Colombia
31.05.02
Intervenciones urgentes
Colombia: Llamado especial Defensores Abril-Mayo
LLAMADO ESPECIAL: SITUACIÓN DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
ABRIL-MAYO 2002
Durante los meses de abril y mayo, la consideración de la situación de los defensores de los derechos humanos en Colombia a nivel internacional ha sido particularmente importante dado el contexto político pre electoral y la reunión de la Comisión de derechos humanos que tuvo lugar en Ginebra del 18 de marzo al 27 de abril. La relatora especial sobre defensores, Hina Jilani presentó su informe tras la misión realizada del 23 al 31 de octubre del 2001 (encontrarán el informe en la página web de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en la siguiente dirección : http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/2718664e3817d66ac1256ba30054390f?Opendocument y bajo el tema 3 de la agenda : situación de los derechos humanos en Colombia, varias organizaciones expusieron la situación actual (la intervención conjunta de la OMCT, la FIDH y Franciscans International viene adjunta). Todos constataron el deterioro de la situación de los derechos humanos y la extrema situación de inseguridad en la que se encuentran los defensores, en particular los sindicalistas. Cabe destacar que del 5 al 20 de junio tendrá lugar la Conferencia anual de la OIT en Ginebra en la que nuevamente se examinará el cumplimiento del convenio 87 por Colombia. Según las estadísticas de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en el 2002 se han producido 67 asesinatos, 8 atentados, 8 secuestros y 7 desapariciones; por ello se ha solicitado a la OIT una Comisión de encuesta como sanción al Gobierno Colombiano por violar los derechos fundamentales.
Entre las numerosas informaciones que llegaron al Observatorio desde Colombia cabe destacar el fallo positivo de la Corte Constitucional en sesión de la Sala Plena de los días 8, 10 y 11 de abril de 2002, quién declaró la inconstitucionalidad de la totalidad de la Ley de Defensa y Seguridad Nacional (Ley 684 de 2001), considerada por el Gobierno como el más importante instrumento para enfrentar la actual situación de orden público que vive el país. Según el fallo, la ley, en la mayoría de sus artículos, ponía en peligro los derechos fundamentales de los colombianos porque creaba funciones que, en concepto de los magistrados, "contrariaban el Estado democrático de derecho".
Por ejemplo, para la Corte, los derechos de los colombianos podrían verse afectados en aquellos escenarios en donde, por orden de un militar, tuviera que desalojarse toda una zona con el único propósito de adelantar los llamados teatros de operaciones.
En su momento, la Organización de Naciones Unidas (ONU) mostró su preocupación por la entrada en vigencia de la ley porque, decía, violaba la Constitución colombiana y desconocía acuerdos internacionales suscritos por Colombia en materia de derechos humanos. La Corte consideró que aunque la Constitución permite que el Congreso adopte una ley de defensa y seguridad, dicha ley debe respetar los límites impuestos por la Constitución y en particular que se debía garantizar la primacía del poder civil sobre el militar tanto en el diseño de la política de seguridad y defensa como en el cumplimiento de órdenes en cada situación concreta, sin perjuicio del mando operativo a cargo de los oficiales de la fuerza pública.
El 26 de mayo de 2002 se dieron a conocer los resultados de las elecciones en las que Alvaro Uribe Vélez fue elegido con el 53% de los votos (con una abstención del 53.72 %). El Observatorio se suma a la preocupación expresada por Mary Robinson y las organizaciones de defensa de los derechos humanos sobre el anuncio hecho por Uribe Vélez durante su campaña en el que se proponía armar a un millón de civiles para restablecer la seguridad en el país. El Observatorio espera que el nuevo gobierno que entrará en función en agosto cumpla con sus obligaciones internacionales y ejerza su deber de protección de los defensores de los derechos humanos. Asimismo el Observatorio desea reiterar su apoyo a la labor de la Oficina del Alto Comisionado en Colombia, en particular tras los pronunciamientos de las autoridades referentes a su informe sobre la masacre de Bojayá acontecida el 2 de mayo del 2002 (ver llamado OMCT COL 060502). La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó profundamente los ataques en la prensa y expresó su firme respaldo al trabajo efectuado por la Oficina y su Director Anders Kompass.
Mundo sindical
Asesinatos
· El 3 de abril del 2002, fue asesinado, Rubén Hurtado, dirigente del movimiento popular del Departamento del Valle del Cauca, que defendió a los trabajadores de las Empresas Municipales de Cali. Varios de los dirigentes populares que se oponen a la privatización de las empresas públicas, han debido salir del país por las amenazas que han recibido. El dirigente sindical y fiscal nacional de SINDESENA, Wilson Arias Castillo, se encuentra actualmente particularmente amenazado.
· El 8 de abril de 2002, fue asesinado Diofanol Sierra Vargas, directivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos – Seccional Barrancabermeja – SINALTRAINAL – CUT – y miembro de la Organización Femenina Popular -; El dirigente sindical fue sacado por la fuerza de su lugar de residencia familiar y ejecutado por el grupo paramilitar que opera en Barrancabermeja, Departamento de Santander. (Ver llamado del Observatorio COL 002 / 0201 / OBS 013.5 del 10 de mayo)
· El 9 de abril de 2002, en la Ciudad de Cali, Departamento de Valle del Cauca, fue asesinado Oscar Alfonso Jurado, directivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Química de Colombia – Seccional Yumbo –SINTRAQUIM – CUT -, en momentos en que esperaba el transporte para dirigirse hacia su trabajo, por un hombre desconocido que le propinó dos disparos.
