Guatemala
23.03.11
Intervenciones urgentes

Desalojos forzados de más de 800 familias en 14 comunidades indígenas q'eqchíes del Valle del Polochic_Excesivo uso de la fuerza

Caso GTM 230311/ GTM 230311.DESC

CAMPAÑAS URGENTES/ DERECHOS ECONOMICOS SOCIALESY CULTURALES

Excesivo uso de la fuerza/ Muerte de uncampesino comunitario/ Heridos campesinos comunitarios/ Preocupación porseguridad e integridad personal

El Secretariado Internacionalde la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) solicita su intervención URGENTEante la siguiente situación en Guatemala.

Descripción de la situación

El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con preocupacióninformaciones de fuentes fiables entre ellas Antenna Internacional,organización miembro de la red SOS-Tortura de la OMCT, sobre los desalojosforzados de más de 800 familias en 14 comunidades indígenas q’eqchíes del Valledel Polochic, Municipio de Panzós, en la región de Alta Verapaz, y la muertapor un disparo de bala de uno de los comunitarios, el Sr. Antonio Beb Ac.

De acuerdo con las informaciones, desde el 15 de marzo de 2011, cientosde miembros de las fuerzas de seguridad pública, privada y fuerzas militares ejecutanel desalojo forzado de 800 familias de 14 comunidades del Valle de Polochic[1],en el Municipio de Panzós. El 15 de marzo de 2011, durante el desalojo forzadoen la comunidad de Miralvalle, las fuerzas de seguridad alegadamente lanzaronbombas lacrimógenas y dispararon indiscriminadamente a los campesinos, entreellos también mujeres y niños, causando la muerte de uno de los campesinospresentes, el Sr. Antonio Beb Ac, e hiriendo a varios de ellos.

Según las denuncias, los desalojos forzados siguieron el 16 y 17 demarzo de 2011. El 16 de marzo de 2011, cerca de las 3:30 p.m., alrededor de 500elementos de las fuerzas armadas, de la policía y paramilitares ejecutaron eldesalojo en la comunidad de Quinich. Entre los 500 elementos de las fuerzas deseguridad se encontraban 50 campesinos contratados por la empresa Chabil Utzaj(véase más abajo), vestidos con uniformes de la Policía Nacional Civil (PNC) ydel Ejército, para destrozar las casas y las siembras de los campesinos.

El 17 de marzo de 2011 también se desalojaron de manera forzosa y sinla presencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) a 36 familias enla comunidad de Bella Flor. Aunque la representación legal de la comunidadhabía pedido a las ahí presentes fuerzas de seguridad y al administrador de laempresa de desistir la destrucción de los cultivos, se negaron con el pretextode que los campesinos habían desarmado a miembros de la seguridad de la empresaChabil Utzaj. Las familias tampoco pudieron recoger sus pertenencias, pues lasfuerzas de seguridad de la empresa Chabil Utzaj comenzaron a destrozar lascasas, según las denuncias, después de 40 minutos y no después de una hora comohabía dictaminado el Fiscal del Ministerio Público.

Según las mismas denuncias, el 20 de marzo de 2011, miembros de lacomunidad de El Recuerdo intentaron cosechar su maíz, como acordado en actaslevantadas por el Fiscal. Sin embargo miembros de la seguridad privada de lafirma Chabil Utzaj dispararon a los campesinos hiriendo gravemente al Sr. CarlosPop Cup. No se les permitió a los campesinos presentes acudir a sucompañero y el Sr. Pop Cup permaneció durante varias horas sin recibir atenciónmédica.

La OMCT manifiesta su grave preocupación frente a lamuerte del Sr. Antonio Beb Ac, a las heridas causadas a varias personas, a ladestrucción de los únicos bienes de numerosas familias, y en general al uso dela extrema violencia durante los mencionados desalojos en el Valle del Polochicy señala su preocupación por la seguridad y por la integridad personal de todoslos miembros de las familias de las 14 comunidades así como de todos loslíderes y acompañantes de las mismas, y solicita a las más altas autoridadesnacionales y municipales que tomen urgentemente las medidas más apropiadas paragarantizar las mismas. La OMCT recuerda que las autoridades tienen que cumplir consus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanospara proteger el derecho a la vida y de llevar ante la justicia a losresponsables por la violación de este derecho.

De otra parte, la OMCTdestaca su temor de que las circunstancias de estos graves hechos tengan unamotivación político-económica y teme que el comunicado de la Presidenciaemitido el 17 de marzo de 2011, en el que se anuncia la implementación inmediatade todos los desalojos y la congelación del diálogo con organizaciones socialesque desarrollan medidas ilegales y de hecho, busque criminalizar las protestasy las medidas pacíficas de los campesinos. Además la OMCT teme que a través dedesalojos violentos, las empresas, según las denuncias en confabulación coninstituciones del Estado, intenten resolver así la problemática agraria.

La OMCT reafirma que losdesalojos forzados son, a prima facie, incompatibles con los principios delPacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) y,teniendo en cuenta que ellos implican graves violaciones de varios derechoshumanos internacionalmente aprobados, son solamente justificables en lascircunstancias más excepcionales y dentro del total respeto de los estándaresinternacionales[2], loque no fue el caso en estos hechos. Estos principios también están demarcadosen los recientes Principios básicos y directrices sobre los desalojos y eldesplazamiento generados por el desarrollo, preparados por el Relator Especialde Naciones Unidas sobre la vivienda adecuada.[3]

Antecedentes y contexto de la situación

Las tierrascultivadas por los campesinos de las 14 comunidades indígenasq’eqchíes del Valle del Polochic es reclamada por la empresa azucarera ChabilUtzaj, cuyos propietarios son la familia Widmann, familiares del anteriorpresidente, el Sr. Óscar Berger, como su propiedad. La empresa intenta poner enmarcha un proyecto que prevé plantar palma africana para la producción deagrocombustible en esas tierras.

