varios niños desaparecidos consecuentemente al excesivo uso de fuerza policial

El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) solicita su intervención con carácter MUY URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.

Descripción de la situación

El Secretariado Internacional de la OMCT acaba de recibir con gran preocupación informaciones de fuentes confiables sobre el excesivo uso de la fuerza policial en medio de un desalojo de miembros de la Comunidad Embera Katío provenientes del Departamento de Chocó[1], quienes, de acuerdo con un Comunicado Público del 22 de mayo de 2007, firmado por la Asociación de Cabildos Indígenas Embera, Wounaan, Katío, Chamí y Tule del Departamento del Chocó – OREWA, habían informado a la opinión pública que:“(…) Al no encontrar respuestas reales y haciéndose más crítica nuestra realidad, optamos como último recurso el bloqueo de la carretera (Quibdó – Medellín), para exigir la presencia de los firmantes del acta No 002 del 25 - 27 de abril de 2007, para dar respuesta a los compromisos pactados en dicha acta y (a) las peticiones que se establecen en la resolución 001 de las autoridades indígenas, siguiendo los términos que se definen en la misma. (…)”.

La Comunidad de los Embera reclama, entre otras cosas, que se respeten los acuerdos llevados a cabo con el gobierno, en abril del presente año, respecto al nombramiento de docentes para los más de 14.000 (catorce mil) niños matriculados.

De acuerdo con las informaciones, el 26 de mayo de 2007, en horas de la mañana, más de 900 indígenas del pueblo Embera Katio, fueron desalojados brutalmente del sitio conocido como La Unión, cerca a Santa Cecilia, equidistante a 4 horas entre Quibdó y Pereira, por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), con sede en la ciudad de Pereira. Según las denuncias, la comunidad se encontraba desayunando cuando fue atacada con gases lacrimógenos por la policía antimotines del ESMAD quienes procedieron inmediatamente a arrestarlos por la fuerza, y a golpearlos, para luego introducirlos también a la fuerza en buses que, según les dijeron, los llevarían hacia la localidad de Guarato, en límites entre Pereira y el Departamento del Chocó. Sin embargo, algunas fuentes indican que no se sabe exactamente hacia donde se los llevaron.

De acuerdo con las denuncias del Consejero Mayor del Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIC), se teme que ante la nube irrespirable y el malestar físico provocado por los gases lacrimógenos, los niños Gloria Inés Arce, de 6 años de edad, de la Comunidad Conondo, y los hermanos José Murri Nariquiaza, de 8 años y Emilio Murri Nariquiaza, de 6 años, de la Comunidad Dokabú, hayan caído al río San Juan y hayan sido arrastrados por el alto caudal que éste presenta debido a las intensas lluvias de las últimas semanas. Sin embargo aún no se conocen mayores informaciones al respecto y, hasta el momento de emitir este Llamado, aún no han aparecido sus cuerpos.

Además, se ha denunciado que, en medio de la acción policial, a varias mamás les habrían arrebatado a sus hijos de los brazos, separándolos en diferentes buses, lo que hace que estén temerosas de que éstos desaparezcan. Como resultado de la acción policial fueron seriamente heridos numerosos indígenas, algunos de los cuales fueron trasladados al puesto de salud de Santa Cecilia. Los miembros del ESMAD también quemaron la ropa y las pocas pertenencias de los indígenas, y torturaron a uno de los jefes del Cabildo Mayor de la Zona, Pedro Pablo Murillo, quien se encuentra seriamente herido. Además se ha denunciado la pérdida de numerosos bienes de los indígenas como teléfonos celulares, dinero, ropa, utensilios de supervivencia, etc. Según las denuncias los miembros del ESMAD habrían manifestado que respondían así “por órdenes del alto gobierno y del Gerente Social del Chocó”.

En medio del desalojo fueron detenidas dos Hermanas (religiosas) de la Diócesis de Quibdo, quienes se encontraban en acción humanitaria: Martha Janet Pérez y Nubia Salamanca, quienes fueron dejadas en libertad posteriormente

De acuerdo con la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC – OREWA, la siguiente es la lista hasta ahora conocida de heridos durante el desalojo policial: Pedro Pablo Murillo, Raúl Murillo Tequia, Leonel Querágama, Libardo Tequia, Cristina Tequia, Amancia Pepe, Diego Pepe, José Argemiro Pepe, Uriel Ebao, Nicolás Bateza, Elena Bateza, Cesar Negueta, y, Ilario Querágama.

