Colombia
05.11.02
Intervenciones urgentes
Colombia: llamado especial defensores octubre 2002
LLAMADO ESPECIAL: SITUACIÓN DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
OCTUBRE DEL 2002
Contexto
El mes de Octubre ha sido marcado por una serie de actos de hostigamiento y de intimidación en contra de numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos y de sus integrantes, en particular de varios allanamientos. La situación de seguridad de los sindicalistas sigue siendo extremadamente precaria. Sin embargo, debido a las elecciones que se han producido tanto en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) como en la USO (Unión Sindical Obrera) y a los cambios en ambas direcciones de los departamentos de derechos humanos, las informaciones recibidas serán recalcadas en el llamado del mes de Noviembre.
Los actos de violencia contra las ONG aparecen ser la consecuencia directa de la implementación de las nuevas leyes adoptadas dentro del marco del Estado de Conmoción Interior decretado el pasado mes de Agosto por el Presidente Álvaro Uribe Vélez, para intentar de poner fin al clima de violencia generado por la guerrilla que paraliza el país desde numerosos años.
Las leyes adoptadas en virtud del Estado de Conmoción Interior (especialmente los decretos n. 2002 votado el 9 de Septiembre de 2002, y n.1837 votado el 11 de Agosto de 2002) restringen considerablemente las libertades fundamentales : autorizan limitaciones en la libertad de prensa, restricciones a los derechos de reunión y de movilización, reglamentan los derechos de circulación y residencia, permiten allanamientos y capturas sin previa orden judicial. Las leyes se traducen también por un fuerte incremento de las prerrogativas y de los poderes del ejército y de las fuerzas de policía.
El Observatorio entiende las preocupaciones legítimas del gobierno de Álvaro Uribe Vélez para restaurar la seguridad ciudadana y luchar contra los grupos guerrilleros y los actos terroristas y criminales, pero quiere recordar de nuevo que esta lucha debe desencadenarse dentro de un marco respetuoso de la legalidad y de los principales instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos.
El Estado Colombiano debe también respectar el principio de proporcionalidad que con arreglo al artículo 13 de la ley 137 implica que “La limitación en el ejercicio de los derechos y libertades sólo será admisible en el grado estrictamente necesario, para buscar el retorno a la normalidad.”
El Observatorio quiere manifestar su preocupación por varias declaraciones hechas por miembros del gobierno que tienden a asimilar a las organizaciones de derechos humanos a la guerrilla. Eso afecta peligrosamente el trabajo legitimo de estas organizaciones y pone en peligro la vida de sus integrantes.
Las leyes adoptadas dentro del Estado de conmoción interior aparecen aplicarse hoy sin distinción a los que luchan por el respecto de la democracia y a los que la ponen en peligro. Entre las primeras víctimas del Estado de Conmoción Interior figuran la población civil y los miembros de asociaciones.
Como hecho particularmente ilustrativo de esta tendencia se registraron numerosas allanamientos de oficinas de organizaciones de derechos humanos permitidas gracias al decreto 2002, que autoriza los allanamientos sin previa orden judicial. Es de notar que esta medida viola los artículos 17 y 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al establecerse que el mismo puede cumplirse “siempre que haya urgencia insuperable y la necesidad de proteger un derecho fundamental en grave o inminente peligro”.
El Observatorio condena estos actos que ponen en cuestión la legitimidad de la labor desarrollada por organizaciones sociales y de derechos humanos colombianas a favor de la construcción de la paz y respecto y ampliación de la democracia, reconocida por diversos órganos técnicos y políticos del Sistema interamericano y de las Naciones Unidas.
El Observatorio teme que la situación de presión que deben enfrentar las ONG dentro del marco del Estado de Conmoción Interior obstaculice más sus actividades y en particular la transmisión de la información.
El Observatorio urge a las autoridades colombianas de realizar todos los esfuerzos necesarios para ofrecer garantías para el labor de las organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Miembros de la sociedad civil
Allanamientos de oficinas de ONG
El 9 de octubre, fue allanada la sede de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC) en la ciudad de Barrancabermeja. A las 3 de la madrugada, efectivos del Ejército Nacional, del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y miembros de la Fiscalía, registraron archivos, documentos, y fotografiaron un álbum que contenía fotos donde aparecen miembros directivos y afiliados de la ACVC, al igual que el pasaporte perteneciente a Miguel Cifuentes Ardila miembro directivo de esta organización, llevándose varios videos institucionales.
