31.05.02
Intervenciones urgentes
OEA: Intervención sobre la resolución defensores en la Asamblea de la OEA
La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
La Federación internacional de los derechos humanos (FIDH)
Dentro del marco de su programa conjunto
El Observatorio para la protección de los defensores de los derechos humanos
Nota para la Asamblea General de la OEA, Barbados , 2-4 de junio del 2002
Sobre : la situación de los defensores de los derechos humanos en las Américas, la creación de una unidad defensores en la Comisión interamericana de derechos humanos y el proyecto de resolución sobre « Los defensores de derechos humanos en las Américas : Apoyo a las tareas que desarrollan las personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en las Américas » aprobado en la Sesión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos del 5 de marzo del 2002.
La FIDH y la OMCT, dentro del marco de su programa conjunto, El Observatorio para la protección de los defensores de los derechos humanos, desean atraer la atención de la Organización de los Estados Americanos sobre las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas contra los defensores de los derechos humanos en las Américas a pesar de los compromisos de los Estados para garantizar su seguridad.
El Observatorio acoje con satisfacción la creación de una unidad defensores en la Comisión interamericana de derechos humanos a la cual aportará su completo respaldo y colaboración y aprovecha la ocasión para felicitar a la Comisión por su constante preocupación por los defensores de derechos humanos que se refleja en los numerosos procedimientos de medidas cautelares que ha abierto para solicitar su protección.
Conforme a la resolución AG/ RES.1818 (XXXI-O/01) adoptada en la sesión de la OEA de junio de 2001, el Observatorio espera con gran interés la compleción de un estudio integral sobre la situación de los defensores.
El Observatorio apoya la adopción del proyecto de resolución presentado por el presidente de la Comisión de asuntos jurídicos y políticos, en particular, desea insistir sobre :La promoción e instrumentación de la Declaración sobre Defensores de Derechos humanos conforme al Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas celebrada en la Ciudad de QuebecLa elaboración por parte de la Comisión interamericana de derechos humanos de un estudio integral sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en las AméricasLa asignación de recursos adecuados del presupuesto de la Organización de los Estados Americanos al cumplimiento de los compromisos contenidos en el proyecto de Resolución
Situación de los defensores de los derechos humanos en las Américas
Los defensores de los derechos humanos en las Américas siguen enfrentados a violaciones al derecho a la vida y a la integridad física y psicológica. A pesar de los compromisos aceptados por los Estados, el continente posee el récord del número de defensores amenazados de muerte y víctimas de ejecuciones sumarias. Los obstáculos y ataques contra personas y organizaciones involucradas en el fomento y la defensa de los derechos humanos por medio de campañas de desprestigio, investigaciones policiales ilegales, y otros actos de intimidación continúan siendo una característica en la mayoría de los países, en dónde además prevalecen niveles de impunidad inaceptables. Los esfuerzos efectuados por algunos gobiernos para ejercer su deber de protección de los defensores, bajo la presión de organizaciones nacionales e internacionales y de organismos intergubernamentales, no resultan suficientes ante la situación generalizada de grave inseguridad que padecen los defensores. Esta situación se ha agravado como consecuencia de la lucha antiterrorista, en particular después de los atentados del 11 de septiembre. Aunque la lucha contra el terrorismo es perfectamente legítima y necesaria para la protección del Estado de derecho, el riesgo de amalgama entre defensores de derechos humanos y grupos terroristas es bien real. En varios países del continente se asiste a una remilitarización del orden público y una marginalización de los defensores, víctimas de nuevas campañas de desprestigio. El Observatorio considera que debe prestarse una consideración especial a esta cuestión durante el examen del proyecto de Convención contra el terrorismo.
En la práctica, los obstáculos a la labor de los defensores se sitúan en múltiples niveles : la libertad de asociación, el derecho a constituir libremente un sindicato, y la libertad de expresión se encuentran en el primer plano de las violaciones. En nombre de la seguridad nacional, de la lucha anti-subversiva, de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, las actividades de los grupos e individuos que denuncian los abusos cometidos por las autoridades están bajo extrema vigilancia. Esta situación es imputable a los Estados, por la implicación directa de sus agentes o también a menudo por la tolerancia y la protección que algunos sectores de las autoridades brindan a las actividades de grupos que cometen graves violaciones de los derechos humanos. Las guerrillas también son responsables de desapariciones y de violaciones del derecho a la vida.
