Colombia
11.06.03
Intervenciones urgentes
'Colombia : llamado especial - situacion de los defensores de derechos humanos - mayo de 2003
LLAMADO ESPECIAL: SITUACIÓN DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
MAYO DE 2003
Contexto
Durante el mes de Mayo se han producido cambios legislativos que pueden tener serias consecuencias para la labor de los defensores de derechos humanos.
En primer lugar, el Observatorio se encuentra seriamente preocupado por la votación realizada el 20 de mayo, por la Cámara Colombiana de Representantes, a favor de la reforma de la Constitución para conceder poderes de policía judicial a las fuerzas armadas. El voto es el segundo de ocho requeridos antes de que el proyecto se convierta en ley. Esta texto complementa el Decreto 128, publicado en enero de 2003, decreto que abre la puerta a amnistías para paramilitares y guerrilleros que puedan ser responsables de serias violaciones de derechos humanos. La medida votada en la Cámara permitirá a las fuerzas armadas realizar incursiones, escuchas telefónicas, y detenciones sin autorización judicial, sobre la base de acusaciones militares, más que sobre la base de pruebas reunidas durante investigaciones judiciales independientes e imparciales por autoridades civiles. Los poderes judiciales de policía podrán también facilitar la campaña sistemática y extendida de hostigamiento e intimidación por parte de las fuerzas armadas contra las organizaciones que denuncian violaciones de derechos humanos.
El 29 de mayo del 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con base al artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José”) que la faculta para formular recomendaciones a los Estados miembros de la OEA con relación a las medidas destinadas a fomentar el respeto a los derechos humanos en el marco de sus leyes internas, dirigió una carta a la Ministra de Relaciones Exteriores, Carolina Barco, manifestando su preocupación sobre la posible incompatibilidad del Estatuto Antiterrorista con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y pidiendo que se haga conocer su preocupación ante el poder legislativo para que sea tenida en cuenta al momento de evaluar la compatibilidad de dicho proyecto con las obligaciones internacionales del Estado colombiano.
Además, el Observatorio ha sido informado el 30 de mayo, que el Gobierno del Doctor Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, pretende acabar con el Programa de Protección de los Defensores de Derechos Humanos y Sindicalistas colombianos que se logró de común acuerdo en el año 1998, desconociendo el mandamiento constitucional de proteger la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos y en especial de aquellos que corren un permanente peligro de sus vidas como son los dirigentes sindicales y los defensores de derechos humanos. La supresión de este programa, aún cuando éste era considerado como insuficiente para proteger eficazmente la vida de los defensores, constituye una señal política preocupante por parte de las autoridades. Cabe destacar que el mundo sindical, como uno de los sectores sociales más organizado, ha sido una de las mayores víctimas de estas violaciones. Según los datos del informe presentado por la Escuela Nacional Sindical para el periodo de enero al 15 de Mayo del 2003, en Colombia, fueron asesinados 29 sindicalistas, 99 fueron víctimas de amenazas de muerte, 12 sufrieron atentados contra su integridad física y 3 fueron secuestrados. A este preocupante panorama se suman los 26 sindicalistas detenidos en el mismo período, los 6 allanamientos a residencias de dirigentes sindicales y los 16 casos de hostigamientos por parte de la fuerza pública. Si bien se registra una disminución en el número de homicidios, esta se encuentra relacionada con los cambios en las estrategias y lógicas de la guerra implementadas por los actores extrainstitucionales del conflicto armado, en especial por las organizaciones paramilitares. La mayor magnitud en las violaciones de los derechos de los sindicalistas, hace referencia en cambio, a un aumento de la violencia de origen estatal referida a restricciones y constricciones de la libertad y la privacidad.
Mundo Sindical
Amenazas / Atentados
El 6 de mayo se recibió un correo electrónico en la organización sindical USO, firmado por el dirigente paramilitar Carlos Castaño, donde se acusa a los dirigentes de la organización, de tener supuestos vínculos con organizaciones subversivas y se les declara objetivos militares. Además, estas amenazas se hacen extensivas a sus hijos.
Sociedad civil
Asesinatos
El 11 de mayo, luego de recibir amenazas directas por vía telefónica debido a su ejercicio profesional, el abogado José Absalón Achury, defensor de presos políticos en Colombia, decidió salir de la ciudad de Bogotá y dirigirse a la finca de propiedad de sus familiares en el municipio de Granada (departamento del Meta), dónde permaneció desde esta fecha hasta el 15 de mayo desarrollando las actividades propias de su profesión. El 16 de mayo, el abogado se dirigió a la residencia de uno de sus amigos con el fin de desarrollar una reunión. A la entrada de ésta fue abordado por seis hombres que se movilizaban en una camioneta y dos motos, quienes por la fuerza y luego de causarle múltiples heridas con armas blancas, lo introdujeron en su vehículo llevándoselo según se conoció por la vía que conduce a San Martín (Meta). El 30 de mayo, la Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", y la Asociación Colombiana de Abogados Defensores "Eduardo Umaña Mendoza" tuvo conocimiento de que el cadáver del doctor Achury fue encontrado por miembros de la Policía en la zona rural del Municipio de San Juan de Arama (Meta).
