Ecuador
16.03.05
Intervenciones urgentes
Ecuador: Carta abierta: Temor por la seguridad de los defensores
CARTA ABIERTA
Al Sr. Lucio Gutiérrez, Presidente de la República de Ecuador
Ginebra-París, 16 de marzo de 2005
Re: Temor por la seguridad de los defensores de los derechos humanos.
Estimado Señor Presidente,
El Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), desea atraer su atención acerca de la situación de seguridad de los defensores de los derechos humanos y particularmente de los defensores de los derechos políticos y civiles y de la democracia, en Ecuador.
El Observatorio se encuentra seriamente preocupado por las informaciones recibidas de varias fuentes, en particular de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH), desde hace ya varios meses, respecto al deterioro del clima de seguridad en que deben realizar sus labores los defensores y los opositores políticos ecuatorianos, quienes han sido víctimas de diferentes actos de hostigamiento que van desde los ataques físicos hasta las amenazas de muerte, entre otros, y por la aparente impunidad que reina entre los responsables.
El Observatorio había sido informado además de varios atentados y graves amenazas perpetrados en diciembre de 2004, cuando la situación de los miembros de la sociedad civil que defienden los derechos civiles y políticos y critican las políticas gubernamentales que los violan ha empezado a deteriorarse. Fue el caso del Sr. Blasco Peñaherrera Solah, dirigente gremial que sufrió un atentado el 16 de diciembre de 2004, y de la Sra. María Paula Romo, integrante del grupo juvenil “Ruptura de los 25”, amenazada de muerte el 17 de diciembre de 2004.
El Observatorio recuerda además el hostigamiento de que viene siendo víctima la Fundación Mariana de Jesús, y particularmente su director Sr. Francisco Peña. De acuerdo con las informaciones, el 2 de marzo de 2005 el personal de la Fundación Mariana de Jesús, una organización religiosa de ayuda y desarrollo, fue amenazado, a través de una llamada telefónica, con hacer estallar una bomba en sus oficinas de la capital, Quito, si el director de la organización, Sr. Francisco Peña, no presentaba su renuncia. La Fundación denunció la amenaza ante la policía, la cual registró el edificio pero no encontró rastro de explosivos.
El Sr. Francisco Peña había sido atacado el 17 de febrero de 2005, por tres hombres que dispararon contra él en un parqueadero cercano a las oficinas de la Fundación Mariana de Jesús, después de que se negó a entregarles los documentos y el ordenador portátil que llevaba en su maletín. El Observatorio considera que todos los miembros de la Fundación se encuentran en un grave peligro.
El Observatorio recuerda que el 14 de febrero de 2005, varios policías acompañados de un representante del Ministerio de Bienestar Social y de 10 de sus asesores irrumpieron en las oficinas de la Fundación Mariana de Jesús, presentando un Acuerdo emanado por el dicho Ministerio, con fecha 10 de febrero de 2005, por medio del cual se ordena la Disolución y Liquidación de la Fundación y se nombra un Liquidador que hiciera efectivo este Acuerdo. Según las informaciones este Acuerdo tendría como fundamento “varias denuncias y la presunción de que el funcionamiento de la Fundación no cuenta con una base legal” (ver Llamado Urgente del Observatorio ECU 001 / 0205 / OBS 014). El Acuerdo ha sido revocado tras la intervención de varias organizaciones nacionales e internacionales denunciando la arbitrariedad de tal medida.
El Observatorio también señala con preocupación el hostigamiento y las graves amenazas de que ha sido víctima el Sr. Diego Guzmán Espinoza, activista de los derechos civiles, miembro fundador del Observatorio de Medios de Ecuador y director del programa de radio 'Buscolíos.com' que se transmite por Radio Sucesos de Quito. Según las informaciones recibidas, el 1° de marzo de 2005, en horas de la tarde, se presentaron tres personas desconocidas al sitio de trabajo del Sr. Diego Guzmán, mostrando armas de fuego, y intentaron entrar a la oficina del Sr. Guzmán, a la vez de otros empleados los escucharon decir que “[iban] a corchar a Diego Guzmán”. Según las informaciones, los agresores, al no encontrar al Sr. Diego Guzmán Espinoza se retiraron del lugar. Al día siguiente, hacia las 15h50, uno de sus colaboradores recibió un mensaje desde un teléfono, en el que claramente le solicitaron que dejara de criticar en su programa de radio al régimen y le amenazaban con matarlo.
De acuerdo con las informaciones, el Sr. Diego Guzmán Espinosa ha sufrido en los últimos tiempos varios ataques por sus críticas al gobierno hechas ante diversos medios de comunicación, incluyendo las amenazas con armas de fuego y el robo de su computadora portátil en un operativo realizado por individuos desconocidos cuando se encontraba junto al vice alcalde de Quito Sr. Antonio Ricaurte, en diciembre de 2004. Ahora, debido a su programa radial, las amenazas en contra del Sr. Guzmán han aumentado, lo que parece estar relacionado en particular a sus críticas expresadas acerca de la cooptación del Ejecutivo a las cortes de justicia del país. Según las informaciones el periodista Orlando Pérez Torres, del diario “HOY”, y los directivos de Radio Bolívar de Quito, también habrían sido amenazados de muerte.