Dichas tierras fueron puestas en subasta y loscampesinos de las comunidades del Valle del Polochic se organizaron parainiciar un diálogo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)para comprar y recuperar las tierras no usadas. Sin embargo el Fiscal noconsideró ese proceso y ordenó finalmente el desalojamiento forzado de lasfamilias.

No es la primera vez que la OMCT denuncia el excesivouso de fuerza durante los desalojos forzados. Ya en septiembre y en diciembrede 2009 se desalojaron de manera forzosa a la comunidad de Bella Flor, causandovarios heridos.[4]

Acción solicitada

Favor escribir a las autoridades de Guatemala conel fin de urgirlas a:

i. tomar las medidas más adecuadas para garantizar laseguridad y la integridad física y psicológica de las familias de las 14comunidades del Valle del Polochic;

ii. proporcionarle de maneraurgente la atención médica adecuada y gratuita que su estado requiera el Sr. Carlos Pop Cup y a todas las personas que hubieren resultadoheridas durante los hechos arriba mencionados;

iii. llevar a cabo una investigación inmediata, completa,independiente, efectiva e imparcial acerca de las circunstancias de la muertedel Sr. Antonio Beb Ac y las heridas causadas a numerosas personas y de lasdemás violaciones de derechos humanos cometidas durante los hechos arribadenunciados y que las conclusiones de esta investigación sean publicadas, conel fin de identificar a los responsables llevarlos ante un tribunal competente,independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/oadministrativas previstas por la ley;

iv. otorgar una adecuada reparación a la familia del Sr.Antonio Beb Ac, al Sr. Carlos Pop Cup y a las demás personas heridas durantelos hechos arriba denunciados, incluyendo una rehabilitación y unaindemnización;

v. de manera general garantizar en todo el país y en todaslas circunstancias el respeto por los Derechos Humanos y las libertadesfundamentales de conformidad con las leyes internacionales sobre Derechos Humanos.

Direcciones

· Licenciado Alvaro ColomCaballeros, Presidente de la República de Guatemala, Casa Presidencial, 6 a.Avenida, 4-18 zona 1, Ciudad de Guatemala,

E-mail: cbarrientos@presidencia.gob.gt. Fax: +502.221.44.23; +502.238.35.79

· Sr. Embajador Carlos Ramiro Martínez Alvarado, MisiónPermanente de Guatemala ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin de Sous-Bois 21, 1202Ginebra. FAX: + 41.22.733.14.29 E-mail: mission.guatemala@ties.itu.int ; onusuiza@minex.gob.gt. Tel.: + 41.22.733.08.50

· Licenciado Oscar Humberto Vásquez, Corte Suprema deJusticia, E-mail: carresis@oj.gob.gt ;

FAX: + 502.232.66.26

· Licenciado Carlos Menocal, Ministro de Gobernación, 6a.Avenida 4-64, zona 4, nivel 3, Ciudad de Guatemala, Fax +502 2413 8658 E-mail: gobernacion@mingob.gob.gt

· Sra. Comisaría General Marleni Blanco Lapola, DirectoraGeneral de la Policía Nacional Civil, 10ª. Calle 13-92 zona 1, Ciudad deGuatemala - Guatemala. E-mail: juarrozv@hotmail.com. Fax: + 502.2251.9382

· Doctor Sergio Fernando Morales Alvarado, Procuraduría delos Derechos Humanos, (PDH), 12 Avenida 12-72, zona 1, Ciudad de Guatemala,Fax:+ 502.238.17.34

· Licenciada Ruth del Valle, Comisión Presidencial deDerechos Humanos, COPREDEH, E-mail:copredeh@copredeh.gob.gt ; 2ª Avenida 10-50Zona 9, Ciudad de Guatemala, FAX:+ 502.2334.0119

· Sr. Amilcar Velásquez Sárate, Fiscal General de laRepública, Jefe del Ministerio Público, 15 Avenida 15-16 zona 1, Barrio Gerona,8º nivel, Ciudad de Guatemala, FAX: + 502.2411-9124/ + 502.2411 93 26

· Doctor Sergio Fernando Morales Alvarado, Procuraduría delos Derechos Humanos, (PDH), 12 Avenida 12-72, zona 1, Ciudad de Guatemala,Fax:+ 502.238.17.34 E- mail: gmasariegos@pdh.org.gt / opdhg@intelnet.net.gt

· Licenciada Ruth del Valle, Comisión Presidencial deDerechos Humanos, COPREDEH, E-mail: copredeh@copredeh.gob.gt ; 2ª Avenida 10-50 Zona9, Ciudad de Guatemala, FAX:+ 502.2334.0119

Favor escribir también a lasRepresentaciones Diplomáticas de Guatemala en sus respectivos países.

Ginebra, 23 de marzo de 2010

Favor informarnos sobre cualquier acciónemprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

[1] Hasta el momente de emitir este llamado se desalojaron las comunidades deMiralvalle, Agua Caliente, Quinich, Ocho de Agosto, Bella Flor, Tinajas, ElRecuerdo, Xenajú y Paraná.

[2] También establecidoen el comentario general 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales yCulturales (CESCR). Además, laDeclaración de Principios Básicos de Justicia para las Víctimas de Crimen y deAbuso de Poder (Declaración de Justicia para Víctimas) proporciona principiosbásicos compensatorios para las víctimas de desalojos.

[3] A/HRC/4/18 5 February 2007.

[4] Ver llamado urgente OMCT GTM 181209_GTM 181209.DESC distribuido el 18 dediciembre de 2009.