Honduras: Hostigamiento contra miembros de CEPAVEG

HND 001 / 0905 / OBS 083

Hostigamiento y amenazas / Allanamiento, decomiso y detenciones ilegales
Honduras
13 de septiembre de 2005

El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y de la OMCT, solicita su intervención URGENTE en la siguiente situación en Honduras.

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido informaciones del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH) sobre diversos casos de violación de los derechos humanos de que han sido víctimas varios activistas de la Central de Patronatos de La Venta, Gualaco (CEPAVEG) en el departamento de Olancho.

CEPAVEG es una organización comunal, representativa de todos los habitantes de la comunidad de La Venta, encargada de mejorar los servicios y velar por los intereses de la misma. CEPAVEG se opone a la instalación del proyecto de la compañía hidroeléctrica ENERGISA sostenido por las autoridades hondureñas, por considerarlo ofensivo contra los recursos forestales e hídricos de la zona.

De acuerdo con las informaciones, se ha denunciado que la Sra. María Antonia Caballero y los Sres. José Gumersindo Padilla Santos, Wenceslao Santos Cardona, Orlando Arturo Ortiz Nájera, y Javier Padilla Santos, miembros activos de CEPAVEG, fueron objeto de arrestos arbitrarios, intimidaciones y hostigamiento, amenazas, intento de decomiso ilegal, y allanamiento y registros arbitrarios de sus viviendas.

De acuerdo con las informaciones, el 27 de marzo de 2005, alrededor de las 8h30 de la noche, el Sr. Orlando Arturo Ortiz Nájera se disponía a volver a su casa tras visitar a un amigo. En el camino fue interceptado por tres agentes, quienes intentaron apoderarse de su arma. De acuerdo con las informaciones, el Sr. Orlando Ortiz tiene el permiso de armas correspondiente expedido por la autoridad competente. Por su parte, los agentes estaban al tanto de ello ya que, en diversas ocasiones, dichos agentes le habían solicitado tales documentos. Los agentes insistieron en requisarle el arma, sin embargo, el Sr. Ortiz Nájera se opuso vehementemente, argumentando que sólo podían hacerlo en el caso de que él hubiera cometido algún delito. Finalmente, los agentes se marcharon, aunque previamente le dijeron que volverían a intentarlo mediante una orden legal de detención, y lo amenazaron.
El 29 de marzo de 2005, alrededor de las 10 horas de la noche, el Sr. José Gumersindo Padilla Santos, de vuelta a su casa tras haberse reunido con unos amigos en casa de su primo, fue golpeado por un agente, tras lo cual fue trasladado a la celda de un puesto policial donde permaneció privado de libertad durante toda la noche. Alrededor de las 9 de la mañana del siguiente día lo sacaron de la celda y lo obligaron a barrer y recoger la basura del puesto policial y de una casa vecina de la misma, y sólo recuperó la libertad una vez terminadas dichas tareas.

El 30 de julio de 2005, a eso de las cinco de la tarde, los Sres. Orlando Ortiz Nájera y Javier Pandilla Santos se encontraban en una pulpería de la comunidad, junto a otras personas con las cuales conversaban, cuando seis agentes del «Escuadrón Cobras» de la Policía Nacional destacados en el caserío El Ocotal se acercaron al lugar. Sin justificación aparente, los agentes requirieron a todos los presentes para un registro, obligando a todos a que se pusieran contra la pared. El Señor Ortiz Nájera preguntó por qué los hostigaban tanto si no estaban cometiendo ningún delito; ante este reclamo, uno de los agentes le respondió que “mejor se callara” porque él y Javier Padilla tenían orden de captura. El Sr. Ortiz Nájera exigió que le presentaran dicha orden, pero el agente policial dijo tenerla en el puesto de la policía por lo que ordenó a cuatro de los agentes que lo acompañaban que custodiaran a los Sres. Padilla y Ortiz Nájera, mientras él se desplazó supuestamente hasta el puesto de policía. El agente regresó minutos después con una hoja de papel manuscrita que no les permitió leer a los ofendidos, aduciendo que esa era la orden de captura. Posteriormente, los subió al vehículo y los trasladó hasta el Juzgado de Catacamas donde fueron puestos en libertad casi inmediatamente porque en dicho despacho no existía proceso pendiente.

El 2 de agosto de 2005, alrededor de las 7 de la tarde, el Sr. Wenceslao Santos Cardona se encontraba en su casa cuando de pronto tres agentes del puesto policial de la comunidad de El Ocotal, irrumpieron en el interior de la misma y se lo llevaron detenido por oponerse a que la compañía hidroeléctrica ENERGISA le instale el servicio de luz eléctrica, como acto personal de oposición al proyecto.