· El 12 de abril de 2002 fueron asesinados en el Municipio de Aranzazú, Departamento de Caldas, Hernán de Jesús Ortíz, Miembro de la Junta Nacional de la CUT-, Directivo de la Federación de Educadores de Colombia –FECODE-, Vicepresidente de la organización sindical Educadores Unidos de Caldas –EDUCAL-, miembro activo del Equipo Nacional de Derechos Humanos de la CUT, responsable del Comité Permanente de Derechos Humanos en Caldas –CPDH- y José Robeiro Pineda, exdirectivo del Sindicato de Industria de Trabajadores de La Electricidad de Colombia –SINTRAELECOL-CUT- quien era un destacado dirigente sindical en este departamento. Fueron víctimas de un ataque por hombres armados.
Hernán Ortíz, había informado al Ministro del Interior y al Programa de Protección para líderes sindicales de las amenazas y la declaratoria de objetivo militar de las AUC dirigidas contra él mismo y otros dirigentes sindicales. Junto con Jhon Germán López, Secretario General de EDUCAL y profesor de la Universidad de Caldas, habían denunciado desde el 18 de octubre de 2001, ante la Fiscalía de Manizales, la aparición de una lista amenazante que incluía los nombres de 12 dirigentes sindicales de la ciudad de Manizales, entre los que se encontraban los de ellos dos. Tres días antes del asesinato de Hernán Ortíz, la Fiscalía los había requerido para notificarles la preclusión de la investigación.
Durante el velorio se recibieron varias llamadas amenazantes. Por ejemplo, el 13 de abril a las 2:00 de la mañana, el portero de la organización sindical, recibió una llamada que decía: “ No se voleteen más con ese muerto, entiérrenlo rápido y les damos un regalito” .
El Observatorio se encuentra preocupado por la seguridad de Jhon Germán López, quien ha constatado la presencia de individuos, vehículos y motos en sus traslados de la oficina a los centros universitarios donde trabaja.
Este grave crimen se suma a las constantes amenazas y ola de asesinatos selectivos cometidos por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia y que evidencia su plan de exterminio en contra de los miembros de las organizaciones sindicales, indígenas, populares y de Derechos Humanos de Caldas. El avance paramilitar en la región y la tolerancia por parte de las autoridades han sido denunciados insistentemente ante el Comité Interinstitucional del Eje Cafetero, la Unidad de derechos Humanos de la Vicepresidencia, las entidades nacionales de control y las autoridades departamentales, sin que hasta ahora se hayan desmantelado las bandas criminales y preservado la vida de las comunidades.
· El 16 de Abril de 2002, en la Ciudad de Pasto, Departamento de Nariño, fue asesinado por dos hombres armados Tito Libio Hernández Ordóñez, Ex-Presidente de la Subdirectiva Pasto del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia – SINTRAUNICOL – CUT-, líder comunal del Barrio La Libertad de Pasto, integrante del equipo de trabajo del Frente Social y Político y se destacaba por su constate lucha en defensa de los derechos sociales, civiles y políticos de su región cuando se encontraba en la Universidad de Nariño
· El 1 de mayo del 2002, la marcha de los trabajadores, en la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca fue reprimida brutalmente resultando herido Jesús Antonio Gonzalez Luna, miembro del Comité Ejecutivo Nacional, y Director del Departamento de Derechos Humanos, afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores universitarios – SINTRAUNICOL-CUT-.
· El día 6 de mayo de 2002, en Medellín, Departamento de Antioquia, fue asesinado Froilan Hilario Pelaez Zapata, miembro del Comité Ejecutivo de la Subdirectiva CUT – Antioquia y delegado sindical de la Asociación de Institutores de Antioquia -ADIDA-CUT-. Varios hombres armados le dispararon cuando entraba a su trabajo en la Escuela Santa Rosa de Lima.
Secuestros y desapariciones
· El 5 de abril de 2002, fue secuestrado Arturo Vásquez Gaelano, dirigente popular y activista del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Departamento - CUT - cuando se desplazaba de su trabajo en el Municipio de Abejorral hacia Medellín en el Departamento de Antioquia.
Miembros de la sociedad civil
Comunidades indígenas y campesinas
- El 4 de abril en el municipio de Yondó (Antioquia), al llegar a un retén paramilitar, fue retenida Nelsy Gabriela Cuesta Córdoba, presidenta de la junta de acción comunal de Puerto Matilde, junta afiliada a la Asociación Campesina del Valle del Rió Cimitarra. La Sra Cuesta coordinaba la ejecución de proyectos como la construcción de un acueducto veredal, la promoción de vivienda rural y de aldea comunitaria y otras obras en beneficio de la comunidad y la región.
- El 9 de abril del 2002, en la comunidad indígena de Sipirra, en Riosucio, fue asesinada por dos sicarios la dirigente indígena Embera Chami, María Fabiola Largo Cano, quién se encontraba asistiendo a un evento de capacitación orientado por la Escuela de Administración Pública (ESAP).
La crítica situación de las comunidades indígenas de Caldas y los miembros del CRIDEC, había sido denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA el 8 de marzo 2002, con el fin de tomar medidas urgentes para proteger la vida de los miembros de estas comunidades a través de medidas cautelares, que fueron concedidas el 15 de marzo en las que la CIDH instó al Gobierno Colombiano a garantizar y preservar la vida y la integridad física de estas personas, entre las que se encontraba María Fabiola Largo Cano.
- El 18 de mayo, fue asesinado en el municipio de Tulúa, centro del Valle del Cauca, Andrés Robledo, presidente de la Asociación Campesina de base "LOS YARUMOS".