Amenazas / Atentados
El Observatorio ha sido informado de nuevas presiones y hostigamientos que se han llevado a cabo contra integrantes de la Organización Femenina Popular (OFP).
El 10 de mayo, los paramilitares mandaron decir a la casa de la Mujer del Nororiente que a la “hijueputa” de la Sra. Yolanda Becerra, “le iban a dar por la cabeza y que se iban a llevar veinte mujeres de la OFP para acallarlas y dejárlas de denunciarlos”.
El 26 de mayo, varios hombres, bajo el mando de un comandante de los paramilitares, llegaron a la casa de la Sra. Graciela Alfaro y la amenazaron diciéndole que todas las integrantes de la OFP eran guerrilleras. La OFP colocó la denuncia y la Fiscalía los dejó libres porque no había pruebas para judicializarlos.
El 28 de mayo, un hombre pidiendo auxilio porque lo iban a asesinar entró en la casa de la Sra. Flor Cañas. Ella lo protegió cerrando la puerta. Paramilitares fuertemente armados llegaron y procedieron a darle patadas a la puerta, apuntando por las ventanas y entraron a la casa por el patio para asesinar al señor. Debido a la solidaridad y actuación rapida del equipo de la OFP y Brigadas Internacionales de Paz, lograron salvar la vida del señor, pero la Sra. Cañas está amenazada.
El 29 de mayo, a la Sra. María Emilse Alvarado, se le acercó uno de los paramilitares más reconocido en el barrio el Cerro, y le dijo que “se cuidara porque los paramilitares habían decidido asesinar a varias mujeres de la OFP”.
Acción solicitada
Favor escribir a las autoridades Colombianas con el fin de urgirlas a :
· tomar inmediatamente las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los defensores amenazados, y en general de todos los defensores de derechos humanos en Colombia;
· ordenar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a las amenazas y atentados arriba mencionados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;
· limitar la aplicación de los decretos de Conmoción Interior de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional de Colombia, para no atentar a las libertades individuales y colectivas garantizadas por la constitución Colombiana y los instrumentos de Derecho Internacional.
· realizar una declaración pública en la que se exprese claramente el apoyo del gobierno de Colombia a la labor legítima de los defensores de derechos humanos.
· dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones de los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
· garantizar el respeto a la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos adoptada por Naciones Unidas en 1998;
· de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia.
Direcciones
S. E ALVARO URIBE VELEZ, Presidente de la República
Carrera 8 n. 7-26 Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá
Fax (571 ) 286 74 34 - 286, 68 42 -284 21 86, email : auribe@presidencia.gov.co
S. E FERNANDO LONDOÑO HOYOS, Ministro del Interior y Justicia,
Carrera 8 # 8-09 – Bogotá
Fax: 0057-1-286.80.25
MARTHA LUCÍA RAMÍREZ DE RINCÓN, Ministra de la Defensa
Avenida El Dorado con Carrera 52 CAN Santa Fe de Bogotá
Télex: 42411 INPRE CO; 44561 CFAC CO Tel-fax: +57.1.222.1874
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Defensoría del Pueblo, Calle 55 n. 10-32 Santa Fe de Bogotá
Fax: +57.1.346.1225
FRANCISCO SANTOS, Vicepresidente de la República,
Consejería Presidencial de Derechos Humanos, Calle 7 No 6-54 Piso 3, Santa Fe de Bogotá, D. C.
Telefax: +57.1.337.1351
Gral (RE) TEODORO CAMPO, Director General Policía Nacional, Santafé de Bogotá
Fax: +57.1.428.7634 - +57.1.315.9527
LUIS CARLOS RESTREPO
Alto Comisionado para la Paz Fax: +57.1.560.9946
Y a las representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países
Ginebra - Paris, 11 de junio de 2003
Agradecemos informar al Observatorio acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código del presente llamado.
