Masacre de indígenas Awá_Seria preocupación por seguridad e integridad física y psicológica de la Comunidad.

De acuerdo con las informaciones, el 26 agosto de 2009, hacia las 5 de la madrugada, varios hombres desconocidos, armados, encapuchados y según las denuncias vistiendo prendas militares, llegaron a la vivienda de la Sra. Tulia García Guanga e inmediatamente procedieron a disparar contra las personas allí presentes causando la muerte de ella y de otras 11 personas, seis de ellas niños[2], entre ellos un bebé y tres menores de 10 años de edad, y dejando heridas a otras tres personas. Según las informaciones las víctimas[3] serían familiares de la Sra. Tulia García Guanga y además, familiares entre sí, que se encontraban alojados en la misma vivienda, ubicada en el Resguardo indígena Gran Rosario, en la vía que comunica las ciudades de Pasto y Tumaco, en el Departamento de Nariño. La OMCT había denunciado la muerte, el 23 de mayo de 2009, del Sr. Gonzalo Rodríguez Guanga[4], hecho del que fue testigo su esposa la Sra. Tulia García Guanga, ahora una de las víctimas de esta ejecución colectiva.

Según las informaciones, 10 de las víctimas hacían parte de la organización indígena CAMAWARI (Cabildo Mayor Awá de Ricaurte) y pertenecen a los Resguardos indígenas de “Vegas Chagüí Chimbuza” y “Milagroso Integrado Cuaiquer Viejo”, y habían viajado desde hace un mes al Resguardo indígena Awá Gran Rosario, de Tumaco en donde se encontraban trabajando, estando alojados en la vivienda de la Sra. Tulia García Guanga.

Las informaciones destacan que la Sra. Tulia García Guanga había estado denunciando desde la muerte de su esposo: que tenía la impresión de que esos hombres de camuflado que mataron a su esposo eran del Ejército, insistiendo además en que la muerte del mismo había sido un “falso positivo”.

Según las denuncias, durante lo que va corrido del presente año han sido asesinados en Colombia al menos 77 indígenas de los cuales 38 formaban parte de pueblo indígena Awá. A pesar de las afirmaciones gubernamentales, estos hechos demuestran que las condiciones para la protección de los derechos humanos de los Awá, y en general de los pueblos indígenas en Colombia, son inexistentes y, por el contrario, las exigencias que hacen los mismos en la búsqueda de la satisfacción de sus derechos más elementales han generado mayores señalamientos y estigmatización por parte del gobierno, lo que los ha puesto en un mayor peligro frente a los tres actores armados del conflicto.

La OMCT ha manifestado su preocupación en varias ocasiones sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra poblaciones indígenas en Colombia, y, en febrero del presente año, había manifestado su seria preocupación por el hecho que más de 20 miembros de la comunidad de los Awá, 17 de ellos del resguardo Tortugaña-Telembí en Nariño, entre quienes se encontrarían varios niños, habían perdido la vida de manera violenta durante ese mes.

La OMCT señala además que, recientemente, al finalizar su visita a Colombia, durante el pasado mes de julio de 2009, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, manifestó que “La situación de los derechos humanos de los indígenas de Colombia es grave, crítica y profundamente preocupante". El Relator agregó que:"Esa evaluación sigue siendo aplicable hoy, a pesar de algunas iniciativas importantes del Gobierno de Colombia durante los últimos años”.

La OMCT señala que, la manifiesta neutralidad de las comunidades indígenas, la cual es el producto de una autonomía que la Carta Política les reconoce, les garantiza y ordena que sea protegida, ha convertido a estas comunidades en objetivo militar de las FARC, quienes al igual que los grupos paramilitares las acusan de ayudar al ejército regular, a la vez que, por su parte, las Fuerzas Armadas regulares no están conformes con la falta de colaboración de estas comunidades.

