Colombia
02.09.03
Intervenciones urgentes
Colombia: Carta Abierta al Presidente de la República sobre significativo incremento de detenciones de defensores.
CARTA ABIERTA AL Sr. ÁLVARO URIBE VÉLEZ
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
París, Ginebra, 2 de septiembre de 2003
Señor Presidente,
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) le expresa su extrema preocupación acerca del significativo incremento de las detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos en Colombia.
El Observatorio se encuentra muy preocupado por las informaciones recibidas respecto al hecho de que, desde hace un año, se han realizado numerosas detenciones, muchas de ellas sin orden judicial, luego de las cuales, según los informes, se ha llevado ante la justicia a cerca de 2400 personas entre las que se encuentra un número particularmente significativo de defensores de derechos humanos (miembros de ONG y líderes sindicales, sociales y campesinos).
Estas detenciones, se inscriben dentro del marco de la política de “Seguridad democrática” iniciada por el Dr. Uribe Vélez al asumir el poder ejecutivo colombiano. La totalidad de las personas detenidas, incluidos los defensores, han sido generalmente procesadas por el “delito de rebelión y terrorismo’, delitos contemplados en el artículo 467 y 343 del Código Penal Colombiano, los cuales implican además la puesta en prisión de estas personas.
La ilustración más reciente de esta nueva manera de reprimir a las organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos son las numerosas detenciones arbitrarias ocurridas en Arauca. Entre la noche del 20 de agosto y la madrugada del 21 de agosto de 2003, centenares de efectivos del ejército, miembros de la policía, del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y de la Fiscalía, acompañados por sujetos encapuchados, allanaron decenas de casas de habitación en municipio de Saravena, (Arauca), procediendo a detener a cerca de 42 personas, 28 de las cuales se encontraban todavía en prisión hasta el 27 de agosto.
El Observatorio se encuentra particularmente preocupado debido al hecho de que entre las personas detenidas, se encuentran al menos 16 activistas de derechos humanos, periodistas y líderes del movimiento social. En particular, en esa ocasión fueron detenidos los Sres. José Murillo Tobo, Presidente del Comité regional de derechos humanos “Joel Sierra” de Arauca y Alonso Campiño Bedoya, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en la seccional Arauca y miembro del Comité Regional de Derechos Humanos “Joel Sierra”, ambos
beneficiarios de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También fueron detenidos los Sres. Willian Jiménez, dirigente del Sindicato de Empleados Públicos del Municipio (Sidem), Blanca Segura, Presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SINTRENAL) y Jairo Machado Durán, Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Libertadores de Saravena.
Según las informaciones recibidas, existirían órdenes de captura contra los Sres. Samuel Morales, Leonel Goyeneche y Alberto Páez, dirigentes de la CUT en Saravena, Jorge Prieto, presidente de ANTHOC seccional Saravena e Ismael Pabón, dirigente de las organizaciones sociales de Arauca. El Observatorio recuerda que, recientemente, la abogada Teresa de Jesús Cedeño Galíndez, Presidenta de la seccional Arauca del Comité Permanente por los Derechos Humanos, fue detenida arbitrariamente en Bogotá (ver llamado COL 002 / 0803 / OBS 037).
El Observatorio recuerda con preocupación que entre las numerosas personas detenidas durante los días 12 y el 13 de noviembre de 2002 en Saravena, 43 se encuentran todavía recluidas en las cárceles La Modelo y El Buen Pastor de Bogotá, procesadas por el delito de rebelión. Un gran número de estas personas pertenece a movimientos sociales, como por ejemplo el Sr. Bernardo José Arguello Santo, directivo de la Federación de Juristas y varios sindicalistas, principalmente miembros de ANTHOC y de la Empresa comunitaria de Acueducto y Alcantarillado (ECAAS) (ver llamado especial Colombia, mes de noviembre de 2002).
El Observatorio se encuentra también preocupado por las detenciones llevadas a cabo en el departamento de Sucre el pasado 17 de agosto, cuando, en medio de operativos realizados por la Fiscalía, la Policía y la Infantería de Marina fueron detenidas 156 personas, entre las que se encuentran líderes y miembros de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO). Del mismo modo, en el departamento de Tolima, el pasado 24 de agosto, fueron detenidas en los municipios de Coello, Cajamarca y Anaime 58 personas, entre las que se encuentran sindicalistas y líderes sociales, en particular la Sra. Amparo Arciniegas, Secretaria General de la seccional del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima (SINTRAGRITOL). Además, el 12 de agosto, fue detenido en Bogotá el Sr. Hermes Vallejo Jiménez, miembro de la Asociación de pequeños y medianos agricultores del Tolima (ASOPEMA).
El Observatorio, particularmente preocupado acerca de la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia desde hace muchos años, manifiesta su profunda preocupación por esta serie de numerosas detenciones, las cuales parecen formar parte de una nueva estrategia de criminalización del movimiento social. El Observatorio considera que, sobre la base de esta asimilación falaz entre defensores y guerrilleros o subversivos, estas detenciones son arbitrarias porque tienen como objeto sancionar la lícita actividad que desarrollan estos defensores a favor de los derechos humanos.
