Argentina: Excesivo uso de la fuerza policial, malos tratos en detención y proceso judicial contra huelguistas en Las Heras

Caso ARG 240306.1 - Seguimiento Caso ARG 240306

Excesivo uso de la fuerza policial / malos tratos en detención / proceso judicial

Ginebra, 10 de abril de 2006

El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) solicita su intervención con carácter URGENTE ante la siguiente situación en Argentina.

Nueva información:

El Secretariado Internacional de la OMCT ha conocido con preocupación nuevas informaciones sobre los detenidos consecuentemente a los graves hechos ocurridos durante las manifestaciones y acciones de protesta de cientos de trabajadores petroleros de varias empresas, entre otras, Bolland, Geoservices y Astra-Evangelista que vienen realizando desde finales del mes de enero de 2006 un paro de brazos caídos en pleno corazón del Yacimiento Los Perales, municipio de Las Heras, provincia de Santa Cruz*.

De acuerdo con las informaciones recibidas, a fecha de redacción de dicho llamado urgente, el 7 de abril de 2006, de las 19 personas detenidas en Las Heras, ocho continuaban en la prisión de Puerto Deseado bajo la investigación conducida por la jueza de Pico Truncado, Sra. Graciela Ruata de Leone, por el supuesto asesinato del policía Jorge Sayago, ocurrido el 7 de febrero de 2006 en las Heras. La muerte del oficial de policía está siendo instrumentalizada por los poderes del estado para emplearse con mayor fuerza frente a las protestas de la población civil en dicho municipio, así como para detener a varios de los participantes de las mismas. Así, cinco de los ocho detenidos, los Sres. Víctor Darío Catrihuala, Alexis Alihuen Pérez, Ramón Inocencio Cortéz, Juan Pablo Bilbao y Juan Domingo Bilbao, detenidos los días 24 y 25 de febrero de 2006, están siendo procesados desde el día 8 de marzo, motivo por el cual realizaron la última semana de marzo de 2006 una huelga de hambre para reclamar por su libertad. Los otros tres arrestados, Sres. José Enrique Rosales y Pablo y Carlos Mansilla, fueron detenidos preventivamente después que la jueza ordenara la intervención de las fuerzas policiales en una asamblea de los trabajadores de la empresa Indus en la que se encontraban reunidos los delegados de los trabajadores pidiendo el pase del convenio de la Unión de Trabajadores de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) para los petroleros.

Asimismo, una cuarentena de trabajadores, según las denuncias, fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad a raíz de su participación en las manifestaciones. Además de los huelguistas, otros dos trabajadores han sido detenidos y procesados por coacción agravada y homicidio, tras un procesamiento basado únicamente en un solo testimonio (el del poblador Flavio Torres) quien posteriormente declaró haber inculpado a esas personas bajo apremios y amenazas.

Según las informaciones, el 27 de marzo de 2006, se realizaron cinco allanamientos (en las viviendas de los detenidos Sres. Carlos y Pablo Mansilla, Alexis Alihuen Pérez y Néstor y Daniel Aguilar) ordenados por la jueza con el fin de buscar prendas y objetos con rastros de sangre para ser comparados con las muestras de tejido que se obtuvieron en la autopsia del cuerpo del oficial asesinado.

Varias organizaciones como la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), la Liberpueblo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y el Movimiento Territorial Liberación (MTL), han denunciado la nulidad de las indagatorias y han presentado por dos ocasiones a la Corte Suprema el recurso del Habeas Corpus en beneficio de las personas arbitrariamente detenidas en Las Heras por la jueza Graciela Ruata de Leone. El primero de los Habeas Corpus fue rechazado. Según lo afirmado por representantes de estas seis organizaciones a la agencia de información Argenpress el 16 de marzo de 2006, han vuelto a presentar el recurso con el fin de « dar por concluida la gravísima situación de indefensión en que se encuentran tanto las personas detenidas en el marco de dichas actuaciones como el conjunto de la población de Las Heras, dado que la jueza (...) está actuando al margen de toda legalidad, transgrediendo todas las garantías procesales imaginables, y manteniendo privadas de su libertad con afectación de su integridad física a veinte personas, además de haber generado en la zona una situación de verdadera suspensión de facto de todas las garantías y derechos constitucionales ».* Santa Cruz es una de las provincias patagónicas más favorecidas en el reparto, con un presupuesto anual de 2.500 millones de pesos y un jugoso saldo acreedor de más de 500 millones de dólares en regalías petroleras. Según varias ONG de derechos humanos “(...) las Empresas petroleras como Repsol obtienen grandes ganancias y se quedan con una gigantesca porción de la renta petrolera argentina, al mismo tiempo que niegan sus justos derechos a los trabajadores, consumando de esta manera una nueva agresión a los mismos, especialmente en este caso a quienes desarrollan tareas esforzadas en lugares inhóspitos”.

Recordatorio de la situación:

El Secretariado Internacional de la OMCT había conocido con profunda preocupación informaciones sobre el excesivo uso de la fuerza por parte de la policía contra cientos de trabajadores petroleros de las citadas empresas así como sobre las lesiones, los malos tratos, los abusos y las torturas a que fueron sometidos varios de los 19 trabajadores detenidos, puestos a disposición de la jueza de instrucción del municipio de Pico Truncado, entre ellos los Sres. Mario Navarro, Adrián Saucedo, Abel Andrade, Juan Córdoba, Javier Morales, Omar Mansilla, Daniel Aguilar, Franco Gómez, Mario Bastidas, Rubén Bach, Juan Barrientes y Nelson Méndez.