Estos hechos se produjeron a un día de llevarse a cabo la Comisión de Verificación y Seguimiento a los hechos ocurridos en la vereda de Yanacué, (afiliada a la ACVC) jurisdicción del municipio de Cantagallo, -conformada por Organismos de Control del Estado, ONGs y Organizaciones Internacionales-, en donde el día 23 de septiembre a las 5.30, miembros del Batallón Nueva Granada con sede en la ciudad de Barrancabermeja, rodearon y dispararon injustificadamente contra una vivienda campesina, siendo con esto asesinado un niño de 9 años Nelson Alirio Hernández, el señor Florentino Castellanos Zetuain de 37 años e hiriendo gravemente a la señora Mongui Hernández Jerez madre del niño, lo que obligó a la amputación de una de sus piernas.
El 22 de Octubre, en el barrio Policarpa, fue allanada la casa del Sr. Pedro Salas Adulto, miembro de Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. (ASFADDES)
El 25 de Octubre entre las 4.45 y 6.30 de la mañana fue allanado la sede de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil Por la Paz, en la ciudad de Bogotá. Aproximadamente 40 efectivos de la Policía Judicial de la Dirección Central de Policía Judicial (DIJIN), del Departamento Administrativo de Seguridad y del Ejército, rompieron una ventana para entrar, encañonaron al propietario de la casa, un señor de 70 años de edad, forzaron cerraduras revisaron computadores y archivos.
Hostigamiento/Amenazas
Martha Lucía Rentería, defensora de los derechos humanos del municipio de Jamundí, departamento de Valle del Cauca, ha recibido serias amenazas.
El 26 de septiembre del 2002, dos hombres no identificados entraron en la oficina de la Defensoría del Pueblo Regional de Valle del Cauca e insistieron en conocer el paradero de Martha Lucía Rentería. Como las personas de recepción no les respondieron, se dirigieron al escritorio de uno de los empleados y dijeron en tono amenazador: «no se preocupen que nosotros la encontraremos donde esté en el día de hoy». Como defensora de los derechos humanos, Martha Lucía Rentería ha denunciado públicamente casos importantes de homicidio, «desaparición» y desplazamiento. Debido a su trabajo de defensora, ella ya había sido victima de un atentado. El 29 de septiembre del 2000 dispararon contra ella después de que asistiera a una reunión.
Detenciones
El 9 de Octubre, cuando regresaban de desarrollar una labor humanitaria en Yondo (departamento de Antioquia) en compañía de integrantes de la Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra, fueron detenidos Benjamin David Horst (ciudadano estadounidense) y Martens Lisa Daw (ciudadana canadiense), miembros de Equipos Cristianos de acción por la Paz. Por parte del gobierno Colombiano se dispuso la deportación de Bejamin David Horst, y la libertad de Martens Lisa Daw argumentando para ello que no poseía un visa que le permitiera desarrollar labores humanitarias.
Eso puede ser una aplicación concreta del decreto n. 2002 (artículos 10 y 22) que permite al gobierno de reglamentar el derecho de circulación por los extranjeros en las zonas de rehabilitación y consolidación como es el caso del departamento de Antioquia. Estas disposiciones no resultan compatibles con el principio de no-discriminación previsto por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Mundo sindical
Amenazas
El 22 de Octubre fueron declarados objetivo militar por los paramilitares a los señores Gerardo González, Mario A. Moreno, Carlos Dimaté, Antonio y Demetrio Gerrero, Marcos Moreno, Diógenes Correa.
Todos son miembros de SINPEAGRICUN, filial de FENSUAGRO.
Desapariciones/Detenciones
El 22 de Octubre desapareció el Sr. Víctor Manuel Jiménez Fruto afiliado al FENSUAGRO.
Está detenido desde el 30 de Octubre el Sr. Telberto González, Presidente del Sindicato Departamental SINDAGRICULTORES de Sucre. Seis soldados del batallón Bafin de Corsal llegaron en una camioneta roja, sin orden de arresto y subieron al Sr. González a dicha camioneta.
Hasta la fecha lo tienen totalmente incomunicado.
El 20 de Septiembre fue allanada la casa del Sr. González.
Acción solicitada
Favor escribir a las autoridades Colombianas con el fin de urgirle a :
· Condenar públicamente y poner fin a los allanamientos a oficinas de defensa de los derechos humanos que constituyen un grave obstáculo a la labor que desempeñan.
· Limitar la aplicación de los decretos de Conmoción Interior, para no atentar a las libertades individuales y colectivas garantizadas por la constitución Colombiana y los instrumentos de Derecho Internacional.