El Observatorio recuerda finalmente que paralelamente a esta nueva tendencia de arrestos arbitrarios, las amenazas y actos de hostigamiento contra defensores de derechos humanos continúan produciéndose de forma cotidiana, así como otras graves violaciones de los derechos humanos contra los mismos como son los asesinatos y las desapariciones forzadas. Entre los meses de enero y agosto de 2003, 50 sindicalistas han sido asesinados. Se destaca entre estos hechos el reciente asesinato del Sr. Reinaldo Perdomo, defensor de derechos humanos del Ariari y líder comunitario de la región, ocurrido el 12 de agosto. Se destaca igualmente el atentado ocurrido el pasado 22 de agosto contra el Sr. Juan Carlos Galvis, vicepresidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL) y presidente de la CUT. Asimismo, se continúan registrando un gran número de allanamientos contra sedes sociales, como los ocurridos recientemente contra ANTHOC, la Empresa comunitaria de Acueducto y Alcantarillado (ECCAS) y el Consejo regional indígena en el departamento del Arauca.
Su Excelencia,
El Observatorio, seriamente preocupado por la grave situación de los defensores de derechos humanos en Colombia y con el fin de contribuir a mejorar la situación de los mismos, le urge a:
i. tomar las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todas las personas detenidas en las series de detenciones descritas anteriormente, así como la de todos los defensores de los derechos humanos del Arauca, de Sucre, del Tolima y del resto del país;
ii. proceder a la liberación inmediata e incondicional de todos los defensores de derechos humanos en caso de encontrarse detenidos en ausencia de cargos legales válidos, ó, en caso de tener cargos legales válidos, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial y garantizarles en todo momento sus derechos procesales;
iii. ordenar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los casos de asesinatos, desapariciones forzadas, allanamientos y amenazas contra defensores de derechos humanos con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
iv. ordenar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial acerca de las condiciones en las que se desarrollaron las detenciones arriba mencionadas, en particular acerca de la actuación de los fiscales, los testigos, los informantes y demás autoridades que ordenaron y ejecutaron este tipo de detenciones;
v. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona « individual o colectivo, promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos » (Art.1) y a la obligación del Estado garantizar « la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art. 12.2);
vi. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de los derechos Humanos, Pactos y Convenciones Internacionales y regionales ratificados por Colombia.
Confiando en su apego en los derechos humanos y esperando que adopte de inmediato las medidas oportunas, muy respetuosamente, nos suscribimos ante usted,
Sidiki KABA
Presidente de la FIDH
Eric SOTTAS
Director de la OMCT
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
París, Ginebra, 2 de septiembre de 2003
Señor Presidente,
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) le expresa su extrema preocupación acerca del significativo incremento de las detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos en Colombia.
El Observatorio se encuentra muy preocupado por las informaciones recibidas respecto al hecho de que, desde hace un año, se han realizado numerosas detenciones, muchas de ellas sin orden judicial, luego de las cuales, según los informes, se ha llevado ante la justicia a cerca de 2400 personas entre las que se encuentra un número particularmente significativo de defensores de derechos humanos (miembros de ONG y líderes sindicales, sociales y campesinos).
Estas detenciones, se inscriben dentro del marco de la política de “Seguridad democrática” iniciada por el Dr. Uribe Vélez al asumir el poder ejecutivo colombiano. La totalidad de las personas detenidas, incluidos los defensores, han sido generalmente procesadas por el “delito de rebelión y terrorismo’, delitos contemplados en el artículo 467 y 343 del Código Penal Colombiano, los cuales implican además la puesta en prisión de estas personas.
La ilustración más reciente de esta nueva manera de reprimir a las organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos son las numerosas detenciones arbitrarias ocurridas en Arauca. Entre la noche del 20 de agosto y la madrugada del 21 de agosto de 2003, centenares de efectivos del ejército, miembros de la policía, del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y de la Fiscalía, acompañados por sujetos encapuchados, allanaron decenas de casas de habitación en municipio de Saravena, (Arauca), procediendo a detener a cerca de 42 personas, 28 de las cuales se encontraban todavía en prisión hasta el 27 de agosto.
El Observatorio se encuentra particularmente preocupado debido al hecho de que entre las personas detenidas, se encuentran al menos 16 activistas de derechos humanos, periodistas y líderes del movimiento social. En particular, en esa ocasión fueron detenidos los Sres. José Murillo Tobo, Presidente del Comité regional de derechos humanos “Joel Sierra” de Arauca y Alonso Campiño Bedoya, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en la seccional Arauca y miembro del Comité Regional de Derechos Humanos “Joel Sierra”, ambos
beneficiarios de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También fueron detenidos los Sres. Willian Jiménez, dirigente del Sindicato de Empleados Públicos del Municipio (Sidem), Blanca Segura, Presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SINTRENAL) y Jairo Machado Durán, Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Libertadores de Saravena.
