Paraguay
05.04.02
Intervenciones urgentes
Paraguay: impunidad por tortura de los miembros del MPL
Caso PRY 010202.1
Seguimiento del caso PRY 010202
Desaparición forzada / Tortura / Impunidad
Ginebra, 5 de Abril del 2002
El Secretariado Internacional de la OMCT solicita su intervención URGENTE en la siguiente situación en Paraguay.
De acuerdo con las informaciones recibidas, entre ellas de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), el 17 de enero del 2002 una denuncia por desaparición había sido presentada por los familiares del Sr. Arrom y del Sr. Martí, miembros del Movimiento de oposición Patria Libre (MPL). Antes de su desaparición, autoridades como el Ministro del Interior Fanego o el Fiscal General del Estado Latorre habían admitido que los Sres. Arrom y Martí se encontraban bajo vigilancia policial pues se les consideraba como principles sospechosos del secuestro de la Sra. Debernardi.
Ella había sido liberada tras 64 días de cautiverio y el pago de una gran suma por su rescate, dos días después de la desaparición de los Sres. Arrom y Marti, el 19 de Enero del 2002, y sin embargo, sólo ese mismo día se dictó la orden de dentención que señalaba a los mencionados, junto a otros 6 miembros o allegados al MPL, como los ‘autores o partícipes’ de dicho secuestro, procediendo a la detención de tres de ellos, los Sres. Jorge Samudio, allegado al MPL, Ana Rosa Samudio de Colmán y Víctor Colmán.
Sin aportar elementos para sostener el requerimiento, la versión oficial alegaba la necesidad, en virtud de su adscripción ideológica de izquierda, de ‘controlar’ las actividades del MPL. Finalmente, el 30 de enero del 2002, los Sres. Arrom y Martí fueron encontrados con evidentes signos de tortura e internados con órden de detención en un sanatorio privado de la capital donde permanecieron por algunas semanas. Hasta el día de su reaparición, el Fiscal General Latorre sostuvo que se había pedido una órden de captura internacional en la hipótesis de que los ‘profugos’ de la justicia estuvieran fuera del país. En cuanto a los otros tres detenidos, el Defensor del Pueblo Adjunto pudo visitar al Sr. Colmán y también constató que había sido torturado.
Nueva información:
El 1ero de febrero, se anunció que el Sr. Martí no sería procesado, sin declaración del mismo y a pesar de la presunta existencia de pruebas ‘contundentes’ en su contra, el Sr. Arrom fue puesto bajo libertad condicional y los otros tres siguieron detenidos. Según los últimos informes recibidos, los hechos transcurridos hasta la fecha han venido contradiciendo de manera cada vez más consistente la versión del Fiscal General Latorre, revelando la implicancia de las más altas autoridades y del mismo personal del Ministerio Público, del Centro de Investigación Judicial (CIJ) y de la Policía Nacional, en la cobertura, legitimación y accionar de la desaparición forzada de los Sres. Arrom y Martí y la tortura de los citados miembros del MPL.
El mismo día, dos Ministros del Poder Ejecutivo, presuntamente los más estrechos colaboradores del Presidente, pusieron sus cargos a disposición. Renunciaron el Ministro de Justicia, Silvio Ferreira y el Ministro del Interior, Julio Fanego, quien fue remplazado después de que el Presidente González Macchi le haya ratificado su confianza. Ambos habrían estado directamente al tanto de la localización y condición de los presuntos desaparecidos, el primero habiéndoles incluso contactado con el fin de obtener falsas confesiones en el caso Debernardi y al tanto de que los ‘desaparecidos’ no se mostrarían hasta que estuvieran ‘presentables’. Igualmente, el sub-comisario Gamarra, al frente de la investigación del caso Debernardi, fue identificado como uno de los torturadores y sería el propietario, o allegado al proprietario, de la casa donde se retuvo en cautiverio a las víctimas. Ante las constantes denuncias, el sub-comisario se encuentra actualmente bajo prisión preventiva junto con el agente Schémbori, también identificado como autor de la tortura infligida. Como resultado de investigaciones periodísticas, se denunció que el operativo de desaparición forzada se habría llevado a cabo delante del propio local de la CIJ con la participación de su Director, Sr. Javier Cazal. Apesar de la presión ejercida por la ciudadanía, el Fiscal General Latorre reiteró varias veces al Director Cazal su plena confianza y éste se encuentra con permiso en su puesto hasta la fecha.
