Jamahiriya Árabe Libia
28.09.01
Intervenciones urgentes
Libia: tortura y riesgo de un juicio no equitativo de cinco enfermeras y un médico bulgaros, un palestino y 9 libianos
Caso LBY 280901
Arresto arbitrario y detención/Tortura/Juicio equitativo
El Secretariado Internacional de la OMCT solicita su intervención urgente en la siguiente situación en Libia.
Breve descripción de la situación
El Secretariado Internacional de la OMCT recibió informaciones del Centro de Asistencia a las Víctimas de Tortura (ACET) y de la Junta de Rehabilitación de las Víctimas de Tortura (IRCT), ambos miembros de la red OMCT, al igual que del Comité de Helsinki Búlgaro y del Admonitor de Helsinki Griego sobre la detención, la tortura y el riesgo de un juicio no equitativo en Libia de cinco enfermeras búlgaras y de un médico, de un palestino y de 9 libianos. El juez ha aplazado el juicio 14 veces como respuesta a pedidos de la defensa, la última siendo el 22 de septiembre de 2001 en cuya fecha se esperaba el veredicto. Se espera que el veredicto será proclamado durante la próxima reunión de la corte, prevista para el 22 de diciembre de 2001.
Según la información recibida, el 9 de febrero de 1999 más de 70 profesionales de la salud fueron arrestados en Benghazi, Libia, después de una investigación sobre una epidemia de infección del virus HIV en el Hospital Pediátrico Al-Fateh en Benghazi donde se denuncia la infección de 393 niños, 23 de los cuales han muerto desde entonces. Los profesionales de la salud arrestados son de Bulgaria (23 personas), Egipto, Hungría, Filipinas y Polonia. Todas esas personas fueron libertadas el día siguiente, debido principalmente a la reacción activa y a las operaciones de los representantes de sus embajadas, todas excepto los 23 detenidos búlgaros que fueron libertados una semana más tarde, con la excepción de cinco de ellos. Las cinco personas que permanecen en detención son todas mujeres y enfermeras: Christiana Vulcheva, Nassya Nenova, Valenitina Siropulo, Valya Chervenyashka y Snejana Dimitrova. Otro búlgaro, el Dr. Zdavko Georgiev, esposo de Christina Vulcheva, fue arrestado el 9 de febrero de 1999 cuando fue al puesto de policía donde su esposa estaba en detención y se le acusó y detuvo con las cinco otras personas aunque no haya trabajado en el mismo hospital.
Según la información recibida, un juez de la acusación de Tripoli firmó una inculpación de 1600 páginas el 7 de febrero 2000 contra los seis búlgaros, los nueve libianos y un palestino, acusándolos de haber socavado y atacado la seguridad libiana por haber difundido intencionalmente el virus VIH a través de sangre contaminada. Los cargos específicos incluyen: matar con premeditación por medio de una substancia letal (Artículo 371 del Código Criminal Libiano), matar fortuitamente con el objetivo de atacar la seguridad del país (Artículo 202 del Código Criminal Libiano) y ocasionar una epidemia difundiendo microbios nocivos que provocan la muerte de personas (Artículo 305 del Código Criminal Libiano). Si se les pronuncia culpables, los detenidos serán condenados a la pena de muerte. Se pronunciaron otros cargos contra los detenidos búlgaros y palestinos por haber violado las normas relativas al islam. Estos cargos, contra las enfermeras búlgaras, incluyen: actividad sexual extraconyugal y la producción y posesión de alcohol. El cargo contra el detenido palestino es de haber cambiado dinero en el mercado negro. Los cargos contra los libianos son de negligencia profesional y de abuso de autoridad.
Desde su arresto el 9 de febrero de 1999 los acusados han permanecido en detención. Durante los primeros 10 meses no tuvieron acceso a sus familias. Se les permitió ver a sus abogados solo después del comienzo de los trámites del proceso. El abogado de la defensa libiano de los detenidos búlgaros, Osman Bizanti, contratado por la embajada búlgara, dijo a la prensa a mediados de mayo de 2000 que solo pudo encontrar a sus clientes en dos ocasiones.
