Colombia
19.05.03
Intervenciones urgentes
Colombia: Llamado especial defensores marzo - abril 2003
LLAMADO ESPECIAL: SITUACIÓN DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN
COLOMBIA
MARZO - ABRIL DE 2003
Contexto
Durante la 59ava sesión de la Comisión de derechos humanos que tuvo
lugar en Ginebra del 17 de marzo al 25 de abril de 2003, la situación
de los derechos humanos en Colombia fue objeto de varios debates. Las
ONG colombianas e internacionales que atendían la sesión de la
Comisión fueron unánimes tanto en sus intervenciones ante la Comisión
como en los eventos paralelos a ésta, en su preocupación por la
alarmante situación de defensores de los derechos humanos en Colombia
y su constante degradación y su llamado a una movilización de la
comunidad internacional para poner fin a esta situación. Varias ONG
denunciaron la política de seguridad democrática del gobierno
colombiano y las medidas que han sido tomadas en los últimos meses
contra líderes sociales, sindicalistas y defensores de derechos
humanos. Añadieron que los derechos humanos y las libertades
fundamentales habían sido sistemáticamente violados con el
establecimiento de áreas de rehabilitación, sobre todo en Arauca.
El Observatorio por su parte y conjuntamente con "abogados sin
fronteras - Francia" publicó el 17 de marzo de 2003, día de la
apertura de la sesión de la Comisión, el informe " Colombia:
Administración de la justicia o de la impunidad?". Este informe
basado en una misión de investigación, que tuvo lugar en agosto de
2002, examina las reformas efectuadas o planeadas por el Gobierno
actual, reformas que pueden atentar contra ciertas garantías
judiciales que benefician a la población colombiana. Adicionalmente,
este informe ofrece un panorama sobre los obstáculos impuestos a los
operadores de la justicia en el ejercicio de sus funciones.
Finalmente, propone varias recomendaciones con el objetivo de
garantizar la independencia de los funcionarios de la rama judicial
y el respeto al derecho a un juicio justo.
El 31 de marzo de 2003, se entregó en premio Martín Ennals a Alirio
Uribe Muñoz, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo quién defiende los derechos de las víctimas desde hace más
de 10 años. En Colombia, unos 10 miembros de ONGs y 150 sindicalistas
fueron asesinados en 2001. El 90% de estos crímenes han sido
cometidos por los grupos paramilitares, cuyas connivencias con la
fuerza pública han sido denunciadas en repetidas ocasiones y probadas
por los organismos intergubernamentales y no gubernamentales de
defensa de los derechos humanos y un 10% restante por las guerrillas,
el ejército y otros actores. Este premio representa un mensaje de
reconocimiento y esperanza para todos los defensores de derechos
humanos en Colombia, que como Alirio Uribe Muñoz, arriesgan su vida
cada día para denunciar las graves violaciones de derechos humanos y
de DIH y para luchar contra la impunidad que domina el país.
El 4 de abril de 2003, el Alto Comisionado para los derechos humanos,
Sergio Vieira de Mello presentó el informe sobre la situación en
Colombia ante la Comisión de derechos humanos. Como elemento
positivo, subrayó la adopción por parte del gobierno, de instrumentos
de derechos humanos internacionales. Expresó su preocupación por el
conflicto interno y continuado en el país que representa un verdadero
reto para la vigencia de los derechos humanos, en particular los
grupos vulnerables como los defensores de derechos humanos y los
sindicalistas. Según el Alto Comisionado, en este delicado contexto,
el gobierno colombiano se ve obligado a tomar múltiples acciones que
den respuesta a esa situación y a las exigencias de protección de la
población civil.
En respuesta a la intervención del Alto Comisionado, el representante
de Colombia, el Sr. Carlos Franco, afirmó que el gobierno colombiano
había estudiado las recomendaciones del informe del Alto Comisionado
y había adoptado un plan para poner en práctica la mayor parte de
ellos incluyendo la prevención de violaciones de derechos humanos y
la protección de personas vulnerables y comunidades, en particular,
los defensores de derechos humanos y las sindicalistas. La Unión
Europea y Canadá intervinieron para expresar también su profunda
inquietud en el aumento de los ataques contra la integridad y la
seguridad de los defensores de derechos humanos.