Desde el mes de noviembre del 2000. La CIDH había decretado medidas cautelares en beneficio de las Comunidades desplazadas de Buga y Tulúa. Del mismo modo, Andrés Robledo había sido incluido desde el mes de septiembre de 2001 en el Programa de Protección de líderes Sociales, Sindicales y Defensores de Derechos humanos, del Ministerio del Interior, debido a las múltiples amenazas contra su vida e integridad personal.
El Sr. Robledo era conocido por haber denunciado la corrupción de funcionarios públicos, el desplazamiento de más de 6.000 campesinos a causa de la violencia, el asesinato y desaparición de 200 personas en los últimos tres años. En diferentes ocasiones recibió amenazas de muerte de los paramilitares en el Ejercito, y desde hace más de tres años mantenía comunicación con la Vice-Presidencia de la República, a través de un número secreto en caso de agresión.
Comunidades desplazadas
Nuevas agresiones contra dirigentes de la población desplazada, especialmente contra la Asociación Nacional de Desplazados Colombianos -ANDESCOL-, Sindicato de Trabajadores Disponibles y Temporales -SINTRADIT-, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria -ANDAS-, la Unión Solidaria por Colombia -USCOL- y la Coordinación Metropolitana de Desplazados de Bucaramanga tuvieron lugar en el mes de abril del 2002.
- El 19 de abril 2002, las residencias de José Ardila, Ramiro Rueda, Luis Venencia, Harold Winston Vasquez y Rafael de la Ossa, fueron allanadas por personas que se identificaron como miembros del Cuerpo Técnico de la Fiscalía General de la Nación y del Ejercito Nacional. Todos fueron detenidos, acusados de tener nexos con organizaciones insurgentes colombianas.
También fue allanada la vivienda del Sr. Johnny Mauricio González Rivera, dirigente de la Junta de Acción Comunal de los desplazados de Barrancabermeja, a quien le manifestaron quienes ejecutaban el allanamiento, que los sindicalistas y líderes que aparecían en la lista que le mostraban “trabajaban con la guerrilla”.
Cabe recordar que en noviembre y diciembre del 2001 la población desplazada colombiana realizó una jornada nacional de protesta consistente en la visita permanente a varias entidades públicas en diferentes ciudades del país. Estas protestas resultaron en la firma de acuerdos entre el Ministerio del Interior y la población desplazada representada por ANDESCOL, SINTRADIT y la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Se decidió la realización de un Encuentro de Víctimas del Desplazamiento por la Violencia en Colombia a realizarse en los primeros meses del 2002. Desde la firma de los acuerdos, se acentuaron los hechos de hostigamiento y persecución contra los dirigentes de los desplazados que han sido puestos en conocimiento de las autoridades.
- El 30 de abril de 2002, la Corporación para el desarrollo del Oriente "Compromiso", organización no gubernamental que tiene su sede en Bucaramanga, Santander fue objeto de amenazas mediante un comunicado enviado por el bloque central Bolívar de las autodefensas unidas de Colombia, en el mismo comunicado amenazan también a la organización municipal de acción comunal ASOJUNTAS de Piedecuesta y a la organización no Gubernamental de Derechos Humanos PROMOPAZ de Piedecuesta; en este mensaje los incriminan como auxiliadores de las guerrillas de las FARC.
Organización femenina popular (OFP)
Como mencionando bajo el apartado Mundo sindical, el 8 de abril de 2002, fue asesinado Diofanol Sierra Vargas, instructor de danzas de la OFP, a pesar que la organización cuenta con acompañamiento internacional y ha recibido de las Naciones Unidas el Premio "Violencia contra la Mujer, Derechos Humanos de y para Mujeres" en el 2001 y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ha concedido medidas cautelares en mayo del 2000. Además, el 6 de mayo, un líder comunitario comunicó a la OFP que en la Policía Nacional conocían la decisión de las AUC de asesinar a Yolanda Becerra.
RECOMENDACIONES
Favor escribirle a las autoridades Colombianas con el fin de urgirlas a :
· ordenar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos arriba mencionados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;
· tomar inmediatamente las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los defensores amenazados, y en general de todos los defensores de derechos humanos en Colombia ;
· dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, las recomendaciones del informe de la Sra Hina Jilani y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
· garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las leyes nacionales y las normas internacionales de derechos humanos.
DIRECCIONES:
ANDRES PASTRANA ARANGO.
Presidente de la República de Colombia.
Carrera 8 n. 7-26 Palacio de Nariño, Bogotá.
Teléfono. 5629300 ext. 3550 (571 ) 284 33 00 Fax (571 )
286 74 34 - 286 6842 -284 21 86
E-mail: apastra@presidencia.gov.co
LUIS EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Defensor del Pueblo.
Calle 55 n. 10-32 Bogotá
Tel- 3147300
Fax: (571) 6400491
Email: secretaría_privada@hotmail.com
ROMULO GONZALEZ. Ministro de Justicia.
Ministerio de Justicia.
Avenida Jiménez con Carrera Novena. Tel: 5960500 Fax 2816384
Bogotá.
GUSTAVO BELL LEMUS. Ministro de Defensa.
Ministerio de Defensa.
Avenida El Dorado Carrera 52
Centro Administrativo Nacional CAN.
Fax 2222893
mdn@cable.net.co, infprotocol@mindefensa.gov.co, siden@mindefensa.gov.co
EDGARDO MAYA VILLAZÓN.
Procurador General de la Nación
Carrera 5 No. 15-80 Bogotá.
Tel-fax: (571) 342 97 23, 2817531
anticorrupcion@presidencia.gov.co,
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS
Calle 7 No 6-54 Piso 3
Bogotá, D.C.
Tele fax: (571) 3371351
DOCTOR LUIS CAMILO OSORIO, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá. Telefax (571) 5702000 ext. 2034.
