Honduras
10.04.19
Intervenciones urgentes

Comunicado conjunto: Expertos preocupados por demora en sentencia por el asesinato de Berta Cáceres

Tegucigalpa/ElProgreso/Washington/Guatemala/Madrid/Paris/Los Angeles/San Jose/

9 de abril de 2019


Organizaciones de la Misión de ObservaciónCalificada en el primer juicio por el asesinato de la lideresa indígena Lenca,Berta Cáceres, expresa su profunda preocupación por el retraso de justiciadespués del fallo oral emitido el 29 de noviembre por la Sala Primera delTribunal de Sentencia con Competencia Nacional Territorial en Materia Penal. Endicho fallo, fue declarada la responsabilidad penal de siete de los ochoacusados, quienes cometieron el crimen bajo un plan preconcebido y condiferentes roles atribuidos.

Conforme al penúltimo párrafo del artículo340 del Código Procesal Penal la referida sentencia debió haberse entregadadentro de los 5 días posteriores al fallo oral, lo cual, hasta la fecha, luegode transcurridos más de 3 meses, no hasucedido; violando así, el debido proceso, el derecho a una sentencia en unplazo razonable y el derecho a impugnar dicha resolución dentro de los plazosprevistos por la ley. Sin la entrega de la sentencia, la Misión considera quees imposible emitir su opinión calificada sobre el primer proceso a través desu informe final dado que todavía no se ha terminado.

Antes de su asesinato, el 2 de marzo de 2016 en su hogar, dondetambién resultó herido el activista ambiental mexicano Gustavo Castro, BertaCáceres cofundadora de el Consejo Cívico de Organizaciones Populares eIndígenas de Honduras (COPINH), fue unareferente de la defensa de los derechos humanos a nivel nacional, regional einternacional. Por su trabajo, recibió amenazas y fue blanco de agresiones porlo que en 2009 se le otorgaron medidas cautelares por parte de la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos; y, como resultado, el estado de Hondurastuvo la responsabilidad de proteger la vida de Berta Cáceres. Ella asumió unrol central en la reivindicación de derechos de las comunidades afectadas porel proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”desarrollado en territorios ancestrales Lencas, por la empresa DesarrollosEnergéticos S. A. (DESA), por lo que denunció amenazas, intimidaciones,difamaciones y represalias antes de su muerte.

El primer juicio empezó el 16 de octubre yculminó con el fallo oral el 29 de noviembre de 2018, cuando Mariano DíazChávez y Douglas Bustillo, ex oficiales de las Fuerzas Armadas hondureñas, ySergio Rodríguez Orellana, ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos,S.A. (DESA) fueron condenados por el delito de asesinato al haber participadoen la elaboración y coordinación del plan para asesinar a Berta Cáceres. HenryHernández, Elvin Rápalo Orellana, Óscar Torres Velásquez, Edilson Duarte Mezafueron condenados por los delitos de asesinato y asesinato en su grado deejecución de tentativa, como autores materiales del crimen. Emerson Duarte Mezafue absuelto y liberado inmediatamente, al no haber participado del plan y ejecucióndel asesinato de Berta Cáceres.

La Misión considera importante el desenlace de este primer procesode encontrar responsabilidades por los hechos. Constituye un primer paso en el camino hacia los imperativos de justiciay verdad. El fallo oral anunciado por el Tribunal de Sentencia acredita unaverdad sobre los hechos que coincide sustancialmente con las afirmaciones yplanteamientos de las acusaciones privadas desde el inicio de la investigación:Berta Cáceres fue asesinada por su condición de lideresa indígena y activistade derechos humanos, y las personas enjuiciadas fueron los autores materiales yejecutores próximos de un hecho cuya autoría intelectual aún permaneceimpune.

La Misión recalca que el respeto a losprincipios y estándares de un juicio justo era esencial, no sólo para que elpresente juicio representase un avance creíble y sostenible en el proceso deobtención de la verdad y la justicia por el asesinato de Berta Cáceres; sinopara el fortalecimiento del sistema de justicia como herramienta de garantía delos derechos humanos de la población hondureña. Desde esa perspectiva, laMisión constató a lo largo del proceso diferentes circunstancias que muestrandebilidades estructurales del sistema y continúan representando limitantes ydesafíos para el acceso a la justicia de la población. Estas incluyen:

Falta de resolución oportuna de recursos judiciales.

Omisión de investigación de la autoría intelectual de los hechos.

Limitación de los derechos de las víctimas.

El asesinato de Berta Cáceres afectó tantoa las víctimas directas como a la sociedad en su conjunto. Por eso la búsqueda de la verdad y la justiciason indispensables. El primer juicio se convierte en un referente importantepara la comunidad nacional e internacional, por la relevancia del trabajo deBerta Cáceres como defensora de derechos humanos y de los pueblos indígenas enHonduras y por la gravedad del contexto en el que se generó su asesinato.

El procesamiento, enjuiciamiento y condenade los responsables materiales e intelectuales del crimen es una obligación ynecesidad para el Estado y la sociedad hondureños con el fin de garantizar lajusticia, la verdad sobre los hechos, así como la garantía de no repetición dehechos similares.

Centro deAsistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI) – Nicaragua

CentroPara la acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) - Guatemala

ComisiónInternacional de Juristas (CIJ) – Internacional

CorporaciónColectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) – Colombia

DueProcess of Law Foundation - Estados Unidos

FederaciónInternacional de Derechos Humanos (FIDH) en el marco del Observatorio para laProtección de los Defensores de Derechos Humanos - Internacional

Guatemala HumanRights Commission (GHRC-USA) – EstadosUnidos

JosephP. Berra del Promise Institute for Human Rights de UCLA – Estados Unidos

NationalLawyers Guild, International Committee – Estados Unidos

Observatoire International des Avocats– España/Francia/Italia/París

Organización Mundial Contra la Tortura(OMCT), en el marco delObservatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos- Internacional

Plataforma Internacional Contra laImpunidad – Ginebra