México
09.05.06
Intervenciones urgentes

México: excesivo uso fuerza policial: muerto un niño, numerosas detenciones, en San Salvador Atenco.

Caso MEX 090506 / Caso MEX 090506.CC - derechos del niño

Excesivo uso de la fuerza policial / detenciones arbitrarias de más de doscientas personas / malos tratos / muerte de un menor

El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) solicita su intervención MUY URGENTE ante la siguiente situación en México.

Descripción de la situación:

El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con seria preocupación informaciones sobre el excesivo uso de la fuerza policial utilizada en contra de manifestantes, en hechos ocurridos en la población de San Salvador de Atenco, municipio de Texcoco, en el Estado de México. En medio de los hechos resultó muerto un niño quien según algunas fuentes respondería al nombre de Javier Cortés Santiago, de 14 años de edad, cerca de cincuenta personas resultaron heridas, y se llevo a cabo la detención de más de 200 personas, todo ello en medio de serios malos tratos y excesiva violencia.

De acuerdo con las informaciones de varias organizaciones de derechos humanos entre ellas el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” y la Liga Mexicana de Derechos Humanos (LIMEDH), el 3 de mayo de 2006, elementos de la fuerza pública desalojaron con uso excesivo de la fuerza a 18 de floricultores/ comerciantes que se habían instalado frente al mercado local conocido como “Belisario Domínguez”, en la población de Salvador de Atenco, procediendo además a detener en ese momento a cuatro de ellos: los Sres.: Patricia Romero, Raúl Romero, Adalí Sánchez Romero y Rosalba Castillo.

Según las informaciones, estos floricultores se habían instalado en el mencionado lugar, luego que el día anterior, 2 de mayo del 2006, los mismos, en compañía de otros 30 floricultores, necesitados de comercializar sus productos, realizaron una concentración en la Subprocuraduría de Texcoco, con el fin manifestarse en contra de la política de reubicación de cerca de 1200 comerciantes ambulantes, impulsada por las autoridades locales, en donde no lograron un acuerdo con las autoridades municipales para comercializar sus flores frente al mencionado mercado.

El desalojo violento de los 18 floricultores generó el inicio de una escalada de violencia entre los floricultores, acompañados por varios sectores de la población que los apoyaban, y los numerosos miembros de las fuerzas de policía (según las denuncias cerca de 1000 policías) que reprimieron a todos con excesiva violencia, dejando el saldo de la muerte del menor Javier Cortés Santiago, de 14 años, miembro de la comunidad de Acuexcomac, al explotarle en el pecho una granada de gas lacrimógeno, decenas de heridos, además de centenares de detenidos.

Según las informaciones, también, varias personas permanecieron desaparecidas, durante algunas horas, en medio de la confusión y de la violencia de los hechos, y de estas personas, hasta la fecha, aún se encuentra desaparecido el Sr. Saúl Ríos Romero quien fue detenido por policías en el operativo del día 4 de mayo en San Salvador Atenco. Esta persona no se encuentra en la lista de detenidos emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ampliada por las organizaciones civiles, y fue reportado por sus familiares como desaparecido.

Se ha establecido a través de la lista emitida últimamente por la CNDH y corroborada por organizaciones de derechos humanos, que la cifra de 218 personas detenidas (La lista de las personas detenidas, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y difundida por el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, )1, no ha cambiado hasta el momento de emitir este llamado y que varias de las personas aún detenidas también se encuentran heridas y hospitalizadas.

De acuerdo con las informaciones, la situación se complicó con el hecho de la retención temporal de uno o varios policías por parte de algunos de los manifestantes, hecho que ocasionó que varios de los detenidos hayan sido acusados y estén actualmente detenidos bajo el delito de presunto secuestro, delito que ocasiona graves condenas. Según las denuncias, aunque la situación actual es de calma, se han recibido informes de que existiría un virtual estado de sitio, debido a la excesiva presencia de miembros de cuerpos de seguridad.

Según las informaciones, durante la noche del miércoles 3 de mayo y la madrugada del jueves 4, los detenidos fueron llevados al penal de Almoloya de Juárez en camiones de granaderos (vehículo militar) y muchos de ellos presentaban signos de haber sido golpeados, e inclusive un joven fue bajado a rastras ante la imposibilidad de mantenerse en pie. Además, según las denuncias, la Dirección de Prevención y Readaptación Social del gobierno mexicano habría reconocido que se requirió de, al menos, media docena de médicos para atender a los detenidos que presentaban lesiones, e incluso se recurrió a sicólogos para apoyar las tareas. Por otra parte, tanto los abogados como los familiares de los detenidos han denunciado que el encarcelamiento de más de 200 personas en el Penal de “Santiaguito” es irregular y va contra la ley, en la medida en que no hubo consignación por algún delito.