Los grupos o individuos que luchan contra la impunidad, el derecho a la tierra de las comunidades indígenas y de los campesinos sin tierra, el derecho sindical y laboral, y la protección de los grupos vulnerables como los niños de la calle o las minorías sexuales, se encuentran particularmente expuestos.
La representante especial de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, Hina Jilani, visitó Colombia en octubre de 2001 y la Comisión interamericana de derechos humanos en diciembre del mismo año. Ambos constataron que existía un patrón de graves abusos cometidos contra defensores de derechos humanos (amenazas, desapariciones, asesinatos, desplazamientos forzados, etc) señalando a los paramilitares y las guerrillas como responsables de estos abusos e insistiendo sobre los fuertes indicios de connivencia entre militares y paramilitares. También señalaron la falta de respeto de los defensores de derechos humanos, por medio de ataques públicos en los medios de comunicación y por parte de servidores públicos. En el contexto actual y desde la ruptura del proceso de paz, estos ataques provenientes de autoridades del Estado pueden ser interpretados como una garantía de impunidad para los grupos que actúan al margen del marco legal para deshacerse de las voces disidentes.
La situación de los defensores de los derechos económicos y sociales y en particular de los sindicalistas es especialmente preocupante. Según las estadísticas de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en el año 2002 ya se han producido 67 asesinatos, 8 atentados, 8 secuestros y 7 desapariciones de sindicalistas. El 25 de Febrero del 2002, el Sr. Gilberto Torres Martínez, Secretario General de la Subdirectiva Unica del Oleoducto (SUO) de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO-CUT) fue secuestrado por las Autodefensas Campesinas del Casarne (ACC) sin que hasta hoy se conozca su paradero.
Varias ONG han sido declaradas « objetivo militar » por parte de las Autofensas Unidas de Colombia (AUC), siendo sus miembros constantemente objeto de hostigamientos y amenazas por medio de llamadas y cartas anónimas, seguimientos e intimidaciones hechas a sus familiares. Han sido afectadas en particular las ONG y abogados que aseguran la asesoría jurídica de graves casos de violación de derechos humanos cometidas por agentes del Estado, como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS); las ONG de familiares de desaparecidos o presos políticos, como la Asociación de Familiares detenidos desaparecidos (ASFADDES) y la Fundación Comité de solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP); las organizaciones de mujeres, como la Organización Femenina Popular (OFP) y las organizaciones de defensa de los desplazados y de defensa de las comunidades indígenas y otras organizaciones como la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS), la Corporación Servicios Profesionales Comunitarios (SEMBRAR), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) o la Corporación para la Defensa y la Promoción de los derechos humanos (Reiniciar). Con motivo de las amenazas constantes, varios miembros de organizaciones se han visto obligados a tomar medidas para asegurar su protección (cambio de domicilio frecuente, guarda espaldas), que en la mayoría de los casos son insuficientes, o incluso a salir del país.
Citando uno de los hechos más recientes, debe señalarse que los integrantes de la Organización Femenina Popular (OFP) en Barrancabermeja continuan siendo objeto de amenazas de muerte por parte de los paramilitares. El 8 de abril del 2002, fue asesinado Diafanol Sierra Vargas y en mayo se conocieron nuevamente planes para asesinar a la coordinadora Yolanda Becerra.
Ø Las consecuencias del conflicto colombiano se extienden a toda la región andina, en particular a Ecuador donde las organizaciones que denuncian las consecuencias del Plan Colombia han sido objeto de amenazas y hostigamiento por parte de grupos paraestatales. También se observan consecuencias del Plan en otros países, entre ellos Venezuela y Panamá.
Ø La representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos finalizó el 1 de junio de 2002 una visita a Guatemala para evaluar el reciente deterioro de la situación de los defensores de los derechos humanos y el clima de inseguridad en el que desempeñan su labor.
