Túnez
04.01.08
Intervenciones urgentes

Seguimiento del caso TUN 171207_Sentencia de muerte

Caso TUN 171207.1
Seguimiento del caso TUN 171207
Condenas/ Pena de muerte/ Ausencia de garantías de un proceso regular/ Alegaciones de tortura

Ginebra, 4 de enero de 2008

El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) ha recibido nuevas informaciones sobre la siguiente situación en Túnez.

Nuevas informaciones

El Secretariado Internacional de la OMCT fue informado por el Consejo Nacional para las Libertades en Túnez (CNLT), organización miembro de la red SOS-Tortura de la OMCT, de la condena de dos de las treinta personas[1] acusadas de terrorismo, los Sres. Imed Ben Amer y Saber Rakoubi, a la pena capital, dictada el 30 de diciembre de 2007 por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción N° 4 de Túnez (cuidad). Otras ocho personas fueron condenadas a cadena perpetua y el resto de los acusados a penas de entre 5 y 30 años de prisión (ver anexo).

Según las informaciones, las treinta personas habían sido detenidas entre la segunda quincena de diciembre de 2006 y la primera semana de enero de 2007 en varias cuidades del país, sospechosas de tener relación con el grupo responsable de los enfrentamientos armados con las fuerzas del orden que tuvieron lugar en las afueras del sur de la cuidad de Túnez a finales de diciembre de 2006 y que se saldaron con la muerte de doce de los sospechosos y de algunos miembros del ejército.

Según las informaciones, sus abogados afirmaron que los detenidos habían sido sistemáticamente torturados en las dependencias del Ministerio del Interior y que los procesos verbales de la detención habían sido falsificados. Según las fuentes estas personas habrían sido trasladadas a prisión tras más de un mes de arresto y allí se les habría torturado de nuevo y sometido a tratamientos vejatorios. Alegaron que les habían pegado palizas e insultado y obligado a dormir en el suelo, sin mantas, en pleno invierno. Además sus abogados se quejaron de que tenían que ir a la sala de visitas con los ojos cerrados y las manos y las piernas atadas y de que aún hoy seguían privados de salir de sus celdas.

El Secretariado Internacional de la OMCT expresa su más profunda preocupación en cuanto a estas condenas, en concreto a las de la pena capital y a las consecuencias inhumanas que de ellas resulta. La OMCT recuerda que se opone firmemente a la pena de muerte en tanto que forma extrema de trato cruel, inhumano, degradante y como violación del derecho a la vida tal y como proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos.

La OMCT se encuentra también muy preocupada tras las alegaciones de tortura durante el arresto y frente a las irregularidades del proceso[2]. La OMCT recuerda que Túnez forma parte de la Convención de Naciones Unidades contra la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y también del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) que prohíbe la tortura y los malos tratos.

En relación con las obligaciones de estos tratados, las autoridades tunecinas deben ocuparse de que las autoridades competentes procedan inmediatamente a una investigación imparcial cada vez que haya motivos razonables que induzcan a pensar que se ha cometido un acto de tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción. Por otro lado el artículo 15 de dicha Convención estipula que “Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración”.

La OMCT también insta a las autoridades judiciales a conformarse a todos los principios internacionales reconocidos de procesos igualitario y garantizar en cualquier circunstancia la libertad de sus residentes, conforme al artículo 9.1 del PIDCP que estipula que “Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”. La OMCT también está muy preocupada por las condiciones de arresto de estas personas y ruega a las autoridades tunecinas que garanticen en todas circunstancias la integridad física y psíquica, conforme el artículo 10.1 del PIDCP que dice que “Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano” y al Conjunto de reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.

Recordatorio de los hechos

El Secretariado Internacional de la OMCT había informado sobre los malos tratos sufridos por 30 detenidos durante una audiencia a manos de varias agentes de la Brigada de intervención rápida en la cuidad de Túnez, en hechos ocurridos el 15 de diciembre de 2007.

