Colombia
20.09.00
Intervenciones urgentes
Colombia: Asesinato de Miembros de Comunidades Indígenas, Detenciones ilegales y Torturas
Caso COL 051000
El Secretariado Internacional de la OMCT solicita su intervención urgente en la siguiente situación en Colombia.
Breve descripción de la situación :
El Secretariado Internacional de la OMCT reitera su profunda preocupación ante las persistentes y graves violaciones de los derechos humanos en Colombia, como evidencian los recientes asesinatos de miembros de comunidades indígenas entre quienes figuran los Sres. José Belarmino Carupia Domicó, el Sr. Andrés Dumaza Paneso y el Sr. Jaquelino Jarupia Bailarín junto con su hijo Antonio Domicó. Hechos a los que se suman las detenciones ilegales, maltratos y amenazas contra otras personas indígenas, lo mismo que la presunta desaparición forzada de por lo menos 16 indígenas secuestrados en Tierralta, Córdoba.
El Secretariado Internacional de la OMCT ha sido informado por varias organizaciones, que el 21 de agosto del 2000, el Sr. José Belarmino Carupia Domicó, de 60 años de edad, gobernador de la comunidad indígena de Abejero, fue detenido por miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) en el kilómetro 17 de la carretera Quibdó-Medellín y poco después fue encontrado su cadáver con claras muestras de haber sido gravemente torturado. De acuerdo con los pobladores de la mencionada comunidad, las ACCU (grupo paramilitar) manifestaron que no dejarían viva a ninguna persona en esta comunidad y que "ya comenzamos por el mayor de todos".
El 07 de septiembre del 2000, en la comunidad indígena de Motordó, en Quibdó, Chocó, el Sr. Andrés Dumaza Paneso fue retenido por siete personas armadas que se identificaron como miembros de las ACCU, quienes lo obligaron a que los guiara hasta la carretera. Unos días después, su cadáver fue encontrado con visibles muestras de haber sido severamente torturado.
Unos días después, el sábado 16 de septiembre del 2000, hombres fuertemente armados llegaron en helicóptero a la Comunidad Indígena de Wido del resguardo Emberá Katío del Alto Sinú, en el Departamento de Córdoba y retuvieron al Sr. Jaquelino Jarupia Bailarín y a su hijo Antonio Domicó. Sus cadáveres fueron encontrados horas después.
Las informaciones agregan que el sábado 16 de septiembre del 2000, fueron retenidos por un grupo armado, al parecer perteneciente a las ACCU, que llegó a la región en un helicóptero, más de 16 indígenas ocupantes de tres canoas que se movilizaban por el río Sinú.
Los nombres de algunas de las personas retenidas son los siguientes: Ricardo Bailarín, Domicilio Guasaruca y Agustín Pernia, motoristas de las lanchas; Nariño Domicó, Nokó mayor de Río verde; Efraín Chamarra, Secretario General de Río Verde; Elkin Rubiano, Coordinador de Educación; Amado Domicó, Rigoberto Domicó, Alvaro Rubiano y Rubit Domicó, profesores; Miguel Domicó García, Presidente del Consejo Territorial de Río Verde; Saúl Bailarín, Jenené Mayor de Río Verde; Oraime Domicó, Martín Casamá y Algarín Domicó, Jenenés menores, Luis Alberto Cabrera, Auxiliar Pecuario, Irenia Domicó, Loliria Domicó, Diana Domicó, Horacio Bailarín, German Domicó y Maritza Domicó (menor de edad).
De acuerdo con la información, junto a ellos fueron detenidos otras personas menores de edad cuyos nombres se desconocen. (Los términos Nokó, Jenené Mayor y Jenené Menor son los títulos de cargos que desempeñan las mencionadas personas dentro de la organización indígena).
Los informes agregan que solo dos personas, los Sres. Ricardo Bailarín y Nariño Domicó fueron liberados posteriormente.
Por otra parte, el 07 de septiembre del 2000, en Tutunendo, localidad perteneciente a Quibdó, fue detenido por la policía el indígena Crisanto Cheché. De acuerdo con los testigos, el Sr. Cheché fue desnudado, amarrado al lado de un puente y amenazado diciéndole: "lo vamos a entregar a los paracos para que lo maten, ahora si no se vá a salvar indio guerrillero". El detenido se pudo escapar y huir hacia la selva.
Anteriormente, el 20 de agosto del 2000, personas de civil que dijeron ser policías habían detenido a los Sres. Obdulio y Alberto Carupia, quienes fueron señalados como guerrilleros y el 03 de septiembre del 2000, miembros de la Policía Nacional retuvieron en Tutunendo a los indígenas Sres. Marcos Isarama, Alvaro Salazar y Danilo Chalarcá, acusándolos de ser auxiliadores de la guerrilla. El Sr. Danilo Chalarcá permanece aún en poder de la policía.