En su último informe, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) recopiló 171 casos de violaciones de los derechos humanos de los defensores, e insistió sobre el hecho de que estos actos se han acrecentado, incluyendo escuchas telefónicas, seguimiento de personas, robos y allanamientos a las oficinas de las organizaciones de derechos humanos, en particular, las que trabajan en procesos judiciales contra oficiales del Estado. Estas amenazas se extienden a los jueces, abogados y periodistas que colaboran en la denuncia de las violaciones de derechos humanos.
El 24 de Febrero de 2002, el sacerdote Juan José Aldaz Donamaría denunció que era víctima de amenazas contra su vida al parecer relacionadas con su trabajo como coordinador de un programa de ayuda a familias repatriadas.
El 29 de abril de 2002, Guillermo Ovalle de León, miembro de la Fundación Rigoberta Menchú Tum F, fue asesinado por hombres no identificados en un comedor de Guatemala Ciudad, la víspera del juicio contra los autores de la masacre de Xamán. La Fundación proporcionaba asistencia a las víctimas de la masacre.
El Observatorio permanece seriamente preocupado por el hostigamiento de que son objeto las organizaciones Casa Alianza y la Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRMT). El 16 de mayo del 2002, pocas horas después de publicarse la noticia de que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala falló, en una decisión histórica, a favor de las mencionadas organizaciones, el Sr. Manacer Salazar, Educador en el Refugio de Niñas de Casa Alianza fue amenazado por dos hombres a punta de pistola. Al parecer, los dos hombres le habían estado esperando fuera de su oficina y le dieron el mensaje siguiente : “Y dígales a los que dirigen a Casa Alianza que se callen”. El 8 de mayo de 2002, Mirza Juárez, Coordinadora del Programa de Reintegración Familiar había sido objeto de un ataque similar.
El 20 de mayo de 2002 fue allanada y saqueada la sede de la Coordinadora de Asociaciones y Organizaciones de Desarrollo Integral (CASODI), en Chichicastenango, departamento del Quiché, que viene impulsando la implementación del contenido de los Acuerdos de Paz, trabajando especialmente sobre el tema de organización comunitaria para el fortalecimiento del Poder Local en las comunidades y apoyando la conformación de los Consejos Comunitarios de Desarrollo
Estas amenazas se suman a la grave situación de inseguridad en la que se encuentra Monseñor Ramazzini, quién ha jugado un papel esencial en beneficio de los campesinos pobres, brindándoles asesoría jurídica en las negociaciones que hacen con los dueños de las fincas, a raíz de la ocupación, por alrededor de 1500 campesinos, de las instalaciones y las oficinas administrativas de la finca San Luis en San Marcos, el día 26 de Febrero del 2002.
Ø Desde el asesinato de la abogada Digna Ochoa y Plácido, el pasado mes de octubre, la situación de los defensores en México es también particularmente alarmante. A finales del año 2001 se recibieron informes en los que destacan amenazas de muerte por vía telefónica, intimidaciones personales, persecuciones, atentados, advertencias de secuestro o desaparición, vigilancia en domicilios privados y oficinas de trabajo, observación con cámaras de largo alcance, espionaje telefónico, allanamientos y robos de materiales a las personas vinculadas a Digna Ochoa, en particular la abogada Bárbara Zamora. El 30 de Noviembre de 2001 a Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Gobierno Mexicano implementar medidas cautelares en su favor.
Sin embargo, el 18 de Marzo de 2002, Bárbara Zamora, recibió amenazas de muerte por medio de su correo electrónico. El texto de dicho correo “Choques, accidentes, abogados, urgencias...” era muy similar a las primeras amenazas recibidas por la abogada Digna Ochoa y Plácido en 1996, antes de ser asesinada. Estas amenazas estarían relacionadas con las declaraciones publicas de la Sra. Zamora contra la hipótesis del suicidio de Digna Ochoa y Plácido que provienen de la Procuraduría General de Justicia y que han sido relatadas en los periódicos.
