Colombia
27.10.04
Intervenciones urgentes
Colombia: Asesinatos y criminalización de niños y niñas, adolescentes y jóvenes en sector de Bogotá
Caso COL 271004.CC
DERECHOS DEL NIÑO
Ejecuciones Extrajudiciales
El Secretariado Internacional de la OMCT solicita su intervención con carácter urgente en la siguiente situación en Colombia.
Descripción de la situación:
El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con profunda preocupación informaciones sobre la ejecución extrajudicial de 3 jóvenes, cometida, según las alegaciones, por miembros de la Policía Nacional y sobre la complicidad de las entidades estatales encargadas de investigar los hechos y de prestarles atención médica a los sobrevivientes. Las informaciones denuncian que estos lamentables hechos forman parte de una campaña de exterminio sistemático de jóvenes en la zona de Altos de Cazucá, ubicada en la Localidad conocida como Ciudad Bolívar en el municipio de Bogotá, Distrito Capital.
De acuerdo con las informaciones de varias organizaciones, entre ellas la Corporación Colectivo de Abogados (CCAJAR) y el Comité Permanente de Derechos Humanos (CPDH), miembros de la red de la OMCT, el sábado 16 de octubre de 2004, aproximadamente entre las 6h30 de la tarde y las 7h10 de la noche, fueron ejecutados extrajudicialmente los jóvenes Johnatan Jiménez, de 16 años de edad, uno de los mejores estudiantes del Instituto Cerros del Sur del barrio Potosí de esa localidad, y Ancízar Castro, de 17 años. Según las informaciones, con ellos se encontraba en esos momentos el también adolescente José Francisco Dávila, también de 17 años, quien sobrevivió al ataque pero recibió un disparo en la mandíbula inferior. En el momento de los hechos, los tres menores de edad se dirigían a una fiesta juvenil que se desarrollaría esa noche en el barrio.
De acuerdo con las informaciones, el ataque fue cometido por cuatro hombres que se movilizaban en dos motos de la Policía Nacional, vestidos con uniformes de la institución y encapuchados, quienes se retiraron del lugar luego de efectuar los disparos. Según las informaciones, después de cometidos los hechos y casi de inmediato llegó un camión, según las alegaciones perteneciente a la SIJIN (Cuerpo de Inteligencia de la Policía) al que fueron montados los tres jóvenes por hombres que usaban guantes blancos, para conducirlos al Hospital El Tunal, a donde llegaron las víctimas -dos de ellos, Ancízar Castro y José Francisco Dávila aún vivos-, quienes fueron ingresados como N.N (personas sin identidad conocida). Según el informe oficial del mencionado hospital y la información de un agente de la Policía de apellido Orjuela, quien estaba de turno en el Hospital: “los jóvenes fueron llevados por funcionarios de la Policía quienes los encontraron en la vía pública”.
De acuerdo con las informaciones, José Francisco Dávila, el adolescente que sobrevivió al ataque, apareció con tres tiros de bala el martes 19 de octubre, a pesar de que tanto el doctor José Barrera, Director encargado del Hospital El Tunal durante el fin de semana en que ocurrieron los hechos, como el médico Mauricio Higuera afirmaron que el muchacho solamente había recibido un disparo en la mandíbula. Finalmente, el joven José Francisco Dávila falleció el sábado 23 de octubre.
Según las informaciones, se ha denunciado de manera especial el hecho que, pese a que los jóvenes estaban presuntamente indocumentados -lo cual niegan las familias de las víctimas-, algunos funcionarios de la Policía lograron identificar a los parientes de los jóvenes atacados y fueron casi de inmediato hasta la casa de los padres de una de las víctimas para pedirles que se dirigieran a identificar a su hijo que había sido asesinado.
De acuerdo con las informaciones se ha denunciado también que, a pesar de que los jóvenes Johnatan Jiménez, Ancízar Castro y José Francisco Dávila permanecieron identificados como N.N. en el hospital El Tunal hasta el domingo 17 de octubre, sus familias recibieron información durante la madrugada sobre el estado de salud de sus hijos ya que la patrulla Velos 32 de la SIJIN tenía sus nombres desde las horas de la noche, según informaron ellos mismos a algunos defensores de derechos humanos que se hicieron presentes en el Hospital. Según las informaciones dadas por el personal de la SIJIN el hecho es un caso de "limpieza social". Sin embargo, otros funcionarios de la Policía Nacional informaron a los medios de comunicación que se trató de una "guerra entre pandillas".
