Detenciones y señalamientos en Inspección de Piñuña Negro en Puerto Leguízamo

El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) solicita su intervención con carácter urgente en la siguiente situación en Colombia.

Descripción de la situación

El Secretariado Internacional de la OMCT acaba de recibir informaciones de varias fuentes entre ellas la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (FCSPP), organización miembro de la red SOS-Tortura, sobre las detenciones masivas y sin fundamento, los señalamientos y la estigmatización de miembros de la población civil, en el marco de la política de “Seguridad Democrática”[1], en hechos ocurridos en la Inspección de Piñuña Negro, zona rural del municipio de Puerto Leguízamo, en el Departamento de Putumayo.

De acuerdo con las informaciones, el 23 de febrero de 2008 hacia las 7 a.m. aproximadamente llegaron miembros del Ejército Nacional Brigada 27 de selva[2], con sede en Santana, Putumayo junto con miembros de la Base Naval de Puerto Leguizamo y convocaron a una reunión a los campesinos habitantes de la Inspección de Piñuña Negro en donde les tomaron fotos, los reseñaron y procedieron a detener arbitrariamente a doce (12) de ellos, dos (2) de los cuales fueron sacados en helicóptero hacia Puerto Leguizamo y los demás retenidos en el buque de marina. Además se ha denunciado que los militares afirmaron tener una lista de 105 campesinos para retenerlos y al parecer adelantan operativos en los que se hacen acompañar por la red de informantes pagados[3].

Según las denuncias, las personas detenidas en el mencionado operativo militar son las Sras. Blanca Nora Bastidas y Epifanía Quiñonez y los Sres. Mario Fernando Quiñonez, José Marcial Rosero, Roberto Rivera Madrid, Jairo Cano, José Orlando Vélez, Diego Matamba, Ariel Vanegas Naranjo, Alexander García Restrepo, Fabián Antonio Ríos y Alirio Chávez, todos ellos afiliados a la Asociación Campesina Agrícola del Putumayo, ASCAP, filial de FENSUAGRO – CUT.

De acuerdo con las informaciones, ante una acción de Habeas Corpus, interpuesta por organizaciones de defensa de los derechos humanos ante los Juzgados Penal Especializado del Circuito y Promiscuo municipal de Puerto Leguizamo, éstos decidieron poner en libertad a los detenidos al observar que su detención se realizó de manera injustificada, e inclusive, según las denuncias, se habría solicitado la realización inmediata de una investigación disciplinaria y penal por haber mantenido detenidas de manera arbitraria a las personas mencionadas.

Sin embargo, el mismo día 23 de febrero, el Fiscal 251 Especializado de Bogotá expidió de inmediato nuevas órdenes de captura en contra de los recién liberados, las cuales se hicieron efectivas a través de agentes del Servicio de Investigaciones Judiciales e Inteligencia de la Policía (SIJIN), quienes llevaron a cabo la recaptura de las mismas 12 personas quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía, desestimando así la decisión tomada por los entes antes mencionados.

Según las denuncias, las doce personas detenidas fueron trasladadas a la ciudad de Bogotá en donde se encuentran en condiciones no aptas, en particular porque están privados de la compañía cercana de sus familiares, a pesar de que existen tres (3) fiscales en la ciudad de Puerto Asís con todas las facultades legales para realizar los procedimientos de indagatoria y los demás pertinentes de sus casos.

La OMCT manifiesta su preocupación por la seguridad e integridad física y psicológica de las personas capturadas en la Inspección de Piñuña Negro, de Puerto Leguizamo, así como también por el respeto al derecho al debido proceso de los mismos y en general por los derechos fundamentales de los campesinos y comunidades que habitan la Inspección de Piñuña Negro, y recuerda que ya había manifestado su seria preocupación por la situación jurídica y personal de numerosas personas que han sido objeto de detenciones masivas realizadas dentro del marco de la implementación de la política de “Seguridad Democrática”.

Acción solicitada

Favor escribir a las autoridades Colombianas con el fin de urgirlas a:

1. tomar de manera urgente e inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todas las personas detenidas en los hechos arriba mencionados, la de todos los miembros de sus respectivas familias y en general de los habitantes de la Inspección de Piñuña Negro, municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo;
2. ordenar la libertad inmediata de todos y cada uno de los detenidos en los hechos arriba mencionados, en caso de encontrarse detenidos en ausencia de cargos legales válidos o, en el caso de que estos cargos existan, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y garantizarles sus derechos procesales en todo momento;
3. llevar a cabo una investigación independiente, completa, exhaustiva e imparcial en torno a todos los hechos arriba mencionados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
4. dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos;
5. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención Contra la Tortura, ratificada por Colombia.

Direcciones

• Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d’Anier, 17-19, 1209 Ginebra, Suiza. FAX: + 41.22.791.07.87; TEL.:+ 41.22.798.45.55. E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
• Sr. Carlos Holmes Trujillo, Misión Diplomática en Bruselas: FAX: +32.2.646.54.91, E-mail: colombia@emcolbru.be
• Doctor Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Cra. 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax:+57.1.566.20.71: auribe@presidencia.gov.co
• Sr. Francisco Santos, Vicepresidente de la República, buzon1@presidencia.gov.co Tels.: +571334.45.07, +573.7720130, E-mail: fsantos@presidencia.gov.co ;
• Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de dd.hh y de Derecho Internacional Humanitario (DIH). E-mail: cefranco@presidencia.gov.co ; ppdh@presidencia.gov.co
• Observatorio DDHH de Vicepresidencia: obserdh@presidencia.gov.co;
• Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de dd.hh y de DIH. Tel.: +57.1.336.03.11, FAX: +57.1.337.46.67, E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
• Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Calle 55 # 10-32, Bogotá. Fax: + 57.1.640.04.91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com ; agenda@agenda.gov.co
• Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá. Fax: +57.1.570.20.00; +57.1.414.90.00, E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
• Dr. Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Cra. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: +57.1.342.97.23; +571.284.79.49 Fax: +57.1.342.97.23; E-mail: cap@procuraduria.gov.co, E-mail: quejas@procuraduria.gov.co; webmaster@procuraduria.gov.co; cap@procuraduria.gov.co; reygon@procuraduria.gov.co; anticorrupcion@presidencia.gov.co
• Dr. Juan Manuel Santos Calderón, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Cra. 52 CAN, Bogotá. Fax: +57.1.222.18.74; E-mail: siden@mindefensa.gov.co; infprotocol@mindefensa.gov.co; mdn@cable.net.co

Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.

Ginebra, 20 de marzo de 2008.

Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

[1] El Presidente Álvaro Uribe ha convertido la lucha contra los insurgentes en la prioridad esencial y en el objetivo central de su gobierno, para lo cual instauró como uno de los ejes de su gobierno: la Política de Seguridad Democrática (PSD) (…).

Ver informe en: http://www.crisisgroup.org/library/documents/latin_america/06_colombia__uribe_dem__sec_sp.pdf

[2] Mediante un decreto ejecutivo primero y luego por medio de propuestas de leyes antiterroristas y otras, el Presidente Uribe ha otorgado al ejército diversos poderes policiales, sin aprobación ni supervisión judicial, con lo cual se han restringido las libertades civiles individuales. (…) Ver informe arriba mencionado.

[3] Junto con el fortalecimiento de la estructura institucional de seguridad de Colombia, el Presidente Uribe estableció una red de más de un millón de colaboradores e informantes civiles a quienes se les paga por suministrar información acerca de los insurgentes. (…) En segundo lugar, organizó unas milicias campesinas semientrenadas cuyos miembros operan en sus propias comunidades. (…) idem.