Organizaciones internacionales hacen un llamado para que cese la violencia e impunidad en casos de personas defensoras de los pueblos indígenas
Ante un contexto de violencia e impunidad queenfrentan las y los defensores indígenas en Costa Rica, organizaciones nacionalese internacionales hacen un llamado al gobierno de Costa Rica para que lleve acabo las medidas necesarias para que cese la impunidad y la violencia.
Lasorganizaciones de derechos humanos que suscriben este comunicado expresan suprofunda preocupación por la situación de impunidad estructural, vigente enCosta Rica hacia personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas.La impunidad sigue siendo la respuesta oficial a las reiteradas amenazas,hostigamiento, violencia y homicidios que actualmente enfrentan líderesindígenas y personas defensoras de derechos humanos en el país. Esta impunidad pone en riesgo la vida detodas las personas defensoras de derechos en Costa Rica.
Desde el 2012, organizaciones nacionales e internacionales de derechoshumanos han documentado y denunciado varios casos de violencia e impunidadcontra los pueblos indígenas Bribri y Brörán ubicados en Salitre y Térrabarespectivamente, territorios al sur de Costa Rica. En este contexto decreciente violencia contra los pueblos Bribri y Brörán y sus continuosesfuerzos denunciando violaciones ante instancias nacionales e internacionales,las comunidades han sido otorgadas medidas cautelares internacionales (MC-312-12) de la Comisión Interamericana deDerechos Humanos (CIDH). Sin embargo, estas medidas cautelares no se hanrespetado ni cumplido. Desde el 2019, dos integrantes de lacomunidad han sido asesinados y decenas más heridos de gravedad, desalojadospor la fuerza y amenazados de muerte.
En marzo de2019 fue asesinado el beneficiario de medidas cautelares y líder indígena,Bribri, Sergio Rojas, quien defendía losderechos de los pueblos indígenas frente a la ocupación ilegal de susterritorios. Tras una breve e inadecuada investigación y sin identificar a losresponsables, el pasado 24 de septiembre la Fiscalía notificó a la familia deSergio, su decisión de archivar la investigación, garantizando la impunidad delos responsables e infringiendo el deber estatal de identificar y sancionar alos autores materiales e intelectuales del crimen y efectivamente, asegurandomás violencia.
Desde elasesinato de Sergio Rojas, las comunidades indígenas en los TerritoriosIndígenas de Salitre, Térraba, Cabagra, China Kichá, Maleku y otros hanexperimentado un aumento de los ataques. Sin embargo, persisten los obstáculospara denunciar, las investigaciones son inadecuadas, no se otorga protección avíctimas ni testigos, no se imponen medidas cautelares efectivas como laprisión preventiva a los agresores, y ningún responsable ha sido condenado.Así, la impunidad estructural ha garantizado la repetición de los ataquescontra las personas defensoras de los derechos de sus territorios, incluso porparte de los mismos perpetradores. Impunidad que contrasta con los procesosjudiciales contra personas indígenas recuperadoras, que les imposibilitanhabitar y trabajar sus tierras, y sin que exista una adecuada rendición decuenta por parte del Estado de los procesos judiciales que involucran apersonas indígenas.
En febrerode 2020, un segundo beneficiario de medidas cautelares de la CIDH ylíder indígena Brörán, Jehry Rivera, fue asesinado mientras defendíapacíficamente sus tierras ancestrales. Murió en presencia de la policía, lacual dejó su cuerpo en la calle mientras los agresores continuaban agrediéndolocon profunda brutalidad, actos que fueron frenados gracias a la valiente acciónde sus hermanos y hermanas indígenas. Continuando la impunidad y clima devulnerabilidad, los perpetradores confesos fueron puestos en libertad. Tras suimpune asesinato, su familia y la principal testigo del asesinato han sufridodiversas amenazas y agresiones, sin que se realicen las correspondientesinvestigaciones de oficio ni se les hayan garantizado medidas de protecciónadecuadas.
Pablo Sibar, también beneficiario de medidas de la CIDH,líder comunitario, y defensor indígena de los derechos del pueblo Bröran, hasufrido diversas amenazas de muerte y ataques físicos, incluso incendiarios,los cuales han incrementado desde marzo de 2020 como consecuencia de su laboren la misma región, impulsando iniciativas de resistencia pacífica para larestitución de tierras indígenas que fueron usurpadas por ocupantesno-indígenas. Estos ataques todavía no han sido investigados ni losresponsables sancionados.