De acuerdo con las informaciones, algunos miembros de la comunidad que llegaron al hospital luego de ser alertados sobre los hechos, pudieron observar durante la noche del sábado el ingreso de al menos otras tres víctimas, todos adolescentes, provenientes de Ciudad Bolívar en circunstancias similares a las de los tres jóvenes mencionados. Sin embargo, el doctor Barrera, quien según los testimonios tuvo una actitud muy displicente con las familias de las víctimas y con los defensores que se interesaron por el caso, negó el ingreso de otros heridos en circunstancias similares durante esa misma noche, a pesar de que la Secretaría de Salud del Distrito fue informada del ingreso de al menos cinco víctimas a ese hospital.
De acuerdo con las informaciones, se ha denunciado la actitud del fiscal 282 de turno en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y los miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) que acompañaron al mencionado fiscal el día domingo 17 de octubre, quienes entregaron a la familia de una de las víctimas sus prendas de vestir con la orden de botarlas a la basura, hecho que desconoce los más mínimos principios de la cadena de custodia y abre el camino de la impunidad para estos graves ataques contra la población civil de Ciudad Bolívar. Además, miembros del CTI intentaron presionar a las familias para que aceptaran que sus hijos eran drogadictos, y el fiscal de turno hizo presión para que una de las familias retirara el poder que minutos antes le había otorgado a defensores, bajo la amenaza de que si las ONG se encargaban del caso, el cadáver de su hijo sólo les sería entregado hasta el viernes 22 de octubre.
La OMCT manifiesta su profunda preocupación ante estos hechos que violan reglas internacionales fundamentales de derechos humanos, entre ellas la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual establece, bajo el Artículo 6, que “los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida: Párrafo 2): Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.», y bajo el Artículo 38, Párrafo 4), que : « De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado. »
El Secretariado Internacional de la OMCT manifiesta su preocupación por la evidente ausencia de garantías para la seguridad y la integridad física y psicológica de los habitantes de la zona de Altos de Cazucá y en general de la localidad de Ciudad Bolívar, en el Distrito Capital de Bogotá, en particular, en este caso, la OMCT se encuentra muy preocupada por la seguridad y la integridad física y psicológica de los familiares y amigos de los jóvenes Johnatan Jiménez, Ancízar Castro y José Francisco Dávila, así como de las ONG y defensores de derechos humanos que se presentaron para dar apoyo a los familiares de las víctimas.
Antecedentes de la situación:
1. Los hechos arriba enunciados se enmarcan dentro de un contexto de asesinatos y criminalización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Ciudad Bolívar, que ha sido denunciado por diferentes organizaciones sociales y comunitarias que trabajan en la zona de Altos de Cazucá. Se calcula que más de 850 niños y adolescentes han sido asesinados en los últimos cinco años y que 620 han sido desaparecidos o reclutados, por grupos de actores armados del conflicto, entre agosto de 2003 y agosto de 2004.
2. A finales del año 2003 la ONG Fedhes denunció la presencia de hombres vestidos de civil y encapuchados en el sector, quienes controlan militarmente la zona, donde son constantes los patrullajes y los ingresos arbitrarios a las viviendas, someten a sus moradores a graves atropellos contra su vida y dignidad. De igual forma, retienen los vehículos de transporte público para confrontar la identidad de sus pasajeros y decretan, en algunas oportunidades, el toque de queda a partir de las 6:00 p.m. para los jóvenes.
3. Las localidades de Altos de Cazucá y Ciudad Bolívar constituyen el mayor asentamiento de población desplazada de todo el país. Albergan la casi la totalidad de las familias que llegan a Soacha y a Bogotá desplazadas de los diferentes departamentos del país como consecuencia del conflicto armado. Esta problemática afecta principalmente a los jóvenes, quienes no sólo son desarraigados sino que son estigmatizados por los diferentes actores del conflicto, lo que ha desatado una ola de "limpieza social" que se ha recrudecido desde comienzos de 2003.
