La OMCT insta a las autoridades competentes a que se lleve a cabo una investigación inmediata, rápida, independiente, completa, efectiva e imparcial sobre el asesinato de la Sra. Silvia Suppo

Estimada señora Presidenta Cristina Fernández de Kirchner,

De manera muy atenta, el Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), coordinador de la red SOS-Tortura, la principal coalición internacional de organizaciones no gubernamentales (ONG) que luchan contra la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y cualquier otro tratamiento cruel, inhumano o degradante, se dirige a usted con el fin de manifestarle su seria preocupación por el asesinato de la Sra. Silvia Suppo, ex detenida-desaparecida y testigo importante del juicio contra el ex juez federal Víctor Brusa[1]. La Sra. Suppo también fue impulsora de la causa que investiga la desaparición de su compañero, el Sr. Reinaldo Hammeter, secuestrado el 25 de enero de 1977, en la catedral de Rafaela, en la provincia de Santa Fe.

La Sra. Silvia Suppo fue asesinada el 29 de marzo de 2010 en su negocio, en la cuidad de Rafaela. Según las informaciones, la policía parece atribuir, por el momento, estos hechos a un delito común. Sin embargo, cabe señalar que la Sra. Silvia Suppo y su familia habían sido víctimas de varias intimidaciones y amenazas. Además, según las mismas informaciones, en el proceso sobre la desaparición del Sr. Hammeter, dos imputados residen en la misma cuidad de Rafaela.

La OMCT recuerda que en Argentina, 27 años después del fin de la dictadura militar, se han presentado numerosos actos de intimidación y amenazas contra familiares de víctimas, testigos y defensores de derechos humanos implicados en los procesos judiciales iniciados consecuentemente a la anulación de las leyes que prohibían las investigaciones y procesos por crímenes cometidos durante la dictadura3. La OMCT ya había denunciado la desaparición, el 18 de septiembre de 2006, del Sr. Jorge Julio López, ex detenido-desaparecido y testigo clave dentro del juicio contra el ex policía y ex director general de Investigaciones de la Bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar de Argentina (1976-1983)[2]. Después de casi cuatro años desde la fecha de su desaparición, no se conoce ninguna nueva información ni sobre el paradero, ni sobre la integridad personal del Sr. Jorge Julio López.

El Comité de Derechos Humanos, que examinó a Argentina el mes pasado, también expresó su preocupación frente a los actos tendentes a amedrentar a personas que participan como testigos de cargo en juicios por delitos que implicaron graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura, incluido el secuestro y desaparición del Sr. Jorge Julio López, y recomendó al Estado de Argentina, entre otros temas, reforzar las medidas para la aplicación efectiva del Programa de Protección de Testigos e Imputados[3].

Dentro de este contexto, la OMCT insta a las autoridades competentes provinciales y nacionales a que se lleve a cabo una investigación inmediata, rápida, independiente, completa, efectiva e imparcial sobre el asesinato de la Sra. Silvia Suppo y que las conclusiones de esta investigación se hagan públicas, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal independiente, competente e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley.

La OMCT vuelve a manifestar que, según la jurisprudencia internacional, la responsabilidad del Estado está comprometida no solamente cuando los autores de la o de las violaciones son agentes del Estado, sino que igualmente está comprometida por todas las violaciones, incluso las cometidas por personas individuales, cuando el Estado tiene una obligación de debida diligencia. El estado argentino tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos y, particularmente, en casos de víctimas vulnerables como era el caso de la Sra. Silvia Suppo y de las demás víctimas que piden justicia.

Señora Presidenta, finalmente, la OMCT solicita que se lleven a cabo todas las diligencias apropiadas y necesarias para: investigar todos los hechos relacionados con amenazas contra testigos y jueces; tomar las medidas necesarias para proteger adecuadamente a los testigos y a los jueces a cargo de casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar argentina; asegurar que ni las víctimas, ni los testigos, ni los jueces a cargo de los casos mencionados sean víctimas de ataques contra sus derechos y, que la justicia pueda ser impartida de acuerdo con el Estado de Derecho restablecido en el país.

Señora Presidenta, confiando en su apego por los derechos humanos y a la espera de que usted tenga en cuenta nuestra solicitud, le saluda atentamente,

Eric Sottas,
Secretario General
Organización Mundial Contra la Tortura

[1] Ex presa política entre 1977 y 1980, la Sra. Silvia Suppo reconoció a sus torturadores, junto con otros ex presos políticos, en el proceso conocido como "Cuestión Brusa" en diciembre de 2009, terminando en la condena de todos los acusados por el crimen contra la humanidad.

3 La Ley de “punto final” (1986) y la Ley de obediencia debida (1987), que eximían a las fuerzas de seguridad de todo proceso jurídico, fueron anuladas en junio de 2005, por la Corte Suprema.

[2] Ver Comunicados de prensa Argentina difundidos el 3 de octubre de 2006 el 19 de septiembre de 2007 y el 19 de septiembre de 2008.

[3] CCPR/C/ARG/CO/4, para 21.