El 25 de abril, fue adoptada la Declaración de la Presidencia de la
Comisión sobre Colombia en la que se acogió favorablemente la
extensión del mandato de la oficina del Alto Comisionado en Colombia
durante un período de cuatro años hasta 2006. La Comisión expresó su
inquietud sobre el deterioro de la situación tras la interrupción, en
febrero de 2002 del proceso de diálogo y negociación con las Fuerzas
armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) así como la suspensión del
proceso de diálogo y negociación entre el gobierno y el Ejército de
Liberación Nacional (ELN). Tomando nota de la prioridad colocada por
el nuevo gobierno sobre la seguridad y sobre la violencia, el
terrorismo y el tráfico de drogas, para reforzar instituciones
estatales y establecer la autoridad de la ley, la Comisión acentuó la
responsabilidad del gobierno colombiano con respeto a la situación de
derechos humanos y la observancia de los principios internacionales
humanitarios y democráticos.
La Comisión deploró ataques contra la vida, la integridad física, la
seguridad y la libertad de movimiento de los defensores de derechos
humanos, líderes de sindicato y dignatarios de Iglesia y condenó
también la violación de la libertad de opinión y expresión y el
ejercicio libre de los derechos políticos que afecta en particular
estos grupos.
El Observatorio comparte la preocupación expresada en la Declaración
de la Presidencia de la Comisión y queda en la expectativa que el
Gobierno colombiano cumpla con las recomendaciones que le han sido
dirigidas.
En Colombia, debe destacarse el desarrollo del X Foro del Comité
Permanente por los Derechos Humanos, que contó con la participación
de más de mil defensores de derechos humanos, representantes de las
comunidades indígenas, estudiantes, sindicalistas, ect, y alrededor
de 20 delegados internacionales. Durante este Foro se trataron temas
de fundamental importancia, como las violaciones sistemáticas a los
derechos humanos en las regiones, la posibilidad de realizar un
Acuerdo Humanitario y el impacto de los procesos de integración
económica sobre las políticas sociales en Colombia.
Durante dicho Foro, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo,
procedió a la entrega del premio "José Alvear Restrepo" a 12
defensores de los derechos humanos colombianos, en reconocimiento de
su importante trabajo silencioso por la defensa de los derechos
humanos en Colombia.
Mundo Sindical
Amenazas / Atentados
· El 20 de febrero, el ex-presidente de SINTRAMUNICIPIO y líder
cívico del Consejo de Acción en el municipio de Vijes-Valle de Cauca,
el Sr. Elber Alberto Granja, escapó a un atentado cuando se
encontraba en el jardín de su casa. Un individuo armado empezó a
disparar en su dirección pero fue distraído por la presencia de un
joven que pasaba por la calle en ese momento. El Sr. Alberto Granja,
quién en un principio se había caído al suelo pudo escapar ileso.
· El 12 de marzo, en la ciudad de Calí, departamento del Valle del
Cauca, se realizaba una audiencia pública contra la impunidad y la no
liquidación de EMCALI (Empresa Estatal) cuando miembros de la Brigada
III (Ejército) sin alguna explicación procede a desarmar a los
escoltas de los dirigentes sindicales, e inmovilizaron los vehículos
dejando totalmente desprotegidos a varios dirigentes sindicales entre
ellos: Otoniel Ramirez, Presidente Subdirectiva CUT Valle y Ariel
Diaz, Ejecutivo de la CUT Valle y responsable de Derechos Humanos.
Los militares siempre dijeron que eran ordenes de sus superiores y
nada más, ante lo cuál el Gobierno nunca respondió por estos hechos.
· El 29 de abril, llegó al buzón E-mail de la CUT, una amenaza contra el Comité Ejecutivo Nacional, firmada por "Políticos Honestos de Colombia", motivada por la defensa y protección a los afiliados
amenazados de muerte.
