Colombia
11.01.07
Intervenciones urgentes

La OMCT condena los repetidos actos de tortura y asesinatos de personas Trans en Cali

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) condena seriamente los repetidos asesinatos, actos de tortura y ataques a personas Trans (transexuales, transgénero, transformistas o travestís) en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, los cuales siguen impunes a pesar de los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos.

El 19 de diciembre de 2006 en la noche, fue herida con arma de fuego Andrea Anguacho, una mujer Trans de 29 años de edad y trabajadora sexual quien es beneficiaria de programas sociales y de salud de la Santamaría Fundación GLTB. Según las informaciones, ella fue intervenida quirúrgicamente el 20 de diciembre en el Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Cali y luego, al temer por su seguridad, huyó de la ciudad, sin interponer la denuncia de los hechos.

Por otra parte, en la glorieta del Barrio Alfonso López de la misma ciudad, lugar de “parada” (ubicación de personas que realizan trabajo sexual), fue asesinada en torno a los mismos días otra persona Trans cuyo nombre e identidad siguen desconocidos a pesar de las tentativas hechas por miembros de la Santamaría Fundación para reaccionar en su caso.

En un llamado urgente del 19 de diciembre de 2006, la OMCT ya denunciaba el asesinato de dos personas Trans. El cuerpo sin vida de María Luisa Perea, de 46 años de edad y estilista de profesión, fue descubierto el 4 de diciembre 2006 al frente de su casa en Cali. El mismo presentaba muestras de haber sido apuñalada hasta en 24 ocasiones además de ser violada sexualmente, golpeada y torturada antes de morir. Asimismo, el 15 de octubre de 2006, otra chica trans, Viviana Muñoz, fue asesinada en la misma ciudad de Cali y en su cuerpo aparecieron moretones debidos a los golpes y a las contusiones que le fueron causadas (ver Llamado COL 191206.VAW).

Según varias fuentes, los atropellos y hostigamientos, incluidos crímenes en contra personas de la comunidad LGBT (Lesbiana, Gay, Bisexuales y Transexuales) en general y de sus defensores, son cotidianos, incluso por parte de miembros de la policía. Por lo tanto es urgente que se tomen las medidas adecuadas para cambiar esta realidad, ya que, tal como lo señaló la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en su informe de 2004 sobre Colombia, “faltan políticas adecuadas para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, así como desarrollos legislativos explícitos que sancionen penal y disciplinariamente la persecución y la discriminación de personas por su orientación sexual (…). [1]

La OMCT recuerda que el Estado colombiano tiene el deber de prevenir, investigar y sancionar tales actos[2], y, según el principio de la no discriminación, debe condenar todo tipo de manifestación transfóbica en el país y garantizar el derecho a la vida y a no ser objeto de tortura ni malos tratos a toda persona bajo su jurisdicción. Por lo tanto, la OMCT urge a las autoridades colombianas a que ordenen investigaciones inmediatas, exhaustivas e independientes en todos los casos aquí mencionados con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones previstas por la ley, y a que garanticen la integridad física y psicológica y la seguridad de todas las personas de la Comunidad GLTB que han sido víctimas de atropellos y/u hostigamientos, en particular Andrea Anguacho para que puedan presentar una queja y llevar sus casos ante la justicia sin temer por sus vidas.

Para mayor información ver www.omct.org o comunicarse con el Programa Violencia contra la Mujer: Tel.: +41 22 809 49 39 – Fax: +41 22 809 49 29 – E-mail: md@omct.org

[1] E/CN.4/2005/10, 28 de febrero de 2005. Véase http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/Informe2004_esp.doc

[2] La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en su artículo 4 (c), estipula que los Estados deben « proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares ».