Colombia
09.02.02
Intervenciones urgentes
Colombia: Llamado especial defensores agosto 2002
LLAMADO ESPECIAL: SITUACIÓN DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
AGOSTO DEL 2002
Contexto
El mes de agosto ha sido marcado por la accesión a la Presidencia de Alvaro Uribe Vélez el pasado 7 de Agosto.
El Observatorio expresa su preocupación por las medidas políticas adoptadas por el nuevo gobierno de Álvaro Uribe Vélez y en particular el decreto 1837 de 2002, que instaura el Estado de Conmoción Interior, tras la oleada de actos terroristas producidos a partir del 7 de agosto.
El Estado de Conmoción Interior, previsto por los artículos 213 y 214 de la Constitución y regulado por la ley 137 de 1994, autoriza limitaciones en la libertad de prensa, restricciones a los derechos de reunión y de
movilización, el rechazo de ciertos derechos a los ciudadanos extranjeros y la posibilidad de detención provisional y de inspecciones domiciliarias sin orden judicial.
El Observatorio llama al gobierno de Colombia a respetar el principio de proporcionalidad, que con arreglo al artículo 13 de la ley 137 implica que “La limitación en el ejercicio de los derechos y libertades sólo será admisible en el grado estrictamente necesario, para buscar el retorno a la normalidad.”
El Observatorio se encuentra también preocupado por las presiones políticas ejercidas contra la Corte Constitucional de Colombia, que debe pronunciarse próximamente acerca de la inexequibilidad del decreto.
Entre las otras medidas adoptadas por Alvaro Uribe Vélez, se destaca la creación de una red de 600 informantes (en algunos casos armados) en el departamento del Cesar, lo que implica el inicio de su proyecto de campaña de implicar a un millón de civiles en el conflicto armado. Esta medida, que es incompatible con un gran número de normas internacionales de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario (DIH), ha sido fuertemente criticada por Mary Robinson, Alta Comisaria de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante su discurso del 18 de abril de 2002 ante la Comisión de DDHH de Naciones Unidas.
Otro hecho significativo ocurido durante este mes fue la publicación del informe del defensor del pueblo sobre la situación de los síndicalistas en el país, completada por el estudio de la Escuela Nacional Sindical que indican claramente el deterioro de la situación de seguridad de los dirigentes sindicales en el año 2002.
Según el informe de la Escuela Nacional Sindical desde el primero de enero hasta el 21 de agosto de este año, en Colombia se han registrado 116 homicidios de sindicalistas - frente a 112 casos registrados en igual periodo del año 2001 - , 50 amenazas de muerte, 19 secuestros, 17 atentados, 5 desapariciones y 19 hostigamientos. En varios casos las víctimas se vieron obligados a abandonar el país como consecuencia de la persecución individual o a su organización.
La violencia contra los dirigentes sindicales evidencia que las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores sindicalizados en el país son discriminadas y selectivas; que tienen como causa fundamental la actividad sindical. Son dirigidas fundamentalmente contra dirigentes sindicales y organizaciones sindicales que poseen gran capacidad de negociación y presión pública y política con el Estado e importantes empresarios del país como es el caso de la Central Unitaria de Trabajadores - CUT - y de la Federación Colombiana de Educadores – FECODE.
Por su parte, el defensor del Pueblo, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, condenó las graves violaciones de los derechos fundamentales de los trabajadores y líderes sindicales que se han cometido en la última década, como lo demuestra el hecho de que desde 1990 hasta la fecha, se registran más de 1000 muertes violentas de sindicalistas. De igual manera, señaló que la impunidad continúa siendo una de las causas del escalamiento de las acciones violentas contra el movimiento sindical.
La Defensoría considera que las acciones violentas contra el movimiento sindical se deben, en buena parte, a la percepción equívoca que tienen algunos sectores de los objetivos de lucha sindical que, con el proceso de estigmatización de que son víctimas, han convertido a muchos sindicatos en "objetivo militar" de los grupos de autodefensas o "paramilitares". A ello se suma la actuación de otros grupos de "justicia privada" que buscan forzar la solución de un conflicto laboral determinado, liquidando los sindicatos o cercenando el derecho de huelga.