A pesar de que la mayoría de los responsables de estas graves violaciones de Derechos Humanos han sido identificados, las investigaciones están practicamente paralizadas hasta la fecha. Los 3 detenidos fueron puestos bajo prisión preventiva y la jueza penal de garantías rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa ante la necesidad de su revisión. Representantes de CODEHUPY mantuvieron una audiencia con el Ministro encargado de la Unidad de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, pero éste se excusó de no poder representar a la Corte por haber dejado la presidencia el día anterior. La audiencia fijada con su succesor fue suspendida a último momento y dicha audiencia no ha sido concedida hasta la fecha. Entretanto, la Cámara de Apelaciones en lo Penal confirmó la prisión preventiva de las víctimas. Además, renunció a su puesto el encargado de la investigación sobre torturas, hoy ex-Fiscal de la Unidad Penal de Derechos Humanos, Fabián Centurión, quién afirmó tomar la decisión por no contar con el apoyo de la Fiscalía ni con las condiciones para la investigación independiente de los hechos.
A solicitud de la CODEHUPY, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió el pasado 6 de febrero la adopción de medidas cautelares a favor de los Sres. Arrom y Martí y la extención de estas medidas a los tres detenidos. La OMCT saluda su reconocimiento por el Estado Paraguayo pero permanece muy preocupada pues al parecer, la protección policial acordada se considera insuficiente y poca idónea dado que los guardias asignados cumplen una doble función, resguardo mínimo e información a superiores sobre sus actividades. Los beneficiados manifiestan además temor a represalias por haber identificado a los autores de su desaparición forzada y tortura. También se levantó la incomunicación de hecho que se mantenía sobre los Sres. Samudio y Colmán, detenidos bajo prisión preventiva en el cuartel de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional y la CODEHUPY pudo visitarlos.
Los detenidos refirieron que no habían vuelto a ser objeto de apremios físicos, sin embargo las condiciones de detención son severas. Las salidas al patio son esporádicas, en algunos casos hasta 8 días sin salir de la celda. El sub-comisario Gamarra y el agente Schémbori se encuentran detenidos en este mismo cuartel y según los informes recibidos, sus salidas al patio serían constantes y gozarían de diversas actividades de recreación. El establecimiento presenta un déficit total en los servicios de salud careciendo de primeros auxilios en caso de urgencia, hecho particularmente grave en el caso del Sr. Samudio quien sufrió de ataques de epilepsia. El último se dió el pasado 19 de marzo sin que éstos auxilios le fueran concedidos a tiempo y el 21 de marzo, tras los pedidos incesantes de la defensa ante el Ministerio Público, al Sr. Samudio se le otorgó prisión domiciliaria. En cuanto a la Sra. Samudio de Colmán, ella se encuentra aún detenida en la Penitenciaria del Buen Pastor, también bajo prisión preventiva. Según los informes recibidos, se encuentra en una celda de 2x3 metros en condiciones materiales de hacinamiento y también de mucha tensión psicológica pues 4 mujeres y una niña, hija de una de ellas, conviven en la misma celda.
Cabe destacar que bajo el patrocinio de tres diputados y con el apoyo de más de 50 organizaciones de la sociedad civil paraguaya, una Sesión Extraordinaria de la Cámara de Diputados rechazó la solicitud de juicio político al Fiscal General Latorre por un márgen de votos muy reducido, sin lograrse la mayoría de dos tercios requerida para su presentación ante la Cámara de Senadores. Al agotarse la unica vía disponible en la jurisdicción interna para poder someter al Fiscal General del Estado a investigación judicial, su resistencia a dejar el cargo hace que éste continúe siendo investigador e investigado contribuyendo al discrédito generalizado de la fiscalía ante la opinión pública paraguaya. La OMCT manifiesta su seria preocupación por el impase que confrontan las tentativas para que se investigue las graves violaciones de Derechos Humanos de las que fueron víctimas las personas sub-mencionadas y se lleve a los responsables ante la justicia, en virtud de lo dispuesto por las leyes vigentes y los instrumentos jurídicos regionales y universales ratificados por el Estado Paraguayo, en particular lo estipulado por los art. 12, 15 y 16 de las Directrices sobre la Función de los Fiscales, adoptadas por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas.