Todos los detenidos han denunciado haber sido sometidos a tortura y a tratamiento inhumano durante la fase inicial de su detención. Los tipos de tortura a los cuales fueron sometidos incluyen: electrocución, ser golpeados con cables eléctricos, ser mantenidos desnudos y crucificados durante largos plazos de tiempo, ser golpeados en la planta de los pies, ser drogados, ser sometidos a la utilización de fuego y de duchas heladas, ser mantenidos en celdas abarrotadas de gente, ser cegados con luces fuertes y amenazados y mordidos por perros de la policía. Los detenidos dijeron al representante enviado por el presidente búlgaro, el Sr. Hristo Danov quien les visitó en la cárcel en abril de 2000, que se les torturó durante la interrogación. Antes de la audiencia de la corte del 12 de mayo de 2001, la Sra. Krisrtina Vulcheva dijo al corresponsal del periódico búlgaro “24 horas” que todos los detenidos habían sido sometidos a tortura durante los primeros tres meses de su detención. La información fue confirmada más tarde por el Sr. Emil Manolov, cónsul general de Bulgaria en Tripoli, quien visitó a los detenidos el 31 de mayo de 2001 por la primera vez en tres meses.
Dos de las detenidas, las Sras. Kristina Vulcheva y Nassya Nenova, al parecer las que más han sufrido, pronunciaron sus denuncias con respecto a la tortura durante la audiencia de la corte del 2 de junio de 2001, mientras se les interrogaba sobre las confesiones que habían dado durante la investigación. Ambas acusadas retiraron sus testimonios con la explicación que se les había obligado a confesar ofensas que no habían cometido, a través de tortura. La Sra. Vulcheva declaró haber sido sometida a choques eléctricos por lo menos diez veces durante la investigación. Se le desnudó y se le golpeó con un cable eléctrico. Luego dos hombres la mantuvieron bajo los brazos y la obligaron a correr mientras sus piernas estaban todavía paralizadas por la electricidad. La Sra. Vulcheva no tuvo sus menstruaciones durante nueve meses después de la tortura. Esta denuncia de tortura fue confirmada más tarde por la madre de la Sra. Vulcheva, la Sra. Zorka Anachkova quien visitó a su hija en la cárcel después de la última audiencia que tuvo lugar el 17 de junio de 2001. La Sra. Anachkova declaró al periódico búlgaro "Trud" que su hija le había dicho que estaba siendo torturada.
Durante la audiencia de la corte del 2 de junio de 2001 la Sra. Nenova dijo a la corte que estaba siendo torturada sistemáticamente y sometida a choques eléctricos durante detención. Más tarde, cuando oyó que el Mayor Duma, encargado de la tortura, volvía a la cárcel para continuar la investigación, ella trató de suicidarse. También contó que los investigadores llevaban a los detenidos a la oficina de investigación antes y después de las audiencias de la corte, para ponerlos bajo presión. Las denuncias de la Sra. Nenova fueron confirmadas a mediados de junio de 2000 por la Sra. Nadya Dervisheva, una enfermera búlgara arrestada con los detenidos pero a quien se le libertó sin procesar. Ella dijo al Comité de Helsinki Búlgaro que la Sra. Nenova le dijo durante una de sus visitas en la cárcel que había sido torturada. La Sra. Dervisheva observó que la Sra. Nenova necesitaba la ayuda del personal de la cárcel para poder caminar. El 13 de julio de 2001, el Dr. Ivan Nenov, marido de la Sra. Nenova, visitó a su esposa en la cárcel y dijo al periódico búlgaro “24 horas” que su esposa le había dicho haber sido golpeada con un cable en sus manos y piés y que no pudo caminar durante una semana después. Se denuncia que un més más tarde fue sometida a choques eléctricos y amenazada de ser contaminada con el virus HIV si no confesaba.
Se le permitió al detenido palestino recibir la visita de su familia a principios de 2000. Su familia denuncia haber visto marcas negras en sus manos a lo que el detenido dijo que había sido sometido a choques eléctricos.
