Colombia
11.11.03
Intervenciones urgentes
Colombia : la OMCT presenta un informe sobre la violencia de estado ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.
COMUNICADO DE PRENSA
A los representantes de la prensa
Ginebra, 11 de noviembre de 2003
Colombia : la OMCT presenta un informe sobre la violencia de Estado al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.
En colaboración con la Comisión Colombiana de Juristas, Apoyo a víctimas pro recuperación emocional (AVRE), Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y otros asociados, la OMCT presentó el 10 de noviembre de 2003 un informe alternativo sobre la práctica de la tortura en Colombia destinado a los expertos del Comité contra la Tortura, en su examen del tercer informe periódico del Estado colombiano.
El informe pone de relieve el hecho de que la tortura es practicada de forma sistemática y generalizada en Colombia, sobre todo como medio de persecución política y como herramienta de terror frente a la población civil. Los grupos paramilitares, los agentes estatales y los grupos guerrilleros recurren a la tortura reiteradamente.
El estado de excepción, en vigor desde hace 50 años de manera casi permanente, no parece extraño a estas prácticas. Efectivamente, las leyes de excepción crean condiciones favorables para la tortura o el mal tratamiento, vulnerando seriamente los derechos fundamentales de la persona. En el marco de los estados de excepción (aunque no únicamente), la fuerza pública comete torturas contra la población civil. Las reformas constitucionales encaminadas a volver permanente la legislación de excepción agravarán aún más la crisis en esa materia.
El Comité contra la Tortura, en 1996, recomendó a las autoridades colombianas recuperar el monopolio del uso de la fuerza, y disolver los grupos civiles armados o paramilitares. Ahora bien, el informe subraya que hoy estos grupos se han reforzado y que son la causa de la mayor parte de los actos de tortura cometidos en el país. Según el ACNUDH, “la tortura es practicada frecuentemente por los miembros de los grupos paramilitares, y en la mayoría de los casos viene seguida de una ejecución extrajudicial”.
Un análisis de seguimiento de los 76 casos planteados por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura revela la grave crisis de impunidad en materia de tortura: la falta de coordinación entre las investigaciones penales y las disciplinarias, una justicia penal inoperante, una justicia militar que favorece la impunidad, así como los escasos resultados de las investigaciones disciplinarias, ilustran las graves deficiencias del sistema judicial en el juzgamiento de los autores, así como para las reparaciones debidas a las víctimas o a sus familias.
De otro lado, la violencia sexual contra las mujeres y niñas se utiliza como medio de persecución social y política, a la vez que como arma de guerra.
Las personas privadas de libertad sufren no solo las consecuencias del hacinamiento, sino también las torturas y los tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de la guardia penitenciaria.
Los niños son también víctimas de tratamientos inhumanos o degradantes. La privación de libertad parece haberse convertido en la norma en caso de infracción penal de los menores, cuando la Convención sobre los Derechos del Niño estipula que esta medida sólo puede representar un último recurso.
Por otra parte, los hostigamientos a los familiares de las víctimas fatales y de los desaparecidos forzados, a través de amenazas, desplazamiento y otros hechos violentos perpetrados de manera sistemática para impedir la denuncia y esclarecimiento de los crímenes, implica para ellos un grave impacto sicosocial, con características de tortura sicológica.
En consecuencia, la OMCT, la Comisión Colombiana de Juristas, Apoyo a víctimas pro recuperación emocional (AVRE), y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) piden a las autoridades colombianas que se ajusten a las obligaciones emanadas de la Convención contra la Tortura, que se abstengan de proclamar leyes o reformas constitucionales que en la práctica, favorecen la tortura, que declaren el estado de excepción solamente de manera excepcional, y que ordenen investigaciones y sancionen a los agentes del Estado que violan las obligaciones internacionales suscritas por Colombia.
Contact OMCT : Christine Ferrier +4122 809.49.39
A los representantes de la prensa
Ginebra, 11 de noviembre de 2003
Colombia : la OMCT presenta un informe sobre la violencia de Estado al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.
En colaboración con la Comisión Colombiana de Juristas, Apoyo a víctimas pro recuperación emocional (AVRE), Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y otros asociados, la OMCT presentó el 10 de noviembre de 2003 un informe alternativo sobre la práctica de la tortura en Colombia destinado a los expertos del Comité contra la Tortura, en su examen del tercer informe periódico del Estado colombiano.
El informe pone de relieve el hecho de que la tortura es practicada de forma sistemática y generalizada en Colombia, sobre todo como medio de persecución política y como herramienta de terror frente a la población civil. Los grupos paramilitares, los agentes estatales y los grupos guerrilleros recurren a la tortura reiteradamente.
El estado de excepción, en vigor desde hace 50 años de manera casi permanente, no parece extraño a estas prácticas. Efectivamente, las leyes de excepción crean condiciones favorables para la tortura o el mal tratamiento, vulnerando seriamente los derechos fundamentales de la persona. En el marco de los estados de excepción (aunque no únicamente), la fuerza pública comete torturas contra la población civil. Las reformas constitucionales encaminadas a volver permanente la legislación de excepción agravarán aún más la crisis en esa materia.
El Comité contra la Tortura, en 1996, recomendó a las autoridades colombianas recuperar el monopolio del uso de la fuerza, y disolver los grupos civiles armados o paramilitares. Ahora bien, el informe subraya que hoy estos grupos se han reforzado y que son la causa de la mayor parte de los actos de tortura cometidos en el país. Según el ACNUDH, “la tortura es practicada frecuentemente por los miembros de los grupos paramilitares, y en la mayoría de los casos viene seguida de una ejecución extrajudicial”.
Un análisis de seguimiento de los 76 casos planteados por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura revela la grave crisis de impunidad en materia de tortura: la falta de coordinación entre las investigaciones penales y las disciplinarias, una justicia penal inoperante, una justicia militar que favorece la impunidad, así como los escasos resultados de las investigaciones disciplinarias, ilustran las graves deficiencias del sistema judicial en el juzgamiento de los autores, así como para las reparaciones debidas a las víctimas o a sus familias.
De otro lado, la violencia sexual contra las mujeres y niñas se utiliza como medio de persecución social y política, a la vez que como arma de guerra.
Las personas privadas de libertad sufren no solo las consecuencias del hacinamiento, sino también las torturas y los tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de la guardia penitenciaria.
Los niños son también víctimas de tratamientos inhumanos o degradantes. La privación de libertad parece haberse convertido en la norma en caso de infracción penal de los menores, cuando la Convención sobre los Derechos del Niño estipula que esta medida sólo puede representar un último recurso.
Por otra parte, los hostigamientos a los familiares de las víctimas fatales y de los desaparecidos forzados, a través de amenazas, desplazamiento y otros hechos violentos perpetrados de manera sistemática para impedir la denuncia y esclarecimiento de los crímenes, implica para ellos un grave impacto sicosocial, con características de tortura sicológica.
En consecuencia, la OMCT, la Comisión Colombiana de Juristas, Apoyo a víctimas pro recuperación emocional (AVRE), y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) piden a las autoridades colombianas que se ajusten a las obligaciones emanadas de la Convención contra la Tortura, que se abstengan de proclamar leyes o reformas constitucionales que en la práctica, favorecen la tortura, que declaren el estado de excepción solamente de manera excepcional, y que ordenen investigaciones y sancionen a los agentes del Estado que violan las obligaciones internacionales suscritas por Colombia.
Contact OMCT : Christine Ferrier +4122 809.49.39