Guatemala: Seria preocupación por seguridad luego de desalojo violento de numerosas familias campesinas en Panzós

El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) solicita su intervención URGENTE respecto a la siguiente situación en Guatemala.

Descripción de la situación

El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con mucha preocupación informaciones de fuentes fidedignas, y de Antenna Internacional, organización miembro de la red SOS-Tortura de la OMCT, sobre el excesivo uso de la fuerza por parte de miembros de seguridad de la empresa Ingenio Guadalupe, durante el desalojo de unas 27 familias, comunidades campesinas e indígenas q’eqchíes, que intentaban ocupar unos terrenos de los que ya habían sido desalojados en septiembre del presente año, en esa ocasión en medio de un operativo conjunto[1]. Durante los hechos ocurridos nuevamente en la Comunidad de la Finca Bella Flor, ubicada a unos dos kilómetros de la zona urbana del municipio de Panzós, en la región de Alta Verapaz, resultaron heridos por balas los Sres. Julio Miguel Chub Cac, Juan Carlos Bin Caal, Juan Xuc, Juan Choc Rax, Aparicio Pérez, y además, el Sr. Martín Tiul Maquin, resultó herido al ser arrastrado por un vehículo de la seguridad.

De acuerdo con las informaciones, el 14 de diciembre de 2009, hacia las 6:30 de la mañana, al menos 27 familias campesinas, miembros de la comunidad de Bella Flor fueron atacadas con armas de fuego por miembros de la seguridad de la mencionada empresa. Según las denuncias, los atacantes exigieron a los miembros de la comunidad que se apresuraran a salir a dialogar en las afueras de la finca. Cuando algunos de los miembros de la comunidad se resistieron a salir corriendo, los miembros de la seguridad empezaron a disparar, primero al aire y luego contra los campesinos dejando a los heridos tirados en el terreno.

Según las denuncias, el ataque armado dejó un saldo de varias personas heridas, los Sres. Julio Miguel Chub Cac, de 49 años de edad, herido en la pierna derecha y en la mano derecha, Juan Carlos Bin Caal, de 25 años, herido en el muslo de la pierna derecha, Juan Xuc, de 52 años, herido por una bala de goma en la cadera derecha, Juan Choc Rax, herido en el hombro, Aparicio Pérez, herido el brazo derecho y parte de la costilla derecha y además, el Sr. Martín Tiul Maquin, quien presenta contusiones en varias partes del cuerpo luego de ser arrastrado por un vehículo de la seguridad. Según las informaciones, los heridos más graves fueron llevados al Hospital Nacional de la Tinta, mientras el Sr. Aparicio Pérez, herido con balas de goma, fue trasladado a la capital.

Se ha informado que en esta ocasión no se llevó a cabo un operativo conjunto como el que se realizó en el mes de septiembre de 2009 contra la misma comunidad. Sin embargo, este 14 de diciembre de 2009, la Policía Nacional Civil (PNC) se presentó en el lugar al final de la tarde, y en la noche lanzó granadas lacrimógenas contra la comunidad que permaneció en lugares cercanos al terreno de los hechos.

Se ha denunciado que, además, los miembros de seguridad de la empresa amenazaron directamente a varias personas de la comunidad diciendo que no habría ningún diálogo y que llevaban órdenes de disparar a cualquier persona, que ya habían reconocido a los líderes de la misma, y les habían tomado fotografías.

Se ha informado que además, los miembros de la seguridad limpiaron el área y borraron evidencias tales como sangre derramada por los heridos. Según las informaciones, el lugar esta constantemente vigilado por la policía y por el supuesto dueño de la finca, quien después de desalojar a la comunidad en septiembre, le habría entregado los terrenos a la Empresa Ingenio Chabil Utzaj[2]. Según las informaciones, en esta ocasión los hechos se presentaron debido a que el negociador del finquero de los mencionados terrenos les ofreció en septiembre a los campesinos un acuerdo pero incumplió varias veces las citas para reunirse con ellos.

La OMCT recuerda que ya ha denunciado en varias ocasiones el excesivo uso de la fuerza y la utilización de munición viva por parte de miembros de la policía o de grupos de seguridad privada para reprimir manifestaciones de campesinos, quienes reclaman su derecho a tener una tierra para poder vivir, trabajar y producir, además de reclamar otros derechos fundamentales como la atención en salud y en educación, tanto para ellos como para sus familias.

La OMCT manifiesta su preocupación frente a las heridas causadas a varias personas, a la destrucción de los únicos bienes de numerosas familias, y en general al uso de la extrema violencia durante el mencionado desalojo de la Comunidad de Bella Flor y señala su preocupación por la seguridad y por la integridad personal de todos los miembros de las familias de la mencionada Comunidad así como de todos los líderes y acompañantes de la misma, y solicita a las más altas autoridades nacionales y municipales que tomen urgentemente las medidas más apropiadas para garantizar las mismas.