ARMANDO ESTRADA VILLA, Ministro del Interior, carrera 8 No. 8-09. Fax. (571) 5663214
mininterior@myrealbox.com, minisint@col1.telecom.com.co
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS EN COLOMBIA. Fax. (571) 6292190- 6292405 e-mail: oacnudh@hchr.org.com
- ministro de Trabajo, Dr. Angelino Garzón:
despachomt@mintrabajo.gov.co
Y a las representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países
Ginebra - Paris, 30 de Mayo del 2002
Agradecemos informar al Observatorio acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código del presente llamado.
El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
Premio de Derechos Humanos de la República Francesa, 1998
****************
Para contactar el Observatorio, comuníquese a la Línea de Urgencia:
Tel. y fax FIDH : (+ 33 1) 4 355 20 11 / 4 355 18 80
Tel. y fax OMCT : (+ 41 22) 809 49 39 / 809 49 29
E-mail : observatoire@iprolink.ch
Comisión de Derechos Humanos
58 periodo de sesiones
Tema 3: Situación de los derechos humanos en Colombia
Gracias señor Presidente. Hablo en nombre de Franciscans International, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT). Dominicos para Justicia y Paz se asocia también a esta intervención.
La Relatora Especial sobre violencia contra las mujeres, Sra. Radhika Coomaraswamy, y la Representante Especial sobre defensores de derechos humanos, Sra. Hina Jilani, que recientemente visitaron Colombia, notan, en sus informes, creciente preocupación por el grave y progresivo deterioro de la situación de los derechos humanos en el país. En particular, FI, FIDH y OMCT quieren respaldar las recomendaciones contenidas en el informe de la Sra. Jilani y la inquietud expresada frente a la crítica situación de los defensores de derechos humanos y de las personas y comunidades que ellos acompañan. Al igual que la falta de un auténtico compromiso por parte del Estado colombiano de poner en marcha un programa eficaz de protección para los defensores.
Sigue siendo además evidente una ausencia de voluntad política del gobierno colombiano para combatir a los grupos paramilitares. Por el contrario, los nexos entre paramilitares y militares, la culpabilidad por comisión o por omisión son evidentes, como incluso lo reseña el informe del Departamento de Estado de EE-UU. Ejemplo de esto, son las actuaciones de la Brigada XVII en la zona de la comunidad de paz de San José de Apartado, del río Jiguamiando y Cacarica en Antioquia y Chocó; las de la brigada XVIII en Arauca, y las de la brigada V en Sur de Bolívar y Catatumbo, en donde las comunidades vienen siendo sometidas a un bloqueo económico acompañando de amenazas, asesinatos, desapariciones forzosas, torturas sin que, a pesar del conocimiento de todas las autoridades, de los nombres de los paramilitares y de los lugares de actuación se haya efectuado alguna acción concreta por parte de las fuerzas del Estado.
Queremos expresar particular preocupación por la situación que viven estos días los habitantes de San José de Apartado quienes, desde el 30 de marzo, han sufrido varios asesinatos tanto de sus pobladores como de los conductores de servicios públicos, y a quienes han sobrevivido, se les ha dicho que si prestan el servicio de transporte se les va a quemar el coche y se les asesinará.
Los campesinos, los indígenas que viven en las zonas de conflicto, los lideres políticos y sociales, los periodistas, los sindicalistas, los defensores de derechos humanos son objeto de amenazas y persecución constante. Durante el 2001, la OMCT ha difundido 475 llamados urgentes, 57 de los cuales fueron sobre Colombia, es decir más del 10% de sus intervenciones. De estos 57 llamados urgentes, 141 se referian a víctimas de desapariciones forzosas y 242 a ejecuciones extrajudiciales.
También, particular preocupación sigue siendo la ausencia de garantías para el trabajo pastoral de defensa de derechos humanos y de apoyo solidario a las comunidades que realizan sectores de las iglesias en Colombia así como grupos humanitarios de observación internacional. Estos sectores son frecuentemente amenazados o señalados en algunas ocasiones por miembros de las brigadas o por los paramilitares de cada región.
Asimismo, la gran mayoría de los autores de estas violaciones de los derechos humanos quedan impunes. Ejemplo es el caso del bombardeo de Santo Domingo en Arauca por la fuerza aérea colombiana. Incumpliendo los diferentes llamados de esta Comisión de Derechos Humanos, la justicia colombiana ratificó que el caso quedara en la justicia penal militar.
FI, FIDH y OMCT deploran la tendencia evidente del Estado colombiano de promover un tipo de legislación que, como la Ley antiterrorista 733 y su Estatuto, desconoce los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, otorga facultades a las fuerzas militares y define delitos que amparan la persecución de organizaciones de derechos humanos, sociales y populares.
FI, FIDH y OMCT instan al gobierno colombiano a:
- Implementar inmediatamente la decisión de la Corte Constitucional relativa a la inconstitucionalidad de la Ley 684 de defensa y seguridad nacional;
- Cumplir plenamente y inmediatamente las recomendaciones contenidas en los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, de la Relatora Especial sobre violencia contra las mujeres y de la Representante Especial sobre los defensores de derechos humanos;
- Permitir de forma permanente a los mecanismos de la Comisión de Derechos Humanos de ir a Colombia y facilitar sus visitas garantizándoles el acceso pleno y libre a instituciones, comunidades y individuos.
FI, FIDH y OMCT instan también a la Comisión de Derechos Humanos a:
- Recomendar que el informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sea presentado también ante la Asamblea General de las Naciones Unidas;
- Promover la consecución de recursos y apoyo a la Oficina de la Alta Comisionada en Bogotá así como a sus dos oficinas regionales en Cali y Medellín;
- Combatir el paramilitarismo y suspender todas las acciones de la fuerza pública que mediante acción u omisión violan los derechos humanos a través de esta estrategia estatal.