Acción solicitada:
Favor escribirle a las autoridades del Paraguay con el fin de urgirlas a
i. tomar todas las medidas necesarias con el fin de garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los Sres. Anuncio Martí, Juan Francisco Arrom, Jorge Samudio, Ana Rosa Samudio de Colmán y Víctor Colmán;
ii. realizar de manera inmediata una investigación independiente e imparcial sobre las violaciones a los Derechos Humanos arriba mencionadas, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio ante un tribunal civil competente e imparcial y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;
iii. ordenar la libertad inmediata de las personas detenidas en ausencia de cargos legales válidos, o en su caso, llevarlos ante un tribunal imparcial y garantizarles sus derechos procesales en todo momento;
iv. garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y con las normas internacionales de derechos humanos.
Direcciones:
- Sr. Luis Angel González Macchi, Presidente de la República del Paraguay, Palacio de López - El Paraguayo Independiente y Ayolas, Asunción – Paraguay, Fax : (+595 21) 493 622, Email: dmarin@presidencia.gov.py
- Sr. Diego Abente, Ministro de Justicia y Trabajo, Gaspar Rodríguez de Francia esq. EEUU, Asunción – Paraguay, Fax: (+595 21) 208 469
- Sr. Francisco Oviedo, Ministro del Interior, Chile y Manduvirá, Asunción – Paraguay, Fax: (+595 21) 446 448
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas del Paraguay en sus respectivos países.
Ginebra, 5 de Abril del 2002
Favor informarnos sobre cualquier acción realizada, citando el código del presente llamado en su respuesta.
Seguimiento del caso PRY 010202
Desaparición forzada / Tortura / Impunidad
Ginebra, 5 de Abril del 2002
El Secretariado Internacional de la OMCT solicita su intervención URGENTE en la siguiente situación en Paraguay.
De acuerdo con las informaciones recibidas, entre ellas de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), el 17 de enero del 2002 una denuncia por desaparición había sido presentada por los familiares del Sr. Arrom y del Sr. Martí, miembros del Movimiento de oposición Patria Libre (MPL). Antes de su desaparición, autoridades como el Ministro del Interior Fanego o el Fiscal General del Estado Latorre habían admitido que los Sres. Arrom y Martí se encontraban bajo vigilancia policial pues se les consideraba como principles sospechosos del secuestro de la Sra. Debernardi.
Ella había sido liberada tras 64 días de cautiverio y el pago de una gran suma por su rescate, dos días después de la desaparición de los Sres. Arrom y Marti, el 19 de Enero del 2002, y sin embargo, sólo ese mismo día se dictó la orden de dentención que señalaba a los mencionados, junto a otros 6 miembros o allegados al MPL, como los ‘autores o partícipes’ de dicho secuestro, procediendo a la detención de tres de ellos, los Sres. Jorge Samudio, allegado al MPL, Ana Rosa Samudio de Colmán y Víctor Colmán.
Sin aportar elementos para sostener el requerimiento, la versión oficial alegaba la necesidad, en virtud de su adscripción ideológica de izquierda, de ‘controlar’ las actividades del MPL. Finalmente, el 30 de enero del 2002, los Sres. Arrom y Martí fueron encontrados con evidentes signos de tortura e internados con órden de detención en un sanatorio privado de la capital donde permanecieron por algunas semanas. Hasta el día de su reaparición, el Fiscal General Latorre sostuvo que se había pedido una órden de captura internacional en la hipótesis de que los ‘profugos’ de la justicia estuvieran fuera del país. En cuanto a los otros tres detenidos, el Defensor del Pueblo Adjunto pudo visitar al Sr. Colmán y también constató que había sido torturado.
