Perú
16.08.05
Intervenciones urgentes

Perú: Excesivo uso de la fuerza policial contra manifestaciones de campesinos / Muerte del Sr. Amado Velasco

Caso PER 160805


Malos tratos / excesivo uso de la fuerza policial contra manifestaciones de campesinos

El Secretariado Internacional de la OMCT solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Perú.

Descripción de la situación:

El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con preocupación informaciones sobre la represión violenta y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional Peruana (PNP) contra los comuneros de Ayacaba, Huancabamba, Jaén y San Ignacio, hechos que generaron la muerte del Sr. Amado Velasco, natural de Jaén, y rondero en Puján. En los hechos también resultaron heridos cerca de 40 campesinos y otras cerca de 30 personas fueron detenidas entre ellos los periodistas Sres. Mario Tabra Guerrero y Elizabeth Cunya, vinculados al Frente de Defensa del Medio Ambiente y la Vida de Ayabaca, y, Julio Vásquez, corresponsal de Radio Cutivalú, comunicadores detenidos cuando informaban sobre el violento enfrentamiento entre los campesinos y las fuerzas policiales, ocurrido en las sierras de Piura, a unos 1 mil kilómetros de Lima.

De acuerdo con las informaciones, el miércoles 3 de agosto de 2005 se produjo un violento enfrentamiento entre campesinos que se manifestaban contra del proyecto Río Branco de la Empresa minera Majaz, de la compañía británica Monterrico Metales y miembros de la policía en los alrededores de la mencionada empresa, en Piura, como consecuencia de la infructuosa negociación de los agricultores con el viceministro de Energía y Minas, Sr. Rómulo Mucho, y los representantes de la mencionada empresa minera.

De acuerdo con las informaciones, respecto a los enfrentamientos, la policía sólo reconoció la muerte del Sr. Amado Velasco, rondero de Puján (se conoce con el nombre de “ronderos” a los miembros de los cuerpos de vigilancia tradicionales de la comunidad), y según los informes policiales, la muerte se habría producido cuando se disparó el arma que el Sr. Amado Velasco pretendía arrebatarle a un oficial. Sin embargo, tanto el obispo católico del distrito de Chulucanas, Monseñor Daniel Turley, vecino a la zona del conflicto, como el alcalde de la ciudad de San Ignacio, en la aledaña región de Cajamarca, Sr. Carlos Martínez, durante los enfrentamientos de los días lunes 1 y martes 2 de agosto se habría producido la muerte de al menos siete pobladores de las comunidades de Yanta, Puján, Segundo y Cajas, en las sierras de Piura (cuyos nombres no han sido informados hasta el momento).

De acuerdo con varias fuentes fidedignas los problemas habrían comenzado el 25 de julio de 2005, cuando unos 1 mil comuneros iniciaron una marcha hacia los campamentos de la empresa minera Majaz, en la parte alta de Piura, a varias horas de caminata desde la ciudad de Huancabamba, capital de la provincia del mismo nombre. Según un documento que hicieron circular las organizaciones campesinas, “se trataba de ingresar pacíficamente al campamento minero”, sin embargo, según la Policía (PNP), el propósito de la marcha era tomar por la fuerza la mina para impedir el inicio de los trabajos exploratorios.

Según las informaciones, el 28 de julio de 2005 se sumaron a la marcha unas 1 mil 500 personas, provenientes de comunidades más cercanas a los campamentos, y, el 31 de julio se produjo el primer choque con la policía, que utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Posteriormente, según las denuncias, entre el lunes 1 y el martes 2 ocurrieron nuevos y más violentos enfrentamientos en los que la policía utilizó armas de fuego de manera indiscriminada y en los que habrían muerto los siete campesinos.