De otra parte, la OMCT destaca su temor de que las circunstancias de estos graves hechos tengan una motivación político-económica y busquen criminalizar las protestas y las medidas pacíficas de los campesinos y que a través de desalojos violentos, las empresas, según las denuncias en confabulación con instituciones del Estado, intenten resolver así la problemática agraria. La OMCT destaca también que el evidente uso excesivo de la fuerza para desalojar a las comunidades campesinas no se equipara con la respuesta del Estado cuando se trata de la lucha contra la delincuencia organizada o contra el narcotráfico o frente a la solicitud de la población cuando requiere la ayuda de la fuerza pública, en situaciones que vulneran la integridad de las personas.

La OMCT reafirma que los desalojos forzados son, a prima facie, incompatibles con los principios del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) y, teniendo en cuenta que ellos implican graves violaciones de varios derechos humanos internacionalmente aprobados, son solamente justificables en las circunstancias más excepcionales y dentro del total respeto de los estándares internacionales[3]. Estos principios también están demarcados en los recientes Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo, preparados por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la vivienda adecuada[4].

La OMCT condena el hecho que Guatemala ha violado sus obligaciones internacionales bajo el ICESCR y, constantemente, no ha hecho caso de los principios internacionales que gobiernan los desalojos forzados, como los Comentarios Generales 4, 7 y 17 del ICESCR, y la Declaración de Principios Básicos de Justicia para las Víctimas de Crimen y de Abuso de Poder (Declaración de Justicia para Víctimas), la cual proporciona principios básicos compensatorios para las víctimas de desalojos[5].

A este respecto la OMCT desea subrayar que, además, las causas profundas de la extrema violencia infligida contra los ocupantes de la finca Bella Flor, se encuentran en la violación de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), reclamados por ellos y por los demás miembros de las comunidades afectadas. En efecto la destrucción de los cultivos atenta directamente contra el derecho a la vida y al derecho humano a la alimentación dado que las comunidades desalojadas son comunidades campesinas e indígenas q’eqchíes que exigen el derecho a una vida digna.

Contexto y antecedentes de la situación

La OMCT ha conocido que este año, el 2 de septiembre de 2009, las 27 familias de la comunidad Bella Flor, así como familias de la Comunidad “8 de Agosto”, fueron desalojadas de los mismos terrenos, en Panzós, en medio de un operativo conjunto en el que participaron cerca de 50 patrullas de la Policía Nacional Civil, un camión con soldados, una cuadrilla de trabajadores y seguridad privada de la Empresa Chabil Utzaj, agentes del Ministerio Público, Personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el supuesto propietario de la finca donde estaba asentada la comunidad Bella Flor, el director regional del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA) en Cobán y Personal de Secretaria de Asuntos Agrarios. Se ha informado que en esa oportunidad los ejecutores del operativo les dieron a los campesinos unos minutos para que retiraran sus pertenencias y luego procedieron a destruir las casas y los cultivos de milpa[6].

Según las denuncias, esa noche, con la intención de intimidar a los pobladores, se realizaron disparos en contra de las personas provenientes de la misma comunidad, que como no tenían ningún otro sitio para resguardarse, se quedaron a orillas de la carretera. Se informó que al día siguiente, 3 de septiembre de 2009, continuó el hostigamiento contra la comunidad y que las familias tenían mucho temor de salir de sus casas. Se ha denunciado que en esa ocasión, el personal de la PDH no realizó ninguna acción para evitar que tanto la integridad física, pertenencias y cultivos de la población fueran dañados o destruidos.

Acción solicitada

Favor escribir a las autoridades de Guatemala con el fin de urgirlas a:

1. tomar las medidas más adecuadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los miembros de las familias de los Sres. Julio Miguel Chub Cac, Juan Carlos Bin Caal, Juan Xuc, Juan Choc Rax, Aparicio Pérez, y Martín Tiul Maquin y de los miembros de sus familias, así como de la de todos los demás miembros de las familias de la Comunidad de Bella Flor;
2. proporcionarle de manera urgente la atención médica adecuada y gratuita que su estado requiera a los Sres. Julio Miguel Chub Cac, Juan Carlos Bin Caal, Juan Xuc, Juan Choc Rax, Aparicio Pérez, y Martín Tiul Maquin y a todas las personas que hubieren resultado heridas durante los hechos arriba mencionados;
3. llevar a cabo una investigación inmediata, completa, independiente, efectiva e imparcial acerca de las circunstancias de las heridas causadas a numerosas personas y de las demás violaciones de derechos humanos cometidas durante los hechos arriba denunciados y que las conclusiones de esta investigación sean publicadas, con el fin de identificar a los responsables llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
4. otorgar una adecuada reparación a los Sres. Julio Miguel Chub Cac, Juan Carlos Bin Caal, Juan Xuc, Juan Choc Rax, Aparicio Pérez, y Martín Tiul Maquin y a las demás personas heridas durante los hechos arriba denunciados, incluyendo una rehabilitación y una indemnización;
5. de manera general garantizar en todo el país y en todas las circunstancias el respeto por los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de conformidad con las leyes internacionales sobre Derechos Humanos.