El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
Premio de Derechos Humanos de la República Francesa, 1998
Para contactar el Observatorio, comuníquese a la Línea de Urgencia:
Tel. y fax FIDH : (+ 33 1) 4 355 20 11 / 4 355 18 80
Tel. y fax OMCT : (+ 41 22) 809 49 39 / 809 49 29
E-mail : observatoire@iprolink.ch
MAYO DE 2003
Contexto
Durante el mes de Mayo se han producido cambios legislativos que pueden tener serias consecuencias para la labor de los defensores de derechos humanos.
En primer lugar, el Observatorio se encuentra seriamente preocupado por la votación realizada el 20 de mayo, por la Cámara Colombiana de Representantes, a favor de la reforma de la Constitución para conceder poderes de policía judicial a las fuerzas armadas. El voto es el segundo de ocho requeridos antes de que el proyecto se convierta en ley. Esta texto complementa el Decreto 128, publicado en enero de 2003, decreto que abre la puerta a amnistías para paramilitares y guerrilleros que puedan ser responsables de serias violaciones de derechos humanos. La medida votada en la Cámara permitirá a las fuerzas armadas realizar incursiones, escuchas telefónicas, y detenciones sin autorización judicial, sobre la base de acusaciones militares, más que sobre la base de pruebas reunidas durante investigaciones judiciales independientes e imparciales por autoridades civiles. Los poderes judiciales de policía podrán también facilitar la campaña sistemática y extendida de hostigamiento e intimidación por parte de las fuerzas armadas contra las organizaciones que denuncian violaciones de derechos humanos.
El 29 de mayo del 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con base al artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José”) que la faculta para formular recomendaciones a los Estados miembros de la OEA con relación a las medidas destinadas a fomentar el respeto a los derechos humanos en el marco de sus leyes internas, dirigió una carta a la Ministra de Relaciones Exteriores, Carolina Barco, manifestando su preocupación sobre la posible incompatibilidad del Estatuto Antiterrorista con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y pidiendo que se haga conocer su preocupación ante el poder legislativo para que sea tenida en cuenta al momento de evaluar la compatibilidad de dicho proyecto con las obligaciones internacionales del Estado colombiano.
Además, el Observatorio ha sido informado el 30 de mayo, que el Gobierno del Doctor Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, pretende acabar con el Programa de Protección de los Defensores de Derechos Humanos y Sindicalistas colombianos que se logró de común acuerdo en el año 1998, desconociendo el mandamiento constitucional de proteger la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos y en especial de aquellos que corren un permanente peligro de sus vidas como son los dirigentes sindicales y los defensores de derechos humanos. La supresión de este programa, aún cuando éste era considerado como insuficiente para proteger eficazmente la vida de los defensores, constituye una señal política preocupante por parte de las autoridades. Cabe destacar que el mundo sindical, como uno de los sectores sociales más organizado, ha sido una de las mayores víctimas de estas violaciones. Según los datos del informe presentado por la Escuela Nacional Sindical para el periodo de enero al 15 de Mayo del 2003, en Colombia, fueron asesinados 29 sindicalistas, 99 fueron víctimas de amenazas de muerte, 12 sufrieron atentados contra su integridad física y 3 fueron secuestrados. A este preocupante panorama se suman los 26 sindicalistas detenidos en el mismo período, los 6 allanamientos a residencias de dirigentes sindicales y los 16 casos de hostigamientos por parte de la fuerza pública. Si bien se registra una disminución en el número de homicidios, esta se encuentra relacionada con los cambios en las estrategias y lógicas de la guerra implementadas por los actores extrainstitucionales del conflicto armado, en especial por las organizaciones paramilitares. La mayor magnitud en las violaciones de los derechos de los sindicalistas, hace referencia en cambio, a un aumento de la violencia de origen estatal referida a restricciones y constricciones de la libertad y la privacidad.
Mundo Sindical
Amenazas / Atentados
El 6 de mayo se recibió un correo electrónico en la organización sindical USO, firmado por el dirigente paramilitar Carlos Castaño, donde se acusa a los dirigentes de la organización, de tener supuestos vínculos con organizaciones subversivas y se les declara objetivos militares. Además, estas amenazas se hacen extensivas a sus hijos.
Sociedad civil
Asesinatos
El 11 de mayo, luego de recibir amenazas directas por vía telefónica debido a su ejercicio profesional, el abogado José Absalón Achury, defensor de presos políticos en Colombia, decidió salir de la ciudad de Bogotá y dirigirse a la finca de propiedad de sus familiares en el municipio de Granada (departamento del Meta), dónde permaneció desde esta fecha hasta el 15 de mayo desarrollando las actividades propias de su profesión. El 16 de mayo, el abogado se dirigió a la residencia de uno de sus amigos con el fin de desarrollar una reunión. A la entrada de ésta fue abordado por seis hombres que se movilizaban en una camioneta y dos motos, quienes por la fuerza y luego de causarle múltiples heridas con armas blancas, lo introdujeron en su vehículo llevándoselo según se conoció por la vía que conduce a San Martín (Meta). El 30 de mayo, la Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", y la Asociación Colombiana de Abogados Defensores "Eduardo Umaña Mendoza" tuvo conocimiento de que el cadáver del doctor Achury fue encontrado por miembros de la Policía en la zona rural del Municipio de San Juan de Arama (Meta).
