoresy defensoras del territorio y de los derechos indígenas.

Este escenario deintensificación de las agresiones contra quienes defienden derechos humanos evidenciala urgencia y la necesidad de que Guatemala cumpla con la sentencia de la CorteInteramericana, así como la irresponsabilidad de las distintas administracionesque seis años después no se han tomado esta grave crisis en serio.

El 3 de agosto de2020, el Sr. Carlos Enrique Coy, líder comunitario de la Comunidad NuevaGloria, situada en el municipio de Purulhá, departamento de Baja Verapaz,desapareció mientras se dirigía a trabajar a la finca Washington, situada en elmismo municipio. Desde entonces, el Sr. Enrique Coy se encuentra en paraderodesconocido.

El 10 de agosto, fueasesinado con un arma de fuego por personas desconocidas el Sr. Benoît Maria,representante de Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras (AVSF) en Guatemala,que trabajaba con los pueblos indígenas Ixil y Q’eqchi en la defensa de susderechos[4].

El 11 de agosto, elSr. Misael López Catalán, presidente de la directiva del Comité deDesarrollo Campesino (CODECA)[5] y la Sra. LorenaGuadalupe Aguirre, también miembro de CODECA, fueron atacados con arma defuego por un hombre y una mujer desconocidos cuando salían de trabajar de lafinca El Cafetalito, situada en el municipio de San Pedro Pinula, departamentode Jalapa. El Sr. López Catalán falleció por las heridas y la Sra. GuadalupeAguirre está siendo tratada en el Hospital Nacional “Nicolasa Cruz” de Jalapa.Desde el año 2018, la membresía de CODECA ha sido sometida a ataquessistemáticos en contra de su integridad física por su labor en defensa de latierra y el territorio, incluyendo los asesinatos de once de sus integrantes[6].

La madrugada del 16de agosto, cuarenta familias indígenas Q’eqchi defensoras del derecho a latierra y pertenecientes al Comité de Unidad Campesina (CUC)[7] fueron desalojadasextrajudicialmente y con gran violencia de la comunidad Cubilgüitz, municipiode Cobán, departamento de Alta Verapaz, por un grupo de personas fuertementearmadas. Los atacantes destrozaron las herramientas agrícolas de la comunidad,así como sus reservas de alimentos. Asimismo, saquearon y quemaron sus casas.De ellas, seis quedaron completamente calcinadas. En el momento de publicaciónde este Pronunciamiento, las familias de la comunidad Cubilgüitz se encuentransin vivienda y sin medios de subsistencia.

El mismo día 16 deagosto, el Sr. Carlos Mucu Pop, indígena Q’eqchi, líder comunitario ymiembro de la Asociación Comunitaria Multisectorial de Monitoreo Comunitario enSalud y Apoyo a Migrantes (ACOMUMSAM)[8], fue asesinado porpersonas desconocidas en la comunidad de Santa Rosa, situada en el municipio deSayaxché, departamento de Petén, de la que era originario.

El 23 de agosto, enhoras de la noche, un grupo de personas desconocidas penetró en la casa del Sr.Raúl Ico Pacham, cuando éste se encontraba fuera de su vivienda. El Sr.Ico Pacham es defensor indígena Q’eqchi y dirigente del Comité Campesino deDesarrollo del Altiplano (CCDA)[9] en la comunidad Ch’abilch’och,municipio de Livingston, departamento de Izabal. Los asaltantes sustrajeron importantesdocumentos relacionados con el proceso de litigio que la comunidad estállevando a cabo por el desalojo forzoso que sufrieron en octubre de 2017 y porel cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidascautelares a las familias indígenas de Ch’abilch’och en enero de 2018[10]. Asimismo, la computadoradel Sr. Ico Pacham fue destrozada y el cableado eléctrico cortado. ElObservatorio destaca que Livingston es uno de los tres municipios de Izabal quedesde el 16 de agosto se encuentra bajo estado de prevención, decretado por el PresidenteGiammattei con el objetivo de asegurar el orden, la gobernabilidad y laseguridad de los habitantes[11].

El Observatorio y laUDEFEGUA rechazan enérgicamente los ataques violentos arriba mencionados y semuestran profundamente preocupados por la evidente falta de garantías para ladefensa de los derechos humanos existente en Guatemala, exacerbada tras laeliminación de la Copredeh. En este sentido, el Observatorio alerta del riesgode que las agresiones a personas defensoras queden en la impunidad, puesto queésta propicia la repetición del hostigamiento y los ataques en su contra yafianza un mensaje de desprestigio hacia su labor.

Por todo loanterior, el Observatorio y la UDEFEGUA exigen al Gobierno de Guatemalagarantías y protección para la labor de las personas defensoras de los derechoshumanos y que realice las acciones de investigación pertinentes de manerainmediata, exhaustiva e imparcial con el fin deidentificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente y aplicarleslas sanciones penales previstas por la Ley.

***

El Observatorio para la Protección delos Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene porobjetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represióncontra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH sonambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de laUnión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedadcivil internacional.

La Unidad de Protección a Defensores yDefensoras de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) es una organizaciónque proporciona servicios a defensoras y defensores de derechos humanos enGuatemala y en países de la región Centroamericana desde el año 2000, para lageneración de capacidades individuales y colectivas la autogestión de riesgos.La UDEFEGUA es una organización miembro de la Red SOS-Tortura de la OMCT.

[1] Véase Caso defensor de derechos humanos y otros vsGuatemala: https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_283_esp.pdf

[2] Véanse las cifras registradas por la UDEFEGUA desde elaño 2014: https://udefegua.org/infografia/situaci%C3%B3n-de-personas-comunidades-y-organizaciones-defensoras-de-derechos-humanos-enero

[3] Véase Comunicado de la OMCT ‘Guatemala: Nuevasmedidas del ejecutivo desmantelan el Estado de derecho en Guatemala y danmarcha atrás en la lucha contra la impunidad’, publicado el 28 de agosto de2020.

[4] Véase Pronunciamiento Conjunto del Observatorio yUDEFEGUA, publicado el 12 de agosto de 2020.

[5] CODECA es una organización decampesinos y campesinas indígenas que luchan desde 1992 para mejorar suscondiciones de vida y laborales en el campo e impulsar un proceso de desarrollorural construido participativamente, con fundamentos de equidad e inclusión social.

[6] Véanse los Llamados Urgentes del Observatorio GTM 012 /0818 / OBS 101, publicado el 2 de agosto de 2018; GTM 011 /0618 / OBS 084, publicado el 12 de junio de2018; GTM 010 /0618 / OBS 082, publicado el 7 de junio de2018; y GTM 005 /0518 / OBS 060, publicado el 14 de mayo de2018.

[7] El CUC es una organización de campesinas y campesinosindígenas y ladinos conformada en 1978. Sus ejes de trabajo son el acceso a latierra, la defensa de los derechos de los campesinos, la defensa de laidentidad y los derechos indígenas, el desarrollo comunitario y productivo y laigualdad de género.

[8] ACOMUMSAM es una organización de base guatemalteca queforma parte de la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género.Esta red está formada por organizaciones y colectivos de Guatemala y México que monitorean lasviolaciones de derechos humanos de las personas migrantes en la frontera entreambos países.

[9] El CCDA es una organización que defiende los derechos delas comunidades indígenas y campesinas en Guatemala.

[10] Véase https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/023.asp.

[11] Véase https://gt.vlex.com/vid/decreto-gubernativo-no-16-847269359?_ga=2.231797404.2071436468.1598428378-729503165.1598428378