El mismo día, la Sra. María Antonia Caballero acudió a visitar al Sr. Santos, detenido momentos antes. Al manifestar su opinión sobre la injusticia de la detención, los agentes policiales decidieron detenerla a ella también hasta que, al cabo de una hora, la pusieron en libertad. El Sr. Santos Cardona también fue puesto en libertad un poco más tarde.

El 3 de agosto de 2005, alrededor de las 7h30 de la tarde, la Sra. Caballero y el Sr. Santos se encontraban en su casa, donde conversaban sobre la posibilidad de denunciar ante la Fiscalía y organismos de defensa de los derechos humanos la detención ilegal de que habían sido objeto el día anterior. Los agentes de policía que rondaban la casa, quienes además eran los mismos que los habían arrestado el día anterior, al oír las conversaciones, irrumpieron en la casa y se llevaron detenida a la señora Caballero, por ser ella quien planteaba la posibilidad de presentar la denuncia. En esta ocasión, la Sra. Caballero fue trasladada al puesto de policía de Gualaco, en donde el sargento responsable del mismo indicó a los agentes que habían cometido una detención ilegal y que por tanto no podía atender a la detenida, ordenándoles luego que la condujeran de vuelta a su casa. La Sra. Caballero llegó a su casa alrededor de las 9 de la noche.

El 20 de agosto de 2005, en horas de la noche, dos agentes “cobra” de la Policía Nacional asignados al puesto de policía de El Ocotal se detuvieron frente a la casa del Sr. Orlando Arturo Ortiz Nájera y, en notorio estado de ebriedad, comenzaron a disparar sus armas en actitud de provocación y hostigamiento.

Cabe señalar que, según las afirmaciones, COFADEH ha interpuesto las denuncias correspondientes de todos los casos anteriormente relacionados ante la Dirección Nacional de Policía Preventiva, el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

Antecedentes de la situación:

Según las informaciones, el 22 de diciembre de 1999, mediante el Acuerdo Ejecutivo No.000839-99, se aprobó el Contrato de Operaciones de Generación de Energía Eléctrica de la Sociedad Mercantil ENERGISA en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, sin que se hayan realizado los estudios de impacto ambiental suficientes y sin la participación tanto de las comunidades afectadas como de la Corporación Municipal de Gualaco, departamento de Olancho, violentando así la Ley de Municipalidades y la Ley General del Medio Ambiente. Según el proyecto, la planta hidroeléctrica Babilonia está ubicada en el Municipio de Gualaco, en el caserío El Ocotal, perteneciente a la aldea de La Venta. Su ubicación está inserta en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sierra de Agalta, declarado como zona protegida a perpetuidad mediante el decreto 87-87 (1° de julio de 1987).

En el marco de las protestas llevadas a cabo para impedir el establecimiento de dicha planta hidroeléctrica, el 30 de junio de 2001, uno de los líderes de CEPAVEG, el Sr. Carlos Roberto Flóres, de 28 años de edad, fue asesinado por guardias empleados por la empresa Energisa S.A. Desde la fecha han seguido las acciones por parte de los pobladores y miembros de CEPAVEG contra la polución del río Babilonia y la destrucción de varias fincas de la región.

De acuerdo con las informaciones, los responsables de las detenciones arbitrarias y los allanamientos que desde la instalación del proyecto se vienen produciendo, son, por una parte, los agentes de la empresa de seguridad privada contratados por ENERGISA; estos actúan desde el mismo plantel de la empresa hidroeléctrica, situado en el centro del poblado. Por otra parte, tras las gestiones que la empresa realizó con el Ministerio de Seguridad, éste envió un cuerpo especial de policía, conocido con el nombre de "cobras", entrenados para realizar misiones de alto riesgo, a fin de defender los intereses de la empresa.

De acuerdo con las informaciones, el activismo de los miembros del patronato, que comenzó mediante manifestaciones pacíficas contra el proyecto hidroeléctrico y la redacción de cartas de protesta, se reduce ahora, agotados todos los procedimientos legales, a un mero activismo de reacción ante los permanentes actos de hostigamiento por parte de un cuerpo de policía que, en un poblado aislado y alejado, ostenta abierta y violentamente su poder. Según las informaciones recibidas, todo induce por tanto a pensar que los actos de acoso y grave hostigamiento anteriormente descritos están relacionados con el activismo de la Sra. María Antonia Caballero y los Sres. José Gumersindo Padilla Santos, Wenceslao Santos Cardona, Orlando Arturo Ortiz Nájera y Javier Padilla Santos contra el establecimiento del proyecto de la compañía hidroeléctrica ENERGISA.

