Colombia
15.09.03
Intervenciones urgentes
Colombia: falsas acusaciones, hostigamiento y judicialización contra la ONG Comisión de Justicia y Paz.
ACCION URGENTE - EL OBSERVATORIO
COL 004 / 0903 / OBS 046
Hostigamiento / difamación
COLOMBIA
15 de septiembre de 2003
El Observatorio para la protección de los Defensores de los Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.
Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido información de varias organizaciones de derechos humanos entre ellas la Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" (CCAJAR) sobre las graves acusaciones, el hostigamiento y la judicialización de que son víctimas los miembros de la ONG Comisión de Justicia y Paz, quienes trabajan en el proyecto de Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad (CAVIDA) en la zona del Río Cacarica (Departamento del Chocó).
De acuerdo con las informaciones, se ha conocido, a través de la Fiscalía General de la Nación, la orden de realizar un operativo militar en « La Balsa » con el fin de capturar paramilitares y al mismo tiempo a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), incluyendo entre los « alias » (sobrenombres) de las personas a capturar, los mismos nombres de los integrantes de la Comisión Justicia y Paz.
De acuerdo con las informaciones, el 20 de agosto de 2003, en horas de la mañana, en la biblioteca Luis Angel Arango de Bogotá se desarrolló una reunión en la cual la abogada Johana Elizabeth Cabeza Arias, representante del Sr. Adán Quinto (antiguo habitante de la mencionada comunidad), manifestó que en la Fiscalía General de la Nación se encontraban en curso dos demandas contra la ONG Comisión de Justicia y Paz, una en la Unidad Anticorrupción y otra en la Unidad Antiterrorismo, sobre las cuáles habría resultados en las próximos semanas. En esta reunión estuvieron presentes delegados del gobierno nacional y del Estado central, así como el Inspector General de las Fuerzas Militares.
Según las informaciones, se ha conocido un escrito, sin fecha, al parecer presentado como denuncia penal por un supuesto testigo ante la Fiscalía General de la Nación, Unidad Especializada de Bogotá, y distribuido con anterioridad a la rueda de prensa del Comandante General de las Fuerzas Armadas, Jorge Enrique Mora Rangel, llevada a cabo el 21 de agosto del presente año, escrito en el que se denuncia a miembros de la comunidad del Cacarica y a los miembros de la Comisión de Justicia y Paz de la siguiente manera: « DANILO RUEDA, AVILIO PEÑA, ANA MARIA, ENRIQUE CHIMONJA y DANIEL VASQUEZ -sacerdote- (...) miembros activos de la ONG Comisión de Justicia y Paz, por los delitos de conformación, colaboración, y promoción de grupos al margen de la Ley (FARC), concierto para delinquir y amenazas », ... « ...Quienes además han transportado a diferentes integrantes de las milicias de las FARC en pangas, especialmente cuando los transportaron de Cupica hacia Cacarica ».
Los informes agregan que el denunciante expresa entre las motivaciones que lo llevaron a rendir su declaración, la necesidad de recursos económicos, por lo cual habló con un oficial de la Brigada XVII con sede en Carepa (Departamento de Antioquia). La información agrega que existen tres testigos más que van a declarar o que ya han declarado contra la ONG Comisión de Justicia y Paz, los cuales afirman que han sido amenazados por las FARC y por la Comisión de Justicia y Paz, además de decir que sufrieron un atentado contra su vida en Turbo, según ellos ordenado por la mencionada Comisión. De acuerdo con las informaciones, en la conferencia de prensa del 21 de agosto, el Comandante General del Ejército, Jorge Enrique Mora Rangel afirmó que las seis hileras de alambre de púa que rodean la mencionada comunidad de paz, en realidad están rodeando “un campo de concentración de las FARC, administrado por una ONG llamada Justicia y Paz”.