Direcciones

• Sr. Embajador Carlos Ramiro Martínez Alvarado, Misión Permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin de Sous-Bois 21, 1202 Ginebra. FAX: + 41.22.733.14.29, E-mail: mission.guatemala@ties.itu.int ; onusuiza@minex.gob.gt
• Licenciado Álvaro Colom Caballeros, Presidente de la República de Guatemala, Casa Presidencial, 6 a. Avenida, 4-18 zona 1, Ciudad de Guatemala, E-mail: cbarrientos@presidencia.gob.gt, Fax: + 502 221 44 23 ; + 502 238 35 79
• Doctor Rafael Espada, Vicepresidencia de la República, E-mail: ipaloma@vicepresidencia.gob.gt
• Licenciado Oscar Humberto Vásquez, Corte Suprema de Justicia, E-mail: carresis@oj.gob.gt ; FAX: + 502 232 66 26
• Licenciada Ruth del Valle, Comisión Presidencial de Derechos Humanos COPREDEH, 2ª Avenida 10-50 Zona 9, Ciudad de Guatemala, FAX:+ 502.2334.0119, E-mail: copredeh@copredeh.gob.gt
• Doctor Salvador Gándara, Ministro de Gobernación, 6a. Avenida 4-64, zona 4, nivel 3, Ciudad de Guatemala, Fax:+502 362 02 39 / +502 362 02 37 Fax: + 502 2413 8658 E-mail: gobernacion@mingob.gob.gt
• Sra. Comisaria General Marleni Blanco Lapola, Directora General de la Policía Nacional Civil, 10ª. Calle 13-92 zona 1, Ciudad de Guatemala - Guatemala. E-mail: juarrozv@hotmail.com. Fax: + 502.2251.9382
• Doctor Sergio Fernando Morales Alvarado, Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), 12 Avenida 12-72, zona 1, Ciudad de Guatemala, Fax:+ 502.238.17.34 E- mail: gmasariegos@pdh.org.gt / opdhg@intelnet.net.gt
• Sr. José Amílcar Velásquez Zárate, Fiscal General de la República, Jefe del Ministerio Público, 15 Avenida 15-16 zona 1, Barrio Gerona, 8º nivel, Ciudad de Guatemala, FAX: + 502.2411-9124/ + 502.2411 9326, E-mail: fiscalgeneral@pm.lex.gob.gt

Ginebra, 18 de diciembre de 2009

Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

[1] Ver antecedentes de la situación. Ver también el informe: «Las plantaciones para agrocombustibles y la pérdida de tierras para la producción de alimentos en Guatemala», Investigación e informe: Laura Hurtado, ActionAid Guatemala, Guatemala, agosto 2008: “La reconcentración de la tierra para siembra de caña de azúcar y palma africana en el valle del río Polochic, en los municipios de La Tinta y Panzós, Alta Verapaz (…) en la mayoría de los casos ha conllevado la expulsión de dichas tierras de ex mozos colonos y la supresión de importantes áreas anteriormente destinadas a la producción de granos básicos y alimentos en general, ya fuera como producción campesina o bien finquera destinada al mercado interno. (…) Los métodos utilizados por los productores de palma africana y caña de azúcar para adquirir y concentrar la tierra varían. En el Petén los empresarios compradores han utilizado mecanismos que van desde la oferta de dinero inmediato en cantidades superiores al precio local de la tierra, hasta las amenazas, la coacción y la violencia. La imagen habitual de los compradores ha sido la del personal armado que se conduce en pick ups de doble cabina. Ha sido frecuente, igualmente, la compra paulatina de parcelas en un proceso envolvente, cerrando las vías de acceso y el acceso a fuentes de agua a los campesinos, hasta rodear al propietario renuente a la venta, para asfixiarlo y forzarlo a vender su tierra”. En: http://www.landcoalition.org/cpl-blog/wp-content/uploads/informe-agrocombustibles-guatemala-2008.pdf

[2] La empresa cañera Chabil Utzaj pertenece al ingenio azucarero Guadalupe, que desde 2004 se asentó en tierras de la aldea Telemán, Panzós. Se ha informado que contra ella existen varias denuncias por despojo de tierras.

[3] También establecido en el comentario general 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR).

[4] Principios básicos y directrices sobre el desalojo y el desplazamiento generados por el desarrollo (Basic principles and guidelines on development-based evictions and displacement), A/HRC/4/18 5 February 2007.

[5] CESCR, Comentario General 7 sobre el ICESCR. El derecho a una vivienda adecuada: los desalojos forzados (CESCR, General Comment 7 on the ICESCR. The right to adequate housing: forced evictions, UN Doc. E/C.12/1997/4 (1997).

[6] La milpa es un agroecosistema en el que todo lo que se cultiva o habita en él cumple una función provechosa para el entorno. En general la milpa está compuesta principalmente por cultivos de maíz, frijol y calabaza.