La situación de los defensores de las comunidades indígenas también es particularmente preocupante:
El 14 de enero de 2002, fue baleado el domicilio de Pedro Raúl López Hernández, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas. Desde que asumió la presidencia de dicha Comisión en junio de 2001, había estado investigando graves casos de violaciones a los derechos humanos, como la presunta tortura de indígenas a manos de la policía del Estado de Chiapas. El Sr. López Hernández envió una carta a las autoridades de Chiapas denunciando una operación llevada a cabo por la policía en Marqués de Comillas en la cuál ocho indígenas fueron detenidos y torturados. En diciembre del 2001, el señor Pedro Raúl López Hernández había enviado una carta a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Sra. Mary Robinson, denunciando las amenazas y hostigamiento de que estaba siendo objeto.
El 19 de febrero de 2002, Reyna Pérez Hernández, miembro del Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño e integrante del Consejo Popular Indígena de Oaxaca «Ricardo Flores Magón » (CIPO-RFM), descubrió que su domicilio había sido allanado y un documento escrito a mano en el cual se declaraba tenerla bajo estrecha vigilancia con relación a la labor que desempeña en CIPO, y se le amenazaba de muerte.
La mayoría de las violaciones graves de los derechos de los defensores permanecen en la impunidad, lo cual constituye uno des los mayores desafíos a los que se enfrentan los países de las Américas, en particular Guatemala. Honduras y México, pero también Chile y Argentina. La mayoría sino todas las investigaciones realizadas se quedan en la etapa de la denuncia sin que los autores sean identificados y juzgados.
Ø En Brasil, el tema del derecho a la tierra sigue siendo de mayor preocupación y las comunidades que intentan organizarse a través de la ocupación de tierras en las regiones de Pará, Sergipe y Paraná, nordeste, Amazonia y sur del país han sido violentamente reprimidas por los propietarios de tierras que proceden a su expulsión. Varios miembros del movimiento de los Sin Tierra fueron asesinados en el 2001 sin que los autores sean identificados.
Ø En Bolivia también el tema de la tierra sigue siendo central, y sigue ocasionando violaciones de los derechos humanos de los defensores. El 5 de Marzo del 2002, el Sr. Cesar Leonardo Blanco Alvarez, abogado del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y el Sacerdote Luis Portillo miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Tarija (APDH-T), fueron acusados de ser cómplices de un grupo de 105 campesinos del Movimiento sin Tierra. El Sr. Blanco fue golpeado en los pies, arrestado, trasladado a la Policía Técnica Judicial de Tarija (PTJ) y amenazado con un revolver.
Ø Es importante señalar los problemas de legitimidad a la que se enfrentan los defensores en países donde su labor no es reconocida y donde son considerados como elementos indeseables, a menudo objeto de campañas de desprestigio y difamación orquestadas por las autoridades y difundidas en los medios de comunicación. Este fue el caso por ejemplo de las organizaciones de mujeres en Nicaragua, en el contexto de las elecciones que tenían lugar en el mes de noviembre 2001.
Ø En otros países come en Haití o en Cuba, las libertades de expresión y de asociación siguen bajo extrema vigilancia y se han tomado medidas para amordazar toda opinión crítica. El observatorio debe expresar su particular preocupación por la situación de los defensores de los derechos humanos y de los periodistas en Cuba. En efecto, el clima de represión de los defensores, periodistas y organizaciones de derechos humanos ha aumentado durante los últimos meses y en particular desde enero de 2002. Este clima de inseguridad se ha traducido en un gran número de detenciones arbitrarias, arrestos domiciliarios, seguimientos y amenazas y en la expedición del decreto oficial 383/2001, que impone restricciones materiales a las asociaciones.
El Observatorio desea recordar el papel primordial que desempeñan los defensores de los derechos humanos en la aplicación de la Declaración universal de los derechos humanos y de los textos adoptados en el marco interamericano, papel reconocido en la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos adoptada por la Asamblea general de las Naciones Unidas en 1998 y en la Resolución AG/RES.1818 (XXXI-O/01) adoptada por esta asamblea en su sesión de junio del 2001.
El Observatorio considera de suma importancia, dada la situación de los defensores de los derechos humanos en las Américas y en particular las amenazas graves que pesan sobre su seguridad física y psicológica, que los Estados miembros de la OEA afecten los recursos necesarios a la protección de los defensores.