El abogado búlgaro Sheitanov pidió durante la audiencia del 16 de junio de 2001 un informe forénsico de la corte para determinar si los detenidos habían sido torturados. También dió una lista de los nombres de las personas que se habían encargado de la tortura pero la corte no tomó en consideración su pedido. Los autores supuestos de la tortura son: Mayor Djuma, General Harb Durbal, Coronel Dzuma Misheri, Selim Druma, Mohammed Harari, Dzuma Mlatem, Usama Uidad, Abdul Mazhid (un químico), Idris (un intérprete) y un hombre conocido solo con el nombre de Mustafa.
Los abogados de la defensa de los detenidos búlgaros pidieron a la corte que ésta convoque en calidad de testigos los Dres. Luc Montagnier de Francia y Luc Perrin de Suiza, investigadores prominentes en el campo HIV, para que comparezcan como expertos médicos. Los dos profesores ya efectuaron exámenes de algunos de los niños y encontraron que la mayor parte de éstos estaban contaminados también con varios tipos de hepatitis B y C, lo que indica fuentes múltiples de infección en el hospital Benghazi. La corte rechazó el pedido de los abogados de la defensa.
Según la ley libiana, cualquier acusado que confiesa es condenado a muerte. Esto es una violación de la regla de exclusión de declaraciones obtenidas bajo tortura. El Artículo 15 de la Convención contra la Tortura declara: "Cada país miembro garantizará que toda declaración obtenida por medio de tortura no podrá ser evocada como evidencia en ningun proceso, con la excepción de ser usada contra una persona acusada de tortura como evidencia de la declaración”. Además, otros elementos de evidencia presentados por la acusación fueron obtenidos de modo ilegal, por ejemplo a través de requisiciones de las casas de los detenidos mientras éstos no estaban presentes y que tampoco pueden ser considerados durante el juicio.
Los detenidos están siendo juzgados por la Corte Popular, una corte que la OMCT no considera calificada para pronunciar un juicio equitativo ya que sus miembros no deben ser necesariamente miembros del sistema judiciario o abogados con experiencia y son elegidos periódicamente por el Congreso General Popular. Estas dos particularidades de la corte constituyen una inconsistencia con los Principios Básicos de la Independencia de la Administración Judicial adoptados durante el 7° Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del crímen y el tratamiento de los oficiales en septiembre de 1985 y aceptados durante la 40ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 1985.
La OMCT está gravemente preocupada por la integridad física y psicológica de los detenidos mencionados arriba ya que han sido torturados varias veces y sometidos a malos tratos resultando en daños a su salud. La OMCT teme que se les siga a someter a malos tratos hasta que se pronuncie el veredicto y teme que sean condenados a muerte entonces. La OMCT está igualmente muy preocupada sobre la utilización por parte de las autoridades libianas de arrestos arbitrarios, detenciones incomunicadas, tortura y malos tratos y sobre las violaciones generalizadas de los derechos procesales y del derecho de un juicio equitativo de las personas mencionadas.
Acción solicitada
i. tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de las personas mencionadas arriba;
ii. ordenar su liberación inmediata en ausencia de cargos legales o si tales existen, llevarlas ante un tribunal imparcial y competente y garantizar sus derechos procesales en todo momento;
iii. asegurarles el derecho de encontrarse con sus familias y / o sus abogados;
iv. intervenir ante las autoridades adecuadas para asegurar asistencia médica a los detenidos como medida de urgencia;
v. garantizar una investigación inmediata de las circunstancias de los arrestos y de la tortura y malos tratos durante detención para identificar a los autores, llevarlos ante un tribunal civil imparcial y competente y aplicar las sanciones penales, civiles y / o administrativas previstas por la ley;
vi. garantizar el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el país de acuerdo con las leyes nacionales y las normas internacionales de los derechos humanos.
Direcciones
· Colonel Mu'ammar al-Kaddafi, Leader of the Revolution, Office of the Leader of the Revolution, Tripoli, Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya. Fax : + 218 21 333 01 85
· Imbarak Abdalla El Shamek, Prime Minister, Secretary of the General People's Committee Tripoli, Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya. Fax : + 218 54 60 017
· Mohammed Mohammed Belgassem al-Zuia, Minister of Justice and General Security, Office of the Minister of Justice and General Security, Tripoli, Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya. Fax : + 218 21 444 16 74
· The General People's Congress (Human Rights section). Fax : + 218 21 361 39 07
Favor escribir también a las representaciones diplomáticas de Libia en sus países respectivos.