· ordenar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos arriba mencionados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;
· tomar inmediatamente las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los defensores amenazados, y en general de todos los defensores de derechos humanos en Colombia, de forma que se cumplan los compromisos adquiridos por el actual ministro del interior respecto de los defensores de DDHH ;
· dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
· garantizar el respeto a la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos adoptada por Naciones Unidas en 1998;
· de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia
Direcciones
S. E ALVARO URIBE VELEZ, Presidente de la República
Carrera 8 n. 7-26 Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá
Teléfono. +57.1.5629300 ext. 3550 (571 ) 284 33 00
Fax (571 ) 286 74 34 - 286, 68 42 -284 21 86, email : auribe@presidencia.gov.co
S. E FERNANDO LONDOÑO HOYOS, Ministro del Interior y Justicia,
Carrera 8 # 8-09 – Bogotá
Fax: 0057-1-286.80.25
MARTHA LUCÍA RAMÍREZ DE RINCÓN, Ministra de la Defensa
Avenida El Dorado con Carrera 52 CAN Santa Fe de Bogotá
Télex: 42411 INPRE CO; 44561 CFAC CO Tel-fax: +57.1.222.1874
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Defensoría del Pueblo, Calle 55 n. 10-32 Santa Fe de Bogotá
Fax: +57.1.346.1225
FRANCISCO SANTOS, Vicepresidente de la República,
Consejería Presidencial de Derechos Humanos, Calle 7 No 6-54 Piso 3, Santa Fe de Bogotá, D. C.
Telefax: +57.1.337.1351
Gral (RE) TEODORO CAMPO, Director General Policía Nacional, Santafé de Bogotá
Fax: +57.1.428.7634 - +57.1.315.9527
LUIS CARLOS RESTREPO
Alto Comisionado para la Paz Fax: +57.1.560.9946
Y a las representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países
Ginebra - Paris, 31 de Octubre del 2002
Agradecemos informar al Observatorio acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código del presente llamado.
El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
Premio de Derechos Humanos de la República Francesa, 1998
Para contactar el Observatorio, comuníquese a la Línea de Urgencia:
Tel. y fax FIDH : (+ 33 1) 4 355 20 11 / 4 355 18 80
Tel. y fax OMCT : (+ 41 22) 809 49 39 / 809 49 29
E-mail : observatoire@iprolink.ch
OCTUBRE DEL 2002
Contexto
El mes de Octubre ha sido marcado por una serie de actos de hostigamiento y de intimidación en contra de numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos y de sus integrantes, en particular de varios allanamientos. La situación de seguridad de los sindicalistas sigue siendo extremadamente precaria. Sin embargo, debido a las elecciones que se han producido tanto en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) como en la USO (Unión Sindical Obrera) y a los cambios en ambas direcciones de los departamentos de derechos humanos, las informaciones recibidas serán recalcadas en el llamado del mes de Noviembre.
Los actos de violencia contra las ONG aparecen ser la consecuencia directa de la implementación de las nuevas leyes adoptadas dentro del marco del Estado de Conmoción Interior decretado el pasado mes de Agosto por el Presidente Álvaro Uribe Vélez, para intentar de poner fin al clima de violencia generado por la guerrilla que paraliza el país desde numerosos años.
Las leyes adoptadas en virtud del Estado de Conmoción Interior (especialmente los decretos n. 2002 votado el 9 de Septiembre de 2002, y n.1837 votado el 11 de Agosto de 2002) restringen considerablemente las libertades fundamentales : autorizan limitaciones en la libertad de prensa, restricciones a los derechos de reunión y de movilización, reglamentan los derechos de circulación y residencia, permiten allanamientos y capturas sin previa orden judicial. Las leyes se traducen también por un fuerte incremento de las prerrogativas y de los poderes del ejército y de las fuerzas de policía.
El Observatorio entiende las preocupaciones legítimas del gobierno de Álvaro Uribe Vélez para restaurar la seguridad ciudadana y luchar contra los grupos guerrilleros y los actos terroristas y criminales, pero quiere recordar de nuevo que esta lucha debe desencadenarse dentro de un marco respetuoso de la legalidad y de los principales instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos.
El Estado Colombiano debe también respectar el principio de proporcionalidad que con arreglo al artículo 13 de la ley 137 implica que “La limitación en el ejercicio de los derechos y libertades sólo será admisible en el grado estrictamente necesario, para buscar el retorno a la normalidad.”