El Observatorio ha sido además informado sobre el seguimiento y hostigamiento de que ha sido objeto el Ing. Fidel Narváez, Secretario Técnico de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) en Ecuador y directivo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH). El 5 de febrero de 2005, un vehículo siguió el Sr. Narváez frente a su vivienda y el 7 de febrero dos individuos no identificados llegaron ha su casa supuestamente en el mismo automóvil, y al no encontrarlo golpearon la puerta. El Sr. Narváez había hecho diversas denuncias, entre ellas las mencionadas en la presente.
El Observatorio, seriamente preocupado por esta grave situación de los defensores de los derechos humanos en Ecuador y con el fin de contribuir a mejorar su situación, urge a que se tomen todas las providencias oportunas para garantizar su seguridad y su integridad física y psicológica, otorgándoles las medidas de protección necesarias para el ejercicio de su trabajo, e insiste en la necesidad de llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos arriba mencionados en contra de los Sres. Francisco Peña, Diego Guzmán Espinoza, Blasco Peñaherrera Solah, María Paula Romo, Antonio Ricaurte, Orlando Pérez Torres y Fidel Narváez entre otros, con el fin de llevar a juicio los responsables de las amenazas y agresiones y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley.
El Observatorio además, teniendo en cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el informe que fue notificado a la Cancillería el 28 de febrero de 2005, fecha en la que se le remitió a la Procuraduría General del Estado, solicitó medidas cautelares de protección para los Sres. Orlando Pérez, Diego Guzmán, Blasco Peñaherrera Solah. María Paula Romo, Antonio Ricaurte y Paco Velasco (director de radio La Luna), entre otros y requiere además información sobre la situación de periodistas como Carlos Vera y Diego Oquendo, insta a las autoridades de su país a implementar los mecanismos necesarios para cumplir con esta recomendación de la CIDH.
De manera general, el Observatorio recuerda que Ecuador, de acuerdo con la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, tiene el deber de proteger el Derecho de toda persona « individual o colectivo, promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos » (Art.1), y de garantizar « la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración » (Art.12.2). Tales obligaciones del Estado se encuentran igualmente proclamadas por la resolución sobre Defensores de Derechos Humanos en las Américas [AG/RES. 1671 (XXIX-O/99)], adoptada por la OEA el 7 de junio de 1999.
Confiando en su apego en los derechos humanos y esperando que adopte de inmediato las medidas más oportunas, muy respetuosamente, nos suscribimos ante usted,
Sidiki KABA
Presidente de la FIDH
Eric SOTTAS
Director de la OMCT
Al Sr. Lucio Gutiérrez, Presidente de la República de Ecuador
Ginebra-París, 16 de marzo de 2005
Re: Temor por la seguridad de los defensores de los derechos humanos.
Estimado Señor Presidente,
El Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), desea atraer su atención acerca de la situación de seguridad de los defensores de los derechos humanos y particularmente de los defensores de los derechos políticos y civiles y de la democracia, en Ecuador.
El Observatorio se encuentra seriamente preocupado por las informaciones recibidas de varias fuentes, en particular de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH), desde hace ya varios meses, respecto al deterioro del clima de seguridad en que deben realizar sus labores los defensores y los opositores políticos ecuatorianos, quienes han sido víctimas de diferentes actos de hostigamiento que van desde los ataques físicos hasta las amenazas de muerte, entre otros, y por la aparente impunidad que reina entre los responsables.
El Observatorio había sido informado además de varios atentados y graves amenazas perpetrados en diciembre de 2004, cuando la situación de los miembros de la sociedad civil que defienden los derechos civiles y políticos y critican las políticas gubernamentales que los violan ha empezado a deteriorarse. Fue el caso del Sr. Blasco Peñaherrera Solah, dirigente gremial que sufrió un atentado el 16 de diciembre de 2004, y de la Sra. María Paula Romo, integrante del grupo juvenil “Ruptura de los 25”, amenazada de muerte el 17 de diciembre de 2004.
El Observatorio recuerda además el hostigamiento de que viene siendo víctima la Fundación Mariana de Jesús, y particularmente su director Sr. Francisco Peña. De acuerdo con las informaciones, el 2 de marzo de 2005 el personal de la Fundación Mariana de Jesús, una organización religiosa de ayuda y desarrollo, fue amenazado, a través de una llamada telefónica, con hacer estallar una bomba en sus oficinas de la capital, Quito, si el director de la organización, Sr. Francisco Peña, no presentaba su renuncia. La Fundación denunció la amenaza ante la policía, la cual registró el edificio pero no encontró rastro de explosivos.
El Sr. Francisco Peña había sido atacado el 17 de febrero de 2005, por tres hombres que dispararon contra él en un parqueadero cercano a las oficinas de la Fundación Mariana de Jesús, después de que se negó a entregarles los documentos y el ordenador portátil que llevaba en su maletín. El Observatorio considera que todos los miembros de la Fundación se encuentran en un grave peligro.
