Colombia
07.03.03
Intervenciones urgentes
Colombia: Llamado especial defensores Febrero 2003
LLAMADO ESPECIAL: SITUACIÓN DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
FEBRERO DE 2003
Contexto
La violencia generalizada se ha manifestado en el mes de febrero con ataques que afectan directamente a la población civil como la masacre de la población del municipio de Tame (Arauca) ocurrido el 15 de febrero, con la complicidad manifiesta de las autoridades civiles y militares o con el ataque bomba del club « El Nogal», en Bogotá, que el 7 de febrero, provocó 32 muertes de personas civiles y más de 160 heridos.
En este contexto, las personas que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales se encuentran en una situación de extrema inseguridad. Este es el caso por ejemplo de todos los operadores de justicia sobre los que el Observatorio organizó una misión en agosto 2002 con Avocats sans Frontière-Francia.
En lo que se refiere a la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Observatorio comparte y apoya el análisis de las ONG colombianas sobre la situación actual presentado ante esta Comisión en perspectiva de su próxima sesión. Del mismo modo, el Observatorio se felicita de la adopción por parte del Parlamento Europeo respecto de la Comisión de una Resolución el 30 de enero de 2003 sobre los derechos, las prioridades y las recomendaciones de la Unión europea respecto de la Comisión en la que invitó a la presidencia del consejo a presentar o apoyar resoluciones sobre la situación en Colombia y a solicitar que todos los grupos temáticos y los relatores especiales beneficien de un acceso ilimitado al país.
Mundo Sindical
Asesinatos
· El 20 de febrero, en la vía que conduce de Albán a Bituima, fue secuestrado el directivo sindical del municipio de Bituima, Juan Antonio Bohórquez Medina, afiliado al sindicato de FECODE - CUT, quien trabajaba en el municipio de Albán, Departamento de Cundinamarca. Más tarde su cuerpo fue encontrado en la jurisdicción del municipio de Albán.
Situación de inseguridad
· En una carta con fecha del 28 de febrero del 2003 enviada a las autoridades del Estado, el Sr. Domingo Tovar Arrieta, Miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT en el cargo de Director del Departamento de Derechos Humanos, quien beneficia de medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA denunció el funcionamiento del programa de protección del Ministerio del Interior para dirigentes sindicales y defensores de derechos humanos.
El Sr. Tovar explicó que cuenta con un carro blindado y cuatro escoltas armados con motivo de su situación de alto riesgo y que acababa de ser notificado por el Director de Transportes del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que no era posible proporcionar combustible para el carro de su esquema de protección. En signo de protesta contra esta situación y para responsabilizar al Estado Colombiano de lo que podría ocurrirle , el Sr. Tovar ha decidido devolver el carro y prescindir de los escoltas.
· El 28 de febrero, la secretaria de la Asociación Sindical de Profesores de la Universidad Popular del Cesar ASPU, recibió una llamada en la que se le pidió que le diga al profesor y tesorero de la Asociación Walfredo Santoya García, que renuncie al sindicato y que sus días están contados. En el pasado, el entonces presidente de la Asociación Miguel Angel Vargas Zapata fue asesinado. El profesor Luis José Mendoza Manjarrez, miembro del la junta directiva Nacional también fue asesinado el 22 de octubre del 2001. La Sra Miriam Segura Molina, presidente encarhgada tuvo que exiliarse por continuas amenazas de muerte.
Sociedad civil
Asesinatos
· El 24 de enero de 2003, fue asesinada en el municipio de Cajibio, la Sra. Miryam Castaño de Caldono, líder campesina de la Asociación Campesina "La Conquista" y promotora de derechos humanos que participó en los procesos de formación que organiza Justicia y Paz en la región. Dos o tres hombres armados, incursionaron en su parcela, luego de retener a uno de los niños que vivían en su casa y le dispararon en cinco ocasiones.