El Observatorio apoya las soluciones avanzadas por la Defensoría para reforzar el actual Programa de Protección para dirigentes sindicales y trabajadores sindicalizados amenazados y la defensa de las sedes de los sindicatos, y recomienda al estado el cumplimiento de las recomendaciones.
En particular, el estado en el que se encuentran las investigaciones y para evitar que algunas queden en la impunidad, la Defensoría ha recomendado al Gobierno nacional que destine los recursos indispensables para crear un fondo especial que financie el impulso de las investigaciones penales por las graves violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas.
Además, la Defensoría recomienda a los funcionarios judiciales facilitar la constitución de la "parte civil popular". Ello implica permitirle al sindicato al que pertenecía el trabajador asesinado o la víctima de atentados contra el derecho a la vida y la integridad personal, concederle "poder" a un abogado para que se constituya en parte civil y promueva el desarrollo del proceso.
El Observatorio considera que el cumplimiento de estas medidas son fundamentales para que cese el clima de impunidad entorno a los asesinatos, amenazas y hostigamiento en contra de los dirigentes sociales así como de todos los defensores de derechos humanos en Colombia.
Mundo sindical
Asesinatos
· El 31 de julio de 2002, en la Ciudad de Valledupar, Departamento del Cesar, fue asesinado RODRIGO GAMBOA COY, Presidente de la Subdirectiva Cesar del Sindicato de Trabajadores del Incora –SINTRADIN-CUT. El Sr. Rodrigo GAMBOA se había dedicado desde hace más de 20 años al trabajo con las comunidades campesinas e indígenas, sujetas a la reforma agraria, así como también a la lucha en la organización sindical.
Atentados
· El 13 de agosto de 2002, en la Ciudad de Cali, Departamento del Valle del Cauca, fue víctima de un atentado el dirigente sindical OMAR ROMERO DIAZ. El Sr. Omar Romero Diaz es responsable de Asuntos Jurídicos y hace parte del Colectivo de Derechos Humanos de su organización sindical que es el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales para Construcción -SUTIMAC-CUT.
Allanamiento
· En la noche del 16 de agosto de 2002, tropas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional allanaron la casa familiar de JESÚS ANTONIO GONZALEZ LUNA, miembro del Comité Ejecutivo Nacional y Director del Departamento de Derechos Humanos. Las tropas ingresaron argumentando la búsqueda de propaganda subversiva y armamento.
Amenazas
· El Sindicato de Educatores de Risaralda (SER) recibió vía fax un panfleto firmado por el autodenominado « Bloque Cacique Calarcá » de « las Autodefensas Unidas de Colombia » que les pedía que se « salgan de la región en un plazo no mayor a 15 días, de no hacerlo, sus unidades actuaran conforme a lo establecido por su estado mayor ».
Las personas amenazadas son :
Diego Osorio, Presidente Seccional de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.
Carlos Valencia, Fiscal de la Junta Directiva Seccional de la CUT.
Aide Trujillo, Presidenta del Sindicato de Educadores de Risaralda, SER.
Rodrigo López, Vice-Presidente del SER.
Vicente Villada, Fiscal de la Junta Directiva del SER.
Gerardo Santibáñez, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Públicas, SINTRAEMDES.
Guillermo Cardona, Presidente del CPDH Seccional Risaralda.
Domingo Taborda, Vice-Presidente del CPDH Seccional Risaralda.
Adriana González, Secretaria General del CPDH Seccional Risaralda e integrante de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Abogados y Abogadas Defensoras “Eduardo Umaña Mendoza”.
María Teresa Henao, del CPDH Seccional Risaralda.
Gustavo Marín, CPDH Seccional Risaralda.
Dover Hoyos, CPDH Seccional Risaralda
Hernando Aguirre, CPDH Seccional Risaralda
Las amenazas se presentan tras un largo período de denuncias por parte de las organizaciones de defensa de los derechos humanos contra el surgimiento y accionar de grupos paramilitares en el Departamento y en toda la región del eje cafetero. Del mismo modo, estas asociaciones exigian a las autoridades nacionales, regionales y locales que tales grupos paramilitares fuesen disueltos, investigados y judicializados.
