Lucha contra la impunidad: Seria preocupación frente a los recientes actos de intimidación

En efecto, el martes 29 de abril de 2008 el Sr. Juan Evarista Puthod, ex detenido y desaparecido de la época de la dictadura militar (1976-1983)[1], quien es testigo de cargo en varias causas judiciales - entre ellas en una causa en contra del ex comisario Luis Abelardo Patti - fue secuestrado al salir de la Casa de la Memoria, de la cual es Presidente, cuando estaba preparando un acto de homenaje a los Sres. Pereyra Rossi y Cambiasso, los cuales fueron secuestrados y desaparecidos también por el ex comisario Patti durante la dictadura. Posteriormente el Sr. Juan Evarista Puthod reapareció a las 24 horas y denunció haber recibido amenazas y haber sido víctima de malos tratos. Es de destacar que el Sr. Puthod ya había recibido amenazas anteriormente, las cuales habían sido denunciadas ante las autoridades competentes aunque las investigaciones no habían dado resultados concretos.

La FIDH y la OMCT temen que este acto tenga por objetivo intimidar a los testigos y en general a las personas que luchan contra la impunidad, en particular en relación con los crímenes cometidos durante la dictadura. La FIDH y la OMCT recuerdan además que el Sr. Julio López, testigo clave en el juicio en el cual Miguel Etchecolatz, ex director de la policía de Buenos Aires, fue condenado por homicidio y tortura cometidos durante la última dictadura militar, lleva más de un año y medio desaparecido[2].

La FIDH y la OMCT advierten que, frente a la falta de depuración de las instituciones y mientras se mantenga la impunidad de la cual gozan muchos policías y militares de la época de la dictadura, existe un serio riesgo de que los crímenes y la violencia desde el Estado se repitan. Por ello, la FIDH y la OMCT también expresan su preocupación por las amenazas de muerte recibidas por la Sra. María del Carmen Verdú, abogada integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), el pasado 25 de abril. La Sra. Verdú fue amenazada por dos hombres que iban en una moto, cuando salía de una actividad de protesta organizada por la CORREPI para conmemorar los 17 años del asesinato de Walter Bulacio[3]. Esta amenaza constituye el episodio más grave de toda una serie de amenazas y actos de intimidación contra CORREPI de las últimas semanas. La FIDH y la OMCT temen que estas amenazas estén encaminadas a frenar la lucha contra la represión policial y contra la impunidad llevada a cabo por CORREPI.

La FIDH y la OMCT llaman las autoridades federales y locales a tomar medidas urgentes para proteger a los testigos que participan en los juicios en contra de los responsables de crímenes cometidos durante la dictadura así como, en general, a todas las personas que luchan contra la impunidad. La FIDH y la OMCT llaman también a que los hechos arriba denunciados sean investigados y que sus autores sean juzgados y sancionados conforme a lo previsto por la ley y a los estándares internacionales y regionales en materia de derechos humanos.

Para mayor información favor comunicarse con:
OMCT: + 41.22.809.49.39
FIDH: + 33.1.43.55.25.18

[1] El 24 de marzo de 1976 una Junta Militar dirigida por el teniente general Jorge Rafael Videla tomó el poder en Argentina. La Junta Militar disolvió el Congreso, impuso la ley marcial y gobernó por decreto. Esta dictadura militar fue particularmente sanguinaria y en medio de la misma el terrorismo de Estado significó el asesinato de miles de ciudadanos y la violación sistemática de los derechos humanos. Entre 1976 y 1983, unas 30 000 personas fueron asesinadas o desaparecidas.

[2] Ver Llamado Urgente OMCT ARG 260906, Comunicado de Prensa OMCT, emitido el 3 de octubre de 2006 y Comunicado de Prensa FIDH, emitido el 21 de septiembre de 2006.

[3] Walter Bulacio, quien tenía 17 años en el momento de los hechos, fue detenido junto a otras 73 personas con ocasión de un recital de rock, por policías de la comisaría 35º. El joven falleció el día 26, a causa de los traumatismos ocasionados por múltiples golpes de los que fue objeto en el traslado a la comisaría y en la misma dependencia policial. En 2003, el Estado argentino fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por estos hechos. Sin embargo, Argentina no ha cumplido la sentencia todavía y los policías responsables siguen impunes.