La Federación internacional de los derechos humanos (FIDH)
Dentro del marco de su programa conjunto
El Observatorio para la protección de los defensores de los derechos humanos
Nota para la Asamblea General de la OEA, Barbados , 2-4 de junio del 2002
Sobre : la situación de los defensores de los derechos humanos en las Américas, la creación de una unidad defensores en la Comisión interamericana de derechos humanos y el proyecto de resolución sobre « Los defensores de derechos humanos en las Américas : Apoyo a las tareas que desarrollan las personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en las Américas » aprobado en la Sesión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos del 5 de marzo del 2002.
La FIDH y la OMCT, dentro del marco de su programa conjunto, El Observatorio para la protección de los defensores de los derechos humanos, desean atraer la atención de la Organización de los Estados Americanos sobre las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas contra los defensores de los derechos humanos en las Américas a pesar de los compromisos de los Estados para garantizar su seguridad.
El Observatorio acoje con satisfacción la creación de una unidad defensores en la Comisión interamericana de derechos humanos a la cual aportará su completo respaldo y colaboración y aprovecha la ocasión para felicitar a la Comisión por su constante preocupación por los defensores de derechos humanos que se refleja en los numerosos procedimientos de medidas cautelares que ha abierto para solicitar su protección.
Conforme a la resolución AG/ RES.1818 (XXXI-O/01) adoptada en la sesión de la OEA de junio de 2001, el Observatorio espera con gran interés la compleción de un estudio integral sobre la situación de los defensores.
El Observatorio apoya la adopción del proyecto de resolución presentado por el presidente de la Comisión de asuntos jurídicos y políticos, en particular, desea insistir sobre :La promoción e instrumentación de la Declaración sobre Defensores de Derechos humanos conforme al Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas celebrada en la Ciudad de QuebecLa elaboración por parte de la Comisión interamericana de derechos humanos de un estudio integral sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en las AméricasLa asignación de recursos adecuados del presupuesto de la Organización de los Estados Americanos al cumplimiento de los compromisos contenidos en el proyecto de Resolución
Situación de los defensores de los derechos humanos en las Américas
Los defensores de los derechos humanos en las Américas siguen enfrentados a violaciones al derecho a la vida y a la integridad física y psicológica. A pesar de los compromisos aceptados por los Estados, el continente posee el récord del número de defensores amenazados de muerte y víctimas de ejecuciones sumarias. Los obstáculos y ataques contra personas y organizaciones involucradas en el fomento y la defensa de los derechos humanos por medio de campañas de desprestigio, investigaciones policiales ilegales, y otros actos de intimidación continúan siendo una característica en la mayoría de los países, en dónde además prevalecen niveles de impunidad inaceptables. Los esfuerzos efectuados por algunos gobiernos para ejercer su deber de protección de los defensores, bajo la presión de organizaciones nacionales e internacionales y de organismos intergubernamentales, no resultan suficientes ante la situación generalizada de grave inseguridad que padecen los defensores. Esta situación se ha agravado como consecuencia de la lucha antiterrorista, en particular después de los atentados del 11 de septiembre. Aunque la lucha contra el terrorismo es perfectamente legítima y necesaria para la protección del Estado de derecho, el riesgo de amalgama entre defensores de derechos humanos y grupos terroristas es bien real. En varios países del continente se asiste a una remilitarización del orden público y una marginalización de los defensores, víctimas de nuevas campañas de desprestigio. El Observatorio considera que debe prestarse una consideración especial a esta cuestión durante el examen del proyecto de Convención contra el terrorismo.
En la práctica, los obstáculos a la labor de los defensores se sitúan en múltiples niveles : la libertad de asociación, el derecho a constituir libremente un sindicato, y la libertad de expresión se encuentran en el primer plano de las violaciones. En nombre de la seguridad nacional, de la lucha anti-subversiva, de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, las actividades de los grupos e individuos que denuncian los abusos cometidos por las autoridades están bajo extrema vigilancia. Esta situación es imputable a los Estados, por la implicación directa de sus agentes o también a menudo por la tolerancia y la protección que algunos sectores de las autoridades brindan a las actividades de grupos que cometen graves violaciones de los derechos humanos. Las guerrillas también son responsables de desapariciones y de violaciones del derecho a la vida.