Amenazas /Atentados
Amenazas a abogados de la Asociación Colombiana de Abogados Defensores de Derechos Humanos
· El 4 de febrero de 2003, los Sres. Waldir Sinisterra, Albert Hoyos Suárez abogados de la Asociación Colombiana de Abogados Defensores de Derechos Humanos Eduardo Umaña Mendoza, y sus familias, fueron amenazados por parte del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Dos individuos se presentaron en la oficina de los profesionales con una nota en la cual los declaraban "objetivos militares", no sin antes identificarse como miembros de las Autodefensas del Bloque Calima, profiriendo amenazas de muerte que se hacían extensivas a sus familias. Los doctores Sinisterra y Hoyos se han destacado por su trabajo de denuncia de las violaciones cometidas por los grupos armados y por su apoyo a las víctimas en el plano legal y humano en la ciudad de Tulúa, departamento del Valle del Cauca; centro de una zona en la que vienen ocurriendo masacres de campesinos y continuas ejecuciones extrajudiciales, sin que los organismos de seguridad, militares y policiales adelanten operaciones para poner fin a los crímenes y llevar a los responsables ante la justicia. Ante su situación de inseguridad los dos hombres abandonaron la ciudad y se desplazaron al municipio de Guadalajara de Buga, para pedir protección para sus vidas y las de sus familiares.
Interrupción por miembros de un grupo armado de una reunión en la sede de la OFP
· El 5 de febrero de 2003 se llevó a cabo en la sede de la Organización Femenina Popular (OFP) en Cantagallo, la reunión convocada por el Defensor Regional del Pueblo de Barrancabermeja y de Magdalena Medio para dar seguimiento a la resolución Defensorial 007 y a las amenazas que la OFP ha recibido por parte de los paramilitares en el municipio de Cantagallo, donde han sido amenazadas y presionadas dos coordinadoras en los últimos dos meses.
A la reunión participaron unas cincuenta personas entre las cuales: Defensoría Regional del Pueblo, Alcaldía municipal, Personería, autoridades militares y de policía, dos representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dos representantes de la Federación Sindical Mundial, delegados de la USO Nacional, de la Central Unitaria de Trabajadores, de Sinaltrainal, Brigadas Internacionales de Paz, Delegación Alemana por la Vida y la Paz, Defensa del Niño Internacional, Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos CREDHOS, Comisión Diocesana de Vida y Paz, Hermanas Juanistas, párroco del municipio y Organización Femenina Popular.
La reunión fue interrumpida por miembros de un grupo armado, al parecer paramilitares. La acción de las mujeres y de los integrantes de la reunión logró que los hombres armados abandonaran las instalaciones de la OFP. Los hombres armados advirtieron que regresarían en la noche para incendiar la casa, y asesinar a las líderes de la organización que permanecieran en ella. Estas amenazas se suman a las que habían recibido la Sra. Cleotilde Morón, nueva coordinadora de la OFP en Cantagallo, la Sra. Yolanda Becerra, coordinadora general de la OFP y la Sra. Jackeline Rojas, coordinadora responsable del área de Cantagallo. A pesar de estas amenazas, la directiva de la OFP había anunciado que permanecería en el lugar.
Los miembros de una Misión Internacional de Sindicalistas en solidaridad con la Unión Sindical Obrera USO de ECOPETROL, integrada por personas de Reino Unido, Alemania, Uruguay y Perú que se encontraban en Colombia para realizar actividades en los departamentos de Arauca, Bolívar, Valle y Santander, y que asistían en esta reunión, también fueron hostigados.
Atentado contra una abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
· El 14 de febrero de 2003, la Doctora Soraya Gutiérrez Arguello, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quién se encontraba a bordo de la camioneta asignada por el programa de protección al Colectivo de abogados fue interceptada por un automóvil del que descendieron varios hombres que portaban ametralladoras. La Dra. Gutiérrez, pudo eludir a los agresores, sin embargo, el vehículo recibió varios impactos de proyectil en la ventanilla del conductor. En los días anteriores a este hecho, al teléfono de la vivienda de la Doctora Gutiérrez, entraron repetidas llamadas sospechosas en las que no contestaban y se escuchaban risas macabras. La Dra denunció este hecho ante la Policía Nacional y el vehículo fue llevado a las instalaciones del DAS para proceder a los exámenes de balística.
