Carta abierta conjunta al Presidente Enrique Peña Nieto: Preocupación frente a la campaña de desprestigio y difamación contra víctimas y defensores

Re: Preocupación frente a la campaña de desprestigio y difamacióncontra integrantes de organizaciones de derechos humanos y víctimas de violacionesde derechos humanos en México

Excmo. Señor Presidente de losEstados Unidos Mexicanos,

De manera muy atenta, lasorganizaciones abajo firmantes nos dirigimos a usted para expresar nuestra profundapreocupación frente a la campaña de desprestigio que están viviendo integrantesde organizaciones de derechos humanos que acompañan a las víctimas deviolaciones de los derechos humanos en México. Paralelamente, queremosmanifestar nuestra inquietud aguda respecto a los actos de difamación ycriminalización contra las víctimas de tortura y en particular las del casoconocido como los “4 civiles de Rosarito”[1].

En relación con las víctimas delmencionado caso, el 8 de marzo de 2016, el Sr. Héctor de Mauleón, en unacolumna del periódico El Universal, conel título “Secuestró, huyó y loindemnizaron”, pone en duda su condición de víctimas y critica que se les hayaindemnizado, reiterando su supuesta participación en múltiples homicidios,desapariciones, decapitaciones y secuestros[2].Este hecho no constituye un caso aislado, ya que tenemos constancia de otrosepisodios de descalificación, particularmente en los meses posteriores a ladecisión del Comité contra la Tortura[3].

El pasado 4 de marzo, en laestación 104.1 FM de Radio Fórmula, en el programa “Ciro Gómez Leyva por la mañana”, la Sra. Isabel Miranda deWallace, presidenta de la asociación “Alto al Secuestro”, aludió al caso “4civiles de Rosarito” para denunciar un “modus operandi” en virtud del cual, lasorganizaciones de derechos humanos defenderían a presuntos secuestradores, yasentenciados, para ganar pleitos y pedir indemnizaciones cuantiosas[4].La acusación, en particular, se dirigía al Sr.José Antonio Guevara, director de la ComisiónMexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH),quien trabajaría en una “red de corrupción que se sirve de la tortura parahacer dinero”, junto con otras organizacionescomo el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y elapoyo del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, el Sr. Juan E. Méndez. En la misma dirección, sehan publicado otros artículos recientemente en los que directivos yex–directivos de la CMDPDH son calificados como “mercenarios de los derechoshumanos” o “defensores de delincuentes”[5].

Las organizaciones firmantesmanifestamos nuestra solidaridad y respeto máximo hacia el trabajo del Sr. JoséAntonio Guevara, la CMDPDH, CEJIL y secundamos el pronunciamiento público que divulgó la CMDPDH,esclareciendo los señalamientos e informaciones difundidas en el citadoprograma de radio.

Tememos que la reiteración dedeclaraciones públicas tendientes a desprestigiar a las víctimas y almovimiento de derechos humanos, incluyendo organizaciones de la sociedad civil ymecanismos internacionales, forme parte de una campaña de descrédito ycriminalización en contra de estas, con el fin de deslegitimar su labor endefensa de los derechos humanos y poner en duda estándares internacionales derango imperativo, como la prohibición absoluta de la tortura y los tratos openas crueles, inhumanos o degradantes.

Estasdeclaraciones tienen lugar en un contexto preocupante, por un lado, por la inacción gubernamental frente a dichospronunciamientos y, por el otro, por la descalificación del trabajo de organismosinternacionales de derechos humanos que llevan a cabo las autoridadesmexicanas.

El 2 de marzode 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe "Situación de derechos humanos en México" resultado desu visita in loco enseptiembre/octubre del 2015. El informe confirma la grave crisis de derechoshumanos que atraviesa México, con particular énfasis en las desaparicionesforzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura. En un comunicado firmado porla Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación (SEGOB)y la Procuraduría General de la República (PGR), el gobierno mexicano desacreditótanto la metodología como el diagnóstico del informe.