Minor Ortíz, defensor indígenaBribri, ha sufrido constantes amenazas de muerte y agresiones, incluyendo 6 intentosde homicidio, los cuales lo han llevado a vivir con una bala en cada pierna yuna marca de hierro caliente en su pecho. Tras el último intento de homicidioen marzo de 2020 y recibir un balazo en la pierna, el perpetrador, fue liberadoy únicamente recibió medidas de restricción que no ha sido respetadas. A pesar de las numerosas denuncias formales ante las autoridades y losreportes de amenazas de muerte contra Minor y su familia, el Estado aún no haimplementado ninguna medida concreta para proteger su vida e integridad.
De igualforma, se han realizado diversas denuncias en el ámbito nacional einternacional por las agresiones sufridas por mujeres defensoras de losderechos de su territorio, Bribri y Brörán. El 12 de julio de 2019 el rostro deuna lideresa indígena fue rociado con químicos y al menos dos defensorasdenunciaron haber sido amenazadas con armas dentro de su territorio.
Manifestamosnuestra profunda preocupación en relación con que, hasta la fecha, el Estado noha llevado a la justicia a ningún perpetrador de violencia contra las y losBribri y Brörán.
Hacemos unllamado al Gobierno de Costa Rica a llevar a cabo una investigación inmediata,exhaustiva e imparcial con resultados al corto plazo incluyendo la sanción depersonas responsables por los constantes ataques, los asesinatos, y amenazascontra las y los defensores indígenas.
Instamos alEstado de Costa Rica a que reabra el caso de Sergio Rojas y cumpla con su debery obligación de sancionar a sus agresores.
Llamamos aque el Estado lleve a cabo investigaciones transparentes encaminadas alestablecimiento de la verdad y persecución y la sanción proporcional de todoslos actos de violencia y amenazas contra defensores de derechos de acuerdo conlos estándares internacionales.
Costa Ricaes sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un faro para losderechos humanos en el hemisferio,coneste honor viene la obligación de demostrar que las personas defensoras están a salvo dentro de sus fronteras.¡Esta impunidad no puede tolerarse!
Listade organizaciones que apoyan la declaración
2. AIDA Americas
3. Arraigo ONG, Costa Rica
4. Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)
5. Asociación Paz y Esperanza, Perú
6. Asociación Servicios Educativos Rurales, Perú
7. Center for International Environmental Law(CIEL)
8. Centro de Información sobre Empresas y DerechosHumanos
9. Centro de Investigación y Defensa Sur (CIDSUR),Chile
10. Centropor la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL)
11. Chirapaq,Centro de Culturas Indígenas del Perú, Perú
12. ComisiónIntereclesial de Justicia y Paz, Colombia
13. ContinentalNetwork of Indigenous Women of the Americas (ECMIA)
14. CorporaciónLa Caleta, Chile
15. CultureHack Labs
16. EmmausAurinkotehdas ry, Finland
17. EnvironmentalDefender Law Center (EDLC)
18. EnvironmentalJustice Foundation (EJF)
19. Federaciónpor la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI)
20. ForestPeoples Programme (FPP)
21. FrontLine Defenders (FLD)
22. Fundaciónpara el Debido Proceso (DPLF)
23. groundWork,Friends of the Earth, South Africa
24. IndigenousPeoples Movement for Self Determination and Liberation (IPMSDL)
25. IniciativaMesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
26. InstitutoInternacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH)
27. InternationalIndigenous Peoples Movement for Self-Determination & Liberation (IPMSDL)
28. Lawyers'Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples (LAHURNIP)
29. Lawyers'Committee for Human Rights, YUCOM,Serbia
30. LegalResources Centre
31. Londres38, Chile
32. NationalAlliance of People's Movements of India
33. NewWind Association, Finland
34. Observatoriopara la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos (FIDH-OMCT)
35. OrganizaciónFraternal Negra Hondureña OFRANEH, Honduras
36. OyuTolgoi Watch and Rivers without Boundaries Coalition, Mongolia
37. OpenBriefing
38. PorgeraRed Wara (River) Women's Association Incorporated (PRWWA INC.), Papua NewGuinea
39. ProjectHEARD
40. ProtectionInternational Mesoamérica
41. PublicAssociation “Dignity”
42. RainforestFund
43. RedInternacional de Derechos Humanos (RIDH)
44. RESAMA- Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales
45. Sisters'Arab Forum for Human Rights (SAF), Yemen
46. SuccessCapital
* Dr. Marco GuevaraBerger, catedrático de la Universidad de Costa Rica
* Prafulla Samantara (Goldman Environmental PrizeRecipient 2017 for Asia)
*Pofesora Xinia Zuñiga Muñoz, Investigadora Cicde- Uned y Ucrea, Universidad deCosta Rica