Colombia
07.01.03
Intervenciones urgentes
Colombia: desplazamiento interno y desapariciones forzadas en la cuenca del río Truandó.
Caso COL 070103
Desplazamiento forzado / desapariciones forzadas
El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) solicita su intervención urgente en la siguiente situación en Colombia.
Descripción de la situación :
El Secretariado Internacional de la OMCT acaba de ser informado de la ocurrencia de frecuentes violaciones de los derechos humanos en la región de la cuenca del río Truandó, Departamento del Chocó. Entre estos hechos se destaca la desaparición forzada de dos jóvenes de Taparal, uno llamado Eliseo Hurtado y otro conocido como Chanana.
De acuerdo con las informaciones del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), miembro de la red de la OMCT, el 2 de diciembre del 2002 se produjo una nueva avanzada de los paramilitares quienes llegaron al caserío de Taparal, y luego se enfrentaron con las Fueras Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), muy cerca del lugar en que estaban asentadas la mayoría de las familias de la cuenca del río Truandó. Los informes agregan que estos hechos causaron un nuevo desplazamiento de la población en el que algunas familias bajaron hasta la cabecera municipal de Riosucio (Chocó), y otras siguieron corriendo hacia las cabeceras de los ríos.
Según las informaciones, el 22 de diciembre del 2002 las Diócesis de Apartadó y Quibdó hicieron una visita de observación al río Opogadó y encontraron que la mayoría de los desplazados estaban llegando a la comunidad indígena de Unión Baquiasa ubicada en jurisdicción de la Diócesis de Quibdó. Posteriormente, el 25 de diciembre del 2002, con base en estas informaciones y previo acuerdo entre las Diócesis de Apartadó y de Quibdó, la Comisión Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Quibdó, organizó con el Consejo Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA) una comisión humanitaria al río Opogadó, con el fin de entregar ayuda alimentaria y facilitar los acuerdos necesarios entre las comunidades locales y los desplazados sobre su ubicación temporal. Los informes agregan que se realizó un censo y se registraron 257 personas entre negros y mestizos, pertenecientes a 8 comunidades, quienes se encuentran en constante riesgo y en estado de indefensión.
De acuerdo con las denuncias, los paramilitares de las AUC siembran de manera permanente el terror y la zozobra entre las comunidades campesinas de las cuencas de Salaquí, Truandó y Domingodó, al parecer por intereses económicos pero disfrazando sus acciones bajo la disculpa de estar persiguiendo a la guerrilla. Los informes agregan que, además, la guerrilla de las FARC también está generando miedo y presiona a las comunidades a encerrarse en la selva en condiciones infrahumanas. Esta situación ha originado el desplazamiento colectivo y permanente de las comunidades de la región.
Según los informes, las fuerzas regulares del Estado acantonadas en Riosucio son indiferentes ante la presencia y los movimientos de los paramilitares de las AUC, quienes tienen su centro de operaciones en el casco urbano de este municipio y, la presencia civil del Estado es escasa y poco eficiente, lo que permite un vacío que intentan llenar los grupos al margen de la ley con el argumento de la fuerza de las armas. Los informes denuncian que, aunque conocen la gravedad de la situación, ni la Defensoría del Pueblo - Seccional Urabá ni la Red de Solidaridad han dado respuesta a la crisis humanitaria que están sufriendo las comunidades de campesinos indígenas, negros y mestizos del Bajo Atrato.
Contexto de la situación :
De acuerdo con las informaciones, desde el día 2 de mayo de 2002, fecha en que se llevó a cabo un gran avance de grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes se tomaron los caseríos de Domingodó y Curbaradó a orillas del río Atrato y quienes continuaron su avance por la cuenca de los ríos Truandó y Domingodó, se ha estado produciendo el desplazamiento casi total de las comunidades que habitan en los mencionados lugares. Según los informes, después de estos hechos, algunas familias de las comunidades del río Truandó llegaron a la cabecera municipal de Riosucio, otras familias se asentaron provisionalmente en el resguardo indígena Jagual, y otro grupo siguió huyendo por el monte.
El 29 de agosto del 2002, entró a la cuenca del Truandó una comisión humanitaria, en la que participaron la Diócesis de Apartadó, el CINEP, la Defensoría del Pueblo y la Oficina de Negritudes de Riosucio ; esta se reunió con los representantes de las comunidades (unas 112 familias), y acordaron con ellos la reubicación transitoria dentro del territorio de comunidades negras, en un lugar entre el caserío de Taparal y la comunidad indígena de Marcial. Durante esta visita se detectó la presencia de paramilitares en el caserío de La Nueva.