El Observatorio quiere manifestar su preocupación por varias declaraciones hechas por miembros del gobierno que tienden a asimilar a las organizaciones de derechos humanos a la guerrilla. Eso afecta peligrosamente el trabajo legitimo de estas organizaciones y pone en peligro la vida de sus integrantes.
Las leyes adoptadas dentro del Estado de conmoción interior aparecen aplicarse hoy sin distinción a los que luchan por el respecto de la democracia y a los que la ponen en peligro. Entre las primeras víctimas del Estado de Conmoción Interior figuran la población civil y los miembros de asociaciones.
Como hecho particularmente ilustrativo de esta tendencia se registraron numerosas allanamientos de oficinas de organizaciones de derechos humanos permitidas gracias al decreto 2002, que autoriza los allanamientos sin previa orden judicial. Es de notar que esta medida viola los artículos 17 y 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al establecerse que el mismo puede cumplirse “siempre que haya urgencia insuperable y la necesidad de proteger un derecho fundamental en grave o inminente peligro”.
El Observatorio condena estos actos que ponen en cuestión la legitimidad de la labor desarrollada por organizaciones sociales y de derechos humanos colombianas a favor de la construcción de la paz y respecto y ampliación de la democracia, reconocida por diversos órganos técnicos y políticos del Sistema interamericano y de las Naciones Unidas.
El Observatorio teme que la situación de presión que deben enfrentar las ONG dentro del marco del Estado de Conmoción Interior obstaculice más sus actividades y en particular la transmisión de la información.
El Observatorio urge a las autoridades colombianas de realizar todos los esfuerzos necesarios para ofrecer garantías para el labor de las organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Miembros de la sociedad civil
Allanamientos de oficinas de ONG
El 9 de octubre, fue allanada la sede de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC) en la ciudad de Barrancabermeja. A las 3 de la madrugada, efectivos del Ejército Nacional, del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y miembros de la Fiscalía, registraron archivos, documentos, y fotografiaron un álbum que contenía fotos donde aparecen miembros directivos y afiliados de la ACVC, al igual que el pasaporte perteneciente a Miguel Cifuentes Ardila miembro directivo de esta organización, llevándose varios videos institucionales.
Estos hechos se produjeron a un día de llevarse a cabo la Comisión de Verificación y Seguimiento a los hechos ocurridos en la vereda de Yanacué, (afiliada a la ACVC) jurisdicción del municipio de Cantagallo, -conformada por Organismos de Control del Estado, ONGs y Organizaciones Internacionales-, en donde el día 23 de septiembre a las 5.30, miembros del Batallón Nueva Granada con sede en la ciudad de Barrancabermeja, rodearon y dispararon injustificadamente contra una vivienda campesina, siendo con esto asesinado un niño de 9 años Nelson Alirio Hernández, el señor Florentino Castellanos Zetuain de 37 años e hiriendo gravemente a la señora Mongui Hernández Jerez madre del niño, lo que obligó a la amputación de una de sus piernas.
El 22 de Octubre, en el barrio Policarpa, fue allanada la casa del Sr. Pedro Salas Adulto, miembro de Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. (ASFADDES)
El 25 de Octubre entre las 4.45 y 6.30 de la mañana fue allanado la sede de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil Por la Paz, en la ciudad de Bogotá. Aproximadamente 40 efectivos de la Policía Judicial de la Dirección Central de Policía Judicial (DIJIN), del Departamento Administrativo de Seguridad y del Ejército, rompieron una ventana para entrar, encañonaron al propietario de la casa, un señor de 70 años de edad, forzaron cerraduras revisaron computadores y archivos.
Hostigamiento/Amenazas
Martha Lucía Rentería, defensora de los derechos humanos del municipio de Jamundí, departamento de Valle del Cauca, ha recibido serias amenazas.
El 26 de septiembre del 2002, dos hombres no identificados entraron en la oficina de la Defensoría del Pueblo Regional de Valle del Cauca e insistieron en conocer el paradero de Martha Lucía Rentería. Como las personas de recepción no les respondieron, se dirigieron al escritorio de uno de los empleados y dijeron en tono amenazador: «no se preocupen que nosotros la encontraremos donde esté en el día de hoy». Como defensora de los derechos humanos, Martha Lucía Rentería ha denunciado públicamente casos importantes de homicidio, «desaparición» y desplazamiento. Debido a su trabajo de defensora, ella ya había sido victima de un atentado. El 29 de septiembre del 2000 dispararon contra ella después de que asistiera a una reunión.
