Colombia
25.02.05
Intervenciones urgentes
Colombia: Muy graves actos de tortura, y ejecución extrajudicial de 8 personas en la Comunidad de Paz.
Caso COL 250205.COL 250205.CC
DERECHOS DEL NIÑO
Detención arbitraria / Ejecución extrajudicial /graves violaciones de los derechos humanos / Comunidad de Paz
El Secretariado Internacional de la OMCT solicita su intervención con carácter urgente en la siguiente situación en Colombia.
Descripción de la situación:
El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con profunda preocupación informaciones sobre las graves de violaciones de derechos humanos contra los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, (Departamento de Antioquia) entre las que se destacan detenciones arbitrarias, malos tratos, tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Entre las víctimas se destacan varios niños de corta edad.
De acuerdo con las informaciones de varias organizaciones entre ellas la Corporación Jurídica Libertad, el 21 de febrero de 2004, varias personas uniformadas y armadas que se identificaron como pertenecientes a la Brigada XI del Ejército nacional detuvieron de manera arbitraria, en el río Mulatos, al Sr. Luis Eduardo Guerra, a su hijo Deiner Andrés Guerra, de 11 años de edad, y a la Sra. Deyanira Areiza, madre del anterior, para conducirlos luego a la finca del Sr. Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, ubicada en la vereda “La Resbalosa”, sin informarles en ningún momento el motivo de la detención, ni del traslado hacia la mencionada vereda.
Según las informaciones, una de las personas retenidas por los militares, cuyo nombre no se ha comunicado, logró huir de sus captores, y al día siguiente salió hacia la finca del Sr. Alfonso Bolívar Tuberquia, con el fin de buscar a los retenidos. El Sr. Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, miembro del Consejo de Paz de la zona humanitaria de Mulatos, vivía allí con su esposa Sandra Milena Muñoz Pozo y sus hijos, Natalia Andrea Tuberquia Muñoz, de 6 años de edad y Santiago Tuberquia Muñoz, de 2 años de edad. Según los informes, la persona que los estaba buscando, encontró huellas de sangre en la mencionada finca, y lo que al parecer era una fosa y procedió a remover un poco la tierra hasta encontrar un cuerpo mutilado que, al parecer, correspondería al niño Deiner Andrés Guerra.
De acuerdo con las informaciones, ante la gravedad del hallazgo esta persona decidió no continuar con la búsqueda y se trasladó al casco urbano del corregimiento de San José de Apartadó donde informó lo sucedido al Consejo Interno de la Comunidad de Paz. Según los informes, otros campesinos de la Vereda igualmente se acercaron después al mencionado Consejo y le comunicaron lo relativo a la fosa común. Según las informaciones sus habitantes no permiten el ingreso de miembros de la Brigada 17, a la zona en donde presumiblemente ocurrió la masacre, según ellos "para evitar la manipulación de la escena del crimen”.
De acuerdo con las informaciones el Sr. Luis Eduardo Guerra es un reconocido miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, quien ha sido designado para la interlocución con el Gobierno Nacional en el marco de la implementación de las medidas provisionales que obligan al gobierno colombiano a darle protección a esa comunidad, medidas otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA desde el 9 de octubre de 2000. En tres oportunidades se ha reunido con el actual Vicepresidente de la República, Dr. Francisco Santos, quien se había comprometido personalmente en el impulso de las citadas medidas provisionales. Tras declararse Comunidad de Paz, los habitantes de San José decidieron no colaborar con ningún grupo armado, incluido el Ejército.
Contexto de la situación:
De acuerdo con las informaciones estos graves hechos de terror e intimidación, ocurren dentro de una serie de violaciones de los derechos humanos cometidos en contra de la mencionada Comunidad de Paz, entre las que se han denunciado las siguientes:
De acuerdo con las informaciones, durante la mayor parte de estos hechos, la comunidad ha podido reconocer entre la tropa del Ejército al Sr. Wilmar Durango, quien sigue patrullando con los militares después que, según las denuncias, él ha realizado varias acciones de terror y muerte.
El Secretariado Internacional de la OMCT manifiesta su condena de este nuevo hecho de extrema violencia, y recuerda que, en las Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño sobre Colombia. 16/10/2000. (CRC/C/15/Add.137): “El Comité reitera su recomendación de que el Estado Parte siga tomando medidas eficaces para proteger a los niños contra los efectos negativos del conflicto armado.” y que además, Colombia firmó y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual establece, bajo el Artículo 6, que “los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.» y bajo el Artículo 38, Párrafo 4), que: « De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado.»
El Secretariado Internacional de la OMCT vuelve a manifestar su preocupación por la evidente ausencia de garantías para la vida y la integridad física y psicológica de los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. La OMCT manifiesta que estos crímenes atroces contradicen totalmente los compromisos firmados por el gobierno como son el respeto de la población civil, evitando su exterminio, el cual se realiza a través de amenazas, bloqueos, torturas, malos tratos, combates y bombardeos indiscriminados, en una clara violación del principio de distinción contemplado en el Derecho Internacional Humanitario.
Acción solicitada:
Favor escribir a las autoridades Colombianas con el fin de solicitarles:
i. tomar de manera urgente e inmediata las medidas necesarias para encontrar el paradero de las personas desaparecidas arriba mencionadas y para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de las mismas, así como la de todos los miembros de las familias de las víctimas arriba mencionadas;
ii. llevar a cabo una investigación exhaustiva, independiente e imparcial, por parte de personal civil, en torno los graves hechos arriba denunciados, con el fin de identificar de manera imparcial a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
iii. tomar las medidas necesarias para que se cumplan las obligaciones relacionadas con la protección y respeto de las Comunidades de Paz que el país ha adquirido internacionalmente en especial con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH);
iv. dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos;
v. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Contra la Tortura, ratificadas por Colombia.
Direcciones:
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.
Ginebra, 25 de febrero de 2005
Favor informarnos sobre cualquier acción realizada acerca del presente caso, citando el código del presente llamado en su respuesta.
DERECHOS DEL NIÑO
Detención arbitraria / Ejecución extrajudicial /graves violaciones de los derechos humanos / Comunidad de Paz
El Secretariado Internacional de la OMCT solicita su intervención con carácter urgente en la siguiente situación en Colombia.
Descripción de la situación:
El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con profunda preocupación informaciones sobre las graves de violaciones de derechos humanos contra los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, (Departamento de Antioquia) entre las que se destacan detenciones arbitrarias, malos tratos, tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Entre las víctimas se destacan varios niños de corta edad.
De acuerdo con las informaciones de varias organizaciones entre ellas la Corporación Jurídica Libertad, el 21 de febrero de 2004, varias personas uniformadas y armadas que se identificaron como pertenecientes a la Brigada XI del Ejército nacional detuvieron de manera arbitraria, en el río Mulatos, al Sr. Luis Eduardo Guerra, a su hijo Deiner Andrés Guerra, de 11 años de edad, y a la Sra. Deyanira Areiza, madre del anterior, para conducirlos luego a la finca del Sr. Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, ubicada en la vereda “La Resbalosa”, sin informarles en ningún momento el motivo de la detención, ni del traslado hacia la mencionada vereda.
Según las informaciones, una de las personas retenidas por los militares, cuyo nombre no se ha comunicado, logró huir de sus captores, y al día siguiente salió hacia la finca del Sr. Alfonso Bolívar Tuberquia, con el fin de buscar a los retenidos. El Sr. Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, miembro del Consejo de Paz de la zona humanitaria de Mulatos, vivía allí con su esposa Sandra Milena Muñoz Pozo y sus hijos, Natalia Andrea Tuberquia Muñoz, de 6 años de edad y Santiago Tuberquia Muñoz, de 2 años de edad. Según los informes, la persona que los estaba buscando, encontró huellas de sangre en la mencionada finca, y lo que al parecer era una fosa y procedió a remover un poco la tierra hasta encontrar un cuerpo mutilado que, al parecer, correspondería al niño Deiner Andrés Guerra.
De acuerdo con las informaciones, ante la gravedad del hallazgo esta persona decidió no continuar con la búsqueda y se trasladó al casco urbano del corregimiento de San José de Apartadó donde informó lo sucedido al Consejo Interno de la Comunidad de Paz. Según los informes, otros campesinos de la Vereda igualmente se acercaron después al mencionado Consejo y le comunicaron lo relativo a la fosa común. Según las informaciones sus habitantes no permiten el ingreso de miembros de la Brigada 17, a la zona en donde presumiblemente ocurrió la masacre, según ellos "para evitar la manipulación de la escena del crimen”.
De acuerdo con las informaciones el Sr. Luis Eduardo Guerra es un reconocido miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, quien ha sido designado para la interlocución con el Gobierno Nacional en el marco de la implementación de las medidas provisionales que obligan al gobierno colombiano a darle protección a esa comunidad, medidas otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA desde el 9 de octubre de 2000. En tres oportunidades se ha reunido con el actual Vicepresidente de la República, Dr. Francisco Santos, quien se había comprometido personalmente en el impulso de las citadas medidas provisionales. Tras declararse Comunidad de Paz, los habitantes de San José decidieron no colaborar con ningún grupo armado, incluido el Ejército.
Contexto de la situación:
De acuerdo con las informaciones estos graves hechos de terror e intimidación, ocurren dentro de una serie de violaciones de los derechos humanos cometidos en contra de la mencionada Comunidad de Paz, entre las que se han denunciado las siguientes:
- el 20 de febrero de 2005, hacia las 06h00 de la madrugada, en la vereda “Las Nieves”, del corregimiento de San José, miembros del Ejército Nacional, al parecer pertenecientes al grupo N° 33 de contraguerrilla de la Brigada XVII, entraron disparando dentro de la casa de la Sra. Gladys Guzmán Palacios quien se encontraba con su hija Diana Marcela Guzmán, de cuatro años de edad y con el padre de la menor, cuyo nombre no se ha informado, quien se encontraba de visita en la casa, resultando muerto el padre de la niña Diana Marcela Guzmán, quien, según el Ejército estaba señalado de pertenecer a las milicias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La niña también resultó herida y se encuentra internada en el hospital de Apartadó.
- el 22 de febrero de 2005, en el área rural del corregimiento de San José, en inmediaciones de las Veredas Bellavista, Alto Bonito y Buenos Aires, se presentaron bombardeos indiscriminados por parte de helicópteros del ejército, colocando en riesgo a más de 200 campesinos que habitan dichas veredas.
- el 22 de diciembre de 2004, hacia las 11h00 de la mañana, en la vereda La Cristalina, a dos horas de San José, tropas del Ejército retuvieron durante 24 horas, en la misma vereda, a los Sres. Juan Correa, Germán Correa y Juan Carlos Correa, acusándolos de ser guerrilleros y cuestionándoles el por qué vivían en esa vereda. Les dijeron entre otras cosas: “que tenían que agradecer que los habían cogido ellos (los militares) porque si hubieran sido los paras ya los habrían matado”. Cuando los detenidos les dijeron a los militares que los “paras” ya se habían entregado, los militares les contestaron que “eso era sólo una pantalla, que habían entregado unas armitas pero que seguían actuando, que cuando vinieran los “paras” iban a matar cualquiera que hubiera sido guerrillero o colaborara con la guerrilla y que no se salvaría ni el perro de la casa”. Finalmente, luego de continuar tratándolos todo el tiempo como guerrilleros, los dejaron libres el 23 de diciembre.
- ese mismo día 22 de diciembre de 2004, hacia las 12 del mediodía, en la misma vereda de La Cristalina, personal del Ejército detuvo a otras tres personas en su casa, los Sres. Miguel Arango, de 70 años de edad, Gilberto Arias y a otro campesino de apellido Ríos a quienes los militares también acusaron de ser guerrilleros. Al Sr. Miguel Arango lo golpearon y lo torturaron metiendo varias veces su cabeza entre agua mientras lo amenazaban diciendo “que si no decía donde estaba la guerrilla lo ahogarían”. Según las informaciones, finalmente los dejaron libres y les dijeron “que cuando vinieran los paras, los iban a matar a pedacitos, que los paras estaban más vivos que nunca y sólo se trataba de una táctica, que no se confiaran por que ellos volvían y con más fuerza”.
- el 29 de diciembre de 2004, hacia las 07h00 de la mañana, en la vereda Las Nieves, a cuatro horas de San José, resultó herida por arma de fuego la niña Flor Alba Nerio Usuga, de diez años de edad, cuando corría junto con su madrastra y otros campesinos, al ver llegar los militares a la vereda. Según las informaciones, la niña, fue llevada al Hospital de Apartadó.
De acuerdo con las informaciones, durante la mayor parte de estos hechos, la comunidad ha podido reconocer entre la tropa del Ejército al Sr. Wilmar Durango, quien sigue patrullando con los militares después que, según las denuncias, él ha realizado varias acciones de terror y muerte.
- la presunta desaparición forzada del Sr. Roberto Elías Monroy, luego que el 31 de diciembre de 2004, hacia las 07h00 de la mañana, saliera de su casa ubicada en la vereda las Nieves, a darle comida a los caballos que tiene. Según las informaciones, el Sr. Roberto Elías Monroy fue detenido por tropas del Ejército y no se sabe nada de él hasta el momento.