Según los informes, algunos campesinos comentaron que habían sido obligados por las FARC y/o sus milicianos a desplazarse hacia las cabeceras de los afluentes porque estaba “prohibido” permanecer en los caseríos, mientras que otros campesinos sólo manifestaron el terror que les producía la inminente llegada de los paramilitares a sus comunidades. Los informes agregan que los paramilitares han permanecido haciendo retenes en los caseríos de La Nueva y Clavellino y en otros lugares del río, impidiendo a los campesinos la libre movilización y ejerciendo sobre ellos el bloqueo económico.
El 13 de septiembre del 2002, una comisión humanitaria compuesta por la Diócesis de Apartadó y el CINEP, se dirigió a Quiparadó – La Loma y a Peñas Blancas y encontró que en esta última comunidad indígena estaban asentadas un grupo de 25 familias de la cuenca que venían huyendo. Estas familias se mostraron con deseos de reubicarse mejor en el caserío de Truandó Medio, en el que tenían mejores condiciones para su subsistencia. Posteriormente, los días 18 y 22 de octubre, la comisión volvió a visitar los asentamientos, invitando a los campesinos a la celebración del V aniversario de las Comunidades de Paz del Bajo Atrato.
El 26 de octubre del 2002 en el retén que los paramilitares mantienen en La Nueva, dos jóvenes de Taparal ( Eliseo Hurtado y Chanana) fueron separados del grupo con el que viajaban y fueron obligados a seguir al caserío de Clavellino. Desde ese día los dos jóvenes se encuentran desaparecidos.
El 11 de noviembre del 2002, otra comisión, con representantes de CINEP y la Diócesis de Apartadó volvió a visitar a los campesinos que estaban ubicados en las comunidades indígenas de Peñas Blanca, Jagual y en las cercanías de Marcial y del caserío de Taparal. La mayoría de los campesinos reiteraron su deseo de dejar de correr y asentarse en un lugar visible, siempre que pudieran contar con el acompañamiento de la Iglesia. El 19 de noviembre del 2002 se materializó, con la ayuda de CINEP y la Diócesis de Apartadó, el agrupamiento de las 29 familias que estaban en Peñas Blancas, en el caserío de Truandó Medio.
Según las denuncias, aunque los actores armados han prometido reiteradamente respeto por la población civil, estas promesas no han sido cumplidas ya que los mismos actores armados no permiten el derecho que tienen las comunidades a vivir libre y tranquilamente en los territorios que les pertenecen.
El Secretariado Internacional de la OMCT manifiesta su profunda preocupación por la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los habitantes de la región y vuelve a condenar la persecución contra la población civil, la aparente impunidad de los autores y la omisión de medidas efectivas de protección por parte de las autoridades municipales, departamentales y nacionales para prevenir estos hechos que ya han sido anunciados por medio de amenazas y de anteriores hechos de violencia.
Acción solicitada:
Favor escribir a las autoridades Colombianas urgiéndolas a :
i. tomar inmediatamente las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los pobladores de la región de la cuenca del río Truandó ;
ii. destinar de manera inmediata los recursos necesarios para garantizar la atención, asistencia y protección de la población desplazada, así como establecer mecanismos de acompañamiento permanente en los lugares de refugio de las comunidades y garantizar el proceso de un retorno digno y seguro ;
iii. dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
iv. garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.
Direcciones:
· S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Cra. 8 n°.7-26, Palacio de Nariño, Santafé de Bogotá. Fax: (+57 1) 566 20 71
· Doctora Martha Lucía Ramírez de Rincón, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Cra. 52 CAN, Santafé de Bogotá. Fax: (+57 1) 222 18 74 ; e-mail : siden@mindefensa.gov.co ; infprotocol@mindefensa.gov.co ; mdn@cable.net.co
· Doctor Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Carrera 5 n°. 15-80, Santa Fe de Bogotá. Fax: (+57 1) 342 97 23;(+57 1) 281 75 31 ; e-mail : reygon@procuraduria.gov.co ; anticorrupcion@presidencia.gov.co
· Doctor Luis Camilo Osorio, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22 B n°. 52-01, Santafé de Bogotá. Fax: (+57 1) 570 20 00 ; contacto@fiscalia.gov.co ; denuncie@fiscalia.gov.co
· Doctor Eduardo Cifuentes, Defensor del Pueblo, Calle 55 n°. 10-32 Santa Fe de Bogotá. Fax: (+ 57 1) 640 04 91 e-mail : secretaria_privada@hotmail.com
· Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d’Anier 17-19, 1209 Ginebra. Tel. : (+41 22) 798 45 54; (+ 41 22) 798 45 55. E-mail : mission.colombia@ties.itu.int
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países
Ginebra, 07 de enero del 2003
Favor informarnos sobre cualquier acción realizada acerca del presente caso, citando el código del presente llamado en su respuesta.