El Secretariado Internacional de la OMCT nuevamente condena estos hechos de extrema violencia, lo mismo que la impunidad de sus autores y exhorta a las autoridades colombianas a que cumplan sus reiteradas promesas de luchar contra las violaciones de los derechos humanos, asegurar que los responsables sean sancionados y combatir a los grupos paramilitares.
Acción solicitada:
Dirigirse a las autoridades Colombianas instándolas a :
i. establecer de manera inmediata el paradero de las personas secuestradas y presuntamente desaparecidas, garantizar la integridad física y psicológica de las mismas y de todos los miembros de las diferentes comunidades indígenas aludidas anteriormente;
ii. cumplir sus reiteradas promesas de luchar contra las violaciones de los derechos humanos, juzgar y condenar judicialmente a los responsables y combatir efectivamente a los grupos paramilitares;
iii. establecer adecuados mecanismos de reparación a los familiares de las personas asesinadas arriba mencionadas;
iv. dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones de los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos;
v. garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las leyes nacionales y las normas internacionales de derechos humanos.
Direcciones:
S.E. Andrés Pastrana Arango, Presidente de la República, Carrera 8 n°. 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax: (+57 1) 286 74 34; (+57 1) 286 68 42; (+57 1) 284 21 86
- Doctor Humberto de la Calle Lombana, Ministro del Interior, Ministerio de Gobierno, Cra. 8 n°. 8-09 SantaFe de Bogotá, Palacio de Nariño. Santa Fe de Bogotá. Fax: (+57 1) 286 80 25
- Doctor Jaime Bernal Cuellar, Procurador General de la Nación, Carrera 5 n°. 15-80, Santa Fe de Bogotá. Fax: (+57 1) 342 97 23; (+57 1) 281 75 31
- Doctor Alfonso Gómez Méndez, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22 B n°. 52-01, Santa Fe de Bogotá. Fax: (+57 1) 570 20 22.
- Doctor Eduardo Cifuentes, Defensor del Pueblo, Defensoría del Pueblo, Calle 55 n°. 10-32 Santa Fe de Bogotá. Fax: (+57 1) 346 12 25
- Doctor Gustavo Bell, Consejería Presidencial de Derechos Humanos, Calle 7 n°. 6-54 Piso 3, Santa Fe de Bogotá, D. C. Telefax: (+57 1) 337 13 51
- General Fernando Tapias Stahelin, Comandante de las Fuerzas Militares, Avenida el Dorado, Cra. 52, Santa Fe de Bogotá. Telefax: (+57 1) 222 29 35
- Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países
Ginebra, 05 de octubre del 2000
Favor informarnos sobre cualquier acción realizada acerca del presente caso, citando el código del presente llamado en su respuesta.
El Secretariado Internacional de la OMCT solicita su intervención urgente en la siguiente situación en Colombia.
Breve descripción de la situación :
El Secretariado Internacional de la OMCT reitera su profunda preocupación ante las persistentes y graves violaciones de los derechos humanos en Colombia, como evidencian los recientes asesinatos de miembros de comunidades indígenas entre quienes figuran los Sres. José Belarmino Carupia Domicó, el Sr. Andrés Dumaza Paneso y el Sr. Jaquelino Jarupia Bailarín junto con su hijo Antonio Domicó. Hechos a los que se suman las detenciones ilegales, maltratos y amenazas contra otras personas indígenas, lo mismo que la presunta desaparición forzada de por lo menos 16 indígenas secuestrados en Tierralta, Córdoba.
El Secretariado Internacional de la OMCT ha sido informado por varias organizaciones, que el 21 de agosto del 2000, el Sr. José Belarmino Carupia Domicó, de 60 años de edad, gobernador de la comunidad indígena de Abejero, fue detenido por miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) en el kilómetro 17 de la carretera Quibdó-Medellín y poco después fue encontrado su cadáver con claras muestras de haber sido gravemente torturado. De acuerdo con los pobladores de la mencionada comunidad, las ACCU (grupo paramilitar) manifestaron que no dejarían viva a ninguna persona en esta comunidad y que "ya comenzamos por el mayor de todos".
El 07 de septiembre del 2000, en la comunidad indígena de Motordó, en Quibdó, Chocó, el Sr. Andrés Dumaza Paneso fue retenido por siete personas armadas que se identificaron como miembros de las ACCU, quienes lo obligaron a que los guiara hasta la carretera. Unos días después, su cadáver fue encontrado con visibles muestras de haber sido severamente torturado.
Unos días después, el sábado 16 de septiembre del 2000, hombres fuertemente armados llegaron en helicóptero a la Comunidad Indígena de Wido del resguardo Emberá Katío del Alto Sinú, en el Departamento de Córdoba y retuvieron al Sr. Jaquelino Jarupia Bailarín y a su hijo Antonio Domicó. Sus cadáveres fueron encontrados horas después.
Las informaciones agregan que el sábado 16 de septiembre del 2000, fueron retenidos por un grupo armado, al parecer perteneciente a las ACCU, que llegó a la región en un helicóptero, más de 16 indígenas ocupantes de tres canoas que se movilizaban por el río Sinú.