Ginebra, 28 de septiembre de 2001
Favor informarnos de toda acción realizada con respecto a este caso citando el código del mismo.
Arresto arbitrario y detención/Tortura/Juicio equitativo
El Secretariado Internacional de la OMCT solicita su intervención urgente en la siguiente situación en Libia.
Breve descripción de la situación
El Secretariado Internacional de la OMCT recibió informaciones del Centro de Asistencia a las Víctimas de Tortura (ACET) y de la Junta de Rehabilitación de las Víctimas de Tortura (IRCT), ambos miembros de la red OMCT, al igual que del Comité de Helsinki Búlgaro y del Admonitor de Helsinki Griego sobre la detención, la tortura y el riesgo de un juicio no equitativo en Libia de cinco enfermeras búlgaras y de un médico, de un palestino y de 9 libianos. El juez ha aplazado el juicio 14 veces como respuesta a pedidos de la defensa, la última siendo el 22 de septiembre de 2001 en cuya fecha se esperaba el veredicto. Se espera que el veredicto será proclamado durante la próxima reunión de la corte, prevista para el 22 de diciembre de 2001.
Según la información recibida, el 9 de febrero de 1999 más de 70 profesionales de la salud fueron arrestados en Benghazi, Libia, después de una investigación sobre una epidemia de infección del virus HIV en el Hospital Pediátrico Al-Fateh en Benghazi donde se denuncia la infección de 393 niños, 23 de los cuales han muerto desde entonces. Los profesionales de la salud arrestados son de Bulgaria (23 personas), Egipto, Hungría, Filipinas y Polonia. Todas esas personas fueron libertadas el día siguiente, debido principalmente a la reacción activa y a las operaciones de los representantes de sus embajadas, todas excepto los 23 detenidos búlgaros que fueron libertados una semana más tarde, con la excepción de cinco de ellos. Las cinco personas que permanecen en detención son todas mujeres y enfermeras: Christiana Vulcheva, Nassya Nenova, Valenitina Siropulo, Valya Chervenyashka y Snejana Dimitrova. Otro búlgaro, el Dr. Zdavko Georgiev, esposo de Christina Vulcheva, fue arrestado el 9 de febrero de 1999 cuando fue al puesto de policía donde su esposa estaba en detención y se le acusó y detuvo con las cinco otras personas aunque no haya trabajado en el mismo hospital.
Según la información recibida, un juez de la acusación de Tripoli firmó una inculpación de 1600 páginas el 7 de febrero 2000 contra los seis búlgaros, los nueve libianos y un palestino, acusándolos de haber socavado y atacado la seguridad libiana por haber difundido intencionalmente el virus VIH a través de sangre contaminada. Los cargos específicos incluyen: matar con premeditación por medio de una substancia letal (Artículo 371 del Código Criminal Libiano), matar fortuitamente con el objetivo de atacar la seguridad del país (Artículo 202 del Código Criminal Libiano) y ocasionar una epidemia difundiendo microbios nocivos que provocan la muerte de personas (Artículo 305 del Código Criminal Libiano). Si se les pronuncia culpables, los detenidos serán condenados a la pena de muerte. Se pronunciaron otros cargos contra los detenidos búlgaros y palestinos por haber violado las normas relativas al islam. Estos cargos, contra las enfermeras búlgaras, incluyen: actividad sexual extraconyugal y la producción y posesión de alcohol. El cargo contra el detenido palestino es de haber cambiado dinero en el mercado negro. Los cargos contra los libianos son de negligencia profesional y de abuso de autoridad.
Desde su arresto el 9 de febrero de 1999 los acusados han permanecido en detención. Durante los primeros 10 meses no tuvieron acceso a sus familias. Se les permitió ver a sus abogados solo después del comienzo de los trámites del proceso. El abogado de la defensa libiano de los detenidos búlgaros, Osman Bizanti, contratado por la embajada búlgara, dijo a la prensa a mediados de mayo de 2000 que solo pudo encontrar a sus clientes en dos ocasiones.