Amenazas / Atentados
El Observatorio ha sido informado de nuevas presiones y hostigamientos que se han llevado a cabo contra integrantes de la Organización Femenina Popular (OFP).
El 10 de mayo, los paramilitares mandaron decir a la casa de la Mujer del Nororiente que a la “hijueputa” de la Sra. Yolanda Becerra, “le iban a dar por la cabeza y que se iban a llevar veinte mujeres de la OFP para acallarlas y dejárlas de denunciarlos”.
El 26 de mayo, varios hombres, bajo el mando de un comandante de los paramilitares, llegaron a la casa de la Sra. Graciela Alfaro y la amenazaron diciéndole que todas las integrantes de la OFP eran guerrilleras. La OFP colocó la denuncia y la Fiscalía los dejó libres porque no había pruebas para judicializarlos.
El 28 de mayo, un hombre pidiendo auxilio porque lo iban a asesinar entró en la casa de la Sra. Flor Cañas. Ella lo protegió cerrando la puerta. Paramilitares fuertemente armados llegaron y procedieron a darle patadas a la puerta, apuntando por las ventanas y entraron a la casa por el patio para asesinar al señor. Debido a la solidaridad y actuación rapida del equipo de la OFP y Brigadas Internacionales de Paz, lograron salvar la vida del señor, pero la Sra. Cañas está amenazada.
El 29 de mayo, a la Sra. María Emilse Alvarado, se le acercó uno de los paramilitares más reconocido en el barrio el Cerro, y le dijo que “se cuidara porque los paramilitares habían decidido asesinar a varias mujeres de la OFP”.
Acción solicitada
Favor escribir a las autoridades Colombianas con el fin de urgirlas a :
· tomar inmediatamente las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los defensores amenazados, y en general de todos los defensores de derechos humanos en Colombia;
· ordenar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a las amenazas y atentados arriba mencionados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;
· limitar la aplicación de los decretos de Conmoción Interior de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional de Colombia, para no atentar a las libertades individuales y colectivas garantizadas por la constitución Colombiana y los instrumentos de Derecho Internacional.
· realizar una declaración pública en la que se exprese claramente el apoyo del gobierno de Colombia a la labor legítima de los defensores de derechos humanos.
· dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones de los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
· garantizar el respeto a la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos adoptada por Naciones Unidas en 1998;
· de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia.
Direcciones
S. E ALVARO URIBE VELEZ, Presidente de la República
Carrera 8 n. 7-26 Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá
Fax (571 ) 286 74 34 - 286, 68 42 -284 21 86, email : auribe@presidencia.gov.co
S. E FERNANDO LONDOÑO HOYOS, Ministro del Interior y Justicia,
Carrera 8 # 8-09 – Bogotá
Fax: 0057-1-286.80.25
MARTHA LUCÍA RAMÍREZ DE RINCÓN, Ministra de la Defensa
Avenida El Dorado con Carrera 52 CAN Santa Fe de Bogotá
Télex: 42411 INPRE CO; 44561 CFAC CO Tel-fax: +57.1.222.1874
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Defensoría del Pueblo, Calle 55 n. 10-32 Santa Fe de Bogotá
Fax: +57.1.346.1225
FRANCISCO SANTOS, Vicepresidente de la República,
Consejería Presidencial de Derechos Humanos, Calle 7 No 6-54 Piso 3, Santa Fe de Bogotá, D. C.
Telefax: +57.1.337.1351
Gral (RE) TEODORO CAMPO, Director General Policía Nacional, Santafé de Bogotá
Fax: +57.1.428.7634 - +57.1.315.9527
LUIS CARLOS RESTREPO
Alto Comisionado para la Paz Fax: +57.1.560.9946
Y a las representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países
Ginebra - Paris, 11 de junio de 2003
Agradecemos informar al Observatorio acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código del presente llamado.
El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
Premio de Derechos Humanos de la República Francesa, 1998
Para contactar el Observatorio, comuníquese a la Línea de Urgencia:
Tel. y fax FIDH : (+ 33 1) 4 355 20 11 / 4 355 18 80
Tel. y fax OMCT : (+ 41 22) 809 49 39 / 809 49 29
E-mail : observatoire@iprolink.ch