Desplazamiento forzado / desapariciones forzadas
El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) solicita su intervención urgente en la siguiente situación en Colombia.
Descripción de la situación :
El Secretariado Internacional de la OMCT acaba de ser informado de la ocurrencia de frecuentes violaciones de los derechos humanos en la región de la cuenca del río Truandó, Departamento del Chocó. Entre estos hechos se destaca la desaparición forzada de dos jóvenes de Taparal, uno llamado Eliseo Hurtado y otro conocido como Chanana.
De acuerdo con las informaciones del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), miembro de la red de la OMCT, el 2 de diciembre del 2002 se produjo una nueva avanzada de los paramilitares quienes llegaron al caserío de Taparal, y luego se enfrentaron con las Fueras Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), muy cerca del lugar en que estaban asentadas la mayoría de las familias de la cuenca del río Truandó. Los informes agregan que estos hechos causaron un nuevo desplazamiento de la población en el que algunas familias bajaron hasta la cabecera municipal de Riosucio (Chocó), y otras siguieron corriendo hacia las cabeceras de los ríos.
Según las informaciones, el 22 de diciembre del 2002 las Diócesis de Apartadó y Quibdó hicieron una visita de observación al río Opogadó y encontraron que la mayoría de los desplazados estaban llegando a la comunidad indígena de Unión Baquiasa ubicada en jurisdicción de la Diócesis de Quibdó. Posteriormente, el 25 de diciembre del 2002, con base en estas informaciones y previo acuerdo entre las Diócesis de Apartadó y de Quibdó, la Comisión Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Quibdó, organizó con el Consejo Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA) una comisión humanitaria al río Opogadó, con el fin de entregar ayuda alimentaria y facilitar los acuerdos necesarios entre las comunidades locales y los desplazados sobre su ubicación temporal. Los informes agregan que se realizó un censo y se registraron 257 personas entre negros y mestizos, pertenecientes a 8 comunidades, quienes se encuentran en constante riesgo y en estado de indefensión.
De acuerdo con las denuncias, los paramilitares de las AUC siembran de manera permanente el terror y la zozobra entre las comunidades campesinas de las cuencas de Salaquí, Truandó y Domingodó, al parecer por intereses económicos pero disfrazando sus acciones bajo la disculpa de estar persiguiendo a la guerrilla. Los informes agregan que, además, la guerrilla de las FARC también está generando miedo y presiona a las comunidades a encerrarse en la selva en condiciones infrahumanas. Esta situación ha originado el desplazamiento colectivo y permanente de las comunidades de la región.
Según los informes, las fuerzas regulares del Estado acantonadas en Riosucio son indiferentes ante la presencia y los movimientos de los paramilitares de las AUC, quienes tienen su centro de operaciones en el casco urbano de este municipio y, la presencia civil del Estado es escasa y poco eficiente, lo que permite un vacío que intentan llenar los grupos al margen de la ley con el argumento de la fuerza de las armas. Los informes denuncian que, aunque conocen la gravedad de la situación, ni la Defensoría del Pueblo - Seccional Urabá ni la Red de Solidaridad han dado respuesta a la crisis humanitaria que están sufriendo las comunidades de campesinos indígenas, negros y mestizos del Bajo Atrato.
Contexto de la situación :
De acuerdo con las informaciones, desde el día 2 de mayo de 2002, fecha en que se llevó a cabo un gran avance de grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes se tomaron los caseríos de Domingodó y Curbaradó a orillas del río Atrato y quienes continuaron su avance por la cuenca de los ríos Truandó y Domingodó, se ha estado produciendo el desplazamiento casi total de las comunidades que habitan en los mencionados lugares. Según los informes, después de estos hechos, algunas familias de las comunidades del río Truandó llegaron a la cabecera municipal de Riosucio, otras familias se asentaron provisionalmente en el resguardo indígena Jagual, y otro grupo siguió huyendo por el monte.
El 29 de agosto del 2002, entró a la cuenca del Truandó una comisión humanitaria, en la que participaron la Diócesis de Apartadó, el CINEP, la Defensoría del Pueblo y la Oficina de Negritudes de Riosucio ; esta se reunió con los representantes de las comunidades (unas 112 familias), y acordaron con ellos la reubicación transitoria dentro del territorio de comunidades negras, en un lugar entre el caserío de Taparal y la comunidad indígena de Marcial. Durante esta visita se detectó la presencia de paramilitares en el caserío de La Nueva.