Sociedad civil
Detención de la Presidente del Comité Permanente por la Defensa de
los Derechos humanos y amenazas contra el ex presidente
· El 3 de marzo, la Sra. Teresa Cedeño, presidente del Comité
Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Seccional Arauca,
fue detenida y sometida a tratamiento degradante e inhumano por la
policía nacional en las instalaciones de la Fiscalía en Bogotá. Su
detención se produjo por orden de una funcionaria de la Policía
Nacional, bajo el tipo de "estado de exaltación" previsto en el Nuevo
Código de Policía, que permite detener a una persona por 24 horas. El
hecho que suscitó la detención, fue el reclamo de la Sra Cedeño,
respecto de ciertas funciones que ha venido asumiendo la Policía
Nacional, que son competencia del Cuerpo técnico de la Fiscalía
(CTI), como revisar las ordenes de copia de expedientes para los
defensores. Un agente de la Policía Nacional exigió a la salida de la
Fiscalía, a la doctora Cedeño el cumplimiento de ciertos requisitos
no previstos para la copia de expedientes. La reacción del agente
ante el reclamo fue excesivo, disponiendo de hecho, la retención del
documento de identificación de la abogada, y posteriormente ante la
insistencia, la respuesta física mediante empujones a la Sra.Cedeño.
La responsable de la Oficina de Seguridad de la Fiscalía, le comunicó
a la Sra. Cedeño que iba a hacerle una amonestación por irrespeto a
la Fuerza Pública, y que debía firmarla, a lo cual aquella se negó
por cuanto los hechos no correspondencian a la realidad. El 4 de
marzo, la Sra Cedeño fue dejada en libertad, después de que sus
familiares, organizaciones de derechos humanos, funcionarios públicos
de Vicepresidencia y Policía Nacional, Organización de Naciones
Unidas y otros, requirieran su libertad.
· El 18 de marzo, el Señor Enrique Pertuz, quien ha denunciado el
aumento de las violaciones de los derechos humanos en el departamento
de Arauca desde la declaratoria de la zona de rehabilitación recibió una llamada telefónica de una persona que hablo en nombre de las AUC, quien le manifestó que si tenia la mala suerte de pasar por un reten paramilitar seria asesinado. El Sr Pertuz ha hecho varias declaraciones en las que denuncia el asesinato selectivo de civiles en el departamento y la impunidad en la que permanecen estos crimenes, así como la deterioración de la situación desde la llegada del paramilitarismo con la adopción del Decreto 2002.
Amenazas a abogados de la Asociación Colombiana de Abogados
Defensores de Derechos Humanos
· El 26 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -
CIDH- se dirigió al Estado Colombiano en virtud del artículo 25 de su
Reglamento con el fin de solicitar adopción de medidas cautelares para preservar el derecho a la vida y la integridad personal de los Sres. Waldir Sinisterra y Albert Hoyos Suárez, abogados de la
Asociación Colombiana de Abogados Defensores de Derechos Humanos Eduardo Umaña Mendoza en el Valle del Cauca,. El pasado 4 de febrero, los dos abogados recibieron serias amenazas y tuvieron que abandonar la ciudad y desplazarse al municipio de Guadalajara de Buga, desde donde han venido reclamando protección para sus vidas y sus núcleos familiares.
Acusaciones contra las ONG de derechos humanos
· El 10 de abril, durante una conferencia auspiciada por el Ejército de los Estados Unidos y celebrada en Washington, D.C., el Brigadier General José Arturo Camelo, Director Ejecutivo de la Dirección de Justicia Penal Militar, acusó a las ONG de derechos humanos de llevar a cabo una "guerra jurídica" contra los militares. Más aún, denunció que dichas organizaciones eran "amigas de la
subversión" y que formaban parte de una estrategia coordinada por las
guerrillas. Además, el actual embajador de Colombia en Portugal, el Sr. Plinio Apuleyo Mendoza, cuenta con un extenso record de acusaciones infundadas y ofensivas contra fiscales y organizaciones
de derechos humanos, especialmente contra Human Rights Watch, la
Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados "José
Alvear Restrepo".
Acción solicitada
Favor escribir a las autoridades Colombianas con el fin de urgirles a
:
· tomar inmediatamente las medidas adecuadas para garantizar la
seguridad y la integridad física y psicológica de todos los
defensores amenazados, y en general de todos los defensores de derechos humanos en Colombia;
· ordenar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en
torno a las amenazas y atentados arriba mencionados, con el fin de
identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;
· limitar la aplicación de los decretos de Conmoción Interior de
acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional de Colombia,
para no atentar a las libertades individuales y colectivas garantizadas por la constitución Colombiana y los instrumentos de Derecho Internacional.