Según las informaciones recibidas el 15 de diciembre de 2007 los 30 jóvenes de edades comprendidas entre los 21 y los 36 años, que comparecieron por el caso N°14502/4 en virtud de la ley antiterrorista, fueron golpeados con matracas por varios agentes de la Brigada de Intervención Rápida que irrumpieron en las sala durante la audiencia presidida por el juez Mehrez Hammami.

Esta intervención se produjo justo después de que los abogados pidieran el informe del caso para permitir a los abogados de oficio asignados por el Consejo del Orden tomar conciencia del “dossier” y visitar a sus clientes. El decano del Colegio de abogados habría pedido el informe interponiendo varias demandas en nombre de la defensa y entre ellas el acceso al dossier original del caso, puesto que las fechas del arresto habían sido borradas de la copia entregada a los abogados que habían tenido acceso al mencionado “dossier”.

No obstante, según las mismas informaciones, el Presidente de la audiencia habría denegado las demandas de la defensa y anunciado que empezaría el interrogatorio de los acusados procediendo a las lecturas del acto de acusación, hecho por el que la defensa, apoyada por los acusados, habría expresado su queja contra este ataque a sus derechos. Varios agentes de la Brigada de intervención rápida habrían irrumpido en la sala de audiencia y se habrían abalanzado sobre los acusados golpeándoles violentamente con sus matracas y evacuándolos de la sala a golpes. A pesar de las quejas de los abogados, el Presidente siguió la lectura del acto de acusación provocando la retirada de la defensa. Por otro lado, el padre de un acusado, habría sido arrestado y detenido varias horas en el Palacio de Justicia, acusado de haber alterado la audiencia.

Acciones solicitadas

Se ruega que escriban a las autoridades de Túnez para pedirles que:

  1. garanticen en cualquier circunstancia la seguridad, y la integridad física y psicológica de las personas condenadas en los hechos mencionados anteriormente, incluidos los cuidados médicos apropiados que ellos requieran;
  2. garanticen el acceso incondicional a sus abogados y a sus familias;
  3. anulen las condenas a muerte y declaren nulos los juicios basados en elementos de prueba obtenidos mediante tortura u otras coacciones;
  4. garanticen una reparación adecuada;
  5. garanticen una investigación exhaustiva, independiente e imparcial de los hechos, en particular sobre las alegaciones de tortura y malos tratos, y esto para identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal civil independiente, competente e imparcial y aplicarles las sanciones penales, civiles o administrativas previstas por la ley;
  6. instituyan una moratoria sobre las ejecuciones en vista de abolir la pena de muerte (como prevé la Resolución de la AG A/C.3/62/L.29 titulada “Moratoria sobre la pena de muerte”);
  7. garanticen el respecto de los derechos humanos y las libertades fundamentales a través del país según las leyes nacionales y los instrumentos internacionales de los derechos humanos.

Direcciones

  • Sr. Zine el-Abidine Ben Ali, Presidente de la República, Palacio de Cartago, 2016 Cartago, Túnez, Fax: +216 71 744 721 ó +216 71 731 009
  • Sr. Mohamed Ghannouchi, Primer Ministro, Oficina General del Gobierno, Rue de la Kasbah, 1008 Túnez (cuidad), Túnez, Fax: +216 71 562 378
  • Sr. Rafia Belhaj Kacem, Ministerio del Interior y del Desarrollo local, Avenue Habib Bourguiba, 1001 Túnez (ciudad), Túnez, Fax: +216 71 340 888, E-mail: mint@ministeres.tn
  • Sr. Kamel Morjane, Ministerio de Defensa Nacional, Avenue Bab Mnara, La Kasbah, 1008 Túnez (cuidad), Túnez, Fax: +216 71 561 804
  • Sr. Bechir Tekkari, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 57 Boulevard Bab Benat, 1006 Túnez (cuidad), Túnez, Fax: +216 71 568 106, E-mail: mju@ministeres.tn
  • Embajado, S.E. Sr. Samir Labidi, Misión permanente de Túnez de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, 58 Rue Moillebeau, Código postal 272, 1211 Ginebra 19, Suiza, Fax: +41 22 734 06 63, E-mail: misión.tunisia@ties.itu.int
  • Embajada de Túnez en Bruselas, 278 avenue de Tervueren, 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Bélgicam Fax: +32 2771 06 94, E-mail: amb.detenusie@brutele.be

Se ruega escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Túnez de sus países respectivos

***

Ginebra, 4 de enero de 2008

Infórmenos de cualquier acción emprendida citando el código de este Llamado en su respuesta.

