Colombia
16.10.01
Intervenciones urgentes
Colombia: graves violaciones de los derechos humanos y temor por posibles masacres en zonas rurales de Juradó, Chocó y de La Palma, Cundinamarca.
Caso COL 161001
El Secretariado Internacional de la OMCT solicita su intervención urgente en la siguiente situación en Colombia.
Descripción de la situación:
El Secretariado Internacional de la OMCT acaba de ser informado de graves violaciones de los derechos humanos en zonas rurales del municipio de Juradó en el Departamento del Chocó y del municipio de La Palma, en el Departamento de Cundinamarca, y de los temores fundados sobre la posible ocurrencia de masacres en estas mismas regiones.
De acuerdo con las informaciones de varias fuentes, entre ellas la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS), el martes 2 de octubre del 2001, el ex concejal José Nibardo Bello Hueso fue torturado, asesinado y exhibido ante sus familiares en su casa de habitación, en la vereda Garrapatal, del municipio de La Palma. Además, los paramilitares, quienes tienen permanentemente listas de campesinos a quienes acusan de pertenecer a grupos insurgentes, profirieron amenazas contra los habitantes de la vereda, exigiéndoles que deben abandonar sus parcelas (terreno cultivable) y sus casas. Los informes agregan que los paramilitares han ocupado las veredas : Hoyo Garrapatal, La Cañada, La Motaña, Sabaneta, Otumbe, El Potrero, Olla de Tudela, El Boquerón, Izama, La Enfadosa, y Alpujarra.
Según los informes, los grupos paramilitares incursionaron desde el mes de marzo del 2001 en la zona rural de La Palma amenazando a los campesinos, y al parecer asesinando a varios labriegos de la región, por lo cual varias familias se vieron obligadas a desplazarse hacia la zona urbana del municipio. Las informaciones señalan que esta situación se presenta al parecer ante la actitud indiferente de las autoridades civiles y militares del municipio, quienes también niegan estos hechos que se presentan a tan solo cinco minutos del casco urbano, y a pesar de la existencia de un puesto de Policía en el municipio y que el ejército patrulla la zona constantemente. De acuerdo con las últimas informaciones, los paramilitares han amenazado con realizar una incursión en la zona urbana del municipio de La Palma.
Por otra parte, de acuerdo con las informaciones de varias fuentes, entre ellas las Misioneras de la « Madre Laura », el día 6 de octubre del 2001 hacia las 07h00 llegó a Juradó un grupo de paramilitares, empezaron a buscar gente y procedieron a llevarse hacia la playa a 14 indígenas de las comunidades de Santa Teresita y Buenavista. Dos de las religiosas misioneras se fueron detrás de ellos y preguntaron a dónde se llevaban a los indígenas, a lo cual los paramilitares contestaron: « Tranquilas vamos a conversar con ellos en la playa », entonces las hermanas insistieron: Las puertas de nuestra casa están abiertas vamos a dialogar allá, ante lo cual, un paramilitar añadió: « estos indios son colaboradores de la guerrilla, deben morir ». Una de las religiosas les explicó a los paramilitares que los indígenas desarrollan la autonomía propia y que los guerrilleros no se encuentran en sus territorios, y después de discutir durante largo tiempo, los paramilitares procedieron a dejar libres a los indígenas a quienes les dijeron que les llevaran el mensaje a la guerrilla que : « para allá iban ellos ».
Los informes señalan que, al mismo tiempo que una de las religiosa acompañaba a los indígenas de vuelta a la casa, los paramilitares se llevaron a la playa al conocido comerciante del lugar Sr. José del Transito Pino, conocido con el nombre de « Chaza », quien vivía hace varios años en Juradó y tenía su negocio de abarrotes en la cabecera municipal, a quien asesinaron de tres disparos uno en la cabeza, otro en el hombro y uno en la pierna derecha, para luego salir en dos embarcaciones por La Bocana, lugar por donde usualmente salen las lanchas de Juradó.