Los grupos o individuos que luchan contra la impunidad, el derecho a la tierra de las comunidades indígenas y de los campesinos sin tierra, el derecho sindical y laboral, y la protección de los grupos vulnerables como los niños de la calle o las minorías sexuales, se encuentran particularmente expuestos.
La representante especial de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, Hina Jilani, visitó Colombia en octubre de 2001 y la Comisión interamericana de derechos humanos en diciembre del mismo año. Ambos constataron que existía un patrón de graves abusos cometidos contra defensores de derechos humanos (amenazas, desapariciones, asesinatos, desplazamientos forzados, etc) señalando a los paramilitares y las guerrillas como responsables de estos abusos e insistiendo sobre los fuertes indicios de connivencia entre militares y paramilitares. También señalaron la falta de respeto de los defensores de derechos humanos, por medio de ataques públicos en los medios de comunicación y por parte de servidores públicos. En el contexto actual y desde la ruptura del proceso de paz, estos ataques provenientes de autoridades del Estado pueden ser interpretados como una garantía de impunidad para los grupos que actúan al margen del marco legal para deshacerse de las voces disidentes.
La situación de los defensores de los derechos económicos y sociales y en particular de los sindicalistas es especialmente preocupante. Según las estadísticas de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en el año 2002 ya se han producido 67 asesinatos, 8 atentados, 8 secuestros y 7 desapariciones de sindicalistas. El 25 de Febrero del 2002, el Sr. Gilberto Torres Martínez, Secretario General de la Subdirectiva Unica del Oleoducto (SUO) de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO-CUT) fue secuestrado por las Autodefensas Campesinas del Casarne (ACC) sin que hasta hoy se conozca su paradero.
Varias ONG han sido declaradas « objetivo militar » por parte de las Autofensas Unidas de Colombia (AUC), siendo sus miembros constantemente objeto de hostigamientos y amenazas por medio de llamadas y cartas anónimas, seguimientos e intimidaciones hechas a sus familiares. Han sido afectadas en particular las ONG y abogados que aseguran la asesoría jurídica de graves casos de violación de derechos humanos cometidas por agentes del Estado, como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS); las ONG de familiares de desaparecidos o presos políticos, como la Asociación de Familiares detenidos desaparecidos (ASFADDES) y la Fundación Comité de solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP); las organizaciones de mujeres, como la Organización Femenina Popular (OFP) y las organizaciones de defensa de los desplazados y de defensa de las comunidades indígenas y otras organizaciones como la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS), la Corporación Servicios Profesionales Comunitarios (SEMBRAR), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) o la Corporación para la Defensa y la Promoción de los derechos humanos (Reiniciar). Con motivo de las amenazas constantes, varios miembros de organizaciones se han visto obligados a tomar medidas para asegurar su protección (cambio de domicilio frecuente, guarda espaldas), que en la mayoría de los casos son insuficientes, o incluso a salir del país.
Citando uno de los hechos más recientes, debe señalarse que los integrantes de la Organización Femenina Popular (OFP) en Barrancabermeja continuan siendo objeto de amenazas de muerte por parte de los paramilitares. El 8 de abril del 2002, fue asesinado Diafanol Sierra Vargas y en mayo se conocieron nuevamente planes para asesinar a la coordinadora Yolanda Becerra.
Ø Las consecuencias del conflicto colombiano se extienden a toda la región andina, en particular a Ecuador donde las organizaciones que denuncian las consecuencias del Plan Colombia han sido objeto de amenazas y hostigamiento por parte de grupos paraestatales. También se observan consecuencias del Plan en otros países, entre ellos Venezuela y Panamá.
Ø La representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos finalizó el 1 de junio de 2002 una visita a Guatemala para evaluar el reciente deterioro de la situación de los defensores de los derechos humanos y el clima de inseguridad en el que desempeñan su labor.