4. Se calcula que el 55 por ciento de la población desplazada asentada en Ciudad Bolívar está conformada por personas menores de 18 años de edad. En esta zona se presenta una alta conflictividad que a niños, niñas, adolescentes y jóvenes afecta especialmente a través del exterminio, el reclutamiento y la desaparición, así como a través del control social que ejercen los actores armados con la prohibición del uso de piercing, trenzas y cabello largo, entre otros.
5. En mayo de 2004 el gobierno nacional emitió una nueva alerta temprana sobre 252 barrios de Ciudad Bolívar, que se sumó a la ya emitida en agosto de 2002 por la Defensoría del Pueblo.
Acción solicitada :
Favor escribir a las autoridades Colombianas con el fin de urgirlas a:
i. tomar de manera urgente e inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica, de los familiares y amigos de los jóvenes Johnatan Jiménez, Ancízar Castro y José Francisco Dávila, así como de los miembros de las ONG y defensores de derechos humanos que se presentaron a dar un apoyo a las familias de las víctimas anteriormente mencionadas;
ii. llevar a cabo una investigación inmediata, independiente e imparcial en torno a los graves hechos arriba mencionados con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
iii. dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos;
iv. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención sobre los Derechos del niño y la Convención Contra la Tortura, ratificada por Colombia.
Direcciones :
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.
Ginebra, 27 de octubre de 2004
Favor informarnos sobre cualquier acción realizada acerca del presente caso, citando el código del presente llamado en su respuesta.
DERECHOS DEL NIÑO
Ejecuciones Extrajudiciales
El Secretariado Internacional de la OMCT solicita su intervención con carácter urgente en la siguiente situación en Colombia.
Descripción de la situación:
El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con profunda preocupación informaciones sobre la ejecución extrajudicial de 3 jóvenes, cometida, según las alegaciones, por miembros de la Policía Nacional y sobre la complicidad de las entidades estatales encargadas de investigar los hechos y de prestarles atención médica a los sobrevivientes. Las informaciones denuncian que estos lamentables hechos forman parte de una campaña de exterminio sistemático de jóvenes en la zona de Altos de Cazucá, ubicada en la Localidad conocida como Ciudad Bolívar en el municipio de Bogotá, Distrito Capital.
De acuerdo con las informaciones de varias organizaciones, entre ellas la Corporación Colectivo de Abogados (CCAJAR) y el Comité Permanente de Derechos Humanos (CPDH), miembros de la red de la OMCT, el sábado 16 de octubre de 2004, aproximadamente entre las 6h30 de la tarde y las 7h10 de la noche, fueron ejecutados extrajudicialmente los jóvenes Johnatan Jiménez, de 16 años de edad, uno de los mejores estudiantes del Instituto Cerros del Sur del barrio Potosí de esa localidad, y Ancízar Castro, de 17 años. Según las informaciones, con ellos se encontraba en esos momentos el también adolescente José Francisco Dávila, también de 17 años, quien sobrevivió al ataque pero recibió un disparo en la mandíbula inferior. En el momento de los hechos, los tres menores de edad se dirigían a una fiesta juvenil que se desarrollaría esa noche en el barrio.
De acuerdo con las informaciones, el ataque fue cometido por cuatro hombres que se movilizaban en dos motos de la Policía Nacional, vestidos con uniformes de la institución y encapuchados, quienes se retiraron del lugar luego de efectuar los disparos. Según las informaciones, después de cometidos los hechos y casi de inmediato llegó un camión, según las alegaciones perteneciente a la SIJIN (Cuerpo de Inteligencia de la Policía) al que fueron montados los tres jóvenes por hombres que usaban guantes blancos, para conducirlos al Hospital El Tunal, a donde llegaron las víctimas -dos de ellos, Ancízar Castro y José Francisco Dávila aún vivos-, quienes fueron ingresados como N.N (personas sin identidad conocida). Según el informe oficial del mencionado hospital y la información de un agente de la Policía de apellido Orjuela, quien estaba de turno en el Hospital: “los jóvenes fueron llevados por funcionarios de la Policía quienes los encontraron en la vía pública”.
