Continúan las violaciones de los derechos humanos luego del Golpe de Estado.

Ginebra, 31 de julio de 2009. La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) vuelve a manifestar su profunda preocupación por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Honduras consecuentemente al golpe militar del 28 de junio de 2009, en particular sobre las alegaciones de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, detenciones arbitrarias, amenazas y hostigamiento contra la población civil en diferentes lugares del país. La OMCT ya había señalado a las autoridades hondureñas la obligación de respetar la prohibición absoluta de la tortura y otras formas de malos tratos[1].

En efecto, la OMCT ha conocido que el 30 de julio de 2009, al norte de la ciudad de Tegucigalpa en la carretera que lleva hacia Olancho, en medio de manifestaciones contra el actual régimen y por la restauración de la democracia, resultó gravemente herido con una bala en la cabeza el Sr. Roger Soriano Vallejo, mientras que resultaron heridas al menos otras 25 personas, presentándose además la detención violenta, incluyendo golpes en varias partes del cuerpo, de más de 200 personas, quienes han sido llevadas hacia Comyaguela y Tegucigalpa. La OMCT llama a las autoridades hondureñas a que lleven a cabo una investigación competente, independiente e imparcial sobre las circunstancias de estos hechos y que otorguen la debida reparación a las víctimas.

Se ha denunciado que la represión de los manifestantes por parte de la policía y del ejército se ha ampliado a varias regiones del país como la zona denominada El Durazno, donde hay personas heridas, según las denuncias, algunas de gravedad, además de numerosos detenidos, a El Mayoreo, a Comayagua, a San Pedro Sula y a Colón entre otras, y, consecuentemente, muchos manifestantes se han visto obligados a esconderse en el monte. Además se ha denunciado que se ha impedido el ingreso de ayuda médica para los heridos en Tegucigalpa y Comyaguela, así como también se ha impedido el paso de ayuda humanitaria en la carretera hacia Las Manos, en la frontera con Nicaragua, donde se encuentran cientos de manifestantes. Se ha conocido también sobre serias agresiones contra periodistas tanto de medios nacionales como internacionales, incluyendo la destrucción de varios equipos de transmisión y cámaras.

De otra parte, la OMCT vuelve a manifestar su preocupación por el hecho que en el marco del Golpe de Estado militar en Honduras se han registrado numerosas violaciones de los derechos humanos incluyendo del derecho a la vida. En efecto, según informes confiables se ha denunciado que los Sres. Isis Obed Murillo Mencías, Gabriel Fino Noriega, Roger Iván Bados, Ramón García y Vicky Hernández Castillo (Sonny Emelson Hernández) han muerto en diversas circunstancias pero en hechos relacionados con las consecuencias del mencionado golpe de Estado. La OMCT llama a las autoridades hondureñas a que lleven a cabo una investigación competente, independiente e imparcial sobre las circunstancias de cada una de estas muertes y otorguen la debida reparación a sus familias.

La OMCT vuelve a urgir a las fuerzas de seguridad tanto policiales como del ejército a respetar los derechos humanos y a asegurar que la fuerza sea utilizada solamente cuando sea estrictamente necesario y solo hasta el grado requerido para el funcionamiento de su deber, de acuerdo con ley nacional y con los estándares internacionales incluyendo los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de Naciones Unidas. A este respecto, la OMCT recuerda que el uso de la fuerza solamente puede ser aplicado como un medio de último recurso para un propósito legítimo en una sociedad democrática y que nunca se pueden evocar circunstancias excepcionales, tales como la inestabilidad política interna, para justificar cualquier evasión de estos principios legales básicos.

La OMCT urge de nuevo a las autoridades de Honduras a que, de acuerdo con la ley internacional y regional de derechos humanos, y en particular con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) (también llamada Pacto de San José), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como los demás instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Honduras:

• aseguren con eficacia la integridad física y psicológica de todas las personas privadas de su libertad;
• ordenen la liberación inmediata de todas las personas detenidas consecuentemente al golpe militar, que estén detenidas en ausencia de cargos legales válidos compatibles con los estándares legales internacionales, o si tales gastos existen, llevar a estas personas ante un tribunal competentes, independiente e imparcial y garantizarles todos sus derechos procesales en cada etapa de los procedimientos, incluyendo una audiencia transparente y pública en la determinación de cualquier cargo criminal contra ellos;
• lleven a cabo investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes e imparciales en torno a las alegaciones o a las sospechas de violaciones de los derechos humanos, incluyendo el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y del ejército y el uso de la tortura y/o los malos tratos, con el objeto de encontrar y procesar a los autores sospechosos y aplicarles las sanciones penales y administrativas adecuadas;
• garanticen en todas las circunstancias la integridad física y psicológica de todos los defensores de derechos humanos en Honduras y a detener cualquier clase de hostigamiento contra ellos.

Contacto:
Eric Sottas, Tel.: + 41 22 809 49 39

[1] Ver Comunicado de Prensa Honduras 100709, emitido por la OMCT el 10 de julio de 2009.