Colombia
21.05.02
Intervenciones urgentes
Colombia: CARTA ABIERTA al Sr. Presidente de la República sobre grave situación de desplazados.
Organización Mundial Contra la TorturaP.O. Box 21- 8, rue du Vieux BillardCH 1211 Ginebra 8, SuizaTel.: (+0041 22) 809 49 39 / Fax.: (+0041 22) 809 49 29E-mail: omct@omct.org / Internet: www.omct.org
CARTA ABIERTA AL Sr. ANDRES PASTRANA ARANGO
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Ginebra, 21 de mayo del 2002
Estimado Sr. Presidente:
El Secretariado Internacional de la OMCT, alertado e informado por fuentes confiables, manifiesta su profunda preocupación respecto de la dramática situación que continúan viviendo las comunidades de desplazados en Colombia.
Tal como lo define el Artículo 1° de la Ley 387 del 18 de julio de 1997, « …es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones : Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público ».
Actualmente en Colombia hay cerca de 2.700.000 (dos millones setecientos mil) desplazados, personas que, la mayoría de las veces han tenido que abandonar sus casas y sus tierras debido a la violencia, a las amenazas, y/o a la desaparición de sus familiares o personas cercanas. La situación de estas comunidades de desplazados es hoy un factor de profunda preocupación para la OMCT, particularmente en lo que respecta a las comunidades de El Salado (Departamento de Bolívar), parte alta de los municipios de Buga y Tuluá (Departamento del Valle del Cauca) y comunidades de desplazados ubicados en Villavicencio (Departamento del Meta).
La OMCT desea llamar su atención de manera particular sobre los desplazados del corregimiento de El Salado, departamento de Bolívar, en donde los grupos paramilitares asesinaron brutalmente alrededor de 70 personas en febrero del 2000 (ver referencia en Llamado OMCT Caso COL 190101), y ahora las propias comunidades desplazadas se vieron obligadas a retornar a sus parcelas abandonadas, sin haber podido obtener del gobierno local, departamental y nacional un compromiso serio de seguridad y protección, y debido a las miserables condiciones de vida a las que se han visto abocadas, en completa violación de sus derechos económicos, sociales y culturales garantizados por el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas, que fue ratificado por Colombia.
Además, las comunidades desplazadas de las veredas ubicadas en la parte alta de los municipios de Buga y Tulúa, centro del departamento del Valle del Cauca, que fueron desplazadas después de la masacre del Alto del Naya (ver Llamados Casos OMCT COL 130401 y seguimiento COL 130401.1) ya completaron cerca de 26 meses albergadas en condiciones lamentables de hacinamiento y falta de condiciones de salud, educación y empleo para todos, como lo estipula el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas.
Precisamente, durante los últimos días han circulado versiones, aún confusas, según las cuales, los grupos paramilitares que se autodenominan Autodefensas Unidas de Colombia “AUC” habrían dado un ultimátum a los desplazados de Tuluá que se encuentran albergados en la Antigua Rayadora, para que abandonen estas instalaciones antes de mediados de mayo. La “acusación” que se hace a las comunidades es la de estar “extorsionando” a la alcaldía, exigiendo el goce de sus derechos a vivienda, salud, educación, alimentación y empleo, condiciones consideradas como mínimas dentro del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales.
Estas comunidades de desplazados ubicadas en Buga y Tuluá se encuentran amparadas por las Medidas Cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde noviembre del año 2000 y sin embargo, muy poco o nada se ha avanzado en la atención integral a esta población. La ayuda humanitaria, la asistencia en salud, la seguridad alimentaria, el apoyo a proyectos productivos de estabilización socioeconómica y las posibilidades de procesos de retorno o reubicación con seguridad, dignidad e inversión social, han sido solo un paliativo que pretende ocultarse, sobredimensionando los escasos logros en el cumplimiento de las obligaciones contempladas en la Ley 387 y decretos reglamentarios.
Otra situación que debemos denunciar y lamentar, sucede con la población desplazada ubicada en Villavicencio, departamento del Meta, la cual, a la ya extensa lista de persecuciones, amenazas, hostigamientos y atentados contra sus líderes y miembros de las comunidades, se agrega hoy la política de tierra arrasada y el exterminio que realizan grupos de paramilitares y al parecer también de militares, en la zona antiguamente desmilitarizada para el desarrollo de los diálogos de paz entre el gobierno y la insurgencia de las FARC. En desarrollo de la “Operación Thanatos” (Operación Muerte) los paramilitares controlan y muchas veces impiden, la movilización y circulación de personas, así como el tránsito de vehículos y el transporte de alimentos y medicinas en estas poblaciones. Llama la atención el hecho que todo esto suceda en medio de la más completa impunidad en una de las regiones más militarizadas del país.