De acuerdo con las informaciones, los ronderos de la provincia piurana de Huancabamba habrían retenido a tres trabajadores de la mina Majaz, Sres. Teófilo García Campos, Juan Alberca Herrera y Raúl Martínez Martínez, sin embargo, según testimonios del Vicario apostólico de Jaén, Monseñor Francisco Mugiro, la Policía había infiltrado a tres empleados de la mina para que actuaran como confidentes y en contra de sus hermanos. Respecto a la denuncia del posible secuestro de los mencionados trabajadores, Monsenor Mugiro manifestó entre otras que: « …el problema no debe ser visto con óptica policial, sino entender que es una costumbre tradicional entre los campesinos castigar con el “paseo ronderil” a los que han infringido el código comunero de actuar, contra sus hermanos. “La Policía utilizó a esas personas, que son empleados de la minera, para infiltrarlos en la ronda y actuar como confidentes y los ronderos lo castigan con la “cadena rondera”, es decir privándolos de su libertad mediante traslados de una ronda a otra, y luego son puestos en libertad, esa es su costumbre tradicional y debe ser respetada… ».

Por su parte, en un comunicado divulgado el 5 de agosto de 2005 por la mencionada Empresa se afirma: que unas 400 personas fueron mantenidas lejos del campamento de Río Blanco, que hubo “enfrentamientos aislados” con la policía durante varios días y que, una persona murió en circunstancias no aclaradas.

Contexto de la situación:

De acuerdo con las informaciones, la Empresa Minera Majaz, la cual labora gracias a capitales británicos, opera desde hace cuatro años en Piura. Sus exploraciones se dirigen a ubicar un yacimiento de más de 1 mil 300 millones de toneladas de cobre, con una vida útil de casi 50 años y cuya explotación requeriría, según las estimaciones, una inversión de más de 800 millones de dólares. Según las informaciones, los campesinos nunca fueron informados sobre el ingreso de la empresa minera Monterrico Metales, conocida como Majaz, a sus territorios ancestrales, además ellos desconocen la diferencia entre una actividad de exploración y de explotación, y solo tienen claro que la minería y dicho proyecto empresarial debe retirarse porque destruirá las fuentes de agua que dan vida a su agricultura y ganadería, ya que los campesinos argumentan que dicho proyecto empresarial supone una seria amenaza para la agricultura y la ganadería, que son sus únicos medios de subsistencia, como ha sucedido en otras partes del país.

Según las informaciones, el proyecto minero Majaz está ubicado en las cumbres alto-andinas de Ayavaca y Huancabamba donde nacen las aguas de los ríos Quiroz que abastecen al valle del Chira, Piura, y, el río Blanco que da origen al río Canchis y Chinchipe, afluentes del Marañon y del Amazonas, razón que hace que los pobladores de la región no estén de acuerdo con el mencionado proyecto minero, el cual traerá como consecuencia el deterioro y daños irreparables en el ecosistema por lo cual, si se pretende llevar a cabo actividades mineras en la zona sin contar con una licencia social por parte de la población el conflicto va a continuar. Dicha demanda fue reiterada por el agricultor, comunero y alcalde de San Ignacio, Sr. Carlos Martínez Solano, tras evaluar la primera reunión con la Comisión de diálogo llevada a cabo el 3 de agosto de 2005 de agosto, fecha en que tuvo lugar el más grave de los enfrentamientos.

De acuerdo con las informaciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH), la comisión de diálogo formada el 27 de julio de 2005 no logró su cometido, debido a que el Estado no facilitó las condiciones mínimas para que se pudiera dar una comunicación directa con los campesinos y se restableciera la paz y la confianza en la zona. La CNDDHH lamentó el hecho que el Estado haya dado prioridad al uso de la fuerza antes que mantener un diálogo sincero y respetuoso entre las partes, tal como se había acordado al inicio y además rechazó los injustos agravios que viene sufriendo de parte de algunos medios de comunicación Monseñor Daniel Turley, obispo de Chulucanas, quien continúa en la búsqueda de lograr un encuentro pacífico entre las partes.