Miembros de la sociedad civil
Amenazas
· La Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz ha recibido una serie de amenazas a través de cartas, dos de las cuáles han sido dirigidas a DANILO RUEDA, en una secuencia de tres misivas durante los últimos seis meses, acompañado además de seguimientos con hostigamientos.
El 22 de julio, el Sr Danilo Rueda fue seguido durante cerca de 10 minutos cuando se dirigía al Terminal Puente Aéreo de Bogotá. El 30 de julio, llegó a la sede de la organización en Bogotá, una carta dirigida al integrante de la Comisión :
“LE SOLISITAMOS RESPONDER A LA INVITACION DEL DIALOGO NO HUYA CUANDO LO
VOLVAMOS A ABORDAR MANTENGA LA CALMA QUEREMOS ACLARAR SU SITUACION LE
RECORDAMOS QUE USTED ES TODAVIA OBJETIVO MILITAR EL CARGO SER INTEGRANTE
DE LA NARCO GUERRILLA DE LAS FARC O AUXILIAR LA PROXIMA VES NOS PODEMOS
RESPONDER NO SE ESCONDA ES PEOR O NOS VEREMOS OBLIGADOS A OTROS METODOS
ESTE ATENTO RECUERDE A ALMARALES EVITEMOS MAS PROBLEMAS”
El viernes 9 de agosto se recibió en las oficinas en Bogotá nuevamente una comunicación que dice: "SUFRAGIO: LAMENTAMOS EL FALLECIMIENTO DE DANILO RUEDA....EN SEPTIEMBRE. MUERTE DEFENSOR DE GUERRILLEROS. NO MÁS. La nota estaba acompañada con una cruz y una virgen.
La Comisión Intercongresional de Justicia y Paz actua en la región del Urabá Antioqueño, el Bajo Atrato Chocoano desde más de 5 años para el respeto de los derechos de las comunidades mestizas, afrodescendientes e indígenas victimas de la guerilla.
· El Proyecto en Colombia de Equipos Cristianos de Acción por la Paz de Barrancabermeja (ECAP), recibió informaciones que indicaban que la tropas de « Autodefensas Unidas de Colombia » (AUC) podían tener un plan para matar a un miembro del equipo que se basa en Barrancabermeja.
ECAP había denunciado actos violentos y violaciones de derchos humanos cometidos por los actores armados que operan en la región (incluyendo fuerzas paramilitares, guerrilleras y estatales).
Acción solicitada
Favor escribir a las autoridades Colombianas con el fin de urgirle a :
· ordenar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos arriba mencionados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;
· tomar inmediatamente las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los defensores amenazados, y en general de todos los defensores de derechos humanos en Colombia, de forma que se cumplan los compromisos adquiridos por el actual ministro del interior respecto de los defensores de DDHH ;
· dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
· garantizar el respeto a la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos adoptada por Naciones Unidas en 1998;
· de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia
Direcciones:
S. E. Alvaro Uribe, Presidente de la República, Cra. 8 n°.7-26, Palacio de Nariño, Santafé de Bogotá; fax: (+57 1) 566 20 71; email : auribe@presidencia.gov.co
Fernando Londoño Hoyos. Ministro de Justicia e Interior
mininterior@myrealbox.com
ministro@minjusticia.gov.co
Francisco Santos, Vicepresidente de la República de Colombia
fsantos@presidencia.gov.co
Programa Presidencial de Derechos Humanos.
ppdh@presidencia.gov.co
Y a las representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países
Ginebra - Paris, 31 de Agosto del 2002
Agradecemos informar al Observatorio acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código del presente llamado.
El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
Premio de Derechos Humanos de la República Francesa, 1998
****************
Para contactar el Observatorio, comuníquese a la Línea de Urgencia:
Tel. y fax FIDH : (+ 33 1) 4 355 20 11 / 4 355 18 80
Tel. y fax OMCT : (+ 41 22) 809 49 39 / 809 49 29
E-mail : observatoire@iprolink.ch
AGOSTO DEL 2002
Contexto
El mes de agosto ha sido marcado por la accesión a la Presidencia de Alvaro Uribe Vélez el pasado 7 de Agosto.