ABRIL-MAYO 2002
Durante los meses de abril y mayo, la consideración de la situación de los defensores de los derechos humanos en Colombia a nivel internacional ha sido particularmente importante dado el contexto político pre electoral y la reunión de la Comisión de derechos humanos que tuvo lugar en Ginebra del 18 de marzo al 27 de abril. La relatora especial sobre defensores, Hina Jilani presentó su informe tras la misión realizada del 23 al 31 de octubre del 2001 (encontrarán el informe en la página web de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en la siguiente dirección : http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/2718664e3817d66ac1256ba30054390f?Opendocument y bajo el tema 3 de la agenda : situación de los derechos humanos en Colombia, varias organizaciones expusieron la situación actual (la intervención conjunta de la OMCT, la FIDH y Franciscans International viene adjunta). Todos constataron el deterioro de la situación de los derechos humanos y la extrema situación de inseguridad en la que se encuentran los defensores, en particular los sindicalistas. Cabe destacar que del 5 al 20 de junio tendrá lugar la Conferencia anual de la OIT en Ginebra en la que nuevamente se examinará el cumplimiento del convenio 87 por Colombia. Según las estadísticas de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en el 2002 se han producido 67 asesinatos, 8 atentados, 8 secuestros y 7 desapariciones; por ello se ha solicitado a la OIT una Comisión de encuesta como sanción al Gobierno Colombiano por violar los derechos fundamentales.
Entre las numerosas informaciones que llegaron al Observatorio desde Colombia cabe destacar el fallo positivo de la Corte Constitucional en sesión de la Sala Plena de los días 8, 10 y 11 de abril de 2002, quién declaró la inconstitucionalidad de la totalidad de la Ley de Defensa y Seguridad Nacional (Ley 684 de 2001), considerada por el Gobierno como el más importante instrumento para enfrentar la actual situación de orden público que vive el país. Según el fallo, la ley, en la mayoría de sus artículos, ponía en peligro los derechos fundamentales de los colombianos porque creaba funciones que, en concepto de los magistrados, "contrariaban el Estado democrático de derecho".
Por ejemplo, para la Corte, los derechos de los colombianos podrían verse afectados en aquellos escenarios en donde, por orden de un militar, tuviera que desalojarse toda una zona con el único propósito de adelantar los llamados teatros de operaciones.
En su momento, la Organización de Naciones Unidas (ONU) mostró su preocupación por la entrada en vigencia de la ley porque, decía, violaba la Constitución colombiana y desconocía acuerdos internacionales suscritos por Colombia en materia de derechos humanos. La Corte consideró que aunque la Constitución permite que el Congreso adopte una ley de defensa y seguridad, dicha ley debe respetar los límites impuestos por la Constitución y en particular que se debía garantizar la primacía del poder civil sobre el militar tanto en el diseño de la política de seguridad y defensa como en el cumplimiento de órdenes en cada situación concreta, sin perjuicio del mando operativo a cargo de los oficiales de la fuerza pública.
El 26 de mayo de 2002 se dieron a conocer los resultados de las elecciones en las que Alvaro Uribe Vélez fue elegido con el 53% de los votos (con una abstención del 53.72 %). El Observatorio se suma a la preocupación expresada por Mary Robinson y las organizaciones de defensa de los derechos humanos sobre el anuncio hecho por Uribe Vélez durante su campaña en el que se proponía armar a un millón de civiles para restablecer la seguridad en el país. El Observatorio espera que el nuevo gobierno que entrará en función en agosto cumpla con sus obligaciones internacionales y ejerza su deber de protección de los defensores de los derechos humanos. Asimismo el Observatorio desea reiterar su apoyo a la labor de la Oficina del Alto Comisionado en Colombia, en particular tras los pronunciamientos de las autoridades referentes a su informe sobre la masacre de Bojayá acontecida el 2 de mayo del 2002 (ver llamado OMCT COL 060502). La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó profundamente los ataques en la prensa y expresó su firme respaldo al trabajo efectuado por la Oficina y su Director Anders Kompass.
Mundo sindical
Asesinatos
· El 3 de abril del 2002, fue asesinado, Rubén Hurtado, dirigente del movimiento popular del Departamento del Valle del Cauca, que defendió a los trabajadores de las Empresas Municipales de Cali. Varios de los dirigentes populares que se oponen a la privatización de las empresas públicas, han debido salir del país por las amenazas que han recibido. El dirigente sindical y fiscal nacional de SINDESENA, Wilson Arias Castillo, se encuentra actualmente particularmente amenazado.
· El 8 de abril de 2002, fue asesinado Diofanol Sierra Vargas, directivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos – Seccional Barrancabermeja – SINALTRAINAL – CUT – y miembro de la Organización Femenina Popular -; El dirigente sindical fue sacado por la fuerza de su lugar de residencia familiar y ejecutado por el grupo paramilitar que opera en Barrancabermeja, Departamento de Santander. (Ver llamado del Observatorio COL 002 / 0201 / OBS 013.5 del 10 de mayo)
· El 9 de abril de 2002, en la Ciudad de Cali, Departamento de Valle del Cauca, fue asesinado Oscar Alfonso Jurado, directivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Química de Colombia – Seccional Yumbo –SINTRAQUIM – CUT -, en momentos en que esperaba el transporte para dirigirse hacia su trabajo, por un hombre desconocido que le propinó dos disparos.