El 20 de febrero, tres llamadas fueron recibidas por la empleada de la casa de la Dra Gutierrez en las que un hombre indagaba donde se encontraba la Doctora.
Nuevamente el 3 de marzo un hombre llamó a la residencia de la Dra, preguntando a la empleada sobre la hora de llegada de su hija pequeña del colegio. Minutos después, la empleada salió a recoger la niña en el sitio donde la deja la ruta del colegio y se percató de que un taxi la venía siguiendo. El conductor del mismo la alcanzó y le preguntó que "si iba a recoger la niña de Soraya". El hombre estacionó el taxi y se bajo del vehículo. Cuando la niña llegó, el taxi abandonó el lugar.
El mismo día, el portero del conjunto residencial donde vive la Dra le informó que un hombre que dijo trabajar con la empresa Cablecentro, le solicitó información sobre el número de la casa donde vivía la Dra. Cablecentro informó que no aparecía registrada ninguna visita de esa entidad a su sitio de vivienda y que, lo general, sus técnicos siempre van uniformados.
Estos graves hechos han sido denunciados ante la Fiscalía General de la Nación, donde se investigan los hostigamientos y amenazas de que han sido víctimas los miembros del Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" sin que hasta la fecha la Dra Gutierrez haya sido llamada para ampliar la denuncia.
Al parecer estas amenazas son la consecuencia de las acciones jurídicas a favor de poblaciones del departamento de Boyacá, tales como alertas tempranas y derechos de petición que han incomodado al estamento militar de la región. Un día antes del ataque, el 13 de febrero 2003, la abogada se encontraba en la ciudad de Tunja, departamento de Boyacá, en la Defensoría Regional del Pueblo, en reunión con los familiares de las víctimas del caso conocido como la "Masacre de la Sarna", ocurrida el 1 de diciembre del 2001, en el corregimiento de Páramo de la Sarna- Vereda las Cintas, jurisdicción de la ciudad de Sogamoso- Boyacá. Esta masacre se presentó cuando un grupo paramilitar hizo detener al bus afiliado a la Empresa Cotracero que se dirigía al municipio de Labranzagrande y obligó a bajar a todos sus ocupantes para luego asesinarlos, dejando con vida tan solo a un menor de 8 años y una mujer de 60 años.
Comunicado de amenazas en la Universidad Industrial de Santander
· El 25 de febrero de 2003 empezó a circular en la Universidad Industrial de Santander (UIS) un comunicado firmado por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) donde se declara como "objetivo militar" al presidente de Sintraunicol -Subdirectiva Bucaramanga-, Señor Alvaro Enrique Villamizar Mogollón así como a los representantes estudiantiles Mauricio Rivera, Juan Lozano, miembros del Consejo Superior y Académico de la Universidad, respectivamente; a Rosmerlin Estupiñán, integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU) así como a otros estudiantes de la misma universidad : Mauricio Pinto y Príncipe Gabriel González.
Cabe recordar que en junio del 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decretó medidas cautelares a favor de la Universidad Industrial de Santander.
Acción solicitada
Favor escribir a las autoridades Colombianas con el fin de urgirles a :
· tomar inmediatamente las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los defensores amenazados, y en general de todos los defensores de derechos humanos en Colombia;
· ordenar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los asesinatos y amenazas arriba mencionados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;
· limitar la aplicación de los decretos de Conmoción Interior de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional de Colombia, para no atentar a las libertades individuales y colectivas garantizadas por la constitución Colombiana y los instrumentos de Derecho Internacional.
· realizar una declaración pública en la que se exprese claramente el apoyo del gobierno de Colombia a la labor legítima de los defensores de derechos humanos.
· dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones de los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
· garantizar el respeto a la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos adoptada por Naciones Unidas en 1998;
· de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia.
Direcciones
S. E ALVARO URIBE VELEZ, Presidente de la República
Carrera 8 n. 7-26 Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá
Fax (571 ) 286 74 34 - 286, 68 42 -284 21 86, email : auribe@presidencia.gov.co
S. E FERNANDO LONDOÑO HOYOS, Ministro del Interior y Justicia,
Carrera 8 # 8-09 – Bogotá
Fax: 0057-1-286.80.25
MARTHA LUCÍA RAMÍREZ DE RINCÓN, Ministra de la Defensa
Avenida El Dorado con Carrera 52 CAN Santa Fe de Bogotá
Télex: 42411 INPRE CO; 44561 CFAC CO Tel-fax: +57.1.222.1874
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Defensoría del Pueblo, Calle 55 n. 10-32 Santa Fe de Bogotá
Fax: +57.1.346.1225
FRANCISCO SANTOS, Vicepresidente de la República,
Consejería Presidencial de Derechos Humanos, Calle 7 No 6-54 Piso 3, Santa Fe de Bogotá, D. C.
Telefax: +57.1.337.1351
Gral (RE) TEODORO CAMPO, Director General Policía Nacional, Santafé de Bogotá
Fax: +57.1.428.7634 - +57.1.315.9527
LUIS CARLOS RESTREPO
Alto Comisionado para la Paz Fax: +57.1.560.9946
Y a las representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países
Ginebra - Paris, 7 de marzo de 2002
Agradecemos informar al Observatorio acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código del presente llamado.
El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
Premio de Derechos Humanos de la República Francesa, 1998
Para contactar el Observatorio, comuníquese a la Línea de Urgencia:
Tel. y fax FIDH : (+ 33 1) 4 355 20 11 / 4 355 18 80
Tel. y fax OMCT : (+ 41 22) 809 49 39 / 809 49 29
E-mail : observatoire@iprolink.ch
FEBRERO DE 2003
Contexto
La violencia generalizada se ha manifestado en el mes de febrero con ataques que afectan directamente a la población civil como la masacre de la población del municipio de Tame (Arauca) ocurrido el 15 de febrero, con la complicidad manifiesta de las autoridades civiles y militares o con el ataque bomba del club « El Nogal», en Bogotá, que el 7 de febrero, provocó 32 muertes de personas civiles y más de 160 heridos.
En este contexto, las personas que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales se encuentran en una situación de extrema inseguridad. Este es el caso por ejemplo de todos los operadores de justicia sobre los que el Observatorio organizó una misión en agosto 2002 con Avocats sans Frontière-Francia.
En lo que se refiere a la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Observatorio comparte y apoya el análisis de las ONG colombianas sobre la situación actual presentado ante esta Comisión en perspectiva de su próxima sesión. Del mismo modo, el Observatorio se felicita de la adopción por parte del Parlamento Europeo respecto de la Comisión de una Resolución el 30 de enero de 2003 sobre los derechos, las prioridades y las recomendaciones de la Unión europea respecto de la Comisión en la que invitó a la presidencia del consejo a presentar o apoyar resoluciones sobre la situación en Colombia y a solicitar que todos los grupos temáticos y los relatores especiales beneficien de un acceso ilimitado al país.
Mundo Sindical
Asesinatos
· El 20 de febrero, en la vía que conduce de Albán a Bituima, fue secuestrado el directivo sindical del municipio de Bituima, Juan Antonio Bohórquez Medina, afiliado al sindicato de FECODE - CUT, quien trabajaba en el municipio de Albán, Departamento de Cundinamarca. Más tarde su cuerpo fue encontrado en la jurisdicción del municipio de Albán.