· realizar una declaración pública en la que se exprese claramente el apoyo del gobierno de Colombia a la labor legítima de los defensores de derechos humanos.
· dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones de los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
· garantizar el respeto a la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos adoptada por Naciones Unidas en 1998;
· de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la
Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia.
Direcciones
S. E ALVARO URIBE VELEZ, Presidente de la República
Carrera 8 n. 7-26 Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá
Fax (571 ) 286 74 34 - 286, 68 42 -284 21 86, email :
auribe@presidencia.gov.co
S. E FERNANDO LONDOÑO HOYOS, Ministro del Interior y Justicia,
Carrera 8 # 8-09 - Bogotá
Fax: 0057-1-286.80.25
MARTHA LUCÍA RAMÍREZ DE RINCÓN, Ministra de la Defensa
Avenida El Dorado con Carrera 52 CAN Santa Fe de Bogotá
Télex: 42411 INPRE CO; 44561 CFAC CO Tel-fax: +57.1.222.1874
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Defensoría del Pueblo, Calle 55 n. 10-32
Santa Fe de Bogotá
Fax: +57.1.346.1225
FRANCISCO SANTOS, Vicepresidente de la República,
Consejería Presidencial de Derechos Humanos, Calle 7 No 6-54 Piso 3,
Santa Fe de Bogotá, D. C.
Telefax: +57.1.337.1351
Gral (RE) TEODORO CAMPO, Director General Policía Nacional, Santafé
de Bogotá
Fax: +57.1.428.7634 - +57.1.315.9527
LUIS CARLOS RESTREPO
Alto Comisionado para la Paz Fax: +57.1.560.9946
Y a las representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos
países
Ginebra - Paris, 19 de mayo de 2003
Agradecemos informar al Observatorio acerca de cualquier acción
emprendida, indicando el código del presente llamado.
El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está
destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos
víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan
concreta como sea posible.
Premio de Derechos Humanos de la República Francesa, 1998
Para contactar el Observatorio, comuníquese a la Línea de Urgencia:
Tel. y fax FIDH : (+ 33 1) 4 355 20 11 / 4 355 18 80
Tel. y fax OMCT : (+ 41 22) 809 49 39 / 809 49 29
E-mail : observatoire@iprolink.ch
COLOMBIA
MARZO - ABRIL DE 2003
Contexto
Durante la 59ava sesión de la Comisión de derechos humanos que tuvo
lugar en Ginebra del 17 de marzo al 25 de abril de 2003, la situación
de los derechos humanos en Colombia fue objeto de varios debates. Las
ONG colombianas e internacionales que atendían la sesión de la
Comisión fueron unánimes tanto en sus intervenciones ante la Comisión
como en los eventos paralelos a ésta, en su preocupación por la
alarmante situación de defensores de los derechos humanos en Colombia
y su constante degradación y su llamado a una movilización de la
comunidad internacional para poner fin a esta situación. Varias ONG
denunciaron la política de seguridad democrática del gobierno
colombiano y las medidas que han sido tomadas en los últimos meses
contra líderes sociales, sindicalistas y defensores de derechos
humanos. Añadieron que los derechos humanos y las libertades
fundamentales habían sido sistemáticamente violados con el
establecimiento de áreas de rehabilitación, sobre todo en Arauca.
El Observatorio por su parte y conjuntamente con "abogados sin
fronteras - Francia" publicó el 17 de marzo de 2003, día de la
apertura de la sesión de la Comisión, el informe " Colombia:
Administración de la justicia o de la impunidad?". Este informe
basado en una misión de investigación, que tuvo lugar en agosto de
2002, examina las reformas efectuadas o planeadas por el Gobierno
actual, reformas que pueden atentar contra ciertas garantías
judiciales que benefician a la población colombiana. Adicionalmente,
este informe ofrece un panorama sobre los obstáculos impuestos a los
operadores de la justicia en el ejercicio de sus funciones.
Finalmente, propone varias recomendaciones con el objetivo de
garantizar la independencia de los funcionarios de la rama judicial
y el respeto al derecho a un juicio justo.