El Observatorio expresa su preocupación por las medidas políticas adoptadas por el nuevo gobierno de Álvaro Uribe Vélez y en particular el decreto 1837 de 2002, que instaura el Estado de Conmoción Interior, tras la oleada de actos terroristas producidos a partir del 7 de agosto.
El Estado de Conmoción Interior, previsto por los artículos 213 y 214 de la Constitución y regulado por la ley 137 de 1994, autoriza limitaciones en la libertad de prensa, restricciones a los derechos de reunión y de
movilización, el rechazo de ciertos derechos a los ciudadanos extranjeros y la posibilidad de detención provisional y de inspecciones domiciliarias sin orden judicial.
El Observatorio llama al gobierno de Colombia a respetar el principio de proporcionalidad, que con arreglo al artículo 13 de la ley 137 implica que “La limitación en el ejercicio de los derechos y libertades sólo será admisible en el grado estrictamente necesario, para buscar el retorno a la normalidad.”
El Observatorio se encuentra también preocupado por las presiones políticas ejercidas contra la Corte Constitucional de Colombia, que debe pronunciarse próximamente acerca de la inexequibilidad del decreto.
Entre las otras medidas adoptadas por Alvaro Uribe Vélez, se destaca la creación de una red de 600 informantes (en algunos casos armados) en el departamento del Cesar, lo que implica el inicio de su proyecto de campaña de implicar a un millón de civiles en el conflicto armado. Esta medida, que es incompatible con un gran número de normas internacionales de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario (DIH), ha sido fuertemente criticada por Mary Robinson, Alta Comisaria de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante su discurso del 18 de abril de 2002 ante la Comisión de DDHH de Naciones Unidas.
Otro hecho significativo ocurido durante este mes fue la publicación del informe del defensor del pueblo sobre la situación de los síndicalistas en el país, completada por el estudio de la Escuela Nacional Sindical que indican claramente el deterioro de la situación de seguridad de los dirigentes sindicales en el año 2002.
Según el informe de la Escuela Nacional Sindical desde el primero de enero hasta el 21 de agosto de este año, en Colombia se han registrado 116 homicidios de sindicalistas - frente a 112 casos registrados en igual periodo del año 2001 - , 50 amenazas de muerte, 19 secuestros, 17 atentados, 5 desapariciones y 19 hostigamientos. En varios casos las víctimas se vieron obligados a abandonar el país como consecuencia de la persecución individual o a su organización.
La violencia contra los dirigentes sindicales evidencia que las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores sindicalizados en el país son discriminadas y selectivas; que tienen como causa fundamental la actividad sindical. Son dirigidas fundamentalmente contra dirigentes sindicales y organizaciones sindicales que poseen gran capacidad de negociación y presión pública y política con el Estado e importantes empresarios del país como es el caso de la Central Unitaria de Trabajadores - CUT - y de la Federación Colombiana de Educadores – FECODE.
Por su parte, el defensor del Pueblo, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, condenó las graves violaciones de los derechos fundamentales de los trabajadores y líderes sindicales que se han cometido en la última década, como lo demuestra el hecho de que desde 1990 hasta la fecha, se registran más de 1000 muertes violentas de sindicalistas. De igual manera, señaló que la impunidad continúa siendo una de las causas del escalamiento de las acciones violentas contra el movimiento sindical.
La Defensoría considera que las acciones violentas contra el movimiento sindical se deben, en buena parte, a la percepción equívoca que tienen algunos sectores de los objetivos de lucha sindical que, con el proceso de estigmatización de que son víctimas, han convertido a muchos sindicatos en "objetivo militar" de los grupos de autodefensas o "paramilitares". A ello se suma la actuación de otros grupos de "justicia privada" que buscan forzar la solución de un conflicto laboral determinado, liquidando los sindicatos o cercenando el derecho de huelga.