· El 12 de abril de 2002 fueron asesinados en el Municipio de Aranzazú, Departamento de Caldas, Hernán de Jesús Ortíz, Miembro de la Junta Nacional de la CUT-, Directivo de la Federación de Educadores de Colombia –FECODE-, Vicepresidente de la organización sindical Educadores Unidos de Caldas –EDUCAL-, miembro activo del Equipo Nacional de Derechos Humanos de la CUT, responsable del Comité Permanente de Derechos Humanos en Caldas –CPDH- y José Robeiro Pineda, exdirectivo del Sindicato de Industria de Trabajadores de La Electricidad de Colombia –SINTRAELECOL-CUT- quien era un destacado dirigente sindical en este departamento. Fueron víctimas de un ataque por hombres armados.
Hernán Ortíz, había informado al Ministro del Interior y al Programa de Protección para líderes sindicales de las amenazas y la declaratoria de objetivo militar de las AUC dirigidas contra él mismo y otros dirigentes sindicales. Junto con Jhon Germán López, Secretario General de EDUCAL y profesor de la Universidad de Caldas, habían denunciado desde el 18 de octubre de 2001, ante la Fiscalía de Manizales, la aparición de una lista amenazante que incluía los nombres de 12 dirigentes sindicales de la ciudad de Manizales, entre los que se encontraban los de ellos dos. Tres días antes del asesinato de Hernán Ortíz, la Fiscalía los había requerido para notificarles la preclusión de la investigación.
Durante el velorio se recibieron varias llamadas amenazantes. Por ejemplo, el 13 de abril a las 2:00 de la mañana, el portero de la organización sindical, recibió una llamada que decía: “ No se voleteen más con ese muerto, entiérrenlo rápido y les damos un regalito” .
El Observatorio se encuentra preocupado por la seguridad de Jhon Germán López, quien ha constatado la presencia de individuos, vehículos y motos en sus traslados de la oficina a los centros universitarios donde trabaja.
Este grave crimen se suma a las constantes amenazas y ola de asesinatos selectivos cometidos por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia y que evidencia su plan de exterminio en contra de los miembros de las organizaciones sindicales, indígenas, populares y de Derechos Humanos de Caldas. El avance paramilitar en la región y la tolerancia por parte de las autoridades han sido denunciados insistentemente ante el Comité Interinstitucional del Eje Cafetero, la Unidad de derechos Humanos de la Vicepresidencia, las entidades nacionales de control y las autoridades departamentales, sin que hasta ahora se hayan desmantelado las bandas criminales y preservado la vida de las comunidades.
· El 16 de Abril de 2002, en la Ciudad de Pasto, Departamento de Nariño, fue asesinado por dos hombres armados Tito Libio Hernández Ordóñez, Ex-Presidente de la Subdirectiva Pasto del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia – SINTRAUNICOL – CUT-, líder comunal del Barrio La Libertad de Pasto, integrante del equipo de trabajo del Frente Social y Político y se destacaba por su constate lucha en defensa de los derechos sociales, civiles y políticos de su región cuando se encontraba en la Universidad de Nariño
· El 1 de mayo del 2002, la marcha de los trabajadores, en la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca fue reprimida brutalmente resultando herido Jesús Antonio Gonzalez Luna, miembro del Comité Ejecutivo Nacional, y Director del Departamento de Derechos Humanos, afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores universitarios – SINTRAUNICOL-CUT-.
· El día 6 de mayo de 2002, en Medellín, Departamento de Antioquia, fue asesinado Froilan Hilario Pelaez Zapata, miembro del Comité Ejecutivo de la Subdirectiva CUT – Antioquia y delegado sindical de la Asociación de Institutores de Antioquia -ADIDA-CUT-. Varios hombres armados le dispararon cuando entraba a su trabajo en la Escuela Santa Rosa de Lima.
Secuestros y desapariciones
· El 5 de abril de 2002, fue secuestrado Arturo Vásquez Gaelano, dirigente popular y activista del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Departamento - CUT - cuando se desplazaba de su trabajo en el Municipio de Abejorral hacia Medellín en el Departamento de Antioquia.
Miembros de la sociedad civil
Comunidades indígenas y campesinas
- El 4 de abril en el municipio de Yondó (Antioquia), al llegar a un retén paramilitar, fue retenida Nelsy Gabriela Cuesta Córdoba, presidenta de la junta de acción comunal de Puerto Matilde, junta afiliada a la Asociación Campesina del Valle del Rió Cimitarra. La Sra Cuesta coordinaba la ejecución de proyectos como la construcción de un acueducto veredal, la promoción de vivienda rural y de aldea comunitaria y otras obras en beneficio de la comunidad y la región.
- El 9 de abril del 2002, en la comunidad indígena de Sipirra, en Riosucio, fue asesinada por dos sicarios la dirigente indígena Embera Chami, María Fabiola Largo Cano, quién se encontraba asistiendo a un evento de capacitación orientado por la Escuela de Administración Pública (ESAP).
La crítica situación de las comunidades indígenas de Caldas y los miembros del CRIDEC, había sido denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA el 8 de marzo 2002, con el fin de tomar medidas urgentes para proteger la vida de los miembros de estas comunidades a través de medidas cautelares, que fueron concedidas el 15 de marzo en las que la CIDH instó al Gobierno Colombiano a garantizar y preservar la vida y la integridad física de estas personas, entre las que se encontraba María Fabiola Largo Cano.
- El 18 de mayo, fue asesinado en el municipio de Tulúa, centro del Valle del Cauca, Andrés Robledo, presidente de la Asociación Campesina de base "LOS YARUMOS".
Desde el mes de noviembre del 2000. La CIDH había decretado medidas cautelares en beneficio de las Comunidades desplazadas de Buga y Tulúa. Del mismo modo, Andrés Robledo había sido incluido desde el mes de septiembre de 2001 en el Programa de Protección de líderes Sociales, Sindicales y Defensores de Derechos humanos, del Ministerio del Interior, debido a las múltiples amenazas contra su vida e integridad personal.