El 31 de marzo de 2003, se entregó en premio Martín Ennals a Alirio
Uribe Muñoz, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo quién defiende los derechos de las víctimas desde hace más
de 10 años. En Colombia, unos 10 miembros de ONGs y 150 sindicalistas
fueron asesinados en 2001. El 90% de estos crímenes han sido
cometidos por los grupos paramilitares, cuyas connivencias con la
fuerza pública han sido denunciadas en repetidas ocasiones y probadas
por los organismos intergubernamentales y no gubernamentales de
defensa de los derechos humanos y un 10% restante por las guerrillas,
el ejército y otros actores. Este premio representa un mensaje de
reconocimiento y esperanza para todos los defensores de derechos
humanos en Colombia, que como Alirio Uribe Muñoz, arriesgan su vida
cada día para denunciar las graves violaciones de derechos humanos y
de DIH y para luchar contra la impunidad que domina el país.
El 4 de abril de 2003, el Alto Comisionado para los derechos humanos,
Sergio Vieira de Mello presentó el informe sobre la situación en
Colombia ante la Comisión de derechos humanos. Como elemento
positivo, subrayó la adopción por parte del gobierno, de instrumentos
de derechos humanos internacionales. Expresó su preocupación por el
conflicto interno y continuado en el país que representa un verdadero
reto para la vigencia de los derechos humanos, en particular los
grupos vulnerables como los defensores de derechos humanos y los
sindicalistas. Según el Alto Comisionado, en este delicado contexto,
el gobierno colombiano se ve obligado a tomar múltiples acciones que
den respuesta a esa situación y a las exigencias de protección de la
población civil.
En respuesta a la intervención del Alto Comisionado, el representante
de Colombia, el Sr. Carlos Franco, afirmó que el gobierno colombiano
había estudiado las recomendaciones del informe del Alto Comisionado
y había adoptado un plan para poner en práctica la mayor parte de
ellos incluyendo la prevención de violaciones de derechos humanos y
la protección de personas vulnerables y comunidades, en particular,
los defensores de derechos humanos y las sindicalistas. La Unión
Europea y Canadá intervinieron para expresar también su profunda
inquietud en el aumento de los ataques contra la integridad y la
seguridad de los defensores de derechos humanos.
El 25 de abril, fue adoptada la Declaración de la Presidencia de la
Comisión sobre Colombia en la que se acogió favorablemente la
extensión del mandato de la oficina del Alto Comisionado en Colombia
durante un período de cuatro años hasta 2006. La Comisión expresó su
inquietud sobre el deterioro de la situación tras la interrupción, en
febrero de 2002 del proceso de diálogo y negociación con las Fuerzas
armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) así como la suspensión del
proceso de diálogo y negociación entre el gobierno y el Ejército de
Liberación Nacional (ELN). Tomando nota de la prioridad colocada por
el nuevo gobierno sobre la seguridad y sobre la violencia, el
terrorismo y el tráfico de drogas, para reforzar instituciones
estatales y establecer la autoridad de la ley, la Comisión acentuó la
responsabilidad del gobierno colombiano con respeto a la situación de
derechos humanos y la observancia de los principios internacionales
humanitarios y democráticos.
La Comisión deploró ataques contra la vida, la integridad física, la
seguridad y la libertad de movimiento de los defensores de derechos
humanos, líderes de sindicato y dignatarios de Iglesia y condenó
también la violación de la libertad de opinión y expresión y el
ejercicio libre de los derechos políticos que afecta en particular
estos grupos.
El Observatorio comparte la preocupación expresada en la Declaración
de la Presidencia de la Comisión y queda en la expectativa que el
Gobierno colombiano cumpla con las recomendaciones que le han sido
dirigidas.
En Colombia, debe destacarse el desarrollo del X Foro del Comité
Permanente por los Derechos Humanos, que contó con la participación
de más de mil defensores de derechos humanos, representantes de las
comunidades indígenas, estudiantes, sindicalistas, ect, y alrededor
de 20 delegados internacionales. Durante este Foro se trataron temas
de fundamental importancia, como las violaciones sistemáticas a los
derechos humanos en las regiones, la posibilidad de realizar un
Acuerdo Humanitario y el impacto de los procesos de integración
económica sobre las políticas sociales en Colombia.
Durante dicho Foro, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo,
procedió a la entrega del premio "José Alvear Restrepo" a 12
defensores de los derechos humanos colombianos, en reconocimiento de
su importante trabajo silencioso por la defensa de los derechos
humanos en Colombia.