Un día después, la Defensoría Nacional del Pueblo protestó por esas declaraciones, ratificando que se trata de una comunidad de paz formada por desplazados del Chocó, quienes decidieron alambrar sus caseríos para que ningún miembro de grupos armados entre allí, y responsabilizó al Gobierno por la seguridad de sus habitantes.
El Observatorio señala que la organización «Comisión de Justicia y Paz» está conformada por religiosas y religiosos de la iglesia Católica, de otras Iglesias y por misioneros laicos y que ninguno de sus miembros tiene vínculos con la guerrilla ni es guerrillero ni se ha prestado a favorecerlos militarmente. Esta ONG mantiene presencia y acompañamiento permanente en las comunidades de antiguos desplazados que habitan en la zona del Cacarica, particularmente en los asentamientos conocidos con el nombre de «Esperanza de Dios» y « Nueva Vida ». Los pobladores de estos asentamientos habían sido brutalmente desplazados de sus territorios, en febrero de 1997, en medio de la "Operación Génesis" llevada a cabo por la Brigada XVII del Ejército, comandada por el General Rito Alejo del Río, en actuación conjunta con civiles armados (paramilitares), operación militar que originó además la búsqueda de refugio en Panamá, la deportación involuntaria a Bahía Cupica, y el asesinato y la desaparición de más de 85 miembros de las comunidades.
El Observatorio señala que las comunidades de afrodescendientes del Cacarica obtuvieron medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 17 de diciembre de 1997, afirmando su condición de población civil que no está involucrada con ningún actor armado.
De acuerdo con las informaciones, desde el 13 de mayo de 2003, la Brigada XVII del Ejército, viene llevando a cabo una operación militar que, además de ser una operación psicológica de terror dirigida en particular contra la zona humanitaria « Esperanza en Dios », ha anunciado la judicialización de sus miembros incluso antes que puedan ejercer el derecho a la defensa. Dentro de esta campaña se ha ejercido presión y se están ofreciendo dádivas (dinero ó beneficios) a varios pobladores de Turbo, Riosucio y del Cacarica para que declaren judicialmente contra la ONG Comisión de Justicia y Paz .
El Observatorio se encuentra muy preocupado por la seguridad y por la integridad física y psicológica de los Sres. Danilo Rueda, Avilio Peña, Ana María (hasta el momento no se conoce su apellido), Enrique Chimonja, del sacerdote Daniel Vásquez, y de los demás miembros de la ONG Comisión de justicia y Paz, así como por los voluntarios e integrantes de organizaciones extranjeras acompañantes en las comunidades arriba mencionadas y destaca que estos hechos ilustran una vez más la represión de la que son víctimas los defensores de derechos humanos por causa del ejercicio de sus funciones en Colombia.
Acción solicitada:
Favor dirigirse a las autoridades de Colombia urgiéndolas a:
i. tomar las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los Sres. Danilo Rueda, Avilio Peña, Ana María (hasta el momento no se conoce su apellido), Enrique Chimonja y el sacerdote Daniel Vásquez, así como la de los demás miembros de la ONG Comisión de Justicia y Paz y de todos los defensores de los derechos humanos en el país;
ii. realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a las amenazas, difamaciones y hostigamiento contra la ONG Comisión de Justicia y Paz, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicar las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
iii. tomar las medidas adecuadas para garantizar y proteger el trabajo que realiza la ONG Comisión Justicia y Paz, en la defensa de los derechos humanos de las mencionadas comunidades;
iv. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona « individual o colectivo, promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos » (Art.1) y a la obligación del Estado garantizar « la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art. 12.2).
v. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de los derechos Humanos, y a los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia.
