Perú
23.02.05
Intervenciones urgentes
Perú: Hostigamiento contra defensoras en el caso Accomarca
ACCIÓN URGENTE - EL OBSERVATORIO
PER 001 / 0205 / OBS 015
Hostigamiento
PERU
23 de febrero de 2005
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Perú.
Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido informaciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CND) del Perú, sobre las presiones y actos de hostigamiento de que viene siendo víctima la abogada Sra. Cristina del Pilar Olazábal, Fiscal Especializada para Desapariciones Forzadas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumaciones de Fosas Clandestinas, quien trabaja en la fiscalía encargada de investigar las violaciones a los derechos humanos producidas entre las décadas de 1980 al 2000 en el Departamento de Ayacucho, así como en contra de la Sra. Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).
De acuerdo con las informaciones, la fiscal Sra. Cristina del Pilar Olazábal ha sido objeto de severas críticas por parte de representantes del Partido Aprista Peruano – APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) ante las denuncias de genocidio, asesinato y omisión impropia que involucran al dirigente del partido, el Ex Presidente del Perú, Sr. Alan García, y a otros 25 militares por su presunta responsabilidad de la matanza del caso Accomarca, Departamento de Ayacucho, ocurrido el 14 de agosto de 1985, cuando fueron asesinados 62 campesinos de esta localidad por miembros del Ejército peruano al mando del militar Sr. Telmo Ricardo Hurtado (Ver antecedentes de la situación abajo).
De acuerdo con las informaciones, entre las manifestaciones contra la fiscal Sra. Cristina del Pilar Olazábal se encuentra lo expresado por el ex senador aprista Sr. David Sifuentes en una entrevista concedida a la emisora Radio Melody, y que fue reproducida por el diario Correo de Ayacucho el 7 de febrero de 2005. De acuerdo con las informaciones, éste acusó a la fiscal Sra. Cristina del Pilar Olazábal y a la abogada promotora del caso Sra. Gloria Cano de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de “utilizar la ley y el Estado de Derecho como chaveta nocturna que utilizan los pandilleros”.
Según las informaciones, el Sr. David Sifuentes indicó además que “[los apristas iban] a ir al Consejo de la Magistratura para que aplique la ley de la manera más drástica y [iban] a quejar al Control Interno para lo mismo porque no [poden] estar en manos de gente desquiciada y esa mujer simplemente [iba] a tener que responder, porque tiene la mente perturbada y el alma enferma”.
De acuerdo con las informaciones, inmediatamente después que el ex senador realizara la denuncia, trascendió en el Ministerio Público de Huamanga, Ayacucho, la noticia de una probable separación del cargo de la citada fiscal. Estos rumores y expresiones vertidas contra la gestión de la fiscal Sra. Cristina del Pilar Olazábal han creado un clima hostil el cual es perjudicial para la función que viene desempeñando, más aún si se tiene en cuenta que ella es la encargada de la investigación de casos muy complejos de violaciones a los derechos humanos en lo que fue uno de los departamentos más convulsionados por el conflicto armado interno.
El Observatorio manifiesta su preocupación por estas acciones que buscan debilitar e interferir la acción del Ministerio Público en la consecución de sus funciones, al tiempo que desacreditar de manera infundada la reputación y acción de dichas personas.
El Observatorio desea señalar también que las declaraciones del ex senador aprista, Sr. David Sifuentes, contra la abogada de APRODEH Sra. Gloria Cano, ponen en peligro el desarrollo de su trabajo en la búsqueda de la verdad y contra la impunidad. En efecto, hace pocos días, la abogada manifestó su rechazo ante la resolución del Juzgado Quinto Penal Especial de la Corte Superior de Lima, por medio de la cual se ordena la excarcelación de dos integrantes del Grupo Colina: Fernando Rodríguez Zabalbeascoa y Nelson Carbajal García, "Petete", argumentando exceso de tiempo en la cárcel sin juzgamiento. Según las informaciones, el grupo Colina está acusado de la desaparición y muerte de nueve estudiantes y un profesor y la masacre de Barrios Altos en 1995.