Mundo Sindical
Amenazas / Atentados
· El 20 de febrero, el ex-presidente de SINTRAMUNICIPIO y líder
cívico del Consejo de Acción en el municipio de Vijes-Valle de Cauca,
el Sr. Elber Alberto Granja, escapó a un atentado cuando se
encontraba en el jardín de su casa. Un individuo armado empezó a
disparar en su dirección pero fue distraído por la presencia de un
joven que pasaba por la calle en ese momento. El Sr. Alberto Granja,
quién en un principio se había caído al suelo pudo escapar ileso.
· El 12 de marzo, en la ciudad de Calí, departamento del Valle del
Cauca, se realizaba una audiencia pública contra la impunidad y la no
liquidación de EMCALI (Empresa Estatal) cuando miembros de la Brigada
III (Ejército) sin alguna explicación procede a desarmar a los
escoltas de los dirigentes sindicales, e inmovilizaron los vehículos
dejando totalmente desprotegidos a varios dirigentes sindicales entre
ellos: Otoniel Ramirez, Presidente Subdirectiva CUT Valle y Ariel
Diaz, Ejecutivo de la CUT Valle y responsable de Derechos Humanos.
Los militares siempre dijeron que eran ordenes de sus superiores y
nada más, ante lo cuál el Gobierno nunca respondió por estos hechos.
· El 29 de abril, llegó al buzón E-mail de la CUT, una amenaza contra el Comité Ejecutivo Nacional, firmada por "Políticos Honestos de Colombia", motivada por la defensa y protección a los afiliados
amenazados de muerte.
Sociedad civil
Detención de la Presidente del Comité Permanente por la Defensa de
los Derechos humanos y amenazas contra el ex presidente
· El 3 de marzo, la Sra. Teresa Cedeño, presidente del Comité
Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Seccional Arauca,
fue detenida y sometida a tratamiento degradante e inhumano por la
policía nacional en las instalaciones de la Fiscalía en Bogotá. Su
detención se produjo por orden de una funcionaria de la Policía
Nacional, bajo el tipo de "estado de exaltación" previsto en el Nuevo
Código de Policía, que permite detener a una persona por 24 horas. El
hecho que suscitó la detención, fue el reclamo de la Sra Cedeño,
respecto de ciertas funciones que ha venido asumiendo la Policía
Nacional, que son competencia del Cuerpo técnico de la Fiscalía
(CTI), como revisar las ordenes de copia de expedientes para los
defensores. Un agente de la Policía Nacional exigió a la salida de la
Fiscalía, a la doctora Cedeño el cumplimiento de ciertos requisitos
no previstos para la copia de expedientes. La reacción del agente
ante el reclamo fue excesivo, disponiendo de hecho, la retención del
documento de identificación de la abogada, y posteriormente ante la
insistencia, la respuesta física mediante empujones a la Sra.Cedeño.
La responsable de la Oficina de Seguridad de la Fiscalía, le comunicó
a la Sra. Cedeño que iba a hacerle una amonestación por irrespeto a
la Fuerza Pública, y que debía firmarla, a lo cual aquella se negó
por cuanto los hechos no correspondencian a la realidad. El 4 de
marzo, la Sra Cedeño fue dejada en libertad, después de que sus
familiares, organizaciones de derechos humanos, funcionarios públicos
de Vicepresidencia y Policía Nacional, Organización de Naciones
Unidas y otros, requirieran su libertad.
· El 18 de marzo, el Señor Enrique Pertuz, quien ha denunciado el
aumento de las violaciones de los derechos humanos en el departamento
de Arauca desde la declaratoria de la zona de rehabilitación recibió una llamada telefónica de una persona que hablo en nombre de las AUC, quien le manifestó que si tenia la mala suerte de pasar por un reten paramilitar seria asesinado. El Sr Pertuz ha hecho varias declaraciones en las que denuncia el asesinato selectivo de civiles en el departamento y la impunidad en la que permanecen estos crimenes, así como la deterioración de la situación desde la llegada del paramilitarismo con la adopción del Decreto 2002.