Según las informaciones recibidas, existirían órdenes de captura contra los Sres. Samuel Morales, Leonel Goyeneche y Alberto Páez, dirigentes de la CUT en Saravena, Jorge Prieto, presidente de ANTHOC seccional Saravena e Ismael Pabón, dirigente de las organizaciones sociales de Arauca. El Observatorio recuerda que, recientemente, la abogada Teresa de Jesús Cedeño Galíndez, Presidenta de la seccional Arauca del Comité Permanente por los Derechos Humanos, fue detenida arbitrariamente en Bogotá (ver llamado COL 002 / 0803 / OBS 037).
El Observatorio recuerda con preocupación que entre las numerosas personas detenidas durante los días 12 y el 13 de noviembre de 2002 en Saravena, 43 se encuentran todavía recluidas en las cárceles La Modelo y El Buen Pastor de Bogotá, procesadas por el delito de rebelión. Un gran número de estas personas pertenece a movimientos sociales, como por ejemplo el Sr. Bernardo José Arguello Santo, directivo de la Federación de Juristas y varios sindicalistas, principalmente miembros de ANTHOC y de la Empresa comunitaria de Acueducto y Alcantarillado (ECAAS) (ver llamado especial Colombia, mes de noviembre de 2002).
El Observatorio se encuentra también preocupado por las detenciones llevadas a cabo en el departamento de Sucre el pasado 17 de agosto, cuando, en medio de operativos realizados por la Fiscalía, la Policía y la Infantería de Marina fueron detenidas 156 personas, entre las que se encuentran líderes y miembros de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO). Del mismo modo, en el departamento de Tolima, el pasado 24 de agosto, fueron detenidas en los municipios de Coello, Cajamarca y Anaime 58 personas, entre las que se encuentran sindicalistas y líderes sociales, en particular la Sra. Amparo Arciniegas, Secretaria General de la seccional del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima (SINTRAGRITOL). Además, el 12 de agosto, fue detenido en Bogotá el Sr. Hermes Vallejo Jiménez, miembro de la Asociación de pequeños y medianos agricultores del Tolima (ASOPEMA).
El Observatorio, particularmente preocupado acerca de la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia desde hace muchos años, manifiesta su profunda preocupación por esta serie de numerosas detenciones, las cuales parecen formar parte de una nueva estrategia de criminalización del movimiento social. El Observatorio considera que, sobre la base de esta asimilación falaz entre defensores y guerrilleros o subversivos, estas detenciones son arbitrarias porque tienen como objeto sancionar la lícita actividad que desarrollan estos defensores a favor de los derechos humanos.
El Observatorio recuerda finalmente que paralelamente a esta nueva tendencia de arrestos arbitrarios, las amenazas y actos de hostigamiento contra defensores de derechos humanos continúan produciéndose de forma cotidiana, así como otras graves violaciones de los derechos humanos contra los mismos como son los asesinatos y las desapariciones forzadas. Entre los meses de enero y agosto de 2003, 50 sindicalistas han sido asesinados. Se destaca entre estos hechos el reciente asesinato del Sr. Reinaldo Perdomo, defensor de derechos humanos del Ariari y líder comunitario de la región, ocurrido el 12 de agosto. Se destaca igualmente el atentado ocurrido el pasado 22 de agosto contra el Sr. Juan Carlos Galvis, vicepresidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL) y presidente de la CUT. Asimismo, se continúan registrando un gran número de allanamientos contra sedes sociales, como los ocurridos recientemente contra ANTHOC, la Empresa comunitaria de Acueducto y Alcantarillado (ECCAS) y el Consejo regional indígena en el departamento del Arauca.
Su Excelencia,
El Observatorio, seriamente preocupado por la grave situación de los defensores de derechos humanos en Colombia y con el fin de contribuir a mejorar la situación de los mismos, le urge a:
i. tomar las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todas las personas detenidas en las series de detenciones descritas anteriormente, así como la de todos los defensores de los derechos humanos del Arauca, de Sucre, del Tolima y del resto del país;
ii. proceder a la liberación inmediata e incondicional de todos los defensores de derechos humanos en caso de encontrarse detenidos en ausencia de cargos legales válidos, ó, en caso de tener cargos legales válidos, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial y garantizarles en todo momento sus derechos procesales;
iii. ordenar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los casos de asesinatos, desapariciones forzadas, allanamientos y amenazas contra defensores de derechos humanos con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
iv. ordenar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial acerca de las condiciones en las que se desarrollaron las detenciones arriba mencionadas, en particular acerca de la actuación de los fiscales, los testigos, los informantes y demás autoridades que ordenaron y ejecutaron este tipo de detenciones;
v. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona « individual o colectivo, promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos » (Art.1) y a la obligación del Estado garantizar « la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art. 12.2);
vi. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de los derechos Humanos, Pactos y Convenciones Internacionales y regionales ratificados por Colombia.
Confiando en su apego en los derechos humanos y esperando que adopte de inmediato las medidas oportunas, muy respetuosamente, nos suscribimos ante usted,
Sidiki KABA
Presidente de la FIDH
Eric SOTTAS
Director de la OMCT