Todos los detenidos han denunciado haber sido sometidos a tortura y a tratamiento inhumano durante la fase inicial de su detención. Los tipos de tortura a los cuales fueron sometidos incluyen: electrocución, ser golpeados con cables eléctricos, ser mantenidos desnudos y crucificados durante largos plazos de tiempo, ser golpeados en la planta de los pies, ser drogados, ser sometidos a la utilización de fuego y de duchas heladas, ser mantenidos en celdas abarrotadas de gente, ser cegados con luces fuertes y amenazados y mordidos por perros de la policía. Los detenidos dijeron al representante enviado por el presidente búlgaro, el Sr. Hristo Danov quien les visitó en la cárcel en abril de 2000, que se les torturó durante la interrogación. Antes de la audiencia de la corte del 12 de mayo de 2001, la Sra. Krisrtina Vulcheva dijo al corresponsal del periódico búlgaro “24 horas” que todos los detenidos habían sido sometidos a tortura durante los primeros tres meses de su detención. La información fue confirmada más tarde por el Sr. Emil Manolov, cónsul general de Bulgaria en Tripoli, quien visitó a los detenidos el 31 de mayo de 2001 por la primera vez en tres meses.
Dos de las detenidas, las Sras. Kristina Vulcheva y Nassya Nenova, al parecer las que más han sufrido, pronunciaron sus denuncias con respecto a la tortura durante la audiencia de la corte del 2 de junio de 2001, mientras se les interrogaba sobre las confesiones que habían dado durante la investigación. Ambas acusadas retiraron sus testimonios con la explicación que se les había obligado a confesar ofensas que no habían cometido, a través de tortura. La Sra. Vulcheva declaró haber sido sometida a choques eléctricos por lo menos diez veces durante la investigación. Se le desnudó y se le golpeó con un cable eléctrico. Luego dos hombres la mantuvieron bajo los brazos y la obligaron a correr mientras sus piernas estaban todavía paralizadas por la electricidad. La Sra. Vulcheva no tuvo sus menstruaciones durante nueve meses después de la tortura. Esta denuncia de tortura fue confirmada más tarde por la madre de la Sra. Vulcheva, la Sra. Zorka Anachkova quien visitó a su hija en la cárcel después de la última audiencia que tuvo lugar el 17 de junio de 2001. La Sra. Anachkova declaró al periódico búlgaro "Trud" que su hija le había dicho que estaba siendo torturada.
Durante la audiencia de la corte del 2 de junio de 2001 la Sra. Nenova dijo a la corte que estaba siendo torturada sistemáticamente y sometida a choques eléctricos durante detención. Más tarde, cuando oyó que el Mayor Duma, encargado de la tortura, volvía a la cárcel para continuar la investigación, ella trató de suicidarse. También contó que los investigadores llevaban a los detenidos a la oficina de investigación antes y después de las audiencias de la corte, para ponerlos bajo presión. Las denuncias de la Sra. Nenova fueron confirmadas a mediados de junio de 2000 por la Sra. Nadya Dervisheva, una enfermera búlgara arrestada con los detenidos pero a quien se le libertó sin procesar. Ella dijo al Comité de Helsinki Búlgaro que la Sra. Nenova le dijo durante una de sus visitas en la cárcel que había sido torturada. La Sra. Dervisheva observó que la Sra. Nenova necesitaba la ayuda del personal de la cárcel para poder caminar. El 13 de julio de 2001, el Dr. Ivan Nenov, marido de la Sra. Nenova, visitó a su esposa en la cárcel y dijo al periódico búlgaro “24 horas” que su esposa le había dicho haber sido golpeada con un cable en sus manos y piés y que no pudo caminar durante una semana después. Se denuncia que un més más tarde fue sometida a choques eléctricos y amenazada de ser contaminada con el virus HIV si no confesaba.
Se le permitió al detenido palestino recibir la visita de su familia a principios de 2000. Su familia denuncia haber visto marcas negras en sus manos a lo que el detenido dijo que había sido sometido a choques eléctricos.
El abogado búlgaro Sheitanov pidió durante la audiencia del 16 de junio de 2001 un informe forénsico de la corte para determinar si los detenidos habían sido torturados. También dió una lista de los nombres de las personas que se habían encargado de la tortura pero la corte no tomó en consideración su pedido. Los autores supuestos de la tortura son: Mayor Djuma, General Harb Durbal, Coronel Dzuma Misheri, Selim Druma, Mohammed Harari, Dzuma Mlatem, Usama Uidad, Abdul Mazhid (un químico), Idris (un intérprete) y un hombre conocido solo con el nombre de Mustafa.
