Graves acusaciones y hostigamiento judicial en contra de los Sres. Juan Carlos Galvis y William Mendoza

COL 002 / 0112 / OBS 008

Hostigamiento judicial

Colombia

19 de enero de 2012

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Colombia.

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido con grave preocupación informaciones de fuentes fiables sobre las graves acusaciones y el hostigamiento judicial en contra de los Sres. Juan Carlos Galvis y William Mendoza, trabajadores de Coca Cola e integrantes de la Junta Directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL), por presuntos delitos de “concierto para delinquir”[1] y “terrorismo”.

De acuerdo con las informaciones recibidas, el 14 de diciembre de 2011, la Fiscalía 28 de la Unidad Nacional Contra el Terrorismo Estructura de Apoyo informó a los Sres. Juan Carlos Galvis y William Mendoza que ordenó la apertura de la investigación por los presuntos delitos de concierto para delinquir y terrorismo. Este hecho ocurrió a consecuencia de las acusaciones realizadas previamente en las versiones libres de los paramilitares Saúl Rincón, Wilfred Martínez Giraldo y Rodrigo Alzate Julián Bolívar, con base a las cuales se abrió una investigación preliminar el 26 de enero de 2010.

Las informaciones aseveran que dichos paramilitares habían advertido hace años hacer un montaje desde las cárceles contra los Sres. Juan Carlos Galvis y William Mendoza y otros integrantes de SINALTRAINAL, por haberse negado a ingresar a los barrios de Barrancabermeja controlados por los paramilitares a conversar con ellos, y por no ingresar a las cárceles a donde los miembros de SINALTRAINAL fueron insistentemente requeridos por los mismos. Este montaje que preparaban los paramilitares fue puesto en conocimiento de las autoridades colombianas a través de denuncias penales que presentó SINALTRAINAL el 24 de febrero de 2009 ante la Fiscalía de la Nación por delitos de calumnia e injuria, y con posterioridad mediante solicitud formal de exclusión de los mencionados de la Ley de Justicia y Paz[2].

Según las mismas fuentes, la primera versión libre de los paramilitares se presentó el 16 de diciembre delante de la Fiscalía 41 por el jefe paramilitar Rodrigo Pérez Alzate, supuestamente comandante del grupo paramilitar denominado “Bloque Central Bolívar”, y se dio a conocer por vía del diario regional Vanguardia Liberal y en el diario El Frente de la ciudad de Barrancabermeja el 18 de diciembre de 2008. En esta versión libre, el jefe paramilitar formuló una serie de acusaciones según las cuales el Sr. Juan Carlos Galvis tendría simpatía y complacencia acerca de la guerrilla; William Mendoza habría buscado acercamiento a los grupos de “Autodefensas”; los paramilitares nunca habrían amenazado a los miembros del SINALTRAINAL sino que habrían sido “auto-amenazas”; y el SINALTRAINAL habría fraguado un atentado terrorista en las instalaciones de la empresa Coca Cola de Barrancabermeja[3].

El Observatorio recuerda que la judicialización de las actividades de sindicalistas hace parte de una sistemática política de persecución contra trabajadores afiliados a SINALTRAINAL, que han sido repetidas veces víctimas de asesinatos, atentados, tortura, amenazas de muerte, desplazamiento, exilio, quema de sede sindical o intentos de secuestros de familiares, y que siguen siendo amenazados. La actual criminalización de sus actividades se enmarca en la negociación de un pliego de peticiones presentado a las embotelladoras de Coca Cola en Colombia, cuyos funcionarios compararon la protesta sindical con actividades guerrilleras. Asimismo, el Sr. Galvis y su familia siguen siendo víctimas de hostigamiento. Por lo tanto, el 19 de enero de 2012 se presentará una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por la presencia y vigilancia de un sujeto desconocido a la residencia de Juan Carlos Galvis y Jackeline Rojas en la Barrancabermeja.

El Observatorio se encuentra muy preocupado por la seguridad y por la integridad física y psicológica de Juan Carlos Galvis y William Mendoza y destaca que estos hechos ilustran una vez más la represión de la que son víctimas los defensores de derechos humanos por causa del ejercicio de sus funciones en Colombia.

Contexto y antecedentes de la situación:

El Observatorio recuerda que los miembros de SINALTRAINAL han sido repetidas veces víctimas de actos de hostigamiento. En particular, el Sr. Juan Carlos Galvis y su familia han sido víctima repetidas veces de agresiones y amenazas.

