Organizaciones internacionales exigen traslado inmediato de defensores de Guapinol fuera de prisión de máxima seguridad La Tolva

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Las Américas/Europa, viernes, 25 de octubre 2019.- Hoy, ocho reconocidas organizaciones internacionales, expertas en laprotección y promoción de los derechos humanos y el estado de derecho, enviaronuna carta a Rosa Gudiel, Directora del Instituto Nacional Penitenciario (INP)de Honduras, para exigir el cumplimiento de las debidas garantías procesales yde las órdenes judiciales que garanticen el traslado inmediato de sietedefensores del medio ambiente de Guapinol y Sector San Pedro fuera de laprisión de máxima seguridad de La Tolva donde han estado retenidos ilegalmentedurante casi dos meses.

El 29 de agosto de2019, el INP tomó la decisión administrativa de trasladar a los sietedefensores a La Tolva, pero el 1 de septiembre de 2019, la Juez de JurisdicciónNacional Lisseth Vallecillo ordenó que los hombres fueran enviados al CentroPenal de Olanchito. El 13 de septiembre, Juez Ejecutora Marleney Tercero, en uninforme al INP, resolvió que el traslado a La Tolva "no se llevó a cabosobre la base del principio de legalidad, no cumplió con la normativa vigente,violó el procedimiento administrativo establecido y desobedeció una ordenemitida por un juez competente" y reiteró que la orden de la JuezaVallecillo debe ser cumplida.

Bajo su dirección,Rosa Gudiel debe ejecutar inmediatamente la orden judicial y autorizar eltraslado de José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, JoséAbelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Orbin NahunHernández, Arnol Javier Alemán Soriano desde La Tolva hasta el Centro Penal Olanchito.

La carta, que resalta que la decisión detrasladar a los defensores a la cárcel de La Tolva es contraria a losestándares internacionales en materia de derechos humanos recogidos en lasReglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos («Reglas Nelson Mandela »), fue copiada a la Corte Suprema de Justicia, alas Secretarías e instituciones hondureñas correspondientes, así como a losorganismos internacionales y a las delegaciones diplomáticas que estánmonitoreando el caso. Resalta,además, que los privados de libertad viven en condiciones violatorias de susderechos humanos incluyendo un régimen restrictivo y excesivamente burocráticode visitas y comunicación con familiares que les condena a la incomunicación.

El pasado mes de septiembre los siete defensores delos ríos Guapinol y San Pedro fueron procesados penalmente y privadospreventivamente de libertad por las acusaciones en su contra como represalia ala defensa del agua y el territorio del área protegida del Parque NacionalMontaña de Botaderos, ante la imposición de un proyecto minero.

A los defensores se les acusa de “privación injustade la libertad”, “incendio agravado” y “robo” en perjuicio de Santos HernándezCorea, gerente de la empresa de seguridad privada SEPSI; “incendio agravado” enperjuicio de la empresa minera Inversiones Los Pinares y “asociación ilícita”,en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado eluso indebido del derecho penal en Honduras para estigmatizar a los defensores ydeslegitimar su labor de defensa, así como la aplicación desproporcionada de lamedida de prisión preventiva en su contra.

La carta completa está disponible aquí: Honduras_2019.10.25_Carta