Situación de inseguridad
· En una carta con fecha del 28 de febrero del 2003 enviada a las autoridades del Estado, el Sr. Domingo Tovar Arrieta, Miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT en el cargo de Director del Departamento de Derechos Humanos, quien beneficia de medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA denunció el funcionamiento del programa de protección del Ministerio del Interior para dirigentes sindicales y defensores de derechos humanos.
El Sr. Tovar explicó que cuenta con un carro blindado y cuatro escoltas armados con motivo de su situación de alto riesgo y que acababa de ser notificado por el Director de Transportes del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que no era posible proporcionar combustible para el carro de su esquema de protección. En signo de protesta contra esta situación y para responsabilizar al Estado Colombiano de lo que podría ocurrirle , el Sr. Tovar ha decidido devolver el carro y prescindir de los escoltas.
· El 28 de febrero, la secretaria de la Asociación Sindical de Profesores de la Universidad Popular del Cesar ASPU, recibió una llamada en la que se le pidió que le diga al profesor y tesorero de la Asociación Walfredo Santoya García, que renuncie al sindicato y que sus días están contados. En el pasado, el entonces presidente de la Asociación Miguel Angel Vargas Zapata fue asesinado. El profesor Luis José Mendoza Manjarrez, miembro del la junta directiva Nacional también fue asesinado el 22 de octubre del 2001. La Sra Miriam Segura Molina, presidente encarhgada tuvo que exiliarse por continuas amenazas de muerte.
Sociedad civil
Asesinatos
· El 24 de enero de 2003, fue asesinada en el municipio de Cajibio, la Sra. Miryam Castaño de Caldono, líder campesina de la Asociación Campesina "La Conquista" y promotora de derechos humanos que participó en los procesos de formación que organiza Justicia y Paz en la región. Dos o tres hombres armados, incursionaron en su parcela, luego de retener a uno de los niños que vivían en su casa y le dispararon en cinco ocasiones.
Amenazas /Atentados
Amenazas a abogados de la Asociación Colombiana de Abogados Defensores de Derechos Humanos
· El 4 de febrero de 2003, los Sres. Waldir Sinisterra, Albert Hoyos Suárez abogados de la Asociación Colombiana de Abogados Defensores de Derechos Humanos Eduardo Umaña Mendoza, y sus familias, fueron amenazados por parte del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Dos individuos se presentaron en la oficina de los profesionales con una nota en la cual los declaraban "objetivos militares", no sin antes identificarse como miembros de las Autodefensas del Bloque Calima, profiriendo amenazas de muerte que se hacían extensivas a sus familias. Los doctores Sinisterra y Hoyos se han destacado por su trabajo de denuncia de las violaciones cometidas por los grupos armados y por su apoyo a las víctimas en el plano legal y humano en la ciudad de Tulúa, departamento del Valle del Cauca; centro de una zona en la que vienen ocurriendo masacres de campesinos y continuas ejecuciones extrajudiciales, sin que los organismos de seguridad, militares y policiales adelanten operaciones para poner fin a los crímenes y llevar a los responsables ante la justicia. Ante su situación de inseguridad los dos hombres abandonaron la ciudad y se desplazaron al municipio de Guadalajara de Buga, para pedir protección para sus vidas y las de sus familiares.
Interrupción por miembros de un grupo armado de una reunión en la sede de la OFP
· El 5 de febrero de 2003 se llevó a cabo en la sede de la Organización Femenina Popular (OFP) en Cantagallo, la reunión convocada por el Defensor Regional del Pueblo de Barrancabermeja y de Magdalena Medio para dar seguimiento a la resolución Defensorial 007 y a las amenazas que la OFP ha recibido por parte de los paramilitares en el municipio de Cantagallo, donde han sido amenazadas y presionadas dos coordinadoras en los últimos dos meses.