Según los informes, algunos campesinos comentaron que habían sido obligados por las FARC y/o sus milicianos a desplazarse hacia las cabeceras de los afluentes porque estaba “prohibido” permanecer en los caseríos, mientras que otros campesinos sólo manifestaron el terror que les producía la inminente llegada de los paramilitares a sus comunidades. Los informes agregan que los paramilitares han permanecido haciendo retenes en los caseríos de La Nueva y Clavellino y en otros lugares del río, impidiendo a los campesinos la libre movilización y ejerciendo sobre ellos el bloqueo económico.
El 13 de septiembre del 2002, una comisión humanitaria compuesta por la Diócesis de Apartadó y el CINEP, se dirigió a Quiparadó – La Loma y a Peñas Blancas y encontró que en esta última comunidad indígena estaban asentadas un grupo de 25 familias de la cuenca que venían huyendo. Estas familias se mostraron con deseos de reubicarse mejor en el caserío de Truandó Medio, en el que tenían mejores condiciones para su subsistencia. Posteriormente, los días 18 y 22 de octubre, la comisión volvió a visitar los asentamientos, invitando a los campesinos a la celebración del V aniversario de las Comunidades de Paz del Bajo Atrato.
El 26 de octubre del 2002 en el retén que los paramilitares mantienen en La Nueva, dos jóvenes de Taparal ( Eliseo Hurtado y Chanana) fueron separados del grupo con el que viajaban y fueron obligados a seguir al caserío de Clavellino. Desde ese día los dos jóvenes se encuentran desaparecidos.
El 11 de noviembre del 2002, otra comisión, con representantes de CINEP y la Diócesis de Apartadó volvió a visitar a los campesinos que estaban ubicados en las comunidades indígenas de Peñas Blanca, Jagual y en las cercanías de Marcial y del caserío de Taparal. La mayoría de los campesinos reiteraron su deseo de dejar de correr y asentarse en un lugar visible, siempre que pudieran contar con el acompañamiento de la Iglesia. El 19 de noviembre del 2002 se materializó, con la ayuda de CINEP y la Diócesis de Apartadó, el agrupamiento de las 29 familias que estaban en Peñas Blancas, en el caserío de Truandó Medio.
Según las denuncias, aunque los actores armados han prometido reiteradamente respeto por la población civil, estas promesas no han sido cumplidas ya que los mismos actores armados no permiten el derecho que tienen las comunidades a vivir libre y tranquilamente en los territorios que les pertenecen.
El Secretariado Internacional de la OMCT manifiesta su profunda preocupación por la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los habitantes de la región y vuelve a condenar la persecución contra la población civil, la aparente impunidad de los autores y la omisión de medidas efectivas de protección por parte de las autoridades municipales, departamentales y nacionales para prevenir estos hechos que ya han sido anunciados por medio de amenazas y de anteriores hechos de violencia.
Acción solicitada:
Favor escribir a las autoridades Colombianas urgiéndolas a :
i. tomar inmediatamente las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los pobladores de la región de la cuenca del río Truandó ;
ii. destinar de manera inmediata los recursos necesarios para garantizar la atención, asistencia y protección de la población desplazada, así como establecer mecanismos de acompañamiento permanente en los lugares de refugio de las comunidades y garantizar el proceso de un retorno digno y seguro ;
iii. dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
iv. garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.
Direcciones:
· S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Cra. 8 n°.7-26, Palacio de Nariño, Santafé de Bogotá. Fax: (+57 1) 566 20 71
· Doctora Martha Lucía Ramírez de Rincón, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Cra. 52 CAN, Santafé de Bogotá. Fax: (+57 1) 222 18 74 ; e-mail : siden@mindefensa.gov.co ; infprotocol@mindefensa.gov.co ; mdn@cable.net.co
· Doctor Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Carrera 5 n°. 15-80, Santa Fe de Bogotá. Fax: (+57 1) 342 97 23;(+57 1) 281 75 31 ; e-mail : reygon@procuraduria.gov.co ; anticorrupcion@presidencia.gov.co
· Doctor Luis Camilo Osorio, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22 B n°. 52-01, Santafé de Bogotá. Fax: (+57 1) 570 20 00 ; contacto@fiscalia.gov.co ; denuncie@fiscalia.gov.co
· Doctor Eduardo Cifuentes, Defensor del Pueblo, Calle 55 n°. 10-32 Santa Fe de Bogotá. Fax: (+ 57 1) 640 04 91 e-mail : secretaria_privada@hotmail.com
· Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d’Anier 17-19, 1209 Ginebra. Tel. : (+41 22) 798 45 54; (+ 41 22) 798 45 55. E-mail : mission.colombia@ties.itu.int
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países
Ginebra, 07 de enero del 2003
Favor informarnos sobre cualquier acción realizada acerca del presente caso, citando el código del presente llamado en su respuesta.