El Observatorio recuerda que estos graves actos constituyen violaciones de la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1998 y en particular el artículo 12.2 que estipula que “el Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración”.

Acción solicitada

Favor escribir a las autoridades de Honduras urgiéndolas a:
i. tomar las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la Sra. María Antonia Caballero y los Sres. José Gumersindo Padilla Santos, Wenceslao Santos Cardona, Orlando Arturo Ortiz Nájera y Javier Padilla Santos, de todos los demás miembros de la Central de Patronatos de la Venta, Gualaco (CEPAVEG), así como de todos los miembros de sus respectivas familias;
ii. llevar a cabo una investigación completa, exhaustiva e imparcial con el fin de identificar a los responsables de los actos arriba mencionados, llevarlos ante un tribunal civil, competente e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
iii. poner fin a cualquier tipo de represión u hostigamiento contra los defensores de derechos humanos en todo el país;
iv. actuar de conformidad con la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general el 9 de diciembre de 1998, en particular el artículo 1, que señala que “toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”; y el artículo 12.2 mencionado anteriormente;
v. garantizar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de conformidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Honduras.

Direcciones:

• Presidente de la República de Honduras, Sr. Ricardo Maduro Joest, Casa Presidencial, Boulevard Juan Pablo Segundo, Palacio José Cecilio del Valle, Tegucigalpa, Honduras, Fax: +504 221 4552/ 290 0570
  
  
• Misión Permanente de la República de Honduras ante las Naciones Unidas en Ginebra, Ch. de Taverney 13, CH-1218, Le Grand-Saconnex, Suisse, E-mail : mission.honduras@ties.itu.int, Fax: + 4122 710 07 66
  
  
• Ministro de Seguridad Pública, Lic. Oscar Alvarez, Ministerio de Seguridad Pública, Edificio Poujol, 4o piso, Col. Palmira (Blvd. Morazan), Barrio Casamata, Tegucigalpa, Honduras, Fax: +504 220 4352/ 5547/ 4352
  
  
• Fiscal General de la República, Sr. Leónidas Rosa Bautista, Fiscalia General de la República, Colonia Loma del Guijaro, Tegucigalpa, Honduras, Fax: +504 221 5666/ 5670/ 3099/ 5667
  
  
• Abogado José Roberto Pacheco Reyes, Secretario de Gobernación y Justicia, Residencial La Hacienda, Calle La Estancia, Media Cuadra al Oeste de Ferretería Sami, Tegucigalpa, Honduras, Fax: + 504 232 0226/ 0275/ 0231; Correo electrónico: atencionalpublico@gobernacion.gob.hn
  
  
• Abogada Vilma Cecilia Morales, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Tegucigalpa. Fax: +504 223 6784/ 234 2367
  
  
• Presidente Congreso Nacional de Honduras, Lic. Porfirio Lobo Sosa, Palacio Legislativo, Tegucigalpa, Honduras, Centro América, Teléfono: +504 220 5337/ 232 8097, Fax: +504 238 6048. E-mail: pepelobo01@hotmail.com
  
  
• Directora de la Policía Nacional, Sra. Coralia Rivera Ramos, Cuartel General de la Policía Preventiva, Barrio Casamata, Paseo el Picacho, Tegucigalpa, Honduras, Fax: + 504 238 1323
  
  
• Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos (CONADEH), Sr. Ramon Custodio Lopez, Blvd Suyapa, Antiguo local Cano, Tegucigalpa, Honduras. Tel/Fax: +504 235 3532/ 7697; 239 04-38/-33/-83 E-mail: central@conadeh.hn
  
  
• Licenciada Maribel Ramos Ilías, CONADEH, Delegada Departamental de Olancho, Primera Calle Quinta Avenida Casa No. 069, Barrio Las Flores, Juticalpa, Olancho. Tel. + 504 785-15-64 Correo : olancho@conadeh.hn

Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Honduras en sus respectivos países.

Ginebra-París, 13 de septiembre de 2005

Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.

Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
Tel. y fax: FIDH : + 33 (0) 1 43 55 20 11 / + 33 (0) 1 43 55 18 80
Tel. y fax OMCT : (+ 41 22) 809 49 39 / 809 49 29 - E-mail: observatoire@iprolink.ch