[1] Anexo

  1. Ahmed Mrabet (23 años) condenado a 30 años
  2. Ali Arfaoui (43 años) condenado a cadena perpetua
  3. Ali Sassi (22 años) condenado a 30 años
  4. Amine Dhiab (29 años) (disminuido mental) condenado a 20 años
  5. Amine Jaziri (28 años) condenado a 30 años
  6. Badreddine Ksouri (25 años) condenado a 30 años
  7. Fethi Salhi (24 años) condenado a cadena perpetua
  8. Hatem Ryabi (29 años) condenado a 10 años
  9. Imed Ben Amer (34 años) condenado a muerte (pena capital)
  10. Jamal Mellakh (24 años) condenado a 10 años
  11. Jawhar Kassar (30 años) condenado a 15 años
  12. Jawhar Slama (29 años) condenado a 20 años
  13. Kamel Omhani (24 años) condenado a 15 años
  14. Khalifa Garraoui (26 años) condenado a 7 años
  15. Khelil Zendah (22 años) condenado a 5 años
  16. Marouane Khelif (30 años) condenado a 8 años
  17. Mehdi Haj Ali (27 años) condenado a 12 años
  18. Mejdi Latrach (24 años) condenado a 30 años
  19. Mohamed Bekhiti (22 años) (invidiente) condenado a 12 años
  20. Mohamed Ben Latifa (24 años) condenado a cadena perpetua
  21. Mokhless Ammar (26 años) condenado a cadena perpetua
  22. Nafti Bennani (31 años) condenado a 6 años
  23. Osama Abadi (25 años) condenado a cadena perpetua
  24. Ramzi Aifi (25 años) condenado a cadena perpetua
  25. Saber Rakoubi (24 años) condenado a muerte (pena capital)
  26. Sahbi Nasri (26 años) condenado a cadena perpetua
  27. Taoufik Houimdi (29 años) condenado a 30 años
  28. Wael Ammami (22 años) condenado a cadena perpetua
  29. Zied Esid (26 años) condenado a 30 años
  30. Zouhayr Jridi (27 años) condenado a 5 años

[2]

  • Contrariamente a las normas del debido proceso, el Acta de Acusación habría sido leída antes que los abogados con mandato tuvieran conocimiento del archivo, y además en ausencia de los acusados.
  • Negativa sistemática de la Corte a examinar las previas demandas formuladas por los abogados de la defensa, particularmente las solicitudes de examen médico (particularmente para un acusado con disminución mental), y negativa sistemática a permitirle a la defensa hacer preguntas a los acusados a través del Tribunal.
  • Los acusados que corren el riesgo de ser condenados a la pena de muerte habrían tenido solamente un promedio de seis minutos para responder ante la Corte, sobre nueve acusaciones que pesan sobre ellos.
  • Los procesos verbales, levantados por la Policía en el momento de los arrestos, habrían sido falsificados y los abogados habrían producido informes que establecen esa falsificación (los testimonios de catorce testigos que presenciaron el arresto, alertados por ONG sobre éstos arrestos, que ocurrieron anteriormente a la fecha que figura en las actas.)
  • Las piezas encontradas no fueron expuestas ante la audiencia. Frente a los reclamos de la defensa, el Presidente habría mostrado fotos que presentaban cajas en metal.
  • La tortura habría sido practicada sistemáticamente sobre los acusados, quienes mostraron a la Corte las señales visibles de sus torturas luego de 12 meses de detención. Uno de ellos habría afirmado haber sufrido el suplicio del bastón en el ano en presencia del Ministro del Interior en persona, Rafia Bel Haj Kacem.
  • La Corte se habría negado sistemáticamente a consignar estas declaraciones, interrumpiendo a los acusados con el fin de que ellos no terminaran sus frases.