COLOMBIA: Vigilancia constante del CCAJAR y espionaje en contra del mismo y de otros defensores por parte del DAS

El 4 de mayo de 2009, el Observatorio publicó una carta abierta denunciando actos de espionaje en contra de miembros de varias ONG de derechos humanos colombianas, como la Sra. Ana Teresa Bernal, de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra (REDEPAZ), el Sr. Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), y también contra miembros de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), el Centro de Investigaciones y Educación Popular (CINEP) y el CCAJAR. Las investigaciones al respecto no cesan de mostrar nuevas revelaciones. Así, el 19 de junio de 2009, el Observatorio recibió informaciones adicionales según las cuales en los últimos años, el DAS ha recogido detalles sobre la vida profesional y personal de miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y en particular sobre el Padre Javier Giraldo. El Observatorio ha sido informado particularmente de la existencia de una operación llamada “Transmilenio” dirigida contra el CCAJAR, consistente en la recopilación de fotografías y de informaciones sumamente detalladas sobre las finanzas, la ubicación y movimientos de sus integrantes, la composición de su núcleo familiar, seguimientos hechos a los hijos e hijas e incluso, fotografías de los hijos menores de edad en sus establecimientos escolares, etc. En esta operación uno de sus blancos principales era el Sr. Alirio Uribe, entonces Presidente del CCAJAR. En su caso, el DAS llegó a registrar en video y en fotografías sus desplazamientos - incluso fuera del país, a alquilar un apartamento frente al suyo y a tener copia de las llaves de su domicilio. Numerosas modalidades fueron utilizadas para acceder a estas informaciones, entre ellos la interceptación de llamadas telefónicas y correos electrónicos.

Se ha hecho público, de los archivos incautados por la Fiscalía General de la Nación al DAS, que incluso se solicitó la utilización de fondos reservados del Estado para desarrollar “operaciones” ofensivas, incluyendo la orden de “neutralización” y difamación de los defensores en particular contra los integrantes del CCAJAR[2].

Este expediente del DAS en poder de la Fiscalía ha mostrado incluso el seguimiento arbitrario de una misión de alto nivel de la FIDH en Colombia en solidaridad con los defensores de derechos humanos en 2004, encabezada por la Premio Nobel de la Paz, la Sra. Shirin Ebadi, miembro fundador del Centro para los Defensores de Derechos Humanos (Defenders of Human Rights Centre - DHRC) de Irán; el Sr. Sidiki Kaba, entonces Presidente de la FIDH, y el Sr. Antoine Bernard, Director Ejecutivo de la FIDH. Se tomaron fotografías del hotel y de las habitaciones ocupadas por la delegación de la FIDH.

De acuerdo con las informaciones recogidas por el Observatorio, estas prácticas tenían por objeto destruir y neutralizar las actividades de organizaciones independientes de la sociedad civil, percibidas como organizaciones de tendencia opositora y facilitar agresiones de distinto orden contra sus integrantes, práctica que se extendió también contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esta persecución arbitraria e ilegal se tradujo en amenazas e incluso en atentados contra los defensores de derechos humanos.

El Observatorio está extremadamente alarmado por la gravedad y sistemática frecuencia de estas prácticas violatorias tanto del derecho a la intimidad, a la integridad física y sicológica, como del derecho a la vida y al ejercicio legítimo de la labor de los defensores de derechos humanos, y de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y miembros de la oposición política, actuaciones que evidencian la responsabilidad del Estado y en particular del gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez sobre estos repudiables hechos.

El Observatorio recuerda que la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, señala en particular el deber del Estado de garantizar “la protección [...] de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la [...] Declaración” (art.12.2).

Por todo lo anterior, el Observatorio hace un vehemente llamamiento a que se tomen medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad de los defensores de derechos humanos en Colombia y en general de todos quienes han sido víctimas de espionaje por parte del DAS, y a que se lleve a cabo una investigación completa, independiente, exhaustiva e imparcial en torno a estos actos de espionaje con el fin de identificar a todos los responsables para que sean juzgados ante un tribunal competente, independiente e imparcial y se les apliquen las sanciones penales y administrativas previstas por la ley, con el fin de que estas prácticas no se repitan.

Contactos prensa:
FIDH: Karine Appy, Gaël Grilhot: +33 1 43 55 25 18
OMCT: Delphine Reculeau, Carlos Pampín García: +41 22 809 49 39

[1] El DAS tiene por misión “producir información privilegiada, conocimiento que produzca acción y proveer insumos al Presidente de la República para la toma de decisiones y la formulación de políticas relacionadas con la seguridad interior y exterior del Estado” (DAS, http://www.das.gov.co/).

[2] Ver El Espectador, En 2004 empezaron rastreos del DAS, 11 de junio de 2009, http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso145453-2004-empezaron-rastreos-del-das.