Según la ONIC – OREWA, la siguiente es la lista de personas que, en medio de la confusión originada consecuentemente al desalojo, hasta el momento se encuentran desaparecidas:

• de la Comunidad Cevedé: Juan Guillermo Queragama Cheche, de 13 años de edad; Iván Queragama Pepe, adulto; Aurora Víricha Cheche, adulta; Gilberto Querágama Viricha, de 12 años; Calixto Querágama Viricha, de 10 años; Bebe de un año, 1 año; Juan Alberto Tequia, de 15 años; Oliva Cheché Vitucay, adulta; Guillermo Sintua, adulto; Guillermo Sintua, de 15 años; Leonel Tequia Nariquiaza, adulto; Willian Bateza Cheché, adulto; Rafael Tequia, de 16 años; Celestino Bateza, adulto; Aquileo Querágama, adulto, y, Óscar Baniama Arce, de 10 años.
• de la Comunidad Aguasal: Elkin Murillo, de 18 años; Wilmor Murillo, de 12 años, y, Milton Murillo, de 12 años.
• de la Comunidad Dos Quebradas: Clímico Sintua Ebao, de 8 años de edad.
• de la Comunidad Brisas: Sigifredo Tequia Tequia, de 16 años.
• de la Comunidad Vivicora: Ercilia Sintua Castañeda, niña; Hermeregildo Sintua Arce, niño; Laurcario Arce Sintua, niño; Humberto Tequia, niño; Dario Querámaga Sintua, niño, y, Antonio Querágama Sintua, niño.

Por otra parte la ONIC ha informado también que, consecuentemente al violento desalojo: una niña de tan sólo 6 meses habría muerto por efecto de los gases lacrimógenos en Guarato y que tres mujeres emberas katios entre las que estaban embarazadas, se sintieron mal por los mismos gases y se fueron a sus comunidades, desde donde han informado que finalmente abortaron, lo que arrojaría una cifra de cuatro víctimas más.

El Secretariado Internacional de la OMCT al manifestar su seria condena de estos hechos de extrema violencia, recuerda que Colombia firmó y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual establece, bajo el Artículo 6, que “los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida, y que: los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño», además, la OMCT recuerda el deber de las autoridades colombianas de respetar el derecho legítimo y constitucional de los ciudadanos a la manifestación y a la protesta social.

Acción solicitada

Favor escribir a las autoridades Colombianas urgiéndolas a:

1. tomar de inmediato las medidas necesarias y apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los niños y los adultos arriba mencionados, de todos y cada uno de los miembros de la Comunidad indígena de los Embera Katío, así como de las religiosas Martha Janet Pérez y Nubia Salamanca, incluyendo la atención médica adecuada y gratuita que el estado de salud de cada uno requiera;
2. llevar a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial en torno al excesivo uso de la fuerza policial contra los miembros de la Comunidad Embera Katio, y en general sobre todas las violaciones de los derechos humanos arriba denunciadas, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
3. otorgar una adecuada reparación a las familias de las personas desaparecidas y heridas durante los hechos arriba mencionados;
4. dar inmediato cumplimiento a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos;
5. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Contra la Tortura, ratificadas por Colombia.

Direcciones

• Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d’Anier, 17-19, 1209 Ginebra, Suiza. FAX: + 41.22.791.07.87; TEL.:+ 41.22.798.45.55. E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
• Sr. Carlos Holmes Trujillo, Misión Diplomática en Bruselas: FAX: +32.2.646.54.91, E-mail: colombia@emcolbru.be
• S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Cra. 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax: +57.1.566.20.71: auribe@presidencia.gov.co
• Sr. Francisco Santos, Vicepresidente de la República, Téls.: +571334.45.07, +573.7720130, E-mail: fsantos@presidencia.gov.co ; buzon1@presidencia.gov.co
• Programa DDHH de Vicepresidencia: ppdh@presidencia.gov.co; fibarra@presidencia.gov.co
• Observatorio DDHH de Vicepresidencia: obserdh@presidencia.gov.co
• Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Calle 55 # 10-32, Bogotá. Fax: + 57.1.640.04.91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com ; agenda@agenda.gov.co
• Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá. Fax: +57.1.570.20.00; +57.1.414.90.00 Extensión 1113, E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
• Dr. Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Cra. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: +57.1.342.97.23; +57.1.284.79.49 Fax: +57.1.342.97.23; E-mail: cap@procuraduria.gov.co, E-mail: quejas@procuraduria.gov.co; webmaster@procuraduria.gov.co; cap@procuraduria.gov.co; reygon@procuraduria.gov.co; anticorrupcion@presidencia.gov.co
• Dr. Juan Manuel Santos Calderón, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Cra. 52 CAN, Bogotá. Fax: +57.1.222.18.74; E-mail: siden@mindefensa.gov.co; infprotocol@mindefensa.gov.co; mdn@cable.net.co
• Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario (DIH). E-mail: cefranco@presidencia.gov.co

Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.

Ginebra, 31 de mayo de 2007

Favor informarnos sobre cualquier acción realizada acerca del presente caso, citando el código del presente llamado en su respuesta.

[1] Las comunidades indígenas pertenecientes al Pueblo de los Embera, vive en territorios de los departamentos de Caldas, Risaralda, Antioquia, Chocó, Valle y Quindío, y han sido víctimas de instalación de megaproyectos en sus territorios, de una legislación que destruye sus territorios, de acciones violentas en su contra por parte de los diferentes grupos del conflicto armado, de desplazamiento forzado y de condiciones de empobrecimiento, persecución y exclusión que amenazan a algunas de sus comunidades con su total extinción.