El Secretariado Internacional de la OMCT, teniendo en cuenta estos hechos, pide que Su Excelencia tome las medidas necesarias con el fin de prevenir los hechos de amenazas y hostigamientos a las poblaciones desplazadas por parte de grupos paramilitares, y de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, y en particular, demostrar una seria voluntad política para cumplir con las obligaciones del Estado Colombiano con estas comunidades de desplazados, como son las de adoptar medidas para garantizar la plena efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo « …el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados , y también el derecho de toda persona a la educación, el derecho a trabajar y el derecho a cubrimiento en salud ».
A este respecto, la OMCT recuerda que, según el comentario general N° 7 del Comité de derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas (CDESC) sobre el derecho a la alimentación el Estado debe : prestar especial atención y, a veces conceder prioridad con respecto a la accesibilidad de los alimentos a las personas que viven en zonas propensas a los desastres y a otros grupos particularmente desfavorecidos. Además el Comité precisa que, …cuando un individuo o un grupo sea incapaz, por razones que escapen a su control, de disfrutar el derecho a una alimentación adecuada por los medios a su alcance, el Estado tiene la obligación de realizar (hacer efectivo) ese derecho directamente.
Además, en su comentario N°7 sobre los desalojos forzados, el CDESC recuerda que el término desalojos forzosos se define como el hecho de hacer salir a las personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos. A este respecto, el CDESC recuerda que los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. En este caso, el Estado parte deberá adoptar todas las medidas necesarias para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda.
Finalmente la OMCT espera que su excelencia dé cumplimiento a las medidas cautelares que sobre los casos de comunidades desplazadas como las de Tuluá y Buga, han sido tomadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por último, la OMCT espera que su excelencia tome las medidas necesarias para poner fin a la violencia ejercida contra las mencionadas comunidades de desplazados y contra todas las demás comunidades de desplazados en el país.
Agradeciéndole de antemano la atención que pueda prestar a la presente nos suscribimos de Su Excelencia,
Atentamente,
Eric Sottas
Director
Organización Mundial Contra la Tortura
CARTA ABIERTA AL Sr. ANDRES PASTRANA ARANGO
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Ginebra, 21 de mayo del 2002
Estimado Sr. Presidente:
El Secretariado Internacional de la OMCT, alertado e informado por fuentes confiables, manifiesta su profunda preocupación respecto de la dramática situación que continúan viviendo las comunidades de desplazados en Colombia.
Tal como lo define el Artículo 1° de la Ley 387 del 18 de julio de 1997, « …es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones : Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público ».
Actualmente en Colombia hay cerca de 2.700.000 (dos millones setecientos mil) desplazados, personas que, la mayoría de las veces han tenido que abandonar sus casas y sus tierras debido a la violencia, a las amenazas, y/o a la desaparición de sus familiares o personas cercanas. La situación de estas comunidades de desplazados es hoy un factor de profunda preocupación para la OMCT, particularmente en lo que respecta a las comunidades de El Salado (Departamento de Bolívar), parte alta de los municipios de Buga y Tuluá (Departamento del Valle del Cauca) y comunidades de desplazados ubicados en Villavicencio (Departamento del Meta).
La OMCT desea llamar su atención de manera particular sobre los desplazados del corregimiento de El Salado, departamento de Bolívar, en donde los grupos paramilitares asesinaron brutalmente alrededor de 70 personas en febrero del 2000 (ver referencia en Llamado OMCT Caso COL 190101), y ahora las propias comunidades desplazadas se vieron obligadas a retornar a sus parcelas abandonadas, sin haber podido obtener del gobierno local, departamental y nacional un compromiso serio de seguridad y protección, y debido a las miserables condiciones de vida a las que se han visto abocadas, en completa violación de sus derechos económicos, sociales y culturales garantizados por el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas, que fue ratificado por Colombia.