En su último informe, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) recopiló 171 casos de violaciones de los derechos humanos de los defensores, e insistió sobre el hecho de que estos actos se han acrecentado, incluyendo escuchas telefónicas, seguimiento de personas, robos y allanamientos a las oficinas de las organizaciones de derechos humanos, en particular, las que trabajan en procesos judiciales contra oficiales del Estado. Estas amenazas se extienden a los jueces, abogados y periodistas que colaboran en la denuncia de las violaciones de derechos humanos.
El 24 de Febrero de 2002, el sacerdote Juan José Aldaz Donamaría denunció que era víctima de amenazas contra su vida al parecer relacionadas con su trabajo como coordinador de un programa de ayuda a familias repatriadas.
El 29 de abril de 2002, Guillermo Ovalle de León, miembro de la Fundación Rigoberta Menchú Tum F, fue asesinado por hombres no identificados en un comedor de Guatemala Ciudad, la víspera del juicio contra los autores de la masacre de Xamán. La Fundación proporcionaba asistencia a las víctimas de la masacre.
El Observatorio permanece seriamente preocupado por el hostigamiento de que son objeto las organizaciones Casa Alianza y la Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRMT). El 16 de mayo del 2002, pocas horas después de publicarse la noticia de que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala falló, en una decisión histórica, a favor de las mencionadas organizaciones, el Sr. Manacer Salazar, Educador en el Refugio de Niñas de Casa Alianza fue amenazado por dos hombres a punta de pistola. Al parecer, los dos hombres le habían estado esperando fuera de su oficina y le dieron el mensaje siguiente : “Y dígales a los que dirigen a Casa Alianza que se callen”. El 8 de mayo de 2002, Mirza Juárez, Coordinadora del Programa de Reintegración Familiar había sido objeto de un ataque similar.
El 20 de mayo de 2002 fue allanada y saqueada la sede de la Coordinadora de Asociaciones y Organizaciones de Desarrollo Integral (CASODI), en Chichicastenango, departamento del Quiché, que viene impulsando la implementación del contenido de los Acuerdos de Paz, trabajando especialmente sobre el tema de organización comunitaria para el fortalecimiento del Poder Local en las comunidades y apoyando la conformación de los Consejos Comunitarios de Desarrollo
Estas amenazas se suman a la grave situación de inseguridad en la que se encuentra Monseñor Ramazzini, quién ha jugado un papel esencial en beneficio de los campesinos pobres, brindándoles asesoría jurídica en las negociaciones que hacen con los dueños de las fincas, a raíz de la ocupación, por alrededor de 1500 campesinos, de las instalaciones y las oficinas administrativas de la finca San Luis en San Marcos, el día 26 de Febrero del 2002.
Ø Desde el asesinato de la abogada Digna Ochoa y Plácido, el pasado mes de octubre, la situación de los defensores en México es también particularmente alarmante. A finales del año 2001 se recibieron informes en los que destacan amenazas de muerte por vía telefónica, intimidaciones personales, persecuciones, atentados, advertencias de secuestro o desaparición, vigilancia en domicilios privados y oficinas de trabajo, observación con cámaras de largo alcance, espionaje telefónico, allanamientos y robos de materiales a las personas vinculadas a Digna Ochoa, en particular la abogada Bárbara Zamora. El 30 de Noviembre de 2001 a Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Gobierno Mexicano implementar medidas cautelares en su favor.
Sin embargo, el 18 de Marzo de 2002, Bárbara Zamora, recibió amenazas de muerte por medio de su correo electrónico. El texto de dicho correo “Choques, accidentes, abogados, urgencias...” era muy similar a las primeras amenazas recibidas por la abogada Digna Ochoa y Plácido en 1996, antes de ser asesinada. Estas amenazas estarían relacionadas con las declaraciones publicas de la Sra. Zamora contra la hipótesis del suicidio de Digna Ochoa y Plácido que provienen de la Procuraduría General de Justicia y que han sido relatadas en los periódicos.