Direcciones :
· S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Cra. 8 n°.7-26, Palacio de Nariño, Santa fe de Bogotá. Fax: (+57 1) 566.20.71 e-mail: auribe@presidencia.gov.co ; Vicepresidente : E-mail : fsantos@presidencia.gov.co
· Doctora Martha Lucía Ramírez de Rincón, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Cra. 52 CAN, Santa fe de Bogotá. Fax: (+57 1) 222.18.74; E-mail : siden@mindefensa.gov.co ; infprotocol@mindefensa.gov.co ; mdn@cable.net.co
· Doctor Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Carrera 5 No. 15-80, Santa Fe de Bogotá. Fax: (+57 1) 342.97.23; E-mail : reygon@procuraduria.gov.co; anticorrupcion@presidencia.gov.co
· Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. E-mail : cefranco@presidencia.gov.co
· Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. E-mail : fibarra@presidencia.gov.co Calle 7 N° 5-54 TEL. : (+57 1) 336.03.11 FAX : (+57 1) 337.46.67
· Ministerio de Relaciones Exteriores. Dr. Jaime Girón Duarte Viceministro de Asuntos Políticos Multilaterales E-mail: pmdirect@minrelext.gov.co Calle 10 N° 5-51 TEL. : (+57 1) 566.20.08 FAX: (+57 1) 562.76.10
· Doctor Luis Camilo Osorio, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22 B n°. 52-01, Santa fe de Bogotá.Fax:(+57 1) 570.20.00; contacto@fiscalia.gov.co ; denuncie@fiscalia.gov.co Dra. Elba Beatriz Silva, Directora de la Unidad de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Fiscalía General de la Nación E.mail: elbsilva@fiscalia.gov.co
· Doctor Eduardo Cifuentes, Defensor del Pueblo, Calle 55 n°. 10-32 Santa Fe de Bogotá. Fax: (+ 57 1) 640.04.91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com
· Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d’Anier 17-19, 1209 Ginebra. FAX : (+41 22) 791.07.87; Tel.:(+ 41 22) 798.45.55 E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
· Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países
Ginebra-París, 15 de septiembre de 2003
Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio, El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia :
Tel. y FAX: FIDH : + 33 (0) 1 43.55.20.11 / + 33 (0) 1 43.55.18.80
Tel. y FAX: OMCT : + 41 22 809.49.39 / 809.49.29 E-mail: observatoire@iprolink.ch
COL 004 / 0903 / OBS 046
Hostigamiento / difamación
COLOMBIA
15 de septiembre de 2003
El Observatorio para la protección de los Defensores de los Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.
Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido información de varias organizaciones de derechos humanos entre ellas la Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" (CCAJAR) sobre las graves acusaciones, el hostigamiento y la judicialización de que son víctimas los miembros de la ONG Comisión de Justicia y Paz, quienes trabajan en el proyecto de Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad (CAVIDA) en la zona del Río Cacarica (Departamento del Chocó).
De acuerdo con las informaciones, se ha conocido, a través de la Fiscalía General de la Nación, la orden de realizar un operativo militar en « La Balsa » con el fin de capturar paramilitares y al mismo tiempo a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), incluyendo entre los « alias » (sobrenombres) de las personas a capturar, los mismos nombres de los integrantes de la Comisión Justicia y Paz.
De acuerdo con las informaciones, el 20 de agosto de 2003, en horas de la mañana, en la biblioteca Luis Angel Arango de Bogotá se desarrolló una reunión en la cual la abogada Johana Elizabeth Cabeza Arias, representante del Sr. Adán Quinto (antiguo habitante de la mencionada comunidad), manifestó que en la Fiscalía General de la Nación se encontraban en curso dos demandas contra la ONG Comisión de Justicia y Paz, una en la Unidad Anticorrupción y otra en la Unidad Antiterrorismo, sobre las cuáles habría resultados en las próximos semanas. En esta reunión estuvieron presentes delegados del gobierno nacional y del Estado central, así como el Inspector General de las Fuerzas Militares.
