Detenciones masivas en Arauquita.

El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) solicita su intervención con carácter urgente en la siguiente situación en Colombia.

Descripción de la situación

El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con preocupación informaciones del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), organización miembro de la red SOS-Tortura de la OMCT, sobre nuevos casos de detenciones masivas y, según las denuncias, sin fundamento, los señalamientos, la estigmatización, los montajes judiciales, y los sistemáticos atropellos que organismos del Estado, en el marco de la política de “Seguridad Democrática”[1], vienen cometiendo contra importantes sectores de la población civil del municipio de Arauquita, en el Departamento de Arauca.

De acuerdo con las informaciones, los últimos hechos comenzaron a ocurrir el 12 de enero de 2008, hacia las 5 p.m. cuando la estructura armada de apoyo de la fiscalía, la cual funciona en la XVlll Brigada del ejército[2], inició un operativo denominado “operación candado” acordonando el casco urbano de Arauquita, impidiendo la salida de vehículos y personas, para posteriormente proceder a realizar detenciones utilizando desertores y personas que trabajan como informantes pagados[3].

Fueron detenidos los Sres. Edinson Palomino Banguero, ex Concejal y dirigente sindical, José del Carmen Sánchez, dirigente de la Asociación Campesina de Arauca-ACA y también los Sres. Modesto Cáceres, Omar Alarcón, Damaris Escorcio López, Hernán Flórez, José Elio Flórez Pérez, Derbi Rodríguez Miranda y Carlos Javier Franco Acosta.

Además ese mismo día fue detenida la Sra. Mercy Tatiana Blanco, cuando, en su calidad de representante del Ministerio Público como Personera Municipal y ejerciendo su deber, se dirigió al Batallón a solicitar información sobre los ciudadanos que minutos antes habían sido detenidos, ante lo cual, la respuesta fue dejarla en calidad de detenida.

Se ha informado también de la detención de los Sres. Jorge Soler, Robinson Alvarez y Alfredo López. Además, el 14 de enero de 2008 fue detenido el Sr. Osmar Pérez, dirigente juvenil y miembro del equipo municipal del Partido Político “Polo Democrático Alternativo”.

Se ha informado que todos los detenidos fueron trasladados a la Ciudad de Arauca, capital, y que han sido acusados bajo los cargos de rebelión.

El Secretariado Internacional de la OMCT manifiesta su seria preocupación por la seguridad y por la integridad personal de las personas detenidas en los hechos arriba mencionados y recuerda que ya había manifestado su seria preocupación por la situación jurídica y personal de numerosas personas que han sido objeto de detenciones masivas realizadas dentro del marco de la implementación de la política de “Seguridad Democrática”, particularmente en los Departamentos de Arauca, Meta y Casanare[4].

Acción solicitada

Favor escribir a las autoridades Colombianas con el fin de urgirlas a:

1. i. tomar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todas las personas detenidas en los hechos arriba mencionados, la de todos los miembros de sus respectivas familias y en general de los habitantes de las zonas rural y urbana del municipio de Arauquita, Arauca;
2. ii. ordenar la libertad inmediata de todos y cada uno de los detenidos en los hechos arriba mencionados, en caso de encontrarse detenidos en ausencia de cargos legales válidos o, en el caso de que estos cargos existan, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y garantizarles sus derechos procesales en todo momento;
3. iii. llevar a cabo una investigación independiente, completa, exhaustiva e imparcial en torno a todos los hechos arriba mencionados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
4. iv. dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos;
5. v. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención Contra la Tortura, ratificada por Colombia.

Direcciones

• Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d’Anier, 17-19, 1209 Ginebra, Suiza. FAX: + 41.22.791.07.87; TEL.:+ 41.22.798.45.55. E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
• Sr. Carlos Holmes Trujillo, Misión Diplomática en Bruselas: FAX: +32.2.646.54.91, E-mail: colombia@emcolbru.be
• Doctor Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Cra. 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax:+57.1.566.20.71: auribe@presidencia.gov.co
• Sr. Francisco Santos, Vicepresidente de la República, buzon1@presidencia.gov.co Tels.: +571334.45.07, +573.7720130, E-mail: fsantos@presidencia.gov.co ;
• Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de dd.hh y de Derecho Internacional Humanitario (DIH). E-mail: cefranco@presidencia.gov.co ; ppdh@presidencia.gov.co
• Observatorio DDHH de Vicepresidencia: obserdh@presidencia.gov.co;
• Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de dd.hh y de DIH. Tel.: +57.1.336.03.11, FAX: +57.1.337.46.67, E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
• Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Calle 55 # 10-32, Bogotá. Fax: + 57.1.640.04.91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com ; agenda@agenda.gov.co
• Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá. Fax: +57.1.570.20.00; +57.1.414.90.00, E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
• Dr. Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Cra. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: +57.1.342.97.23; +571.284.79.49 Fax: +57.1.342.97.23; E-mail: cap@procuraduria.gov.co, E-mail: quejas@procuraduria.gov.co; webmaster@procuraduria.gov.co; cap@procuraduria.gov.co; reygon@procuraduria.gov.co; anticorrupcion@presidencia.gov.co
• Dr. Juan Manuel Santos Calderón, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Cra. 52 CAN, Bogotá. Fax: +57.1.222.18.74; E-mail: siden@mindefensa.gov.co; infprotocol@mindefensa.gov.co; mdn@cable.net.co

Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.

Ginebra, 15 de enero de 2008.

Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

[1] Más que cualquiera de sus antecesores, el Presidente Álvaro Uribe ha convertido la lucha contra los insurgentes en la prioridad esencial y en el objetivo central de su gobierno, para lo cual instauró como uno de los principales ejes de su gobierno: la Política de Seguridad Democrática (PSD) (…). Ver informe: Colombia: La política de seguridad democrática del presidente Uribe, en: http://www.crisisgroup.org/library/documents/latin_america/06_colombia__uribe_dem__sec_sp.pdf
Según las informaciones, el municipio de Arauquita ha sido uno de los mas golpeados y estigmatizados, allí su población civil, líderes sociales y ciudadanos en general han tenido que sufrir los rigores de la política de “Seguridad Democrática”. Los representantes de la mencionada política en la región, en aras de mostrar resultados utilizan toda clase de montajes, y, de otra parte, delincuentes que antes hacían daño a la población se ponen al servicio de los organismos de inteligencia del Estado, siendo utilizados para efectuar los señalamientos y los montajes judiciales.

[2] Mediante un decreto ejecutivo primero y luego por medio de propuestas de leyes antiterroristas y otras, el Presidente Uribe ha otorgado al ejército diversos poderes policiales, sin aprobación ni supervisión judicial, con lo cual se han restringido las libertades civiles individuales. (…) Ver informe arriba mencionado.

[3] Junto con el fortalecimiento de la estructura institucional de seguridad de Colombia, el Presidente Uribe estableció una red de más de un millón de colaboradores e informantes civiles a quienes se les paga por suministrar información acerca de los insurgentes. Esto ha suscitado preocupación debido a la posibilidad de que los colaboradores utilicen su poder para zanjar rencillas personales; también se aduce que el sistema menoscaba la confianza en las comunidades. En segundo lugar, organizó unas milicias campesinas semientrenadas cuyos miembros operan en sus propias comunidades. (…) idem.

[4] Ver: Llamados Urgentes: COL 040107; COL 150806_1; COL 150806_2; y COL 150806_3, y Comunicado de Prensa Colombia 150806.