De acuerdo con los informes es importante recordar que la primera incursión paramilitar en la región, se llevó a cabo el 8 de agosto de 1999, hacia las 6 de la mañana, en la Comunidad indígena de « Aguas Calientes » , cuando asesinaron al Sr. Porfirio Chaito, Secretario del Cabildo Mayor, al Sr. Angel Miro Chaito, Gobernador de la Comunidad, y al niño Alirio Chaito de 7 años de edad. En esa ocasión toda la población salió desplazada hacia la cabecera municipal de Juradó en donde el Concejal indígena Armando Achito, ubicó en la Casa Indígena de Juradó a 25 familias de desplazados, conformadas por 133 personas. Desde entonces, todas las instituciones de Juradó: la Alcaldía, el Colegio, la Escuela, la Umata (Unidad de Apoyo Técnico Agrícola), el Hospital, etc., estaban funcionando en Bahía Solano.
En el mes de mayo del 2001, las comunidades afrocolombianas que se encontraban desplazadas en Bahía Solano, entre ellas la Escuela, el Colegio, los Concejales, la Umata, decidieron comenzar el retorno, a excepción de la Alcaldía que continúa laborando en Bahía Solano. Las comunidades indígenas Emberas de Aguas Calientes y Guayabal, se encuentran también dentro de la dinámica del retorno, se han fusionado en una sola comunidad y actualmente están terminando de construir sus nuevas viviendas a través del trabajo comunitario en la Nueva Comunidad Amba Patadó.
La OMCT comparte la seria preocupación de las organizaciones de derechos humanos por la seguridad y la integridad física y psicológica de los pobladores de Juradó, Chocó y de La Palma, Cundinamarca, ya que es conocido que en otras regiones del país, este tipo de violaciones de los derechos humanos ha sido el preámbulo de grandes masacres, desapariciones, ejecuciones y desplazamientos.
Acción solicitada
Favor escribir a las autoridades Colombianas urgiéndolas a:
i. garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los habitantes de Juradó, Chocó y de La Palma, Cundinamarca, y tomar todas las medidas necesarias con el objeto de prevenir la ocurrencia de masacres o cualquier otro hecho violento en las mencionadas regiones;
ii. ordenar las medidas necesarias para investigar y poner fin a la presunta complicidad de los miembros del ejército y la policía con los grupos paramilitares, identificar a aquellos responsables por los actos arriba mencionados, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;
iii. dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos;
iv. garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las leyes nacionales y las normas internacionales de derechos humanos.
Direcciones :
S.E. Andrés Pastrana Arango, Presidente de la República, Carrera 8 n°. 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax: (+ 57 1) 286 74 34; (+ 57 1) 286 68 42; (+ 57 1) 284 21 86
- Consejería Presidencial de Derechos Humanos, Calle 7 n°. 6-54 Piso 3, Santa Fe de Bogotá, D. C. Fax: (+ 57 1) 337 13 51
- Doctor Gustavo Bell Lemus, Ministro de la Defensa, Ministerio de Defensa Nacional, Avenida El Dorado con carrera 52 CAN, Bogotá. Fax: (+ 57 1) 222 18 74
- Doctor Armando Estrada Villa, Ministro del Interior, Ministerio del Interior, Cra. 8 n°. 8-09 SantaFe de Bogotá, Palacio de Nariño. Santa Fe de Bogotá. Fax: (+ 57 1) 286 80 25
- Doctor Edgardo Maya Villazón , Procurador General de la Nación, Carrera 5 n°. 15-80, Santa Fe de Bogotá. Fax: (+ 57 1) 342 97 23; (+ 57 1) 281 75 31
- Doctor Luis Camilo Osorio, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22 B n°. 52-01, Santa Fe de Bogotá. Fax: (+ 57 1) 570 20 22.
- Doctor Eduardo Cifuentes, Defensor del Pueblo, Defensoría del Pueblo, Calle 55 n°. 10-32 Santa Fe de Bogotá. Fax: (+ 57 1) 346 12 25
- General Fernando Tapias Stahelin, Comandante de las Fuerzas Militares, Avenida el Dorado, Cra. 52, Santa Fe de Bogotá. Fax: (+ 57 1) 222 29 35
- Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países
Ginebra, 16 de octubre del 2001
Favor informarnos sobre cualquier acción realizada acerca del presente caso, citando el código del presente llamado en su respuesta.