De acuerdo con las informaciones de varias organizaciones, los trabajadores petroleros, apoyados por trabajadores de empresas constructoras como la Empresa Indus, movilizados desde finales del mes de enero de 2006 con el fin de obtener mejoras tanto en sus salarios como en las condiciones acordes con la dureza de su trabajo, se encuentran aislados de la región, y desde el día 20 de marzo refugiados en la iglesia municipal para protegerse de la militarización y de los abusos por parte de las fuerzas de seguridad, abusos que según las denuncias se han cometido amparados por la juez a cargo de la investigación. Durante este tiempo, varios trabajadores y delegados petroleros, así como trabajadores de la construcción han sido detenidos y/o despedidos de sus trabajos.

Igualmente, los trabajadores y sus familiares, al regresar a sus casas, se encuentran rodeados por gendarmes, policías y miembros de la brigada de investigación, quienes realizan allanamientos de modo arbitrario. Por otra parte, un locutor de una radio local tuvo que resguardarse a finales de marzo de 2006 en la iglesia porque su casa estaba rodeada por agentes de las fuerzas de seguridad y recibió llamadas telefónicas intimidatorias en las que le amenazaban para que dejase de trasmitir lo que estaba sucediendo en la ciudad.

De acuerdo con las informaciones, la crisis en la provincia de Santa Cruz se agudizó el 14 de marzo de 2006 cuando fue anunciada oficialmente la renuncia del Gobernador Provincial, Sr. Sergio Acevedo, al parecer por su responsabilidad política en el manejo de la crisis. Por su parte, el 20 de marzo de 2006, el gobierno del Presidente Néstor Kirchner reconoció finalmente que se ha venido utilizando la violencia para reprimir a los huelguistas, admitiendo así los abusos policiales iniciados consecuentemente a la muerte del policía anteriormente citado. Desde esa fecha, se han realizado innumerables allanamientos (con y sin autorización de la jueza provincial, la Sra. Ruata de Leone), en uno de los cuales fue detenido un menor de 14 años, cuyo nombre no ha sido informado, y además, la localidad de Las Heras se ha visto ocupada por no menos de 300 efectivos de gendarmería, personal policial de civil y espías de la Secretaría de Informaciones de Estado (SIDE).

Acción solicitada:

El Secretariado Internacional de la OMCT recuerda que Argentina, como Estado Parte de la Convención Contra la Tortura, debe velar por el respeto y el cumplimiento integral del articulado de la misma.

La OMCT manifiesta su preocupación por la seguridad y la integridad física y psicológica de las personas detenidas en los hechos arriba mencionados, de todos y cada uno de los miembros de sus familias y en general de la población de la ciudad de Las Heras. La OMCT manifiesta también su firme condena de estos hechos de violencia por partes de los órganos de seguridad del Estado, y recuerda el deber de las autoridades argentinas de respetar el derecho legítimo y constitucional de los ciudadanos a la manifestación y a la protesta social, y de obrar de conformidad con los compromisos adquiridos como Estado Parte de la Convención Contra la Tortura.

Acción solicitada:

Favor escribir a las autoridades argentinas con el fin de urgirlas a:
i. tomar de manera urgente e inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todas las personas detenidas durante los hechos arriba denunciados, de los miembros de sus familias, de los manifestantes heridos y/o víctimas de represalias por parte de miembros de los servicios de seguridad nacional, incluyendo su acceso a la atención médica apropiada y gratuita en caso de que la necesiten, así como garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los habitantes de la ciudad de Las Heras en la Provincia de Santa Cruz;
ii. ordenar la liberación inmediata de las personas que se encuentren detenidas en ausencia de cargos legales válidos, o, en caso de que dichos cargos existan, llevarlos ante un tribunal independiente, justo e imparcial y garantizarles en todo momento sus derechos al debido proceso;
iii. llevar a cabo una investigación exhaustiva, independiente e imparcial, por parte de instancias civiles, en torno a los graves hechos arriba denunciados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
iv. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención Contra la Tortura ratificada por Argentina.

Direcciones:

• Sr. Embajador Alberto J. Dumont, Misión Permanente de Argentina ante las Naciones Unidas en Ginebra, Route de l’Aéroport 10, Case postale 536, 1215 Ginebra 15, Suiza, Fax: +41 22 798 59 95 / +4122.798.19 92 E-mail: mission.argentina@ties.itu.int ;
  
• Sr. Néstor Kirchner, Presidente de la República Argentina, Fax : +54 4344 3845 / + 54 4344
  3847
  
• Ministro del Interior: Dr. Anibal Fernández, Fax : +54 4339 0800
  
• Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Alberto Iribarne: +54 4328 6148

Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Argentina en sus respectivos países.

Ginebra, 10 de abril de 2006

Favor informarnos sobre cualquier acción realizada acerca del presente caso, citando el código del presente Llamado en su respuesta.