El Observatorio apoya las soluciones avanzadas por la Defensoría para reforzar el actual Programa de Protección para dirigentes sindicales y trabajadores sindicalizados amenazados y la defensa de las sedes de los sindicatos, y recomienda al estado el cumplimiento de las recomendaciones.
En particular, el estado en el que se encuentran las investigaciones y para evitar que algunas queden en la impunidad, la Defensoría ha recomendado al Gobierno nacional que destine los recursos indispensables para crear un fondo especial que financie el impulso de las investigaciones penales por las graves violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas.
Además, la Defensoría recomienda a los funcionarios judiciales facilitar la constitución de la "parte civil popular". Ello implica permitirle al sindicato al que pertenecía el trabajador asesinado o la víctima de atentados contra el derecho a la vida y la integridad personal, concederle "poder" a un abogado para que se constituya en parte civil y promueva el desarrollo del proceso.
El Observatorio considera que el cumplimiento de estas medidas son fundamentales para que cese el clima de impunidad entorno a los asesinatos, amenazas y hostigamiento en contra de los dirigentes sociales así como de todos los defensores de derechos humanos en Colombia.
Mundo sindical
Asesinatos
· El 31 de julio de 2002, en la Ciudad de Valledupar, Departamento del Cesar, fue asesinado RODRIGO GAMBOA COY, Presidente de la Subdirectiva Cesar del Sindicato de Trabajadores del Incora –SINTRADIN-CUT. El Sr. Rodrigo GAMBOA se había dedicado desde hace más de 20 años al trabajo con las comunidades campesinas e indígenas, sujetas a la reforma agraria, así como también a la lucha en la organización sindical.
Atentados
· El 13 de agosto de 2002, en la Ciudad de Cali, Departamento del Valle del Cauca, fue víctima de un atentado el dirigente sindical OMAR ROMERO DIAZ. El Sr. Omar Romero Diaz es responsable de Asuntos Jurídicos y hace parte del Colectivo de Derechos Humanos de su organización sindical que es el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales para Construcción -SUTIMAC-CUT.
Allanamiento
· En la noche del 16 de agosto de 2002, tropas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional allanaron la casa familiar de JESÚS ANTONIO GONZALEZ LUNA, miembro del Comité Ejecutivo Nacional y Director del Departamento de Derechos Humanos. Las tropas ingresaron argumentando la búsqueda de propaganda subversiva y armamento.
Amenazas
· El Sindicato de Educatores de Risaralda (SER) recibió vía fax un panfleto firmado por el autodenominado « Bloque Cacique Calarcá » de « las Autodefensas Unidas de Colombia » que les pedía que se « salgan de la región en un plazo no mayor a 15 días, de no hacerlo, sus unidades actuaran conforme a lo establecido por su estado mayor ».
Las personas amenazadas son :
Diego Osorio, Presidente Seccional de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.
Carlos Valencia, Fiscal de la Junta Directiva Seccional de la CUT.
Aide Trujillo, Presidenta del Sindicato de Educadores de Risaralda, SER.
Rodrigo López, Vice-Presidente del SER.
Vicente Villada, Fiscal de la Junta Directiva del SER.
Gerardo Santibáñez, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Públicas, SINTRAEMDES.
Guillermo Cardona, Presidente del CPDH Seccional Risaralda.
Domingo Taborda, Vice-Presidente del CPDH Seccional Risaralda.
Adriana González, Secretaria General del CPDH Seccional Risaralda e integrante de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Abogados y Abogadas Defensoras “Eduardo Umaña Mendoza”.
María Teresa Henao, del CPDH Seccional Risaralda.
Gustavo Marín, CPDH Seccional Risaralda.
Dover Hoyos, CPDH Seccional Risaralda
Hernando Aguirre, CPDH Seccional Risaralda
Las amenazas se presentan tras un largo período de denuncias por parte de las organizaciones de defensa de los derechos humanos contra el surgimiento y accionar de grupos paramilitares en el Departamento y en toda la región del eje cafetero. Del mismo modo, estas asociaciones exigian a las autoridades nacionales, regionales y locales que tales grupos paramilitares fuesen disueltos, investigados y judicializados.
