Comunicado de prensa: Misión internacional confirma falta de protección y criminalización a defensores de derechos humanos
COMUNICADO DE PRENSA – EL OBSERVATORIO
Honduras: Misión internacional confirma falta deprotección y criminalización a defensores de derechos humanos
Paris-Ginebra, 23 de mayo de 2016. La criminalización y el posterior asesinatode Berta Cáceres y los casos de criminalización del Consejo Indígena Lenca deSantiago Apóstol en Santa Elena y del MovimientoUnificado Campesino del Aguan (MUCA) en el BajoAguán son ejemplos de cómo en el contexto de megaproyectos energéticos, deagrocombustibles o de producción minera, los defensores son objeto de ataques,difamación y procesos penales que buscan sancionarlos y obstaculizar su trabajode defensa de sus territorios y de sus derechos, declaró la misión delObservatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos(FIDH-OMCT).
Considerando lagravedad y sistematicidad de los ataques contra los defensores de derechoshumanos en Honduras, el Observatorio realizó - en seguimiento de una primeramisión que se desarrolló en abril[1]- una segunda misión internacional a Honduras (Tegucigalpa, La Esperanza y elBajo Aguán) del 4 al 13 de mayo para expresarles en el terreno nuestrasolidaridad y transmitir a las autoridades la preocupación respecto lacontinuación de la persecución y la criminalización de los defensores quereivindican los derechos de sus comunidades frente a grandes inversiones.
El caso de BertaCáceres Flores, una figura emblemática de la defensa de derechos humanos ydel territorio cofundadora y coordinadora del Consejo Cívico de OrganizacionesPopulares e Indígenas de Honduras (COPINH), es paradigmático de lacriminalización y los altos niveles de riesgo y vulnerabilidad a los que seenfrentan los defensores y las defensoras de derechos humanos en Honduras, yparticularmente aquellos que trabajan en cuestiones relacionadas con la tierra.Antes de su asesinato en marzo de 2016, Berta Cáceres había sido víctima depersecución judicial en 2013[2],con una orden de captura en su contra, y había realizado 33 denuncias poramenazas de muerte en contra de su persona.
En Tegucigalpa, el 6de mayo se realizó la audiencia inicial a cuatro presuntos autores materialesdel asesinato de Berta Cáceres, uno de ellos trabajador activo de la empresaDESA S.A, encargada del proyecto Agua Zarca, y otro un mayor activo delEjército de Honduras. Si bien estas detenciones son un avance en un país conaltos niveles de impunidad, rechazamos el secretismo penal declarado paraimpedir que los abogados y la familia de Berta Cáceres tengan acceso a lainstrucción que desarrolla la Fiscalía. De igual manera, apoyamos la solicitudde la familia de Berta Cáceres para que el Estado hondureño acepte una Comisiónde Investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) queacompañe la labor de la justicia hondureña con el fin de investigar, juzgar ysancionar a los autores intelectuales del homicidio.
Además del caso deBerta Cáceres, la Misión verificó otros casos de persecución y criminalizacióncontra líderes de comunidades indígenas y campesinas en otras regiones delpaís, en contextos de la defensa del territorio. Concretamente, la misión secentró en los casos de criminalización de 19 miembros del Consejo IndígenaLenca de Santiago Apóstol en Santa Elena acusados de usurpación de tierras desde el 2014 y 25 miembros del MovimientoUnificado Campesino del Aguan (MUCA) en el Bajo Aguán. Lamisión constató que se presenta a estos defensores como criminales paraobstaculizar su trabajo, quitarles el apoyo de sus comunidades y castigarlospor su posición de liderazgo, todo esto en un ambiente atravesado porasesinatos y amenazas.
“El reconocimiento público del trabajo de los defensores,así como el fortalecimiento de la justicia y la lucha contra la impunidad sonfundamentales para que en Honduras la criminalización de los defensores sesupere y el Estado de Derecho se fortalezca”,declaró la misión.
En el caso del BajoAguán, el Observatorio ha cotejado que mientras que no avanzan lasinvestigaciones penales de crímenes graves como el caso de la masacre de cincocampesinos en la Finca el Tumbador el 15 de noviembre de 2010, en la queestarían involucrados guardias de la empresa DINANT S.A, se siguecriminalizando a aquellos que se manifiestan por la reivindicación de susderechos como es el caso de los miembros del MUCA, procesados pormanifestaciones ilícitas ante la Corte Suprema de Justicia, la cual de manerairregular había anulado la sentencia que les reconocía el derecho a sustierras.
La misión constatóque la criminalización de defensores de derechos humanos está asociada a unproblema estructural de acceso a la tierra que tiende a agravarse en la medidaen que el Estado hondureño continúa estimulando su concentración, elextractivismo y la agroindustria.
Finalmentey en un acto más de criminalización a los defensores del territorio, el 18 demayo de 2016, el Juzgado de letras de Amapala ordenó la detención en centrocarcelario de los Sres. Abel Pérez y SantosHernández, miembros de la Asociación para el Desarrollo de la Península deZacate Grande (ADEPZA), acusados de usurpación de tierras, amenazas y daños, enel marco del proceso de recuperación por ADEPZA de las playas de Zacate Grande,en el municipio de Ampala, en el Departamento del Valle. El Observatorio, quevisitó la ADEPZA durante su misión de abril, solicita a las autoridades que sebrinden todas las garantías del debido proceso a los defensores detenidos.
Contexto:
La Misión estuvoconformada por Luis Guillermo Pérez Casas, Representante de la FIDH para la OEAy miembro del CAJAR en Colombia, Magdalena Garcés, abogada de derechos humanosen Chile, y Natalia Yaya, Encargada de programa de la oficina de las Américasde la FIDH. La misión se realizó con la colaboración de las organizacionesmiembro de la FIDH en el país, COFADEH y CIPRODEH, y con el apoyo de laorganización CEHPRODEC.
El Observatoriopublicará en los próximos meses un informe con los hallazgos y recomendacionesespecíficas sobre la situación de los defensores de derechos humanos enHonduras, en el que se incluirán las conclusiones sobre este tema.
El Observatoriopara la Protección de los Defensores de Derechos Humanos es un programa creadoen 1997 por la OrganizaciónMundial Contra la Tortura (OMCT) y laFIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretasde represión contra los defensores y defensoras de derechos humanos.
Para másinformación, por favor, contacten con:
FIDH: Audrey Couprie / ArthurManet: +33 1 43 55 25 18 / José Carlos Thissen : +51 95 41 31 650
OMCT: Miguel MartínZumalacárregui / Chiara Cosentino: +32 2 218 37 19
[1] Ver Comunicado de Prensa delObservatorio, 3 de mayo de 2016.
[2] El caso de Berta Cáceres Flores ya había sidoincluido en el Informe del Observatorio: “Criminalización de Defensores deDerechos Humanos en el contexto de proyectos industriales: Un fenómeno regionalen América Latina”