Detenciones
El 9 de Octubre, cuando regresaban de desarrollar una labor humanitaria en Yondo (departamento de Antioquia) en compañía de integrantes de la Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra, fueron detenidos Benjamin David Horst (ciudadano estadounidense) y Martens Lisa Daw (ciudadana canadiense), miembros de Equipos Cristianos de acción por la Paz. Por parte del gobierno Colombiano se dispuso la deportación de Bejamin David Horst, y la libertad de Martens Lisa Daw argumentando para ello que no poseía un visa que le permitiera desarrollar labores humanitarias.
Eso puede ser una aplicación concreta del decreto n. 2002 (artículos 10 y 22) que permite al gobierno de reglamentar el derecho de circulación por los extranjeros en las zonas de rehabilitación y consolidación como es el caso del departamento de Antioquia. Estas disposiciones no resultan compatibles con el principio de no-discriminación previsto por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Mundo sindical
Amenazas
El 22 de Octubre fueron declarados objetivo militar por los paramilitares a los señores Gerardo González, Mario A. Moreno, Carlos Dimaté, Antonio y Demetrio Gerrero, Marcos Moreno, Diógenes Correa.
Todos son miembros de SINPEAGRICUN, filial de FENSUAGRO.
Desapariciones/Detenciones
El 22 de Octubre desapareció el Sr. Víctor Manuel Jiménez Fruto afiliado al FENSUAGRO.
Está detenido desde el 30 de Octubre el Sr. Telberto González, Presidente del Sindicato Departamental SINDAGRICULTORES de Sucre. Seis soldados del batallón Bafin de Corsal llegaron en una camioneta roja, sin orden de arresto y subieron al Sr. González a dicha camioneta.
Hasta la fecha lo tienen totalmente incomunicado.
El 20 de Septiembre fue allanada la casa del Sr. González.
Acción solicitada
Favor escribir a las autoridades Colombianas con el fin de urgirle a :
· Condenar públicamente y poner fin a los allanamientos a oficinas de defensa de los derechos humanos que constituyen un grave obstáculo a la labor que desempeñan.
· Limitar la aplicación de los decretos de Conmoción Interior, para no atentar a las libertades individuales y colectivas garantizadas por la constitución Colombiana y los instrumentos de Derecho Internacional.
· ordenar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos arriba mencionados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;
· tomar inmediatamente las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los defensores amenazados, y en general de todos los defensores de derechos humanos en Colombia, de forma que se cumplan los compromisos adquiridos por el actual ministro del interior respecto de los defensores de DDHH ;
· dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
· garantizar el respeto a la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos adoptada por Naciones Unidas en 1998;
· de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia
Direcciones
S. E ALVARO URIBE VELEZ, Presidente de la República
Carrera 8 n. 7-26 Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá
Teléfono. +57.1.5629300 ext. 3550 (571 ) 284 33 00
Fax (571 ) 286 74 34 - 286, 68 42 -284 21 86, email : auribe@presidencia.gov.co
S. E FERNANDO LONDOÑO HOYOS, Ministro del Interior y Justicia,
Carrera 8 # 8-09 – Bogotá
Fax: 0057-1-286.80.25
MARTHA LUCÍA RAMÍREZ DE RINCÓN, Ministra de la Defensa
Avenida El Dorado con Carrera 52 CAN Santa Fe de Bogotá
Télex: 42411 INPRE CO; 44561 CFAC CO Tel-fax: +57.1.222.1874
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Defensoría del Pueblo, Calle 55 n. 10-32 Santa Fe de Bogotá
Fax: +57.1.346.1225
FRANCISCO SANTOS, Vicepresidente de la República,
Consejería Presidencial de Derechos Humanos, Calle 7 No 6-54 Piso 3, Santa Fe de Bogotá, D. C.
Telefax: +57.1.337.1351
Gral (RE) TEODORO CAMPO, Director General Policía Nacional, Santafé de Bogotá
Fax: +57.1.428.7634 - +57.1.315.9527
LUIS CARLOS RESTREPO
Alto Comisionado para la Paz Fax: +57.1.560.9946
Y a las representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países
Ginebra - Paris, 31 de Octubre del 2002
Agradecemos informar al Observatorio acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código del presente llamado.
El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
Premio de Derechos Humanos de la República Francesa, 1998
Para contactar el Observatorio, comuníquese a la Línea de Urgencia:
Tel. y fax FIDH : (+ 33 1) 4 355 20 11 / 4 355 18 80
Tel. y fax OMCT : (+ 41 22) 809 49 39 / 809 49 29
E-mail : observatoire@iprolink.ch