De acuerdo con las informaciones, José Francisco Dávila, el adolescente que sobrevivió al ataque, apareció con tres tiros de bala el martes 19 de octubre, a pesar de que tanto el doctor José Barrera, Director encargado del Hospital El Tunal durante el fin de semana en que ocurrieron los hechos, como el médico Mauricio Higuera afirmaron que el muchacho solamente había recibido un disparo en la mandíbula. Finalmente, el joven José Francisco Dávila falleció el sábado 23 de octubre.
Según las informaciones, se ha denunciado de manera especial el hecho que, pese a que los jóvenes estaban presuntamente indocumentados -lo cual niegan las familias de las víctimas-, algunos funcionarios de la Policía lograron identificar a los parientes de los jóvenes atacados y fueron casi de inmediato hasta la casa de los padres de una de las víctimas para pedirles que se dirigieran a identificar a su hijo que había sido asesinado.
De acuerdo con las informaciones se ha denunciado también que, a pesar de que los jóvenes Johnatan Jiménez, Ancízar Castro y José Francisco Dávila permanecieron identificados como N.N. en el hospital El Tunal hasta el domingo 17 de octubre, sus familias recibieron información durante la madrugada sobre el estado de salud de sus hijos ya que la patrulla Velos 32 de la SIJIN tenía sus nombres desde las horas de la noche, según informaron ellos mismos a algunos defensores de derechos humanos que se hicieron presentes en el Hospital. Según las informaciones dadas por el personal de la SIJIN el hecho es un caso de "limpieza social". Sin embargo, otros funcionarios de la Policía Nacional informaron a los medios de comunicación que se trató de una "guerra entre pandillas".
De acuerdo con las informaciones, algunos miembros de la comunidad que llegaron al hospital luego de ser alertados sobre los hechos, pudieron observar durante la noche del sábado el ingreso de al menos otras tres víctimas, todos adolescentes, provenientes de Ciudad Bolívar en circunstancias similares a las de los tres jóvenes mencionados. Sin embargo, el doctor Barrera, quien según los testimonios tuvo una actitud muy displicente con las familias de las víctimas y con los defensores que se interesaron por el caso, negó el ingreso de otros heridos en circunstancias similares durante esa misma noche, a pesar de que la Secretaría de Salud del Distrito fue informada del ingreso de al menos cinco víctimas a ese hospital.
De acuerdo con las informaciones, se ha denunciado la actitud del fiscal 282 de turno en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y los miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) que acompañaron al mencionado fiscal el día domingo 17 de octubre, quienes entregaron a la familia de una de las víctimas sus prendas de vestir con la orden de botarlas a la basura, hecho que desconoce los más mínimos principios de la cadena de custodia y abre el camino de la impunidad para estos graves ataques contra la población civil de Ciudad Bolívar. Además, miembros del CTI intentaron presionar a las familias para que aceptaran que sus hijos eran drogadictos, y el fiscal de turno hizo presión para que una de las familias retirara el poder que minutos antes le había otorgado a defensores, bajo la amenaza de que si las ONG se encargaban del caso, el cadáver de su hijo sólo les sería entregado hasta el viernes 22 de octubre.
La OMCT manifiesta su profunda preocupación ante estos hechos que violan reglas internacionales fundamentales de derechos humanos, entre ellas la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual establece, bajo el Artículo 6, que “los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida: Párrafo 2): Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.», y bajo el Artículo 38, Párrafo 4), que : « De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado. »
El Secretariado Internacional de la OMCT manifiesta su preocupación por la evidente ausencia de garantías para la seguridad y la integridad física y psicológica de los habitantes de la zona de Altos de Cazucá y en general de la localidad de Ciudad Bolívar, en el Distrito Capital de Bogotá, en particular, en este caso, la OMCT se encuentra muy preocupada por la seguridad y la integridad física y psicológica de los familiares y amigos de los jóvenes Johnatan Jiménez, Ancízar Castro y José Francisco Dávila, así como de las ONG y defensores de derechos humanos que se presentaron para dar apoyo a los familiares de las víctimas.