El Sr. Robledo era conocido por haber denunciado la corrupción de funcionarios públicos, el desplazamiento de más de 6.000 campesinos a causa de la violencia, el asesinato y desaparición de 200 personas en los últimos tres años. En diferentes ocasiones recibió amenazas de muerte de los paramilitares en el Ejercito, y desde hace más de tres años mantenía comunicación con la Vice-Presidencia de la República, a través de un número secreto en caso de agresión.
Comunidades desplazadas
Nuevas agresiones contra dirigentes de la población desplazada, especialmente contra la Asociación Nacional de Desplazados Colombianos -ANDESCOL-, Sindicato de Trabajadores Disponibles y Temporales -SINTRADIT-, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria -ANDAS-, la Unión Solidaria por Colombia -USCOL- y la Coordinación Metropolitana de Desplazados de Bucaramanga tuvieron lugar en el mes de abril del 2002.
- El 19 de abril 2002, las residencias de José Ardila, Ramiro Rueda, Luis Venencia, Harold Winston Vasquez y Rafael de la Ossa, fueron allanadas por personas que se identificaron como miembros del Cuerpo Técnico de la Fiscalía General de la Nación y del Ejercito Nacional. Todos fueron detenidos, acusados de tener nexos con organizaciones insurgentes colombianas.
También fue allanada la vivienda del Sr. Johnny Mauricio González Rivera, dirigente de la Junta de Acción Comunal de los desplazados de Barrancabermeja, a quien le manifestaron quienes ejecutaban el allanamiento, que los sindicalistas y líderes que aparecían en la lista que le mostraban “trabajaban con la guerrilla”.
Cabe recordar que en noviembre y diciembre del 2001 la población desplazada colombiana realizó una jornada nacional de protesta consistente en la visita permanente a varias entidades públicas en diferentes ciudades del país. Estas protestas resultaron en la firma de acuerdos entre el Ministerio del Interior y la población desplazada representada por ANDESCOL, SINTRADIT y la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Se decidió la realización de un Encuentro de Víctimas del Desplazamiento por la Violencia en Colombia a realizarse en los primeros meses del 2002. Desde la firma de los acuerdos, se acentuaron los hechos de hostigamiento y persecución contra los dirigentes de los desplazados que han sido puestos en conocimiento de las autoridades.
- El 30 de abril de 2002, la Corporación para el desarrollo del Oriente "Compromiso", organización no gubernamental que tiene su sede en Bucaramanga, Santander fue objeto de amenazas mediante un comunicado enviado por el bloque central Bolívar de las autodefensas unidas de Colombia, en el mismo comunicado amenazan también a la organización municipal de acción comunal ASOJUNTAS de Piedecuesta y a la organización no Gubernamental de Derechos Humanos PROMOPAZ de Piedecuesta; en este mensaje los incriminan como auxiliadores de las guerrillas de las FARC.
Organización femenina popular (OFP)
Como mencionando bajo el apartado Mundo sindical, el 8 de abril de 2002, fue asesinado Diofanol Sierra Vargas, instructor de danzas de la OFP, a pesar que la organización cuenta con acompañamiento internacional y ha recibido de las Naciones Unidas el Premio "Violencia contra la Mujer, Derechos Humanos de y para Mujeres" en el 2001 y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ha concedido medidas cautelares en mayo del 2000. Además, el 6 de mayo, un líder comunitario comunicó a la OFP que en la Policía Nacional conocían la decisión de las AUC de asesinar a Yolanda Becerra.
RECOMENDACIONES
Favor escribirle a las autoridades Colombianas con el fin de urgirlas a :
· ordenar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos arriba mencionados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;
· tomar inmediatamente las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los defensores amenazados, y en general de todos los defensores de derechos humanos en Colombia ;
· dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, las recomendaciones del informe de la Sra Hina Jilani y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
· garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las leyes nacionales y las normas internacionales de derechos humanos.
DIRECCIONES:
ANDRES PASTRANA ARANGO.
Presidente de la República de Colombia.
Carrera 8 n. 7-26 Palacio de Nariño, Bogotá.
Teléfono. 5629300 ext. 3550 (571 ) 284 33 00 Fax (571 )
286 74 34 - 286 6842 -284 21 86
E-mail: apastra@presidencia.gov.co
LUIS EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Defensor del Pueblo.
Calle 55 n. 10-32 Bogotá
Tel- 3147300
Fax: (571) 6400491
Email: secretaría_privada@hotmail.com
ROMULO GONZALEZ. Ministro de Justicia.
Ministerio de Justicia.
Avenida Jiménez con Carrera Novena. Tel: 5960500 Fax 2816384
Bogotá.
GUSTAVO BELL LEMUS. Ministro de Defensa.
Ministerio de Defensa.
Avenida El Dorado Carrera 52
Centro Administrativo Nacional CAN.
Fax 2222893
mdn@cable.net.co, infprotocol@mindefensa.gov.co, siden@mindefensa.gov.co
EDGARDO MAYA VILLAZÓN.
Procurador General de la Nación
Carrera 5 No. 15-80 Bogotá.
Tel-fax: (571) 342 97 23, 2817531
anticorrupcion@presidencia.gov.co,
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS
Calle 7 No 6-54 Piso 3
Bogotá, D.C.
Tele fax: (571) 3371351
DOCTOR LUIS CAMILO OSORIO, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá. Telefax (571) 5702000 ext. 2034.