El Secretariado Internacional de la OMCT solicita su intervención urgente en la siguiente situación en Colombia.
Descripción de la situación:
El Secretariado Internacional de la OMCT acaba de ser informado de graves violaciones de los derechos humanos en zonas rurales del municipio de Juradó en el Departamento del Chocó y del municipio de La Palma, en el Departamento de Cundinamarca, y de los temores fundados sobre la posible ocurrencia de masacres en estas mismas regiones.
De acuerdo con las informaciones de varias fuentes, entre ellas la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS), el martes 2 de octubre del 2001, el ex concejal José Nibardo Bello Hueso fue torturado, asesinado y exhibido ante sus familiares en su casa de habitación, en la vereda Garrapatal, del municipio de La Palma. Además, los paramilitares, quienes tienen permanentemente listas de campesinos a quienes acusan de pertenecer a grupos insurgentes, profirieron amenazas contra los habitantes de la vereda, exigiéndoles que deben abandonar sus parcelas (terreno cultivable) y sus casas. Los informes agregan que los paramilitares han ocupado las veredas : Hoyo Garrapatal, La Cañada, La Motaña, Sabaneta, Otumbe, El Potrero, Olla de Tudela, El Boquerón, Izama, La Enfadosa, y Alpujarra.
Según los informes, los grupos paramilitares incursionaron desde el mes de marzo del 2001 en la zona rural de La Palma amenazando a los campesinos, y al parecer asesinando a varios labriegos de la región, por lo cual varias familias se vieron obligadas a desplazarse hacia la zona urbana del municipio. Las informaciones señalan que esta situación se presenta al parecer ante la actitud indiferente de las autoridades civiles y militares del municipio, quienes también niegan estos hechos que se presentan a tan solo cinco minutos del casco urbano, y a pesar de la existencia de un puesto de Policía en el municipio y que el ejército patrulla la zona constantemente. De acuerdo con las últimas informaciones, los paramilitares han amenazado con realizar una incursión en la zona urbana del municipio de La Palma.
Por otra parte, de acuerdo con las informaciones de varias fuentes, entre ellas las Misioneras de la « Madre Laura », el día 6 de octubre del 2001 hacia las 07h00 llegó a Juradó un grupo de paramilitares, empezaron a buscar gente y procedieron a llevarse hacia la playa a 14 indígenas de las comunidades de Santa Teresita y Buenavista. Dos de las religiosas misioneras se fueron detrás de ellos y preguntaron a dónde se llevaban a los indígenas, a lo cual los paramilitares contestaron: « Tranquilas vamos a conversar con ellos en la playa », entonces las hermanas insistieron: Las puertas de nuestra casa están abiertas vamos a dialogar allá, ante lo cual, un paramilitar añadió: « estos indios son colaboradores de la guerrilla, deben morir ». Una de las religiosas les explicó a los paramilitares que los indígenas desarrollan la autonomía propia y que los guerrilleros no se encuentran en sus territorios, y después de discutir durante largo tiempo, los paramilitares procedieron a dejar libres a los indígenas a quienes les dijeron que les llevaran el mensaje a la guerrilla que : « para allá iban ellos ».
Los informes señalan que, al mismo tiempo que una de las religiosa acompañaba a los indígenas de vuelta a la casa, los paramilitares se llevaron a la playa al conocido comerciante del lugar Sr. José del Transito Pino, conocido con el nombre de « Chaza », quien vivía hace varios años en Juradó y tenía su negocio de abarrotes en la cabecera municipal, a quien asesinaron de tres disparos uno en la cabeza, otro en el hombro y uno en la pierna derecha, para luego salir en dos embarcaciones por La Bocana, lugar por donde usualmente salen las lanchas de Juradó.