Antecedentes de la situación:
1. Los hechos arriba enunciados se enmarcan dentro de un contexto de asesinatos y criminalización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Ciudad Bolívar, que ha sido denunciado por diferentes organizaciones sociales y comunitarias que trabajan en la zona de Altos de Cazucá. Se calcula que más de 850 niños y adolescentes han sido asesinados en los últimos cinco años y que 620 han sido desaparecidos o reclutados, por grupos de actores armados del conflicto, entre agosto de 2003 y agosto de 2004.
2. A finales del año 2003 la ONG Fedhes denunció la presencia de hombres vestidos de civil y encapuchados en el sector, quienes controlan militarmente la zona, donde son constantes los patrullajes y los ingresos arbitrarios a las viviendas, someten a sus moradores a graves atropellos contra su vida y dignidad. De igual forma, retienen los vehículos de transporte público para confrontar la identidad de sus pasajeros y decretan, en algunas oportunidades, el toque de queda a partir de las 6:00 p.m. para los jóvenes.
3. Las localidades de Altos de Cazucá y Ciudad Bolívar constituyen el mayor asentamiento de población desplazada de todo el país. Albergan la casi la totalidad de las familias que llegan a Soacha y a Bogotá desplazadas de los diferentes departamentos del país como consecuencia del conflicto armado. Esta problemática afecta principalmente a los jóvenes, quienes no sólo son desarraigados sino que son estigmatizados por los diferentes actores del conflicto, lo que ha desatado una ola de "limpieza social" que se ha recrudecido desde comienzos de 2003.
4. Se calcula que el 55 por ciento de la población desplazada asentada en Ciudad Bolívar está conformada por personas menores de 18 años de edad. En esta zona se presenta una alta conflictividad que a niños, niñas, adolescentes y jóvenes afecta especialmente a través del exterminio, el reclutamiento y la desaparición, así como a través del control social que ejercen los actores armados con la prohibición del uso de piercing, trenzas y cabello largo, entre otros.
5. En mayo de 2004 el gobierno nacional emitió una nueva alerta temprana sobre 252 barrios de Ciudad Bolívar, que se sumó a la ya emitida en agosto de 2002 por la Defensoría del Pueblo.
Acción solicitada :
Favor escribir a las autoridades Colombianas con el fin de urgirlas a:
i. tomar de manera urgente e inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica, de los familiares y amigos de los jóvenes Johnatan Jiménez, Ancízar Castro y José Francisco Dávila, así como de los miembros de las ONG y defensores de derechos humanos que se presentaron a dar un apoyo a las familias de las víctimas anteriormente mencionadas;
ii. llevar a cabo una investigación inmediata, independiente e imparcial en torno a los graves hechos arriba mencionados con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
iii. dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos;
iv. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención sobre los Derechos del niño y la Convención Contra la Tortura, ratificada por Colombia.
Direcciones :
- S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Cra. 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax:+57.1.566.20.71; e-mail:auribe@presidencia.gov.co; Vicepresidente:E-mail: fsantos@presidencia.gov.co
- Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d'Anier, 17-19, 1209 Ginebra. FAX : + 41.22.791.07.87; TEL.:+ 41.22.798.45.55. ; E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
- Dr. Jorge Alberto Uribe, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Cra. 52 CAN, Santa fe de Bogotá. Fax: +57.1.222.18.74; E-mail : siden@mindefensa.gov.co ; infprotocol@mindefensa.gov.co ; mdn@cable.net.co
- Doctor Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Cra. 5 #. 15-80, Santa Fe de Bogotá. Fax: +57.1.342.97.23; E-mail : reygon@procuraduria.gov.co; anticorrupcion@presidencia.gov.co
- Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. E-mail : cefranco@presidencia.gov.co
- Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Tel.: +57.1.336.03.11 Fax : +57.1.337.46.67 E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
- Doctor Luis Camilo Osorio, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22-B # 52-01, Santa fe de Bogotá. Fax: +57.1.570.20.00 E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
- Doctor Volmar Antonio Pérez Ortiz. Defensor del Pueblo, Calle 55 # 10-32 Santa Fe de Bogotá. Fax: + 57.1.640.04.91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.
Ginebra, 27 de octubre de 2004
Favor informarnos sobre cualquier acción realizada acerca del presente caso, citando el código del presente llamado en su respuesta.