Perú
13.05.04
Intervenciones urgentes

Perú: amenazas de muerte contra testigo familia Ventocilla

Amenazas de muerte

El Secretariado Internacional de la OMCT solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Perú.

Descripción de la situación:

El Secretariado Internacional de la OMCT fue informado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH), sobre las amenazas de muerte hechas a la Sra. Catalina Castillo León, familiar y testigo del secuestro, ocurrido en 1992, de seis miembros de su familia, quienes posteriormente fueron ejecutados extrajudicialmente.

De acuerdo con las informaciones, durante la madrugada del 6 de mayo de 2004, un grupo de aproximadamente diez individuos, uno de ellos vistiendo traje de policía, quienes tenían el rostro descubierto a excepción de uno que usaba capucha, irrumpió violentamente en el domicilio de la Sra. Catalina Castillo León, ubicado en el Distrito de Huaura, Provincia de Guacho, al norte de Lima, y la amenazaron con darle muerte tal como ocurrió con su esposo, hijos y nietos, integrantes de la familia Ventocilla, asesinados en 1992 por el Grupo Colina (comando de aniquilamiento de quien varias investigadores han denunciado que, al parecer, no era un grupo clandestino o paramilitar, sino que hacía parte orgánica de la estructura del Servicio de Inteligencia del Ejército del Perú, SIE).

Según las informaciones, el hecho ocurrió mientras la Sra. Catalina Castillo León descansaba con dos de sus nietos (de 20 y 15 años de edad cada uno).

De acuerdo con las informaciones, el Comité de Derechos Humanos (CODEH) de Huacho ha solicitado las garantías respectivas para la Sra. Catalina Castillo León y su familia, y ha manifestado su extrañeza ante la reacción de la Comisaría de Huaura, al mando de Julio Pichilingue Guevara, la cual ha mostrado incomodidad y reservas frente al pedido de la señora Castillo de constatar los hechos. Las informaciones señalan que el Comisario responsable es hermano de Carlos Pichilingue Guevara, uno de los miembros del Grupo Colina.

Por otra parte, la Dra. Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), solicitó la inmediata investigación de los hechos.

El Secretariado Internacional de la OMCT manifiesta su condena de estos hechos de violencia y persecución contra los miembros de la familia Ventocilla y manifiesta su grave preocupación por la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los miembros de la misma, en particular de la Sra. Catalina Castillo León.

Antecedentes de la situación:

El 24 de junio de 1992, un grupo de diez hombres armados, que usaban uniformes parecidos a los del ejército y botas negras, acompañados de una mujer vestida con ropa de camuflaje, secuestró a seis integrantes de la familia Ventocilla: los Sres. Rafael Ventocilla Rojas, sus hijos Alejandro Ventocilla Castillo, Simón Ventocilla Castillo y Paulino Ventocilla Castillo, su nieto Rubén y su hermano Marino Ventocilla, quien esa noche había llegado de la Sierra. Los mencionados miembros de la familia Ventocilla fueron amarrados con las manos en la espalda y llevados en tres vehículos con rumbo desconocido.

En esa ocasión, la Sra. Catalina Castillo León, esposa del Sr. Rafael Ventocilla Rojas, reclamó el motivo de la detención de sus familiares y sobre todo preguntó a qué lugar se los llevaban, pero fue amarrada y obligada a callarse bajo la amenaza de llevarse también al hijo menor que quedaba en casa. Los desconocidos no solo se llevaron a sus familiares, sino que sustrajeron una radio grabadora y cuatrocientos ochenta nuevos soles, producto de la venta de arvejas que había realizado su cuñado. Luego de librarse de sus ataduras, la Sra. Catalina Castillo León acudió al destacamento policial del Puente Huaura para solicitar ayuda, pero los efectivos policiales le dijeron que no podían hacer nada y que mejor fuera al puesto de Cruz Blanca, donde tampoco consiguió movilizar a la policía. Al amanecer volvió a preguntar en los destacamentos policiales del sector, en donde le respondieron que no habían detenido a sus parientes.