Los abogados de la defensa de los detenidos búlgaros pidieron a la corte que ésta convoque en calidad de testigos los Dres. Luc Montagnier de Francia y Luc Perrin de Suiza, investigadores prominentes en el campo HIV, para que comparezcan como expertos médicos. Los dos profesores ya efectuaron exámenes de algunos de los niños y encontraron que la mayor parte de éstos estaban contaminados también con varios tipos de hepatitis B y C, lo que indica fuentes múltiples de infección en el hospital Benghazi. La corte rechazó el pedido de los abogados de la defensa.
Según la ley libiana, cualquier acusado que confiesa es condenado a muerte. Esto es una violación de la regla de exclusión de declaraciones obtenidas bajo tortura. El Artículo 15 de la Convención contra la Tortura declara: "Cada país miembro garantizará que toda declaración obtenida por medio de tortura no podrá ser evocada como evidencia en ningun proceso, con la excepción de ser usada contra una persona acusada de tortura como evidencia de la declaración”. Además, otros elementos de evidencia presentados por la acusación fueron obtenidos de modo ilegal, por ejemplo a través de requisiciones de las casas de los detenidos mientras éstos no estaban presentes y que tampoco pueden ser considerados durante el juicio.
Los detenidos están siendo juzgados por la Corte Popular, una corte que la OMCT no considera calificada para pronunciar un juicio equitativo ya que sus miembros no deben ser necesariamente miembros del sistema judiciario o abogados con experiencia y son elegidos periódicamente por el Congreso General Popular. Estas dos particularidades de la corte constituyen una inconsistencia con los Principios Básicos de la Independencia de la Administración Judicial adoptados durante el 7° Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del crímen y el tratamiento de los oficiales en septiembre de 1985 y aceptados durante la 40ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 1985.
La OMCT está gravemente preocupada por la integridad física y psicológica de los detenidos mencionados arriba ya que han sido torturados varias veces y sometidos a malos tratos resultando en daños a su salud. La OMCT teme que se les siga a someter a malos tratos hasta que se pronuncie el veredicto y teme que sean condenados a muerte entonces. La OMCT está igualmente muy preocupada sobre la utilización por parte de las autoridades libianas de arrestos arbitrarios, detenciones incomunicadas, tortura y malos tratos y sobre las violaciones generalizadas de los derechos procesales y del derecho de un juicio equitativo de las personas mencionadas.
Acción solicitada
i. tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de las personas mencionadas arriba;
ii. ordenar su liberación inmediata en ausencia de cargos legales o si tales existen, llevarlas ante un tribunal imparcial y competente y garantizar sus derechos procesales en todo momento;
iii. asegurarles el derecho de encontrarse con sus familias y / o sus abogados;
iv. intervenir ante las autoridades adecuadas para asegurar asistencia médica a los detenidos como medida de urgencia;
v. garantizar una investigación inmediata de las circunstancias de los arrestos y de la tortura y malos tratos durante detención para identificar a los autores, llevarlos ante un tribunal civil imparcial y competente y aplicar las sanciones penales, civiles y / o administrativas previstas por la ley;
vi. garantizar el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el país de acuerdo con las leyes nacionales y las normas internacionales de los derechos humanos.
Direcciones
· Colonel Mu'ammar al-Kaddafi, Leader of the Revolution, Office of the Leader of the Revolution, Tripoli, Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya. Fax : + 218 21 333 01 85
· Imbarak Abdalla El Shamek, Prime Minister, Secretary of the General People's Committee Tripoli, Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya. Fax : + 218 54 60 017
· Mohammed Mohammed Belgassem al-Zuia, Minister of Justice and General Security, Office of the Minister of Justice and General Security, Tripoli, Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya. Fax : + 218 21 444 16 74
· The General People's Congress (Human Rights section). Fax : + 218 21 361 39 07
Favor escribir también a las representaciones diplomáticas de Libia en sus países respectivos.
Ginebra, 28 de septiembre de 2001
Favor informarnos de toda acción realizada con respecto a este caso citando el código del mismo.