- el 1º de enero de 2005 hacia las 09h00 de la mañana, unidades pertenecientes a la Brigada XVII del Ejército llegaron a la casa del Sr. Luis Emilio Osorno ubicada entre las veredas las Nieves y Mulatos, en donde se encontraba trabajando el Sr. Luis Salas y procedieron a preguntarle a éste por la guerrilla. Como el Sr. Luis Salas les contesto que no sabía de guerrilla, procedieron a golpearlo con la culata del fusil y cuando cayó, continuaron golpeándolo en el piso durante cerca de 20 minutos. Los uniformados trataron de guerrilleros a todos los ocupantes de la vivienda, allanaron la casa y se llevaron $175 mil pesos pertenecientes al Sr. Luis Osorno y un par de relojes, así como el mercado que tenían en la casa.
- Anteriormente, el 4 de noviembre de 2004, hacia las 03h00 de la tarde, ingresaron al casco urbano de San José dos motos cada una de ellas con dos hombres de civil, dando vueltas al caserío y deteniéndose varias veces frente a las viviendas de varios líderes de la comunidad. Algunas de estas personas forasteras han sido vistas actuando como paramilitares en Apartadó.
El Secretariado Internacional de la OMCT manifiesta su condena de este nuevo hecho de extrema violencia, y recuerda que, en las Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño sobre Colombia. 16/10/2000. (CRC/C/15/Add.137): “El Comité reitera su recomendación de que el Estado Parte siga tomando medidas eficaces para proteger a los niños contra los efectos negativos del conflicto armado.” y que además, Colombia firmó y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual establece, bajo el Artículo 6, que “los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.» y bajo el Artículo 38, Párrafo 4), que: « De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado.»
El Secretariado Internacional de la OMCT vuelve a manifestar su preocupación por la evidente ausencia de garantías para la vida y la integridad física y psicológica de los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. La OMCT manifiesta que estos crímenes atroces contradicen totalmente los compromisos firmados por el gobierno como son el respeto de la población civil, evitando su exterminio, el cual se realiza a través de amenazas, bloqueos, torturas, malos tratos, combates y bombardeos indiscriminados, en una clara violación del principio de distinción contemplado en el Derecho Internacional Humanitario.
Acción solicitada:
Favor escribir a las autoridades Colombianas con el fin de solicitarles:
i. tomar de manera urgente e inmediata las medidas necesarias para encontrar el paradero de las personas desaparecidas arriba mencionadas y para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de las mismas, así como la de todos los miembros de las familias de las víctimas arriba mencionadas;
ii. llevar a cabo una investigación exhaustiva, independiente e imparcial, por parte de personal civil, en torno los graves hechos arriba denunciados, con el fin de identificar de manera imparcial a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
iii. tomar las medidas necesarias para que se cumplan las obligaciones relacionadas con la protección y respeto de las Comunidades de Paz que el país ha adquirido internacionalmente en especial con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH);
iv. dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos;
v. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Contra la Tortura, ratificadas por Colombia.
Direcciones:
- Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d'Anier, 17-19, 1209 Ginebra. FAX : + 41.22.791.07.87; TEL.:+ 41.22.798.45.55. E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
- S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Cra. 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá.Fax:+57.1.566.20.71 e-mail: auribe@presidencia.gov.co;Vicepresidente:E-mail: fsantos@presidencia.gov.co
- Dr. Jorge Alberto Uribe, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Cra. 52 CAN, Bogotá. Fax: +57.1.222.18.74; E-mail : siden@mindefensa.gov.co ; infprotocol@mindefensa.gov.co ; mdn@cable.net.co
- Doctor Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Cra. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: +57.1.342.97.23; E-mail : reygon@procuraduria.gov.co; anticorrupcion@presidencia.gov.co
- Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. E-mail : cefranco@presidencia.gov.co
- Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Tel.: +57.1.336.03.11 Fax : +57.1.337.46.67 E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
- Doctor Luis Camilo Osorio, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá. Fax: +57.1.570.20.00 E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
- Doctor Volmar Antonio Pérez Ortiz. Defensor del Pueblo, Calle 55 # 10-32, Bogotá. Fax: + 57.1.640.04.91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.
Ginebra, 25 de febrero de 2005
Favor informarnos sobre cualquier acción realizada acerca del presente caso, citando el código del presente llamado en su respuesta.