El Observatorio recuerda que el 14 de febrero de 2005, varios policías acompañados de un representante del Ministerio de Bienestar Social y de 10 de sus asesores irrumpieron en las oficinas de la Fundación Mariana de Jesús, presentando un Acuerdo emanado por el dicho Ministerio, con fecha 10 de febrero de 2005, por medio del cual se ordena la Disolución y Liquidación de la Fundación y se nombra un Liquidador que hiciera efectivo este Acuerdo. Según las informaciones este Acuerdo tendría como fundamento “varias denuncias y la presunción de que el funcionamiento de la Fundación no cuenta con una base legal” (ver Llamado Urgente del Observatorio ECU 001 / 0205 / OBS 014). El Acuerdo ha sido revocado tras la intervención de varias organizaciones nacionales e internacionales denunciando la arbitrariedad de tal medida.
El Observatorio también señala con preocupación el hostigamiento y las graves amenazas de que ha sido víctima el Sr. Diego Guzmán Espinoza, activista de los derechos civiles, miembro fundador del Observatorio de Medios de Ecuador y director del programa de radio 'Buscolíos.com' que se transmite por Radio Sucesos de Quito. Según las informaciones recibidas, el 1° de marzo de 2005, en horas de la tarde, se presentaron tres personas desconocidas al sitio de trabajo del Sr. Diego Guzmán, mostrando armas de fuego, y intentaron entrar a la oficina del Sr. Guzmán, a la vez de otros empleados los escucharon decir que “[iban] a corchar a Diego Guzmán”. Según las informaciones, los agresores, al no encontrar al Sr. Diego Guzmán Espinoza se retiraron del lugar. Al día siguiente, hacia las 15h50, uno de sus colaboradores recibió un mensaje desde un teléfono, en el que claramente le solicitaron que dejara de criticar en su programa de radio al régimen y le amenazaban con matarlo.
De acuerdo con las informaciones, el Sr. Diego Guzmán Espinosa ha sufrido en los últimos tiempos varios ataques por sus críticas al gobierno hechas ante diversos medios de comunicación, incluyendo las amenazas con armas de fuego y el robo de su computadora portátil en un operativo realizado por individuos desconocidos cuando se encontraba junto al vice alcalde de Quito Sr. Antonio Ricaurte, en diciembre de 2004. Ahora, debido a su programa radial, las amenazas en contra del Sr. Guzmán han aumentado, lo que parece estar relacionado en particular a sus críticas expresadas acerca de la cooptación del Ejecutivo a las cortes de justicia del país. Según las informaciones el periodista Orlando Pérez Torres, del diario “HOY”, y los directivos de Radio Bolívar de Quito, también habrían sido amenazados de muerte.
El Observatorio ha sido además informado sobre el seguimiento y hostigamiento de que ha sido objeto el Ing. Fidel Narváez, Secretario Técnico de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) en Ecuador y directivo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH). El 5 de febrero de 2005, un vehículo siguió el Sr. Narváez frente a su vivienda y el 7 de febrero dos individuos no identificados llegaron ha su casa supuestamente en el mismo automóvil, y al no encontrarlo golpearon la puerta. El Sr. Narváez había hecho diversas denuncias, entre ellas las mencionadas en la presente.
El Observatorio, seriamente preocupado por esta grave situación de los defensores de los derechos humanos en Ecuador y con el fin de contribuir a mejorar su situación, urge a que se tomen todas las providencias oportunas para garantizar su seguridad y su integridad física y psicológica, otorgándoles las medidas de protección necesarias para el ejercicio de su trabajo, e insiste en la necesidad de llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos arriba mencionados en contra de los Sres. Francisco Peña, Diego Guzmán Espinoza, Blasco Peñaherrera Solah, María Paula Romo, Antonio Ricaurte, Orlando Pérez Torres y Fidel Narváez entre otros, con el fin de llevar a juicio los responsables de las amenazas y agresiones y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley.
El Observatorio además, teniendo en cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el informe que fue notificado a la Cancillería el 28 de febrero de 2005, fecha en la que se le remitió a la Procuraduría General del Estado, solicitó medidas cautelares de protección para los Sres. Orlando Pérez, Diego Guzmán, Blasco Peñaherrera Solah. María Paula Romo, Antonio Ricaurte y Paco Velasco (director de radio La Luna), entre otros y requiere además información sobre la situación de periodistas como Carlos Vera y Diego Oquendo, insta a las autoridades de su país a implementar los mecanismos necesarios para cumplir con esta recomendación de la CIDH.
De manera general, el Observatorio recuerda que Ecuador, de acuerdo con la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, tiene el deber de proteger el Derecho de toda persona « individual o colectivo, promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos » (Art.1), y de garantizar « la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración » (Art.12.2). Tales obligaciones del Estado se encuentran igualmente proclamadas por la resolución sobre Defensores de Derechos Humanos en las Américas [AG/RES. 1671 (XXIX-O/99)], adoptada por la OEA el 7 de junio de 1999.
Confiando en su apego en los derechos humanos y esperando que adopte de inmediato las medidas más oportunas, muy respetuosamente, nos suscribimos ante usted,
Sidiki KABA
Presidente de la FIDH
Eric SOTTAS
Director de la OMCT