El Observatorio recuerda que la Sra. Gloria Cano ya fue objeto de amenazas el 20 de octubre de 2004 tras haber expresado su malestar ante la medida dispuesta por el Tercer Juzgado Penal Especial, concediendo la libertad a Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, y Roberto Huamán Azcurra, antes del fin de sus sentencias por homicidio calificado de tres miembros del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) en el marco de la “Operación Chavín de Huántar” en 1997 (Ver Llamado Urgente del Observatorio PER 001 / 0103 / OBS 005.2 del 11 de noviembre de 2004).
Antecedentes de la situación:
La masacre de Accomarca, en el Departamento de Ayacucho, fue un caso documentado por la Comisión de la Verdad y la Reparación (CVR) y está entre los casos judicializables que la CVR presentó ante la Fiscalía Especializada para Desapariciones Forzadas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumaciones de Fosas Clandestinas cuando entregó su informe en agosto del 2003.
Según las informaciones, debido a la alta presencia del grupo armado Sendero Luminoso en la zona de Accomarca, en 1983 se iniciaron las primeras incursiones por parte del Ejército que, convencido que la población estaba vinculada al grupo guerrillero, empezó entonces el Plan de Operaciones Huancayoc de captura y/o destrucción a los elementos “terroristas” existentes en la Quebrada de Huancayoc, distrito de Accomarca.
El informe final de la CVR, basado en testimonios de los sobrevivientes, señala claramente el horror del 14 de agosto de 1985, cuando una patrulla del Ejército, al mando del militar Telmo Hurtado, llegó al distrito y empezó a maltratar todas las personas que encontró, incluyendo violando sexualmente a las mujeres. Después obligaron a todos a ingresar a una vivienda y allí fueron abaleados. Luego, les prendieron fuego y lanzaron una granada para que no quedaran restos. Entre las víctimas estaban mujeres, ancianos y seis niños menores de 8 años.
Acción solicitada:
Favor escribir a las autoridades Peruanas urgiéndolas a:
i. tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de las Sras. Cristina del Pilar Olazábal y Gloria Cano, y en general de todos los defensores de derechos humanos en Perú;
ii. garantizar que las abogadas Cristina del Pilar y Gloria Cano y todos los miembros de la Fiscalía Especial y de APRODEH puedan llevar a cabo su trabajo de manera independiente, poniéndose fin al hostigamiento de que son víctimas, y que se aplique a los responsables de estos actos las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
iii. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona « individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos » (Art.1) y al deber del Estado de "garantizar la protección de toda persona, individual y colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la Declaración" (Art. 12.2);
iv. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración universal de derechos humanos y los Pactos y Convenciones internacionales ratificados por Perú.
Direcciones :
Ginebra - París, 23 de febrero de 2005
Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
Tel. y FAX: FIDH : + 33.(0).1.43.55.20.11 / + 33 (0) 1 43.55.18.80
Tel. y FAX: OMCT : + 41.22 809.49.39 / + 41.22.809.49.29
E-mail: observatoire@iprolink.ch
PER 001 / 0205 / OBS 015
Hostigamiento
PERU
23 de febrero de 2005
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Perú.
Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido informaciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CND) del Perú, sobre las presiones y actos de hostigamiento de que viene siendo víctima la abogada Sra. Cristina del Pilar Olazábal, Fiscal Especializada para Desapariciones Forzadas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumaciones de Fosas Clandestinas, quien trabaja en la fiscalía encargada de investigar las violaciones a los derechos humanos producidas entre las décadas de 1980 al 2000 en el Departamento de Ayacucho, así como en contra de la Sra. Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).