En el transcurso de la misma semana, el 29 defebrero de este año, el Sr.Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y DerechosHumanos, cuestionó la rigurosidad y la objetividad del trabajo de losmecanismos de la ONU en la apertura del 31º periodo de sesiones del Consejo deDerechos Humanos. Cabe precisar que, en el año 2015, el Comité contra lasDesapariciones Forzadas y el Relator Especial sobre la cuestión de la torturapublicaron informes en los cuales se urgía a las autoridades mexicanas a tomarun amplio abanico de medidas para hacer frente a la grave situación de derechoshumanos que enfrenta el país.

Igualmente,el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por laCIDH con el fin proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los 43estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (Guerrero),ha sido el blanco de una ola de descalificacionesy señalamientos contra sus integrantes a medida que avanza elesclarecimiento de los hechos.

Señor Presidente, queremosrecordar que en 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) fuenotificada de casi 6 casos diarios de personas procesadas únicamente anivel federal que denunciaban actos de tortura[6].En el informe publicado recientemente por la CIDH se afirma que “la práctica dela tortura es alarmante en México”, destacando que “[e]l Estado mexicanoinformó que la Procuraduría General de la República (PGR) contaba, al mes deabril de 2015, con 2.420 investigaciones en trámite sobre tortura, y queexisten sólo 15 sentencias condenatorias por este delito a nivel federal”. Porsu parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió entre 2006 y2015 más de 9.200 quejas por tortura u otros tratos crueles, inhumanos odegradantes.

A lasorganizaciones firmantes nos preocupa profundamente lo que parece un patrón dedescalificación por parte de las autoridades, de cualquier informe opronunciamiento emanante de mecanismosinternacionales que identifique la comisión de graves violaciones de derechoshumanos en el país. Estas reacciones crean un terreno fértil para elseñalamiento y estigmatización de víctimas y personas defensoras de derechoshumanos por parte de actores privados.

En este marco, instamos al Gobierno de México:

- A tomar las medidas adecuadas para enfrentarla grave crisis de derechos humanos actual, observando e implementando las decisiones y recomendaciones deorganismos expertos internacionales, de conformidad con las obligacionesinternacionales contraidas por el Estado mexicano en virtud de la ratificaciónde tratados internacionales de derechos humanos. En el mismo contexto, sería altamente recomendable que, en el transcurso de este año, los RelatoresEspeciales de la ONU sobre la cuestión de la tortura y sobre la situación delos defensores de derechos humanos recibieranel visto bueno del Gobierno para realizar las visitas oficiales solicitadas.

- Agarantizar, en particular en el caso de los ”4 civiles deRosarito”, el pleno reconocimiento y legitimidad de lasvíctimas y tome las medidas necesarias para protegerlas de todo ataque oseñalamiento que ponga en duda su inocencia y las exponga a la revictimización. Estas acciones se enmarcan en el deber quetienen las autoridadesmexicanas de implementar cabalmente las medidas de reparación establecidas porel Comité contra la Tortura, entrelas cuales se dictaminó la plena reparación, incluida una indemnización justa yadecuada y la rehabilitación de las víctimas.

- A reconocer públicamente la legitimidad y el valor de la labor querealizan la CMDPDH y en general las organizaciones de derechos humanos en favorde los derechos de las víctimas, de conformidad con el artículo 1º de laConstitución. Sr. Presidente, las organizaciones que suscriben esta cartaconfiamos en su firme compromiso con los derechos humanos e instamos a suGobierno a condenar de forma pública losactos de desacreditación y difamación descritos en este comunicado ycualquier otro acto que señale a las víctimas y a las personas defensoras dederechos humanos en México.

Estimado Sr. Presidente,agradeciéndole su atención a la presente, nos suscribimos de usted muyrespetuosamente,

Las organizaciones que suscribimosla carta:

Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT Francia)

Asociación para la Prevención de la Tortura (APT)

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

Robert F. Kennedy Human Rights (RFK Human Rights)

Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR)

A la atención de:

Excmo. Sr. Presidente Enrique Peña Nieto

Residencia Oficial de los Pinos,Casa Miguel Alemán,

Col. San Miguel Chapultepec,C.P. 11850, México DF.