ARMANDO ESTRADA VILLA, Ministro del Interior, carrera 8 No. 8-09. Fax. (571) 5663214
mininterior@myrealbox.com, minisint@col1.telecom.com.co
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS EN COLOMBIA. Fax. (571) 6292190- 6292405 e-mail: oacnudh@hchr.org.com
- ministro de Trabajo, Dr. Angelino Garzón:
despachomt@mintrabajo.gov.co
Y a las representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países
Ginebra - Paris, 30 de Mayo del 2002
Agradecemos informar al Observatorio acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código del presente llamado.
El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
Premio de Derechos Humanos de la República Francesa, 1998
****************
Para contactar el Observatorio, comuníquese a la Línea de Urgencia:
Tel. y fax FIDH : (+ 33 1) 4 355 20 11 / 4 355 18 80
Tel. y fax OMCT : (+ 41 22) 809 49 39 / 809 49 29
E-mail : observatoire@iprolink.ch
Comisión de Derechos Humanos
58 periodo de sesiones
Tema 3: Situación de los derechos humanos en Colombia
Gracias señor Presidente. Hablo en nombre de Franciscans International, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT). Dominicos para Justicia y Paz se asocia también a esta intervención.
La Relatora Especial sobre violencia contra las mujeres, Sra. Radhika Coomaraswamy, y la Representante Especial sobre defensores de derechos humanos, Sra. Hina Jilani, que recientemente visitaron Colombia, notan, en sus informes, creciente preocupación por el grave y progresivo deterioro de la situación de los derechos humanos en el país. En particular, FI, FIDH y OMCT quieren respaldar las recomendaciones contenidas en el informe de la Sra. Jilani y la inquietud expresada frente a la crítica situación de los defensores de derechos humanos y de las personas y comunidades que ellos acompañan. Al igual que la falta de un auténtico compromiso por parte del Estado colombiano de poner en marcha un programa eficaz de protección para los defensores.
Sigue siendo además evidente una ausencia de voluntad política del gobierno colombiano para combatir a los grupos paramilitares. Por el contrario, los nexos entre paramilitares y militares, la culpabilidad por comisión o por omisión son evidentes, como incluso lo reseña el informe del Departamento de Estado de EE-UU. Ejemplo de esto, son las actuaciones de la Brigada XVII en la zona de la comunidad de paz de San José de Apartado, del río Jiguamiando y Cacarica en Antioquia y Chocó; las de la brigada XVIII en Arauca, y las de la brigada V en Sur de Bolívar y Catatumbo, en donde las comunidades vienen siendo sometidas a un bloqueo económico acompañando de amenazas, asesinatos, desapariciones forzosas, torturas sin que, a pesar del conocimiento de todas las autoridades, de los nombres de los paramilitares y de los lugares de actuación se haya efectuado alguna acción concreta por parte de las fuerzas del Estado.
Queremos expresar particular preocupación por la situación que viven estos días los habitantes de San José de Apartado quienes, desde el 30 de marzo, han sufrido varios asesinatos tanto de sus pobladores como de los conductores de servicios públicos, y a quienes han sobrevivido, se les ha dicho que si prestan el servicio de transporte se les va a quemar el coche y se les asesinará.
Los campesinos, los indígenas que viven en las zonas de conflicto, los lideres políticos y sociales, los periodistas, los sindicalistas, los defensores de derechos humanos son objeto de amenazas y persecución constante. Durante el 2001, la OMCT ha difundido 475 llamados urgentes, 57 de los cuales fueron sobre Colombia, es decir más del 10% de sus intervenciones. De estos 57 llamados urgentes, 141 se referian a víctimas de desapariciones forzosas y 242 a ejecuciones extrajudiciales.
También, particular preocupación sigue siendo la ausencia de garantías para el trabajo pastoral de defensa de derechos humanos y de apoyo solidario a las comunidades que realizan sectores de las iglesias en Colombia así como grupos humanitarios de observación internacional. Estos sectores son frecuentemente amenazados o señalados en algunas ocasiones por miembros de las brigadas o por los paramilitares de cada región.
Asimismo, la gran mayoría de los autores de estas violaciones de los derechos humanos quedan impunes. Ejemplo es el caso del bombardeo de Santo Domingo en Arauca por la fuerza aérea colombiana. Incumpliendo los diferentes llamados de esta Comisión de Derechos Humanos, la justicia colombiana ratificó que el caso quedara en la justicia penal militar.
FI, FIDH y OMCT deploran la tendencia evidente del Estado colombiano de promover un tipo de legislación que, como la Ley antiterrorista 733 y su Estatuto, desconoce los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, otorga facultades a las fuerzas militares y define delitos que amparan la persecución de organizaciones de derechos humanos, sociales y populares.
FI, FIDH y OMCT instan al gobierno colombiano a:
- Implementar inmediatamente la decisión de la Corte Constitucional relativa a la inconstitucionalidad de la Ley 684 de defensa y seguridad nacional;
- Cumplir plenamente y inmediatamente las recomendaciones contenidas en los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, de la Relatora Especial sobre violencia contra las mujeres y de la Representante Especial sobre los defensores de derechos humanos;
- Permitir de forma permanente a los mecanismos de la Comisión de Derechos Humanos de ir a Colombia y facilitar sus visitas garantizándoles el acceso pleno y libre a instituciones, comunidades y individuos.
FI, FIDH y OMCT instan también a la Comisión de Derechos Humanos a:
- Recomendar que el informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sea presentado también ante la Asamblea General de las Naciones Unidas;
- Promover la consecución de recursos y apoyo a la Oficina de la Alta Comisionada en Bogotá así como a sus dos oficinas regionales en Cali y Medellín;
- Combatir el paramilitarismo y suspender todas las acciones de la fuerza pública que mediante acción u omisión violan los derechos humanos a través de esta estrategia estatal.