De acuerdo con las informaciones, la fiscal Sra. Cristina del Pilar Olazábal ha sido objeto de severas críticas por parte de representantes del Partido Aprista Peruano – APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) ante las denuncias de genocidio, asesinato y omisión impropia que involucran al dirigente del partido, el Ex Presidente del Perú, Sr. Alan García, y a otros 25 militares por su presunta responsabilidad de la matanza del caso Accomarca, Departamento de Ayacucho, ocurrido el 14 de agosto de 1985, cuando fueron asesinados 62 campesinos de esta localidad por miembros del Ejército peruano al mando del militar Sr. Telmo Ricardo Hurtado (Ver antecedentes de la situación abajo).
De acuerdo con las informaciones, entre las manifestaciones contra la fiscal Sra. Cristina del Pilar Olazábal se encuentra lo expresado por el ex senador aprista Sr. David Sifuentes en una entrevista concedida a la emisora Radio Melody, y que fue reproducida por el diario Correo de Ayacucho el 7 de febrero de 2005. De acuerdo con las informaciones, éste acusó a la fiscal Sra. Cristina del Pilar Olazábal y a la abogada promotora del caso Sra. Gloria Cano de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de “utilizar la ley y el Estado de Derecho como chaveta nocturna que utilizan los pandilleros”.
Según las informaciones, el Sr. David Sifuentes indicó además que “[los apristas iban] a ir al Consejo de la Magistratura para que aplique la ley de la manera más drástica y [iban] a quejar al Control Interno para lo mismo porque no [poden] estar en manos de gente desquiciada y esa mujer simplemente [iba] a tener que responder, porque tiene la mente perturbada y el alma enferma”.
De acuerdo con las informaciones, inmediatamente después que el ex senador realizara la denuncia, trascendió en el Ministerio Público de Huamanga, Ayacucho, la noticia de una probable separación del cargo de la citada fiscal. Estos rumores y expresiones vertidas contra la gestión de la fiscal Sra. Cristina del Pilar Olazábal han creado un clima hostil el cual es perjudicial para la función que viene desempeñando, más aún si se tiene en cuenta que ella es la encargada de la investigación de casos muy complejos de violaciones a los derechos humanos en lo que fue uno de los departamentos más convulsionados por el conflicto armado interno.
El Observatorio manifiesta su preocupación por estas acciones que buscan debilitar e interferir la acción del Ministerio Público en la consecución de sus funciones, al tiempo que desacreditar de manera infundada la reputación y acción de dichas personas.
El Observatorio desea señalar también que las declaraciones del ex senador aprista, Sr. David Sifuentes, contra la abogada de APRODEH Sra. Gloria Cano, ponen en peligro el desarrollo de su trabajo en la búsqueda de la verdad y contra la impunidad. En efecto, hace pocos días, la abogada manifestó su rechazo ante la resolución del Juzgado Quinto Penal Especial de la Corte Superior de Lima, por medio de la cual se ordena la excarcelación de dos integrantes del Grupo Colina: Fernando Rodríguez Zabalbeascoa y Nelson Carbajal García, "Petete", argumentando exceso de tiempo en la cárcel sin juzgamiento. Según las informaciones, el grupo Colina está acusado de la desaparición y muerte de nueve estudiantes y un profesor y la masacre de Barrios Altos en 1995.
El Observatorio recuerda que la Sra. Gloria Cano ya fue objeto de amenazas el 20 de octubre de 2004 tras haber expresado su malestar ante la medida dispuesta por el Tercer Juzgado Penal Especial, concediendo la libertad a Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, y Roberto Huamán Azcurra, antes del fin de sus sentencias por homicidio calificado de tres miembros del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) en el marco de la “Operación Chavín de Huántar” en 1997 (Ver Llamado Urgente del Observatorio PER 001 / 0103 / OBS 005.2 del 11 de noviembre de 2004).
Antecedentes de la situación:
La masacre de Accomarca, en el Departamento de Ayacucho, fue un caso documentado por la Comisión de la Verdad y la Reparación (CVR) y está entre los casos judicializables que la CVR presentó ante la Fiscalía Especializada para Desapariciones Forzadas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumaciones de Fosas Clandestinas cuando entregó su informe en agosto del 2003.