Nueva información:
El 1ero de febrero, se anunció que el Sr. Martí no sería procesado, sin declaración del mismo y a pesar de la presunta existencia de pruebas ‘contundentes’ en su contra, el Sr. Arrom fue puesto bajo libertad condicional y los otros tres siguieron detenidos. Según los últimos informes recibidos, los hechos transcurridos hasta la fecha han venido contradiciendo de manera cada vez más consistente la versión del Fiscal General Latorre, revelando la implicancia de las más altas autoridades y del mismo personal del Ministerio Público, del Centro de Investigación Judicial (CIJ) y de la Policía Nacional, en la cobertura, legitimación y accionar de la desaparición forzada de los Sres. Arrom y Martí y la tortura de los citados miembros del MPL.
El mismo día, dos Ministros del Poder Ejecutivo, presuntamente los más estrechos colaboradores del Presidente, pusieron sus cargos a disposición. Renunciaron el Ministro de Justicia, Silvio Ferreira y el Ministro del Interior, Julio Fanego, quien fue remplazado después de que el Presidente González Macchi le haya ratificado su confianza. Ambos habrían estado directamente al tanto de la localización y condición de los presuntos desaparecidos, el primero habiéndoles incluso contactado con el fin de obtener falsas confesiones en el caso Debernardi y al tanto de que los ‘desaparecidos’ no se mostrarían hasta que estuvieran ‘presentables’. Igualmente, el sub-comisario Gamarra, al frente de la investigación del caso Debernardi, fue identificado como uno de los torturadores y sería el propietario, o allegado al proprietario, de la casa donde se retuvo en cautiverio a las víctimas. Ante las constantes denuncias, el sub-comisario se encuentra actualmente bajo prisión preventiva junto con el agente Schémbori, también identificado como autor de la tortura infligida. Como resultado de investigaciones periodísticas, se denunció que el operativo de desaparición forzada se habría llevado a cabo delante del propio local de la CIJ con la participación de su Director, Sr. Javier Cazal. Apesar de la presión ejercida por la ciudadanía, el Fiscal General Latorre reiteró varias veces al Director Cazal su plena confianza y éste se encuentra con permiso en su puesto hasta la fecha.
A pesar de que la mayoría de los responsables de estas graves violaciones de Derechos Humanos han sido identificados, las investigaciones están practicamente paralizadas hasta la fecha. Los 3 detenidos fueron puestos bajo prisión preventiva y la jueza penal de garantías rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa ante la necesidad de su revisión. Representantes de CODEHUPY mantuvieron una audiencia con el Ministro encargado de la Unidad de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, pero éste se excusó de no poder representar a la Corte por haber dejado la presidencia el día anterior. La audiencia fijada con su succesor fue suspendida a último momento y dicha audiencia no ha sido concedida hasta la fecha. Entretanto, la Cámara de Apelaciones en lo Penal confirmó la prisión preventiva de las víctimas. Además, renunció a su puesto el encargado de la investigación sobre torturas, hoy ex-Fiscal de la Unidad Penal de Derechos Humanos, Fabián Centurión, quién afirmó tomar la decisión por no contar con el apoyo de la Fiscalía ni con las condiciones para la investigación independiente de los hechos.
A solicitud de la CODEHUPY, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió el pasado 6 de febrero la adopción de medidas cautelares a favor de los Sres. Arrom y Martí y la extención de estas medidas a los tres detenidos. La OMCT saluda su reconocimiento por el Estado Paraguayo pero permanece muy preocupada pues al parecer, la protección policial acordada se considera insuficiente y poca idónea dado que los guardias asignados cumplen una doble función, resguardo mínimo e información a superiores sobre sus actividades. Los beneficiados manifiestan además temor a represalias por haber identificado a los autores de su desaparición forzada y tortura. También se levantó la incomunicación de hecho que se mantenía sobre los Sres. Samudio y Colmán, detenidos bajo prisión preventiva en el cuartel de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional y la CODEHUPY pudo visitarlos.