A la reunión participaron unas cincuenta personas entre las cuales: Defensoría Regional del Pueblo, Alcaldía municipal, Personería, autoridades militares y de policía, dos representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dos representantes de la Federación Sindical Mundial, delegados de la USO Nacional, de la Central Unitaria de Trabajadores, de Sinaltrainal, Brigadas Internacionales de Paz, Delegación Alemana por la Vida y la Paz, Defensa del Niño Internacional, Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos CREDHOS, Comisión Diocesana de Vida y Paz, Hermanas Juanistas, párroco del municipio y Organización Femenina Popular.
La reunión fue interrumpida por miembros de un grupo armado, al parecer paramilitares. La acción de las mujeres y de los integrantes de la reunión logró que los hombres armados abandonaran las instalaciones de la OFP. Los hombres armados advirtieron que regresarían en la noche para incendiar la casa, y asesinar a las líderes de la organización que permanecieran en ella. Estas amenazas se suman a las que habían recibido la Sra. Cleotilde Morón, nueva coordinadora de la OFP en Cantagallo, la Sra. Yolanda Becerra, coordinadora general de la OFP y la Sra. Jackeline Rojas, coordinadora responsable del área de Cantagallo. A pesar de estas amenazas, la directiva de la OFP había anunciado que permanecería en el lugar.
Los miembros de una Misión Internacional de Sindicalistas en solidaridad con la Unión Sindical Obrera USO de ECOPETROL, integrada por personas de Reino Unido, Alemania, Uruguay y Perú que se encontraban en Colombia para realizar actividades en los departamentos de Arauca, Bolívar, Valle y Santander, y que asistían en esta reunión, también fueron hostigados.
Atentado contra una abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
· El 14 de febrero de 2003, la Doctora Soraya Gutiérrez Arguello, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quién se encontraba a bordo de la camioneta asignada por el programa de protección al Colectivo de abogados fue interceptada por un automóvil del que descendieron varios hombres que portaban ametralladoras. La Dra. Gutiérrez, pudo eludir a los agresores, sin embargo, el vehículo recibió varios impactos de proyectil en la ventanilla del conductor. En los días anteriores a este hecho, al teléfono de la vivienda de la Doctora Gutiérrez, entraron repetidas llamadas sospechosas en las que no contestaban y se escuchaban risas macabras. La Dra denunció este hecho ante la Policía Nacional y el vehículo fue llevado a las instalaciones del DAS para proceder a los exámenes de balística.
El 20 de febrero, tres llamadas fueron recibidas por la empleada de la casa de la Dra Gutierrez en las que un hombre indagaba donde se encontraba la Doctora.
Nuevamente el 3 de marzo un hombre llamó a la residencia de la Dra, preguntando a la empleada sobre la hora de llegada de su hija pequeña del colegio. Minutos después, la empleada salió a recoger la niña en el sitio donde la deja la ruta del colegio y se percató de que un taxi la venía siguiendo. El conductor del mismo la alcanzó y le preguntó que "si iba a recoger la niña de Soraya". El hombre estacionó el taxi y se bajo del vehículo. Cuando la niña llegó, el taxi abandonó el lugar.
El mismo día, el portero del conjunto residencial donde vive la Dra le informó que un hombre que dijo trabajar con la empresa Cablecentro, le solicitó información sobre el número de la casa donde vivía la Dra. Cablecentro informó que no aparecía registrada ninguna visita de esa entidad a su sitio de vivienda y que, lo general, sus técnicos siempre van uniformados.
Estos graves hechos han sido denunciados ante la Fiscalía General de la Nación, donde se investigan los hostigamientos y amenazas de que han sido víctimas los miembros del Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" sin que hasta la fecha la Dra Gutierrez haya sido llamada para ampliar la denuncia.