Por lo tanto, la OMCT reitera el llamado hecho a través de varias acciones urgentes y en varias ocasiones a todos los grupos armados y a las fuerzas gubernamentales que circulan por los territorios poblados por comunidades indígenas, y en particular en este caso por el territorio ocupado por el Pueblo Awá en Nariño, a que respeten sus territorios, la vida y la integridad de la población civil indefensa y en general todos los derechos humanos de los miembros de esas comunidades, en particular el Principio de Distinción del Derecho Internacional Humanitario (DIH)[5].

Además, la OMCT hace un vehemente llamado a las autoridades colombianas a fin de que tomen de manera urgente las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los miembros de la familia de la Sra. Tulia García y del Sr. Gonzalo Rodríguez Guanga, así como de todos los miembros de las diferentes comunidades indígenas Awá del Departamento de Nariño y del país

La OMCT insta también a que las autoridades concernidas lleven a cabo una investigación efectiva, a saber: rápida, exhaustiva, independiente, efectiva e imparcial en torno a la ejecución de los 12 indígenas y a las heridas infligidas a otros, y que las conclusiones de esta investigación se hagan públicas, con el fin de sancionar a los responsables.

Finalmente la OMCT recuerda a las autoridades colombianas la urgencia de que se dé un inmediato cumplimiento a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Contacto OMCT:
Teléfono: + 41 22 809 49 39
Fax: + 41 22 809 49 29
E-mail: omct@omct.org [1] La Comunidad indígena de los Awá en Nariño habita un territorio estratégico a nivel de capital económico en el mencionado departamento: agronegocios, turismo, infraestructura y minería de oro, y es también un corredor importante para actividades delictivas como el narcotráfico. Durante los últimos 10 años y como consecuencia del conflicto armado, ha sufrido 5 desplazamientos forzados masivos, cerca de 150 de sus integrantes han sido asesinados y unos 50 miembros más han sido víctimas de minas anti-personales, así como también de saqueos, hurtos e incluso bombardeos. Desde hace varios años, en general todas las comunidades indígenas colombianas han sido víctimas de asesinatos selectivos, masacres, desapariciones forzadas, reclutamiento forzado, agresiones sexuales y presiones, por parte de todos los actores armados del conflicto: guerrilla, grupos paramilitares, e incluso el ejército regular y la policía, presentes en cada una de las regiones en donde ellos habitan.

[2] Según el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas « […], se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad […]».

[3] Las víctimas son las Sras.: Tulia García Guanga, de 35 años de edad, y su hijo Alexander Rodríguez Guanga, de 6 años; Juana Carmela Guanga, de 18 años, y su hijo Yeison Ferney Guanga, un bebé de 6 meses de edad, y Amparo Nastacuas, de 21 años, y los Sres.: Laurencio García, de 38 años, y sus hijos Luis Eduardo García, de 13 años y Jaime Laurencio García, de 5 años; Roberto Guanga Nastascuas, de 17 años; Fabio Taicús García, de 18 años; Alfonso Guanga, de 19 años, y la niña Nancy Yazmín Rodríguez Guanga, de 5 años. Además, durante los hechos resultaron heridos los Sres.: Javier García, de 20 años, y Yolanda Bisbicús, de 22 años, y el niño David García, de 12 años.

[4] Ver Llamado Urgente OMCT: Caso COL 050609 / COL 050609.CC / COL 050609.DESC, emitido el 5 de junio de 2009.

[5] Artículo 48 del Protocolo I Adicional a la Convención de Ginebra, 1977, PARTE IV: POBLACIÓN CIVIL Sección 1: Protección General Contra los Efectos de las Hostilidades. Capítulo I: Reglas Básicas y Campo de Aplicación: “En orden a garantizar el respeto y protección a la población civil y los objetos civiles, las Partes en conflicto deberán distinguir en todo momento entre la población civil y los combatientes, y entre los objetos civiles y los objetivos militares y de acuerdo con esto dirigirán sus operaciones sólo contra los objetivos militares (…)” (Principio de Distinción en Derecho Internacional Humanitario (DIH).