Los nombres de algunas de las personas retenidas son los siguientes: Ricardo Bailarín, Domicilio Guasaruca y Agustín Pernia, motoristas de las lanchas; Nariño Domicó, Nokó mayor de Río verde; Efraín Chamarra, Secretario General de Río Verde; Elkin Rubiano, Coordinador de Educación; Amado Domicó, Rigoberto Domicó, Alvaro Rubiano y Rubit Domicó, profesores; Miguel Domicó García, Presidente del Consejo Territorial de Río Verde; Saúl Bailarín, Jenené Mayor de Río Verde; Oraime Domicó, Martín Casamá y Algarín Domicó, Jenenés menores, Luis Alberto Cabrera, Auxiliar Pecuario, Irenia Domicó, Loliria Domicó, Diana Domicó, Horacio Bailarín, German Domicó y Maritza Domicó (menor de edad).
De acuerdo con la información, junto a ellos fueron detenidos otras personas menores de edad cuyos nombres se desconocen. (Los términos Nokó, Jenené Mayor y Jenené Menor son los títulos de cargos que desempeñan las mencionadas personas dentro de la organización indígena).
Los informes agregan que solo dos personas, los Sres. Ricardo Bailarín y Nariño Domicó fueron liberados posteriormente.
Por otra parte, el 07 de septiembre del 2000, en Tutunendo, localidad perteneciente a Quibdó, fue detenido por la policía el indígena Crisanto Cheché. De acuerdo con los testigos, el Sr. Cheché fue desnudado, amarrado al lado de un puente y amenazado diciéndole: "lo vamos a entregar a los paracos para que lo maten, ahora si no se vá a salvar indio guerrillero". El detenido se pudo escapar y huir hacia la selva.
Anteriormente, el 20 de agosto del 2000, personas de civil que dijeron ser policías habían detenido a los Sres. Obdulio y Alberto Carupia, quienes fueron señalados como guerrilleros y el 03 de septiembre del 2000, miembros de la Policía Nacional retuvieron en Tutunendo a los indígenas Sres. Marcos Isarama, Alvaro Salazar y Danilo Chalarcá, acusándolos de ser auxiliadores de la guerrilla. El Sr. Danilo Chalarcá permanece aún en poder de la policía.
El Secretariado Internacional de la OMCT nuevamente condena estos hechos de extrema violencia, lo mismo que la impunidad de sus autores y exhorta a las autoridades colombianas a que cumplan sus reiteradas promesas de luchar contra las violaciones de los derechos humanos, asegurar que los responsables sean sancionados y combatir a los grupos paramilitares.
Acción solicitada:
Dirigirse a las autoridades Colombianas instándolas a :
i. establecer de manera inmediata el paradero de las personas secuestradas y presuntamente desaparecidas, garantizar la integridad física y psicológica de las mismas y de todos los miembros de las diferentes comunidades indígenas aludidas anteriormente;
ii. cumplir sus reiteradas promesas de luchar contra las violaciones de los derechos humanos, juzgar y condenar judicialmente a los responsables y combatir efectivamente a los grupos paramilitares;
iii. establecer adecuados mecanismos de reparación a los familiares de las personas asesinadas arriba mencionadas;
iv. dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones de los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos;
v. garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las leyes nacionales y las normas internacionales de derechos humanos.
Direcciones:
S.E. Andrés Pastrana Arango, Presidente de la República, Carrera 8 n°. 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax: (+57 1) 286 74 34; (+57 1) 286 68 42; (+57 1) 284 21 86
- Doctor Humberto de la Calle Lombana, Ministro del Interior, Ministerio de Gobierno, Cra. 8 n°. 8-09 SantaFe de Bogotá, Palacio de Nariño. Santa Fe de Bogotá. Fax: (+57 1) 286 80 25
- Doctor Jaime Bernal Cuellar, Procurador General de la Nación, Carrera 5 n°. 15-80, Santa Fe de Bogotá. Fax: (+57 1) 342 97 23; (+57 1) 281 75 31
- Doctor Alfonso Gómez Méndez, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22 B n°. 52-01, Santa Fe de Bogotá. Fax: (+57 1) 570 20 22.
- Doctor Eduardo Cifuentes, Defensor del Pueblo, Defensoría del Pueblo, Calle 55 n°. 10-32 Santa Fe de Bogotá. Fax: (+57 1) 346 12 25
- Doctor Gustavo Bell, Consejería Presidencial de Derechos Humanos, Calle 7 n°. 6-54 Piso 3, Santa Fe de Bogotá, D. C. Telefax: (+57 1) 337 13 51
- General Fernando Tapias Stahelin, Comandante de las Fuerzas Militares, Avenida el Dorado, Cra. 52, Santa Fe de Bogotá. Telefax: (+57 1) 222 29 35
- Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países
Ginebra, 05 de octubre del 2000
Favor informarnos sobre cualquier acción realizada acerca del presente caso, citando el código del presente llamado en su respuesta.