La situación de los defensores de las comunidades indígenas también es particularmente preocupante:
El 14 de enero de 2002, fue baleado el domicilio de Pedro Raúl López Hernández, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas. Desde que asumió la presidencia de dicha Comisión en junio de 2001, había estado investigando graves casos de violaciones a los derechos humanos, como la presunta tortura de indígenas a manos de la policía del Estado de Chiapas. El Sr. López Hernández envió una carta a las autoridades de Chiapas denunciando una operación llevada a cabo por la policía en Marqués de Comillas en la cuál ocho indígenas fueron detenidos y torturados. En diciembre del 2001, el señor Pedro Raúl López Hernández había enviado una carta a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Sra. Mary Robinson, denunciando las amenazas y hostigamiento de que estaba siendo objeto.
El 19 de febrero de 2002, Reyna Pérez Hernández, miembro del Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño e integrante del Consejo Popular Indígena de Oaxaca «Ricardo Flores Magón » (CIPO-RFM), descubrió que su domicilio había sido allanado y un documento escrito a mano en el cual se declaraba tenerla bajo estrecha vigilancia con relación a la labor que desempeña en CIPO, y se le amenazaba de muerte.
La mayoría de las violaciones graves de los derechos de los defensores permanecen en la impunidad, lo cual constituye uno des los mayores desafíos a los que se enfrentan los países de las Américas, en particular Guatemala. Honduras y México, pero también Chile y Argentina. La mayoría sino todas las investigaciones realizadas se quedan en la etapa de la denuncia sin que los autores sean identificados y juzgados.
Ø En Brasil, el tema del derecho a la tierra sigue siendo de mayor preocupación y las comunidades que intentan organizarse a través de la ocupación de tierras en las regiones de Pará, Sergipe y Paraná, nordeste, Amazonia y sur del país han sido violentamente reprimidas por los propietarios de tierras que proceden a su expulsión. Varios miembros del movimiento de los Sin Tierra fueron asesinados en el 2001 sin que los autores sean identificados.
Ø En Bolivia también el tema de la tierra sigue siendo central, y sigue ocasionando violaciones de los derechos humanos de los defensores. El 5 de Marzo del 2002, el Sr. Cesar Leonardo Blanco Alvarez, abogado del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y el Sacerdote Luis Portillo miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Tarija (APDH-T), fueron acusados de ser cómplices de un grupo de 105 campesinos del Movimiento sin Tierra. El Sr. Blanco fue golpeado en los pies, arrestado, trasladado a la Policía Técnica Judicial de Tarija (PTJ) y amenazado con un revolver.
Ø Es importante señalar los problemas de legitimidad a la que se enfrentan los defensores en países donde su labor no es reconocida y donde son considerados como elementos indeseables, a menudo objeto de campañas de desprestigio y difamación orquestadas por las autoridades y difundidas en los medios de comunicación. Este fue el caso por ejemplo de las organizaciones de mujeres en Nicaragua, en el contexto de las elecciones que tenían lugar en el mes de noviembre 2001.
Ø En otros países come en Haití o en Cuba, las libertades de expresión y de asociación siguen bajo extrema vigilancia y se han tomado medidas para amordazar toda opinión crítica. El observatorio debe expresar su particular preocupación por la situación de los defensores de los derechos humanos y de los periodistas en Cuba. En efecto, el clima de represión de los defensores, periodistas y organizaciones de derechos humanos ha aumentado durante los últimos meses y en particular desde enero de 2002. Este clima de inseguridad se ha traducido en un gran número de detenciones arbitrarias, arrestos domiciliarios, seguimientos y amenazas y en la expedición del decreto oficial 383/2001, que impone restricciones materiales a las asociaciones.
El Observatorio desea recordar el papel primordial que desempeñan los defensores de los derechos humanos en la aplicación de la Declaración universal de los derechos humanos y de los textos adoptados en el marco interamericano, papel reconocido en la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos adoptada por la Asamblea general de las Naciones Unidas en 1998 y en la Resolución AG/RES.1818 (XXXI-O/01) adoptada por esta asamblea en su sesión de junio del 2001.
El Observatorio considera de suma importancia, dada la situación de los defensores de los derechos humanos en las Américas y en particular las amenazas graves que pesan sobre su seguridad física y psicológica, que los Estados miembros de la OEA afecten los recursos necesarios a la protección de los defensores.