Además, las comunidades desplazadas de las veredas ubicadas en la parte alta de los municipios de Buga y Tulúa, centro del departamento del Valle del Cauca, que fueron desplazadas después de la masacre del Alto del Naya (ver Llamados Casos OMCT COL 130401 y seguimiento COL 130401.1) ya completaron cerca de 26 meses albergadas en condiciones lamentables de hacinamiento y falta de condiciones de salud, educación y empleo para todos, como lo estipula el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas.
Precisamente, durante los últimos días han circulado versiones, aún confusas, según las cuales, los grupos paramilitares que se autodenominan Autodefensas Unidas de Colombia “AUC” habrían dado un ultimátum a los desplazados de Tuluá que se encuentran albergados en la Antigua Rayadora, para que abandonen estas instalaciones antes de mediados de mayo. La “acusación” que se hace a las comunidades es la de estar “extorsionando” a la alcaldía, exigiendo el goce de sus derechos a vivienda, salud, educación, alimentación y empleo, condiciones consideradas como mínimas dentro del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales.
Estas comunidades de desplazados ubicadas en Buga y Tuluá se encuentran amparadas por las Medidas Cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde noviembre del año 2000 y sin embargo, muy poco o nada se ha avanzado en la atención integral a esta población. La ayuda humanitaria, la asistencia en salud, la seguridad alimentaria, el apoyo a proyectos productivos de estabilización socioeconómica y las posibilidades de procesos de retorno o reubicación con seguridad, dignidad e inversión social, han sido solo un paliativo que pretende ocultarse, sobredimensionando los escasos logros en el cumplimiento de las obligaciones contempladas en la Ley 387 y decretos reglamentarios.
Otra situación que debemos denunciar y lamentar, sucede con la población desplazada ubicada en Villavicencio, departamento del Meta, la cual, a la ya extensa lista de persecuciones, amenazas, hostigamientos y atentados contra sus líderes y miembros de las comunidades, se agrega hoy la política de tierra arrasada y el exterminio que realizan grupos de paramilitares y al parecer también de militares, en la zona antiguamente desmilitarizada para el desarrollo de los diálogos de paz entre el gobierno y la insurgencia de las FARC. En desarrollo de la “Operación Thanatos” (Operación Muerte) los paramilitares controlan y muchas veces impiden, la movilización y circulación de personas, así como el tránsito de vehículos y el transporte de alimentos y medicinas en estas poblaciones. Llama la atención el hecho que todo esto suceda en medio de la más completa impunidad en una de las regiones más militarizadas del país.
El Secretariado Internacional de la OMCT, teniendo en cuenta estos hechos, pide que Su Excelencia tome las medidas necesarias con el fin de prevenir los hechos de amenazas y hostigamientos a las poblaciones desplazadas por parte de grupos paramilitares, y de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, y en particular, demostrar una seria voluntad política para cumplir con las obligaciones del Estado Colombiano con estas comunidades de desplazados, como son las de adoptar medidas para garantizar la plena efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo « …el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados , y también el derecho de toda persona a la educación, el derecho a trabajar y el derecho a cubrimiento en salud ».
A este respecto, la OMCT recuerda que, según el comentario general N° 7 del Comité de derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas (CDESC) sobre el derecho a la alimentación el Estado debe : prestar especial atención y, a veces conceder prioridad con respecto a la accesibilidad de los alimentos a las personas que viven en zonas propensas a los desastres y a otros grupos particularmente desfavorecidos. Además el Comité precisa que, …cuando un individuo o un grupo sea incapaz, por razones que escapen a su control, de disfrutar el derecho a una alimentación adecuada por los medios a su alcance, el Estado tiene la obligación de realizar (hacer efectivo) ese derecho directamente.
Además, en su comentario N°7 sobre los desalojos forzados, el CDESC recuerda que el término desalojos forzosos se define como el hecho de hacer salir a las personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos. A este respecto, el CDESC recuerda que los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. En este caso, el Estado parte deberá adoptar todas las medidas necesarias para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda.
Finalmente la OMCT espera que su excelencia dé cumplimiento a las medidas cautelares que sobre los casos de comunidades desplazadas como las de Tuluá y Buga, han sido tomadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por último, la OMCT espera que su excelencia tome las medidas necesarias para poner fin a la violencia ejercida contra las mencionadas comunidades de desplazados y contra todas las demás comunidades de desplazados en el país.
Agradeciéndole de antemano la atención que pueda prestar a la presente nos suscribimos de Su Excelencia,
Atentamente,
Eric Sottas
Director
Organización Mundial Contra la Tortura