Amenazas a abogados de la Asociación Colombiana de Abogados
Defensores de Derechos Humanos
· El 26 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -
CIDH- se dirigió al Estado Colombiano en virtud del artículo 25 de su
Reglamento con el fin de solicitar adopción de medidas cautelares para preservar el derecho a la vida y la integridad personal de los Sres. Waldir Sinisterra y Albert Hoyos Suárez, abogados de la
Asociación Colombiana de Abogados Defensores de Derechos Humanos Eduardo Umaña Mendoza en el Valle del Cauca,. El pasado 4 de febrero, los dos abogados recibieron serias amenazas y tuvieron que abandonar la ciudad y desplazarse al municipio de Guadalajara de Buga, desde donde han venido reclamando protección para sus vidas y sus núcleos familiares.
Acusaciones contra las ONG de derechos humanos
· El 10 de abril, durante una conferencia auspiciada por el Ejército de los Estados Unidos y celebrada en Washington, D.C., el Brigadier General José Arturo Camelo, Director Ejecutivo de la Dirección de Justicia Penal Militar, acusó a las ONG de derechos humanos de llevar a cabo una "guerra jurídica" contra los militares. Más aún, denunció que dichas organizaciones eran "amigas de la
subversión" y que formaban parte de una estrategia coordinada por las
guerrillas. Además, el actual embajador de Colombia en Portugal, el Sr. Plinio Apuleyo Mendoza, cuenta con un extenso record de acusaciones infundadas y ofensivas contra fiscales y organizaciones
de derechos humanos, especialmente contra Human Rights Watch, la
Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados "José
Alvear Restrepo".
Acción solicitada
Favor escribir a las autoridades Colombianas con el fin de urgirles a
:
· tomar inmediatamente las medidas adecuadas para garantizar la
seguridad y la integridad física y psicológica de todos los
defensores amenazados, y en general de todos los defensores de derechos humanos en Colombia;
· ordenar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en
torno a las amenazas y atentados arriba mencionados, con el fin de
identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;
· limitar la aplicación de los decretos de Conmoción Interior de
acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional de Colombia,
para no atentar a las libertades individuales y colectivas garantizadas por la constitución Colombiana y los instrumentos de Derecho Internacional.
· realizar una declaración pública en la que se exprese claramente el apoyo del gobierno de Colombia a la labor legítima de los defensores de derechos humanos.
· dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones de los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
· garantizar el respeto a la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos adoptada por Naciones Unidas en 1998;
· de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la
Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia.
Direcciones
S. E ALVARO URIBE VELEZ, Presidente de la República
Carrera 8 n. 7-26 Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá
Fax (571 ) 286 74 34 - 286, 68 42 -284 21 86, email :
auribe@presidencia.gov.co
S. E FERNANDO LONDOÑO HOYOS, Ministro del Interior y Justicia,
Carrera 8 # 8-09 - Bogotá
Fax: 0057-1-286.80.25
MARTHA LUCÍA RAMÍREZ DE RINCÓN, Ministra de la Defensa
Avenida El Dorado con Carrera 52 CAN Santa Fe de Bogotá
Télex: 42411 INPRE CO; 44561 CFAC CO Tel-fax: +57.1.222.1874
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Defensoría del Pueblo, Calle 55 n. 10-32
Santa Fe de Bogotá
Fax: +57.1.346.1225
FRANCISCO SANTOS, Vicepresidente de la República,
Consejería Presidencial de Derechos Humanos, Calle 7 No 6-54 Piso 3,
Santa Fe de Bogotá, D. C.
Telefax: +57.1.337.1351
Gral (RE) TEODORO CAMPO, Director General Policía Nacional, Santafé
de Bogotá
Fax: +57.1.428.7634 - +57.1.315.9527
LUIS CARLOS RESTREPO
Alto Comisionado para la Paz Fax: +57.1.560.9946
Y a las representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos
países
Ginebra - Paris, 19 de mayo de 2003
Agradecemos informar al Observatorio acerca de cualquier acción
emprendida, indicando el código del presente llamado.
El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está
destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos
víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan
concreta como sea posible.
Premio de Derechos Humanos de la República Francesa, 1998
Para contactar el Observatorio, comuníquese a la Línea de Urgencia:
Tel. y fax FIDH : (+ 33 1) 4 355 20 11 / 4 355 18 80
Tel. y fax OMCT : (+ 41 22) 809 49 39 / 809 49 29
E-mail : observatoire@iprolink.ch