Fax: (+52) 55 5093 4901

E-mail: enrique.penanieto@presidencia.gob.mx

Con copia a:

Lic. Claudia Ruiz Massieu, Secretariade Relaciones Exteriores de México

PlazaJuárez 20, Piso 22.

Col.Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México.

Teléfono:(+52) 55 3686 5100 Fax: (+52) 55 9159 6028

Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación

Bucareli 99, 1er. Piso.

Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc,C.P. 06600, Ciudad de México.

Teléfono: (+52) 55 5093 3400, Fax (+52) 55 5093 3414

E-mail: secretario@segob.gob.mx

Mtra. Arely Gómez González, Procuradora General de la República

Av. Paseo de la Reforma 211-213,Piso 16.

Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500,Ciudad de México.

Teléfono: (+52) 55 53 46 01 08, Fax: (+52) 5553 46 09 08

E-mail: arely.gomez@pgr.gob.mx

[1] El 16 de junio de 2009, Ramiro Ramírez, RodrigoRamírez, Orlando Santaolaya y Ramiro López fueron detenidos sin orden deaprehensión en Playas de Rosarito, estado de Baja California. Durante laaprehensión, el traslado y el arraigo en las instalaciones militares del 28ºBatallón de Infantería, ubicadas en la ciudad de Tijuana, fueron sometidosrepetidas veces a actos de tortura y malos tratos, incluyendo golpes, descargaseléctricas, simulación de ahogamiento con bolsas de plástico, extracción deuñas y amenazas de muerte con el fin de forzarlos a autoinculparse de losdelitos de secuestro y posesión de armas. La CMDPDH, la Comisión Ciudadana deDerechos Humanos del Noroeste y la OMCT presentaron el caso ante el Comitécontra la Tortura en 2012. El 4 de agosto de 2015, durante su 55º período desesiones, el Comité contra la Tortura concluyó que el Estado mexicano habíavulnerado los artículos 1º, 2º, 12, 13, 14, 15 y 22 de la Convención contra laTortura y Otros Tratos o Penas, Crueles, Inhumanos o Degradante, y dictaminóque las víctimas debían ser liberadas y reparadas por los actos de tortura alos que fueron sujetos. La tortura y los malos tratos infligidos tuvieron comoobjetivo la extracción de declaraciones autoinculpatorias que posteriormentefueron usadas para sostener su culpabilidad y la privación de libertad enespera de juicio durante más de 6 años.

[2] Hemos sido informados de que el Sr. de Mauleónrectificó su posicionamiento en un artículo titulado “Sólo es posible saber quela tortura existió” de fecha 15 de marzo de 2016: http://goo.gl/WR5LuM.

[3] Ver, por ejemplo, noticias difundidas porTV Azteca Puebla el 10 de marzo de 2016: https://youtu.be/0PHs29DslTs; grabación radiofónica del Grupo Acir el 12de marzo de 2016: https://goo.gl/jLq7X8.

[4] Al mismo tiempo, desde la cuenta twitter de laSra. Wallace, circularon unas infografías estableciendo conexiones entrepersonas y organizaciones en un supuesto complot para apoyar a delincuentes.Entre las personas señaladas, figuran reconocidos defensores de derechos humanos enMéxico, entre ellos Marieclaire Acosta, Juan Carlos Gutiérrez Contreras,Alejandra Nuño, Sergio Méndez Silva y Miguel Sarre.

[5] El 9 de marzo, El Universal publicó unacolumna del Sr. Héctor de Mauleón, titulada “Mercenarios delos derechos humanos”, en la cual se reiteran las supuestaspretensiones económicas de la CMDPDH, citando el caso Rosendo Radilla Pacheco yla emblemática sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobreel defensor torturado y desaparecido durante la “Guerra Sucia”.

[6] Comparecencia del Procurador Jesús Murillo Karam antela Cámara de Diputados, 24 de septiembre de 2014; ver aquí, a partir del minuto 7:40.