Según las informaciones, debido a la alta presencia del grupo armado Sendero Luminoso en la zona de Accomarca, en 1983 se iniciaron las primeras incursiones por parte del Ejército que, convencido que la población estaba vinculada al grupo guerrillero, empezó entonces el Plan de Operaciones Huancayoc de captura y/o destrucción a los elementos “terroristas” existentes en la Quebrada de Huancayoc, distrito de Accomarca.
El informe final de la CVR, basado en testimonios de los sobrevivientes, señala claramente el horror del 14 de agosto de 1985, cuando una patrulla del Ejército, al mando del militar Telmo Hurtado, llegó al distrito y empezó a maltratar todas las personas que encontró, incluyendo violando sexualmente a las mujeres. Después obligaron a todos a ingresar a una vivienda y allí fueron abaleados. Luego, les prendieron fuego y lanzaron una granada para que no quedaran restos. Entre las víctimas estaban mujeres, ancianos y seis niños menores de 8 años.
Acción solicitada:
Favor escribir a las autoridades Peruanas urgiéndolas a:
i. tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de las Sras. Cristina del Pilar Olazábal y Gloria Cano, y en general de todos los defensores de derechos humanos en Perú;
ii. garantizar que las abogadas Cristina del Pilar y Gloria Cano y todos los miembros de la Fiscalía Especial y de APRODEH puedan llevar a cabo su trabajo de manera independiente, poniéndose fin al hostigamiento de que son víctimas, y que se aplique a los responsables de estos actos las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
iii. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona « individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos » (Art.1) y al deber del Estado de "garantizar la protección de toda persona, individual y colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la Declaración" (Art. 12.2);
iv. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración universal de derechos humanos y los Pactos y Convenciones internacionales ratificados por Perú.
Direcciones :
- Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas en Ginebra. 71, Avenue Louis Casaï, 1216 Ginebra. FAX : + 41.22.791.77.28; FAX: + 41.22.791.77.29 TEL.:+ 41.22.791.77.25 E-mail: mission.peru@ties.itu.int
- Dr. Alejandro Toledo, Presidente de la República, Calle Palacio de Gobierno – Plaza mayor s/n – Cercado de Lima – Lima – Perú. Fax. + 51.1.311.39.17 / + 51.1.426.67.70; E-mail: oginf@presidencia.gob.pe
- Dra. Nelly Calderón Navarro, Fiscal de la Nación del Ministério Público de Perú, Av. Abancay Cdra, 5 – Lima – Perú. Fax: + 51.1.426 .28.00 E-mail: webmaster@mpfn.gob.pe
- Dr. Gino Costa Santolalla, Ministro del Interior, Plaza 30 de Agosto, 160, San Isidro, Lima Perú. Fax: + 51.1.225.45.37 / + 51.1.475.29.95 E-mail: ofitel@mininter.gob.pe
- Dr. Fausto Humberto Alvarado, Ministro de la Justicia, JR. Scipión Llona, 350 – Miraflores – Lima, Perú, Fax: + 51.1.422 35 77 / + 51.1.255 98 56. E-mail: webmaster@minjus.gob.pe
- Dr. Walter Albán Peralta, Defensor del Pueblo, JR Ucayali, 388, Lima, Perú; Tel. : + 51.1.426.78.00 / + 51.1.426 66 57. Fax: + 51.1.426.78.89
E-mail :defensor@ombudsman.gob.pe
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas del Perú en sus respectivos países.
Ginebra - París, 23 de febrero de 2005
Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
Tel. y FAX: FIDH : + 33.(0).1.43.55.20.11 / + 33 (0) 1 43.55.18.80
Tel. y FAX: OMCT : + 41.22 809.49.39 / + 41.22.809.49.29
E-mail: observatoire@iprolink.ch