De acuerdo con las informaciones, hay que señalar que el único acuerdo al que se llegó fue la formación de una comisión de derechos humanos para atender a los heridos, entre los que se cuentan, según la Policía PNP, 14 heridos de la policía, entre ellos un capitán que recibió un impacto de bala y dos suboficiales que se encuentran en estado grave, así como un rondero en estado grave y cuatro heridos que fueron evacuados hacia el puesto médico de El Carmen de donde serán trasladados a Huancabamba; además de la muerte del Sr. Amado Velasco, fallecido a causa de un disparo.

El Secretariado Internacional de la OMCT manifiesta su preocupación por la seguridad y la integridad física y psicológica de los manifestantes que se oponen al proyecto Río Branco de la Empresa minera Majaz, de la compañía británica Monterrico Metales, en la región de Piura. La OMCT condena estos hechos de extrema violencia, y expresa su preocupación en cuanto al hecho de que estas graves violaciones de los derechos humanos puedan quedar impunes y sus perpetradores sin sanción alguna, por lo tanto solicita a las autoridades de Perú la debida continuidad de una investigación exhaustiva e imparcial sobre estos graves hechos, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas estipuladas en la ley.

Acción solicitada

Favor escribir a las autoridades Peruanas con el fin de urgirlas a:
  • tomar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los campesinos manifestantes que se oponen al proyecto Río Branco de la empresa minera Majaz, de la compañía británica Monterrico Metales, de los periodistas Sres. Mario Tabra Guerrero, Elizabeth Cunya, y Julio Vásquez, de los testigos de los hechos arriba mencionados y de sus respectivas familias;
  • llevar a cabo una investigación completa, independiente e imparcial sobre las circunstancias de la muerte del Sr. Amado Velasco, y de las heridas ocasionadas a otros manifestantes, en particular sobre el uso desproporcionado de la fuerza policial para reprimir las manifestaciones, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
  • garantizar el derecho de la familia del Sr. Amado Velasco a una adecuada reparación;
  • tomar inmediatamente las medidas necesarias para evitar que ser repitan tales enfrentamientos, alentando al gobierno, y concretamente al Ministerio de Energía y Minas, a que trate de acercar a las partes enfrentadas mediante el fomento del diálogo y a que analice minuciosamente las causas de los hechos, en particular el impacto Ambiental de la actividad de la minera Majaz, con el fin de determinar si el temor de los campesinos por la contaminación ambiental, causa aparente de tales enfrentamientos, es infundado o si se puede encontrar una solución justa;
  • garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención Contra la Tortura.


Direcciones:


  • Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas en Ginebra. 71, Avenue Louis Casaï, 1216 Ginebra. FAX : + 41.22.791.77.28; FAX: + 41.22.791.77.29 TEL.:+ 41.22.791.77.25 E-mail: mission.peru@ties.itu.int
  • Dr. Alejandro Toledo, Presidente de la República, Plaza mayor s/n – Cercado de Lima – Lima Perú. Fax. + 51.1.311.39.17 / + 51.1.426.67.70. E-mail: oginf@presidencia.gob.pe
  • Dra. Nelly Calderón Navarro, Fiscal de la Nación del Ministério Público de Perú.
    Fax: + 51.1.426 .28.00 E-mail: webmaster@mpfn.gob.pe
  • Dr. Gino Costa Santolalla, Ministro del Interior, Fax: + 51.1.225.45.37 / + 51.1.475.29.95 E-mail: ofitel@mininter.gob.pe
  • Dr. Fausto Humberto Alvarado, Ministro de la Justicia, Fax: + 51.1.422 35 77 / + 51.1.255 98 56. E-mail: webmaster@minjus.gob.pe
  • Dr. Walter Albán Peralta, Defensor del Pueblo, Tel. : + 51.1.426.78.00 / + 51.1.426 66 57. Fax: + 51.1.426.78.89 E-mail: defensor@ombudsman.gob.pe


Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas del Perú en sus respectivos países.

Ginebra, 16 de agosto de 2005
Por favor sírvanse informarnos de cualquier acción emprendida, citando el código del presente llamado en su respuesta.