Los detenidos refirieron que no habían vuelto a ser objeto de apremios físicos, sin embargo las condiciones de detención son severas. Las salidas al patio son esporádicas, en algunos casos hasta 8 días sin salir de la celda. El sub-comisario Gamarra y el agente Schémbori se encuentran detenidos en este mismo cuartel y según los informes recibidos, sus salidas al patio serían constantes y gozarían de diversas actividades de recreación. El establecimiento presenta un déficit total en los servicios de salud careciendo de primeros auxilios en caso de urgencia, hecho particularmente grave en el caso del Sr. Samudio quien sufrió de ataques de epilepsia. El último se dió el pasado 19 de marzo sin que éstos auxilios le fueran concedidos a tiempo y el 21 de marzo, tras los pedidos incesantes de la defensa ante el Ministerio Público, al Sr. Samudio se le otorgó prisión domiciliaria. En cuanto a la Sra. Samudio de Colmán, ella se encuentra aún detenida en la Penitenciaria del Buen Pastor, también bajo prisión preventiva. Según los informes recibidos, se encuentra en una celda de 2x3 metros en condiciones materiales de hacinamiento y también de mucha tensión psicológica pues 4 mujeres y una niña, hija de una de ellas, conviven en la misma celda.
Cabe destacar que bajo el patrocinio de tres diputados y con el apoyo de más de 50 organizaciones de la sociedad civil paraguaya, una Sesión Extraordinaria de la Cámara de Diputados rechazó la solicitud de juicio político al Fiscal General Latorre por un márgen de votos muy reducido, sin lograrse la mayoría de dos tercios requerida para su presentación ante la Cámara de Senadores. Al agotarse la unica vía disponible en la jurisdicción interna para poder someter al Fiscal General del Estado a investigación judicial, su resistencia a dejar el cargo hace que éste continúe siendo investigador e investigado contribuyendo al discrédito generalizado de la fiscalía ante la opinión pública paraguaya. La OMCT manifiesta su seria preocupación por el impase que confrontan las tentativas para que se investigue las graves violaciones de Derechos Humanos de las que fueron víctimas las personas sub-mencionadas y se lleve a los responsables ante la justicia, en virtud de lo dispuesto por las leyes vigentes y los instrumentos jurídicos regionales y universales ratificados por el Estado Paraguayo, en particular lo estipulado por los art. 12, 15 y 16 de las Directrices sobre la Función de los Fiscales, adoptadas por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas.
Acción solicitada:
Favor escribirle a las autoridades del Paraguay con el fin de urgirlas a
i. tomar todas las medidas necesarias con el fin de garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los Sres. Anuncio Martí, Juan Francisco Arrom, Jorge Samudio, Ana Rosa Samudio de Colmán y Víctor Colmán;
ii. realizar de manera inmediata una investigación independiente e imparcial sobre las violaciones a los Derechos Humanos arriba mencionadas, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio ante un tribunal civil competente e imparcial y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;
iii. ordenar la libertad inmediata de las personas detenidas en ausencia de cargos legales válidos, o en su caso, llevarlos ante un tribunal imparcial y garantizarles sus derechos procesales en todo momento;
iv. garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y con las normas internacionales de derechos humanos.
Direcciones:
- Sr. Luis Angel González Macchi, Presidente de la República del Paraguay, Palacio de López - El Paraguayo Independiente y Ayolas, Asunción – Paraguay, Fax : (+595 21) 493 622, Email: dmarin@presidencia.gov.py
- Sr. Diego Abente, Ministro de Justicia y Trabajo, Gaspar Rodríguez de Francia esq. EEUU, Asunción – Paraguay, Fax: (+595 21) 208 469
- Sr. Francisco Oviedo, Ministro del Interior, Chile y Manduvirá, Asunción – Paraguay, Fax: (+595 21) 446 448
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas del Paraguay en sus respectivos países.
Ginebra, 5 de Abril del 2002
Favor informarnos sobre cualquier acción realizada, citando el código del presente llamado en su respuesta.