De acuerdo con los informes es importante recordar que la primera incursión paramilitar en la región, se llevó a cabo el 8 de agosto de 1999, hacia las 6 de la mañana, en la Comunidad indígena de « Aguas Calientes » , cuando asesinaron al Sr. Porfirio Chaito, Secretario del Cabildo Mayor, al Sr. Angel Miro Chaito, Gobernador de la Comunidad, y al niño Alirio Chaito de 7 años de edad. En esa ocasión toda la población salió desplazada hacia la cabecera municipal de Juradó en donde el Concejal indígena Armando Achito, ubicó en la Casa Indígena de Juradó a 25 familias de desplazados, conformadas por 133 personas. Desde entonces, todas las instituciones de Juradó: la Alcaldía, el Colegio, la Escuela, la Umata (Unidad de Apoyo Técnico Agrícola), el Hospital, etc., estaban funcionando en Bahía Solano.
En el mes de mayo del 2001, las comunidades afrocolombianas que se encontraban desplazadas en Bahía Solano, entre ellas la Escuela, el Colegio, los Concejales, la Umata, decidieron comenzar el retorno, a excepción de la Alcaldía que continúa laborando en Bahía Solano. Las comunidades indígenas Emberas de Aguas Calientes y Guayabal, se encuentran también dentro de la dinámica del retorno, se han fusionado en una sola comunidad y actualmente están terminando de construir sus nuevas viviendas a través del trabajo comunitario en la Nueva Comunidad Amba Patadó.
La OMCT comparte la seria preocupación de las organizaciones de derechos humanos por la seguridad y la integridad física y psicológica de los pobladores de Juradó, Chocó y de La Palma, Cundinamarca, ya que es conocido que en otras regiones del país, este tipo de violaciones de los derechos humanos ha sido el preámbulo de grandes masacres, desapariciones, ejecuciones y desplazamientos.
Acción solicitada
Favor escribir a las autoridades Colombianas urgiéndolas a:
i. garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los habitantes de Juradó, Chocó y de La Palma, Cundinamarca, y tomar todas las medidas necesarias con el objeto de prevenir la ocurrencia de masacres o cualquier otro hecho violento en las mencionadas regiones;
ii. ordenar las medidas necesarias para investigar y poner fin a la presunta complicidad de los miembros del ejército y la policía con los grupos paramilitares, identificar a aquellos responsables por los actos arriba mencionados, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;
iii. dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos;
iv. garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las leyes nacionales y las normas internacionales de derechos humanos.
Direcciones :
S.E. Andrés Pastrana Arango, Presidente de la República, Carrera 8 n°. 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax: (+ 57 1) 286 74 34; (+ 57 1) 286 68 42; (+ 57 1) 284 21 86
- Consejería Presidencial de Derechos Humanos, Calle 7 n°. 6-54 Piso 3, Santa Fe de Bogotá, D. C. Fax: (+ 57 1) 337 13 51
- Doctor Gustavo Bell Lemus, Ministro de la Defensa, Ministerio de Defensa Nacional, Avenida El Dorado con carrera 52 CAN, Bogotá. Fax: (+ 57 1) 222 18 74
- Doctor Armando Estrada Villa, Ministro del Interior, Ministerio del Interior, Cra. 8 n°. 8-09 SantaFe de Bogotá, Palacio de Nariño. Santa Fe de Bogotá. Fax: (+ 57 1) 286 80 25
- Doctor Edgardo Maya Villazón , Procurador General de la Nación, Carrera 5 n°. 15-80, Santa Fe de Bogotá. Fax: (+ 57 1) 342 97 23; (+ 57 1) 281 75 31
- Doctor Luis Camilo Osorio, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22 B n°. 52-01, Santa Fe de Bogotá. Fax: (+ 57 1) 570 20 22.
- Doctor Eduardo Cifuentes, Defensor del Pueblo, Defensoría del Pueblo, Calle 55 n°. 10-32 Santa Fe de Bogotá. Fax: (+ 57 1) 346 12 25
- General Fernando Tapias Stahelin, Comandante de las Fuerzas Militares, Avenida el Dorado, Cra. 52, Santa Fe de Bogotá. Fax: (+ 57 1) 222 29 35
- Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países
Ginebra, 16 de octubre del 2001
Favor informarnos sobre cualquier acción realizada acerca del presente caso, citando el código del presente llamado en su respuesta.