Los cuerpos de los seis integrantes de la familia Ventocilla Castillo fueron hallados por unos comuneros (pobladores de la región) en el caserío de Balconcillo, no lejos de la carretera Huaura-Sayán. Sus asesinos los habían sepultado en una fosa común cubiertos con una gruesa capa de cal. El 25 de junio la policía de Cruz Blanca comunicó a sus familiares que había seis cadáveres depositados en la Morgue de Huacho. Las víctimas presentaban huellas de tortura, heridas con armas cortopunzantes y disparos de bala en la sien. Los deudos denunciaron los hechos ante la policía, y posteriormente la investigación fue asumida por la fiscalía especializada.

El Sr. Rafael Ventocilla, había sido Alcalde del Distrito de Cochamarca, en la Provincia de Oyón, sin embargo había tenido que abandonar ese cargo debido a las amenazas que le enviaron elementos subversivos, y, al igual que su hijo Paulino, se dedicaba a la agricultura y la ganadería; sus hijos Alejandro y Simón eran profesores y habían sido dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), además ambos habían militado, dentro del marco de la legalidad, en los partidos políticos Unión de Izquierda Revolucionaria (UNIR) y en Izquierda Unida.

Anteriormente, el 25 de abril de 1992, los Sres. Rafael Ventocilla Rojas y dos de sus hijos, Alejandro Ventocilla Castillo y Simón Ventocilla Castillo, habían sido detenidos por efectivos del ejército de la Base Militar de Atahuampa, al norte de Huaura. Durante el operativo, los militares ingresaron de manera violenta a la casa del Sr. Rafael Ventocilla Rojas, donde también se encontraba otro de sus hijos, Agripino Ventolina Castillo, quien trabaja como profesor en la ciudad de Huaral. Los asaltantes registraron la casa, de donde sustrajeron objetos de valor y documentos personales y los condujeron al cuartel, en donde los acusaron de ser "terroristas" y miembros de la banda de "Los destructores". Después, los detenidos fueron conducidos a una playa donde los torturaron para luego dejarlos semidesnudos. En esa ocasión permanecieron detenidos allí durante 24 horas hasta ser liberados gracias a la mediación del periodista Pedro Yauri y de la Comisión de Derechos Humanos de Huacho, quienes acudieron hasta la instalación militar para abogar por la libertad de los mismos.

Acción solicitada
Favor escribir a las autoridades Peruanas con el fin de urgirlas a:

· tomar inmediatamente las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la Sra. Catalina Castillo León y de todos los demás miembros de la familia Ventocilla;
· llevar a cabo una investigación independiente e imparcial en torno a los graves hechos arriba mencionados con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
· otorgar una debida reparación a los miembros de la familia Ventocilla;
· garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención Contra la Tortura.

Direcciones:
· Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas en Ginebra. 71, Avenue Louis Casaï, 1216 Ginebra. FAX : + 41.22.791.77.28; TEL.:+ 41.22.791.77.25
E-mail: mission.peru@ties.itu.int

· Dr. Alejandro Toledo, Presidente de la República, Calle Palacio de Gobierno – Plaza mayor s/n – Cercado de Lima – Lima – Perú. Fax. + 51.1.311.39.17 / + 51.1.426.67.70.
E-mail: oginf@presidencia.gob.pe
· Dra. Nelly Calderón Navarro, Fiscal de la Nación del Ministério Público de Perú, Av. Abancay Cdra, 5 – Lima – Perú. Fax: + 51.1.426 .28.00 E-mail: webmaster@mpfn.gob.pe
· Dr. Gino Costa Santolalla, Ministro del Interior, Plaza 30 de Agosto, 160, San Isidro, Lima Perú. Fax: + 51.1.225.45.37 / + 51.1.475.29.95 E-mail: ofitel@mininter.gob.pe
· Dr. Fausto Humberto Alvarado, Ministro de la Justicia, JR. Scipión Llona, 350 – Miraflores – Lima, Perú, Fax: + 51.1.422 35 77 / + 51.1.255 98 56. E-mail: webmaster@minjus.gob.pe
· Dr. Walter Albán Peralta, Defensor del Pueblo, JR Ucayali, 388, Lima, Perú.
Tel. : + 51.1.426.78.00 / + 51.1.426 66 57. Fax: + 51.1.426.78.89
E-mail :defensor@ombudsman.gob.pe

Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas del Perú en sus respectivos países.

Ginebra, 13 de mayo de 2004

Sírvanse informarnos de cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.


3Caso PER 130504