Al parecer estas amenazas son la consecuencia de las acciones jurídicas a favor de poblaciones del departamento de Boyacá, tales como alertas tempranas y derechos de petición que han incomodado al estamento militar de la región. Un día antes del ataque, el 13 de febrero 2003, la abogada se encontraba en la ciudad de Tunja, departamento de Boyacá, en la Defensoría Regional del Pueblo, en reunión con los familiares de las víctimas del caso conocido como la "Masacre de la Sarna", ocurrida el 1 de diciembre del 2001, en el corregimiento de Páramo de la Sarna- Vereda las Cintas, jurisdicción de la ciudad de Sogamoso- Boyacá. Esta masacre se presentó cuando un grupo paramilitar hizo detener al bus afiliado a la Empresa Cotracero que se dirigía al municipio de Labranzagrande y obligó a bajar a todos sus ocupantes para luego asesinarlos, dejando con vida tan solo a un menor de 8 años y una mujer de 60 años.
Comunicado de amenazas en la Universidad Industrial de Santander
· El 25 de febrero de 2003 empezó a circular en la Universidad Industrial de Santander (UIS) un comunicado firmado por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) donde se declara como "objetivo militar" al presidente de Sintraunicol -Subdirectiva Bucaramanga-, Señor Alvaro Enrique Villamizar Mogollón así como a los representantes estudiantiles Mauricio Rivera, Juan Lozano, miembros del Consejo Superior y Académico de la Universidad, respectivamente; a Rosmerlin Estupiñán, integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU) así como a otros estudiantes de la misma universidad : Mauricio Pinto y Príncipe Gabriel González.
Cabe recordar que en junio del 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decretó medidas cautelares a favor de la Universidad Industrial de Santander.
Acción solicitada
Favor escribir a las autoridades Colombianas con el fin de urgirles a :
· tomar inmediatamente las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los defensores amenazados, y en general de todos los defensores de derechos humanos en Colombia;
· ordenar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los asesinatos y amenazas arriba mencionados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;
· limitar la aplicación de los decretos de Conmoción Interior de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional de Colombia, para no atentar a las libertades individuales y colectivas garantizadas por la constitución Colombiana y los instrumentos de Derecho Internacional.
· realizar una declaración pública en la que se exprese claramente el apoyo del gobierno de Colombia a la labor legítima de los defensores de derechos humanos.
· dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones de los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
· garantizar el respeto a la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos adoptada por Naciones Unidas en 1998;
· de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia.
Direcciones
S. E ALVARO URIBE VELEZ, Presidente de la República
Carrera 8 n. 7-26 Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá
Fax (571 ) 286 74 34 - 286, 68 42 -284 21 86, email : auribe@presidencia.gov.co
S. E FERNANDO LONDOÑO HOYOS, Ministro del Interior y Justicia,
Carrera 8 # 8-09 – Bogotá
Fax: 0057-1-286.80.25
MARTHA LUCÍA RAMÍREZ DE RINCÓN, Ministra de la Defensa
Avenida El Dorado con Carrera 52 CAN Santa Fe de Bogotá
Télex: 42411 INPRE CO; 44561 CFAC CO Tel-fax: +57.1.222.1874
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, Defensoría del Pueblo, Calle 55 n. 10-32 Santa Fe de Bogotá
Fax: +57.1.346.1225
FRANCISCO SANTOS, Vicepresidente de la República,
Consejería Presidencial de Derechos Humanos, Calle 7 No 6-54 Piso 3, Santa Fe de Bogotá, D. C.
Telefax: +57.1.337.1351
Gral (RE) TEODORO CAMPO, Director General Policía Nacional, Santafé de Bogotá
Fax: +57.1.428.7634 - +57.1.315.9527
LUIS CARLOS RESTREPO
Alto Comisionado para la Paz Fax: +57.1.560.9946
Y a las representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países
Ginebra - Paris, 7 de marzo de 2002
Agradecemos informar al Observatorio acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código del presente llamado.
El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
Premio de Derechos Humanos de la República Francesa, 1998
Para contactar el Observatorio, comuníquese a la Línea de Urgencia:
Tel. y fax FIDH : (+ 33 1) 4 355 20 11 / 4 355 18 80
Tel. y fax OMCT : (+ 41 22) 809 49 39 / 809 49 29
E-mail : observatoire@iprolink.ch