Se ha conocido que fue presentada una queja ante la ante la segunda visitaduria de la CNDH en relación a estos hechos (2006/2109/2/Q). Dicha queja fue presentada por el grupo de organizaciones civiles que forman parte de la “Red Solidaria Década contra la Impunidad”. En esta queja se denuncia que la Policía Federal Preventiva (PFP) ha realizado registros (cateos) en varias casas de habitación sin presentar órdenes judiciales y utilizando la violencia, entre ellas los domicilios de los dirigentes sociales activos en la zona, el Sr. Ignacio Del Valle Medina, quien fue detenido junto con su hijo de nombre César, y el Sr. Adán Espinoza, quienes forman parte del “Frente Democrático en Defensa de la Tierra” movimiento que fue convocado solidariamente por los floristas para apoyarlos en sus demandas. Según las informaciones, al parecer, la CNDH también ha hecho intervenciones de oficio.

De acuerdo con las informaciones, el gobierno local además, ha emprendido una campaña mediática para desacreditar a los manifestantes. Por ejemplo, el Sr. Benitez Trevillo, Secretario de Gobierno del Estado de México, hizo una declaración a los medios en la que calificaba al Sr. Ignacio Del Valle como delincuente, sin respetar el principio de presunción de inocencia. También hizo entender que los mismos manifestantes tenían planeado secuestrar a funcionarios públicos desde la semana anterior. Por otra parte el presidente municipal de Texcoco publicó un desplegado en el periódico La Jornada del 5 de mayo, en el que justifica el desalojo de los 18 vendedores ambulantes que no aceptaron el acuerdo de reubicación y el gobernador del Estado de México, Sr. Enrique Peña Nieto, ha minimizado el grupo de manifestantes calificándolos como un grupo de “macheteros”.

Las informaciones destacan que tanto el Sr. Ignacio Del Valle como el Sr. Adán Espinoza fueron personas claves del mismo movimiento popular, durante la lucha de oposición en contra de la construcción de un aeropuerto en la zona de Texcoco, en el 2002, planes a los que el poder ejecutivo dio marcha atrás en agosto del 2002 debido a la oposición de la población local. Como resultado de su postura opositora el Sr. Ignacio Del Valle fue acusado por los delitos de privación ilegal de la libertad, daño en bienes y robo simple, mientras que el Sr. Adán Espinoza fue acusado por robo simple. Según las informaciones, actualmente, se ha confirmado la detención del Sr. Ignacio Del Valle quien se encuentra en la prisión de alta seguridad, y teniendo en cuenta las averiguaciones previas que parecen estar pendientes, se cree que se abrirán nuevas averiguaciones por otros delitos que podrían acumularse a las anteriores contra él.

El Secretariado Internacional de la OMCT considera que teniendo en cuenta los hechos arriba mencionados que en perjuicio de los habitantes de Texcoco y San Salvador Atenco se han violado los derechos de integridad y seguridad personales, libertad, inviolabilidad de domicilio, seguridad jurídica, contraviniendo los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley*2, el Código de Conducta para encargados de hacer cumplir la ley, la Convención Americana de Derechos Humanos, y la propia Constitución Mexicana.

* Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990

Acción solicitada:

Favor escribir a las autoridades de México para urgirlas a:
i. tomar de inmediato la medidas necesarias para que se informe el número, nombre y lugar donde se encuentran los detenidos, así como la situación física, psicológica y jurídica de cada uno;
ii. tomar de manera urgente las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todas las personas detenidas durante los hechos arriba mencionados ocurridos en Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México, incluyendo una atención médica urgente, adecuada y gratuita para todos aquellos que lo requieran;
iii. ordenar la inmediata liberación de todos los detenidos en caso de encontrarse detenidos en ausencia de cargos legales válidos, o, en el caso de que estos cargos existan, llevarlos ante un tribunal civil competente, justo e imparcial y garantizarles los derechos procesales en todo momento;
iv. llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a las circunstancias de estos hechos, en particular sobre las alegaciones de malos tratos infligidos a los detenidos, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
v. garantizar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención Contra la Tortura.

Direcciones:

  • Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra, 16, Avenue du Budé. 1202, Ginebra, Case postale 433. Fax : + 4122 748.07.08 E-mail: mission.mexico@ties.itu.int
  • Licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Residencia Oficial de Los Pinos, Colonia San Miguel Chapultepec, e-Mail : radio@presidencia.gob.mx webadmon@appresidencia.gob.mx Fax: +52 5 55 2 77 23 76
  • Procuraduría General de la República, Reforma Norte, esquina Violeta 75. Colonia Guerrero CP. 06300. México DF., Tel: (+ 52.55) 53 46 20 03 E-mail: ofproc@pgr.gob.mx, Fax: (525) 3 46 09 06
  • Dr. José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la CNDH, México, D.F., Fax: + 52.55.5681.71.99 Lada sin costo: 01 800 00 869 E- mail: correo@fmdh.cndh.org.mx correo@ cndh.org.mx
  • Licenciado Carlos Maria Abascal Carranza, Secretario de Gobernación, Secretario de Gobernación, México, D.F., Telf.: (+525) 7 05.21.71, Fax: +52.55.50.93.34.14 E-mail: ghuerta@segob.gob.mx
  • Licenciado Enrique Peña Nieto, Gobernador Constitucional del Estado de México; Fax: +52 722.276.70.07

Favor escribir también a las representaciones diplomáticas de México en sus respectivos países

Ginebra, 9 de mayo de 2006

Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

Documentos adjuntos