Según las informaciones, se ha conocido un escrito, sin fecha, al parecer presentado como denuncia penal por un supuesto testigo ante la Fiscalía General de la Nación, Unidad Especializada de Bogotá, y distribuido con anterioridad a la rueda de prensa del Comandante General de las Fuerzas Armadas, Jorge Enrique Mora Rangel, llevada a cabo el 21 de agosto del presente año, escrito en el que se denuncia a miembros de la comunidad del Cacarica y a los miembros de la Comisión de Justicia y Paz de la siguiente manera: « DANILO RUEDA, AVILIO PEÑA, ANA MARIA, ENRIQUE CHIMONJA y DANIEL VASQUEZ -sacerdote- (...) miembros activos de la ONG Comisión de Justicia y Paz, por los delitos de conformación, colaboración, y promoción de grupos al margen de la Ley (FARC), concierto para delinquir y amenazas », ... « ...Quienes además han transportado a diferentes integrantes de las milicias de las FARC en pangas, especialmente cuando los transportaron de Cupica hacia Cacarica ».
Los informes agregan que el denunciante expresa entre las motivaciones que lo llevaron a rendir su declaración, la necesidad de recursos económicos, por lo cual habló con un oficial de la Brigada XVII con sede en Carepa (Departamento de Antioquia). La información agrega que existen tres testigos más que van a declarar o que ya han declarado contra la ONG Comisión de Justicia y Paz, los cuales afirman que han sido amenazados por las FARC y por la Comisión de Justicia y Paz, además de decir que sufrieron un atentado contra su vida en Turbo, según ellos ordenado por la mencionada Comisión. De acuerdo con las informaciones, en la conferencia de prensa del 21 de agosto, el Comandante General del Ejército, Jorge Enrique Mora Rangel afirmó que las seis hileras de alambre de púa que rodean la mencionada comunidad de paz, en realidad están rodeando “un campo de concentración de las FARC, administrado por una ONG llamada Justicia y Paz”.
Un día después, la Defensoría Nacional del Pueblo protestó por esas declaraciones, ratificando que se trata de una comunidad de paz formada por desplazados del Chocó, quienes decidieron alambrar sus caseríos para que ningún miembro de grupos armados entre allí, y responsabilizó al Gobierno por la seguridad de sus habitantes.
El Observatorio señala que la organización «Comisión de Justicia y Paz» está conformada por religiosas y religiosos de la iglesia Católica, de otras Iglesias y por misioneros laicos y que ninguno de sus miembros tiene vínculos con la guerrilla ni es guerrillero ni se ha prestado a favorecerlos militarmente. Esta ONG mantiene presencia y acompañamiento permanente en las comunidades de antiguos desplazados que habitan en la zona del Cacarica, particularmente en los asentamientos conocidos con el nombre de «Esperanza de Dios» y « Nueva Vida ». Los pobladores de estos asentamientos habían sido brutalmente desplazados de sus territorios, en febrero de 1997, en medio de la "Operación Génesis" llevada a cabo por la Brigada XVII del Ejército, comandada por el General Rito Alejo del Río, en actuación conjunta con civiles armados (paramilitares), operación militar que originó además la búsqueda de refugio en Panamá, la deportación involuntaria a Bahía Cupica, y el asesinato y la desaparición de más de 85 miembros de las comunidades.
El Observatorio señala que las comunidades de afrodescendientes del Cacarica obtuvieron medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 17 de diciembre de 1997, afirmando su condición de población civil que no está involucrada con ningún actor armado.
De acuerdo con las informaciones, desde el 13 de mayo de 2003, la Brigada XVII del Ejército, viene llevando a cabo una operación militar que, además de ser una operación psicológica de terror dirigida en particular contra la zona humanitaria « Esperanza en Dios », ha anunciado la judicialización de sus miembros incluso antes que puedan ejercer el derecho a la defensa. Dentro de esta campaña se ha ejercido presión y se están ofreciendo dádivas (dinero ó beneficios) a varios pobladores de Turbo, Riosucio y del Cacarica para que declaren judicialmente contra la ONG Comisión de Justicia y Paz .