El 9 de noviembre de 2011, hacia las 9:00 p.m., un hombre y una mujer armados y con el rostro cubierto penetraron en la vivienda de la compañera del Sr. Galvis, la Sra. María Jackeline Rojas Castañeda, miembro del equipo directivo de la Organización Femenina Popular (OFP), y tomaron por la fuerza a su hija, menor de edad, y a la Sra. Rojas Castañeda misma, separándolas, agrediéndolas y amenazándolas, con el fin de obtener de la Sra. Rojas Castañeda informaciones sobre la localización de su compañero. Los agresores procedieron a registrar toda la casa y se llevaron objetos electrónicos y documentos perteneciendo al Sr. Galvis, antes de saquear la casa y pintar insultos dirigidos hacia su persona en las paredes. El otro hijo de la Sra. María Jackeline Rojas Castañeda se comunicó con el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) y un capitán de la Policía Nacional se comprometió a enviar una patrulla de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y a miembros de la policía para reforzar la seguridad de la familia. También el Secretario de Gobierno Municipal se comprometió a conversar con la policía en el mismo sentido. Sin embargo, los refuerzos para brindar seguridad a la familia nunca se apersonaron en el sitio y la familia tuvo que trasladarse a otro lugar temiendo por sus vidas. Además, la Fiscalía General de la Nación rechazó la solicitud de la Sra. Jackeline Rojas Castañeda cuando quiso presentar una denuncia el 10 de noviembre de 2011 en sus instalaciones, rechazándola y acusándola de proveer falsas acusaciones[4].

El Sr. Juan Carlos Galvis fue además víctima de un intento de asesinato en 2003, cuando viajaba en un vehículo blindado por el barrio Buenos Aires en Barrancabermeja. En esa ocasión un hombre no identificado disparó dos veces contra su vehículo y aunque sus guardaespaldas dispararon contra el agresor, éste logró escapar en una motocicleta. Según las informaciones, este ataque se produjo después de que en marzo del mismo año se conociera una declaración pública firmada por un grupo paramilitar, autodenominado “Muerte a sindicalistas” (MASIN), en la que el grupo manifestaba su intención de asesinar a sindicalistas y a activistas sociales de Barrancabermeja[5].

Acción solicitada:

Favor dirigirse a las autoridades de Colombia urgiéndolas a:

i. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los Sres. Juan Carlos Galvis y William Mendoza y de sus familias, y en general, de todos los defensores de derechos humanos en Colombia;

ii. Velar por que se ponga fin a todo tipo de persecución y hostigamiento - incluyendo a nivel judicial - contra los Sres. Juan Carlos Galvis y William Mendoza y sus familias, de todos los demás miembros de SINALTRAINAL en Barrancabermeja, y en general, de todos los defensores de derechos humanos en Colombia;

iii. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al:

- Artículo 1: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” y

- Artículo 12.2: “El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración”;

iv. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia.

Direcciones:

• S.E. Juan Manuel Santos, Presidente de la República, Carrera 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax: + 571 596 0631
• Sr. Angelino Garzón, Vicepresidente de la República, Tels.: + 571 444 2120. Email: contactovicepresidencia@presidencia.gov.co
• Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Calle 55 # 10-32, Bogotá. Fax: + 571 640 0491 E-mail: agenda@agenda.gov.co
• Sr. Germán Vargas Lleras, Ministerio del Interior y de Justicia, Carrera 8 No. 13-31 piso 4to. Tels.: + 571 444 3100 Ext. 1810 Fax: + 571 560 4630 Email: german.vargas@mij.gov.co
• Dra. María Paulina Riveros Dueñas, Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. E-mail: maria.riveros@mij.gov.co Tels : +571 4443100 Ext. 2412
• Sra. Vivian Morales, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá. Fax: +571 570 2000; +571 414 9000 Extensión 2003
• Dr. Alejandro Ordoñez Maldonado, Procurador General de la Nación, Cra. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: + 571 342 9723; + 571 284 79 49 Fax: + 571 342 9723; E-mail: cap@procuraduria.gov.co; quejas@procuraduria.gov.co;
• Sr. Juan Carlos Pinzón Bueno, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Carrera 52 CAN, Bogotá. Fax: + 571 222 1874; E-mail: mdn@cable.net.co
• Misión Permanente de Colombia ante Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d’Anier, 17-19, 1209 Ginebra, Suiza. Fax: + 41 22 791 0787; E-mail: donuginebra@cancilleria.gov.co
• Sr. Carlos Holmes Trujillo, Misión Diplomática en Bruselas, Fax: + 32 2 646 5491

Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.

***

Ginebra-Paris, 19 de enero de 2012

Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

El Observatorio, programa conjunto de la OMCT y de la FIDH, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.

Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:

• E-mail: Appeals@fidh-omct.org
• Tel. y fax OMCT: + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29
• Tel. y fax FIDH: + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 18 80

[1] El concierto para delinquir es, en el derecho penal de Colombia, un delito que se estableció con el fin de tomar medidas contra delitos como el secuestro, la conformación de grupos armados ilegales, el terrorismo y la extorsión entre otros.

[2] La Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) fue impulsada por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y aprobada por el Congreso de Colombia, como marco jurídico para el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares y ha sido utilizada en procesos de desmovilización de guerrilleros.

[3] Querella penal del 24 de febrero de 2009 presentada por SINALTRAINAL ante la Fiscalía General de la Nación por delito de calumnia e injuria.

[4] Ver Llamado Urgente del Observatorio COL 011 / 1111 / OBS 126, difundido el 18 de noviembre de 2011.

[5] Ver Carta Abierta del Observatorio a las autoridades, 2 de septiembre de 2003.