Miembros de la sociedad civil
Amenazas
· La Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz ha recibido una serie de amenazas a través de cartas, dos de las cuáles han sido dirigidas a DANILO RUEDA, en una secuencia de tres misivas durante los últimos seis meses, acompañado además de seguimientos con hostigamientos.
El 22 de julio, el Sr Danilo Rueda fue seguido durante cerca de 10 minutos cuando se dirigía al Terminal Puente Aéreo de Bogotá. El 30 de julio, llegó a la sede de la organización en Bogotá, una carta dirigida al integrante de la Comisión :
“LE SOLISITAMOS RESPONDER A LA INVITACION DEL DIALOGO NO HUYA CUANDO LO
VOLVAMOS A ABORDAR MANTENGA LA CALMA QUEREMOS ACLARAR SU SITUACION LE
RECORDAMOS QUE USTED ES TODAVIA OBJETIVO MILITAR EL CARGO SER INTEGRANTE
DE LA NARCO GUERRILLA DE LAS FARC O AUXILIAR LA PROXIMA VES NOS PODEMOS
RESPONDER NO SE ESCONDA ES PEOR O NOS VEREMOS OBLIGADOS A OTROS METODOS
ESTE ATENTO RECUERDE A ALMARALES EVITEMOS MAS PROBLEMAS”
El viernes 9 de agosto se recibió en las oficinas en Bogotá nuevamente una comunicación que dice: "SUFRAGIO: LAMENTAMOS EL FALLECIMIENTO DE DANILO RUEDA....EN SEPTIEMBRE. MUERTE DEFENSOR DE GUERRILLEROS. NO MÁS. La nota estaba acompañada con una cruz y una virgen.
La Comisión Intercongresional de Justicia y Paz actua en la región del Urabá Antioqueño, el Bajo Atrato Chocoano desde más de 5 años para el respeto de los derechos de las comunidades mestizas, afrodescendientes e indígenas victimas de la guerilla.
· El Proyecto en Colombia de Equipos Cristianos de Acción por la Paz de Barrancabermeja (ECAP), recibió informaciones que indicaban que la tropas de « Autodefensas Unidas de Colombia » (AUC) podían tener un plan para matar a un miembro del equipo que se basa en Barrancabermeja.
ECAP había denunciado actos violentos y violaciones de derchos humanos cometidos por los actores armados que operan en la región (incluyendo fuerzas paramilitares, guerrilleras y estatales).
Acción solicitada
Favor escribir a las autoridades Colombianas con el fin de urgirle a :
· ordenar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos arriba mencionados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;
· tomar inmediatamente las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los defensores amenazados, y en general de todos los defensores de derechos humanos en Colombia, de forma que se cumplan los compromisos adquiridos por el actual ministro del interior respecto de los defensores de DDHH ;
· dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
· garantizar el respeto a la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos adoptada por Naciones Unidas en 1998;
· de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia
Direcciones:
S. E. Alvaro Uribe, Presidente de la República, Cra. 8 n°.7-26, Palacio de Nariño, Santafé de Bogotá; fax: (+57 1) 566 20 71; email : auribe@presidencia.gov.co
Fernando Londoño Hoyos. Ministro de Justicia e Interior
mininterior@myrealbox.com
ministro@minjusticia.gov.co
Francisco Santos, Vicepresidente de la República de Colombia
fsantos@presidencia.gov.co
Programa Presidencial de Derechos Humanos.
ppdh@presidencia.gov.co
Y a las representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países
Ginebra - Paris, 31 de Agosto del 2002
Agradecemos informar al Observatorio acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código del presente llamado.
El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
Premio de Derechos Humanos de la República Francesa, 1998
****************
Para contactar el Observatorio, comuníquese a la Línea de Urgencia:
Tel. y fax FIDH : (+ 33 1) 4 355 20 11 / 4 355 18 80
Tel. y fax OMCT : (+ 41 22) 809 49 39 / 809 49 29
E-mail : observatoire@iprolink.ch