El Observatorio se encuentra muy preocupado por la seguridad y por la integridad física y psicológica de los Sres. Danilo Rueda, Avilio Peña, Ana María (hasta el momento no se conoce su apellido), Enrique Chimonja, del sacerdote Daniel Vásquez, y de los demás miembros de la ONG Comisión de justicia y Paz, así como por los voluntarios e integrantes de organizaciones extranjeras acompañantes en las comunidades arriba mencionadas y destaca que estos hechos ilustran una vez más la represión de la que son víctimas los defensores de derechos humanos por causa del ejercicio de sus funciones en Colombia.
Acción solicitada:
Favor dirigirse a las autoridades de Colombia urgiéndolas a:
i. tomar las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los Sres. Danilo Rueda, Avilio Peña, Ana María (hasta el momento no se conoce su apellido), Enrique Chimonja y el sacerdote Daniel Vásquez, así como la de los demás miembros de la ONG Comisión de Justicia y Paz y de todos los defensores de los derechos humanos en el país;
ii. realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a las amenazas, difamaciones y hostigamiento contra la ONG Comisión de Justicia y Paz, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicar las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
iii. tomar las medidas adecuadas para garantizar y proteger el trabajo que realiza la ONG Comisión Justicia y Paz, en la defensa de los derechos humanos de las mencionadas comunidades;
iv. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona « individual o colectivo, promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos » (Art.1) y a la obligación del Estado garantizar « la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art. 12.2).
v. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de los derechos Humanos, y a los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia.
Direcciones :
· S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Cra. 8 n°.7-26, Palacio de Nariño, Santa fe de Bogotá. Fax: (+57 1) 566.20.71 e-mail: auribe@presidencia.gov.co ; Vicepresidente : E-mail : fsantos@presidencia.gov.co
· Doctora Martha Lucía Ramírez de Rincón, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Cra. 52 CAN, Santa fe de Bogotá. Fax: (+57 1) 222.18.74; E-mail : siden@mindefensa.gov.co ; infprotocol@mindefensa.gov.co ; mdn@cable.net.co
· Doctor Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Carrera 5 No. 15-80, Santa Fe de Bogotá. Fax: (+57 1) 342.97.23; E-mail : reygon@procuraduria.gov.co; anticorrupcion@presidencia.gov.co
· Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. E-mail : cefranco@presidencia.gov.co
· Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. E-mail : fibarra@presidencia.gov.co Calle 7 N° 5-54 TEL. : (+57 1) 336.03.11 FAX : (+57 1) 337.46.67
· Ministerio de Relaciones Exteriores. Dr. Jaime Girón Duarte Viceministro de Asuntos Políticos Multilaterales E-mail: pmdirect@minrelext.gov.co Calle 10 N° 5-51 TEL. : (+57 1) 566.20.08 FAX: (+57 1) 562.76.10
· Doctor Luis Camilo Osorio, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22 B n°. 52-01, Santa fe de Bogotá.Fax:(+57 1) 570.20.00; contacto@fiscalia.gov.co ; denuncie@fiscalia.gov.co Dra. Elba Beatriz Silva, Directora de la Unidad de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Fiscalía General de la Nación E.mail: elbsilva@fiscalia.gov.co
· Doctor Eduardo Cifuentes, Defensor del Pueblo, Calle 55 n°. 10-32 Santa Fe de Bogotá. Fax: (+ 57 1) 640.04.91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com
· Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d’Anier 17-19, 1209 Ginebra. FAX : (+41 22) 791.07.87; Tel.:(+ 41 22) 798.45.55 E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
· Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países
Ginebra-París, 15 de septiembre de 2003
Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio, El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia :
Tel. y FAX: FIDH : + 33 (0) 1 43.55.20.11 / + 33 (0) 1 43.55.18.80
Tel. y FAX: OMCT : + 41 22 809.49.39 / 809.49.29 E-mail: observatoire@iprolink.ch